Victoria Prego
[El Mundo, 3 de abril de 2011]
Ahora que la Sala especial del Tribunal Supremo acaba de dividirse en dos, y a pesar de que la única decisión que vale es la adoptada por la mayoría, que dice que el nuevo partido de Batasuna no debe ser legalizado porque es una creación directa de ETA, hay muchas cosas que no entiendo.
No entiendo por ejemplo que, cuando esta misma Sala del Supremo fue unánime a la hora de declarar la ilegalidad de otra criatura etarra, la ASB (Abertzalen Sozialisten Batasuna) en las anteriores elecciones municipales de 2007, ahora salgan siete de los 16 magistrados diciendo que, de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos, no se puede proceder a una «ilegalización preventiva» de Sortu porque «sólo cabe ilegalizar un partido sobre la base de sus actividades o conductas».
Es verdad que Sortu no ha empezado a actuar, que sólo ha presentado sus estatutos. Pero es que eso exactamente pasaba con ASB, que, lo mismo que Sortu, pretendía por entonces colarse en los ayuntamientos vascos: que tampoco había empezado a actuar.
Cuando aquel intento de partido hizo su aparición en sociedad, sacó unos estatutos en los que decía que defendería la independencia de Euskadi «exclusivamente por las vías políticas». El caso es idéntico en este aspecto. ¿Por qué la respuesta de parte de la Sala ha sido la contraria de la que mantuvo entonces?
Pero el asunto lo entiendo todavía mucho menos cuando resulta que el redactor principal y brioso promotor del voto particular discrepando de la legalización de Sortu ha sido Juan Antonio Xiol, el mismo magistrado que fue ponente del auto de ilegalización de ASB cuatro años atrás.
No entiendo el hecho, que puede que sea causalidad, pero mira que es raro, de que los siete firmantes del voto particular pertenezcan todos ¡todos! al sector progresista.
No entiendo tampoco cuál es la auténtica posición del Gobierno en torno a este asunto políticamente crucial. Porque, durante toda esta legislatura, hemos escuchado al vicepresidente primero asegurar con insistente contundencia que aquí se estaba a la derrota de ETA y que, o los terroristas se disolvían y renunciaban a matar, o no había nada que tratar con los ilegales de Batasuna o con cualquiera de sus excrecencias.
Pero resulta que, cuando los radicales salen con que apuestan por las vías pacíficas y con que ya rechazarán los atentados futuros si es que se producen, el lehendakari Patxi López habla de «esperanza» y dice que sobre este asunto «hay que arriesgar».
No entiendo que Maixabel Lasa, al frente de la Dirección General de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, haya dicho en distintos momentos y a distintas asociaciones de víctimas que llega de nuevo una época en la que deben ser generosas y mirar hacia adelante y no al pasado. Posición que es exactamente la contraria de la que ha mantenido en público Rodolfo Ares, el consejero de Interior de quien dependen Lasa y sus colaboradores.
No entiendo que el PSOE mantenga sin hacer un ruido a Jesús Eguiguren como presidente del partido en el País Vasco cuando defiende públicamente las tesis radicalmente opuestas a las que mantiene, también públicamente, la dirección nacional del PSOE.
Puede que estemos ante un calculado reparto de papeles y a López y otros les toque intentar pescar todos los votos posibles dentro de la zona menos radical del caladero radical dentro del País Vasco. Pero también podría ser que el Gobierno esté asumiendo oficialmente la única postura que puede librarle de perder votos a carretadas en España, ahora que anda tan escaso de ellos, mientras por debajo de la mesa esté intentando que sean los jueces quienes le saquen las castañas del fuego y acaben por legalizar al partido abertzale, que es lo que en realidad pretende aunque no ose ni insinuarlo.
En el Supremo no ha podido ser, pero la decisión de dejar a Sortu fuera de la ley ha salido adelante por los pelos en esas extrañas circunstancias que ya he apuntado. Pero la cosa ha quedado lo bastante dividida como para que, si la formación radical recurre al Constitucional, este tribunal lo tenga rematadamente fácil para desautorizar a la Sala del 61 y dar vía libre a un partido que ha nacido directamente de la estrategia de ETA, y no al revés, como dice el voto particular de Xiol y los otros seis magistrados.
En el Constitucional estaría al alcance de la mano sacar adelante a Sortu si el Gobierno pretendiera lo que aquí se apunta. Y eso es así porque, así como en el Supremo la presión gubernamental sobre los magistrados es muy difícil de hacer y de imaginar y prácticamente imposible de demostrar, en el caso del TC eso sería pan comido para el Ejecutivo.
Sin embargo, si estas sospechas vestidas de dudas que formulo aquí resultaran ser ciertas, hay que añadir que aún nos queda una esperanza a quienes pensamos que contra ETA no cabe más que la derrota y que sobra de plano todo escarceo político. Y esa esperanza se basa en que no haya tiempo.
Es una cuestión de calendario. Si los miembros de Sortu pretenden ser legalizados por el Constitucional para poder estar en las elecciones de mayo, tienen primero que acudir de nuevo al Supremo y plantear lo que se llama la «nulidad de las actuaciones». Es decir, pedir a la Sala del 61 que reconsidere su auto y lo anule porque, con su decisión, ha vulnerado los derechos fundamentales de los integrantes de la formación.
Después de eso, el Supremo tendría que dar traslado a las partes y luego reunirse de nuevo para tomar su decisión. Y sólo cuando Sortu hubiera recibido notificación de la respuesta del Supremo, podría recurrir en amparo ante el Constitucional, que, éste sí, tiene la posibilidad de pronunciarse con rapidez.
Pero los plazos se agotan y puede que, al final, acabe salvándonos la campana y dispongamos de casi un año, hasta las elecciones generales, y de año y medio, hasta las autonómicas en el País Vasco, para comprobar si efectivamente Sortu es sincera en sus planteamientos y ha sometido a ETA, como pretenden Xiol y otros, o es ETA la que somete y maneja a Sortu, como ha dejado sentado el tribunal y como estamos seguros casi todos.
Por último, no entiendo por qué y para qué alguien tan destacado y que ha ocupado puestos de tanta categoría internacional como es el socialista Javier Solana ha sido colocado por el Gobierno en la presidencia de honor del Centro Henry Dunant, la organización que participó en la última negociación con ETA y que custodia sus famosas actas. Más que nada porque hace bien poco que Batasuna hizo saber a sus socios del polo soberanista que, cuando negociara con el Gobierno, lo haría a través de la Dunant «de Solana». Hay demasiadas cosas que no entiendo. Pero el tiempo acabará dejándolas claras. Seguro.
Ya va siendo hora de que la Justicia sea independiente y no rehén del partido político de turno. Como ven, una vez más, el interés de los políticos prima sobre el interés de los españoles.
Lo saben, y no es costoso arreglarlo, pero evidencian que no tienen voluntad de hacerlo. Con ello muestran su honradez o su calaña, incluso los que callan y otorgan, y nunca alzan la voz con ninguna propuesta de mejora en este sentido.
Sin Justicia independiente no existe verdadera democracia, ya que ésta se basa precisamente en la separación de Poderes. Lo contrario no es democracia (aunque a ellos se les llene la boca con la palabra), es totalitarismo. ¡Ya está bien a estas alturas del s XXI! ¡Y luego no entendemos por qué ocurre lo que ocurre!