Cerrado por vacaciones
Aunque por la fresca temperatura que hace no lo parezca, hoy llegó el verano. Y como en años anteriores, llegaron las vacaciones de La Opinión, que no volverá a actualizarse hasta el 6 de septiembre. Esperamos que hayan disfrutado ustedes del curso que damos por concluido, como lo hemos hecho nosotros, y les damos las gracias por su compañía y su apoyo. Y aquí tienen los archivos de esta revista de opinión para revisar los artículos que les apetezcan, y los comentarios para aportar o discutir lo que consideren oportuno. Un saludo, y hasta la vuelta.
Publicado el 21 de junio de 2010 a las 6:00 am en 'Sociedad'.
En un Simca 1000
Iñaki Ezkerra
[La Razón]
A mí es que Bibiana y Marina me parecen un par de «Sor Intrépidas» que intentan sonrojarnos con lo que a ellas las sonroja. No es que sean revolucionarias. Es que son mayores y no saben que los jóvenes van siempre por delante de nosotros. Un ejemplo de esto que digo me lo da un amigo mío que me cuenta que hace unos años, cuando su hija Marta tenía siete, la sorprendió cantando a gritos una letra del grupo musical «Los inhumanos»: «¡Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000…!». De pronto la niña se paró y le preguntó directamente: «Papá, ¿eso qué quiere decir?». Mi amigo pensó que había llegado el momento de desvelarle la verdad de la vida. Se armó de paciencia pedagógica y empezó a hablarle de parejas que se quieren y se atraen. En ese instante la cría le interrumpió: «No papá, si lo de hacer el amor ya sé lo que es; lo que no sé es lo que es un Simca 1000». Yo creo que el Simca 1000 es una buena metáfora de cierto progresismo caducado.
El pobre Cándido, que se las prometía felices en un camino de rosas, ha terminado metido en un auténtico calvario: “Reguera suspende el pleno alegando “enfermedad” y el PSOE asegura que es una “excusa” por estar en minoría” (Diario). Y la gente ya se lo toma a guasa: estaba perfectamente por la mañana y se puso malo para la hora en la que le tocaba quedar en minoría en el pleno. Pues no consigue Cándido ni meter en vereda a los concejales imputados del PIL (que él no tiene ningún problema con el apoyo de los corruptos), ni el apoyo de CC. Así que lo dicho: el año que le queda (si es que le queda) va a ser un viacrucis, y queda en veremos el zurrón de votos que se prometía en mayo del año que viene.
Recuerdos envenenados
Fernando Savater
[El País de hoy]
David Rieff es un periodista y politólogo que ha publicado durante muchos años trabajos destacados en revistas como New Republic y World Policy Journal, aunque probablemente en España sea más conocido por Un mar de muerte, en el que narra la última enfermedad y muerte de su madre Susan Sontag (publicado por Debate en castellano y La Magrana en catalán). También importa destacar que es fundador y director del departamento Crímenes de Guerra en la Universidad Americana de Washington DC. Ha conocido personalmente esos crímenes en lugares como Ruanda, Kosovo, Israel y Palestina, Irak o Bosnia. Precisamente es su experiencia en este último país la que ha provocado su obra más reciente: “En las colinas de Bosnia aprendí a odiar pero sobre todo a temer la memoria histórica colectiva. En su apropiación de la historia, que ha sido mi pasión más sostenida y mi refugio desde la infancia, la memoria colectiva logra que la historia misma se parezca más que a nada a un arsenal lleno de armas necesarias para mantener las guerras o hacer de la paz algo tenue y frío”.
El libro, breve y contundente, que ha escrito para University of Melbourne Press se titula Against Remembrance. O sea, Contra el recuerdo, pero conviene tener en cuenta que “remembrance” se usa también por “conmemoración”. En efecto, mientras que la memoria personal recuerda incluso sin querer y con frecuencia se esfuerza en olvidar para iniciar nuevas etapas de la vida, la memoria colectiva conmemora como hitos inamovibles ciertos acontecimientos en que funda la identidad grupal y considera el olvido no una nueva oportunidad sino un atentado. Para Rieff, la memoria colectiva difiere esencialmente de la historia: primero, porque la historia se ocupa de los sucesos como algo pasado, es decir que ya no está, mientras que la memoria colectiva conmemora el pasado como aún presente -para bien o para mal- y como razón fundamental de las empresas actuales; segundo, porque la historia no es un menú del que se pueden incluir los platos sabrosos y excluir los indigestos, mientras que la memoria colectiva selecciona, sacraliza y mitifica de acuerdo con el narcisismo del grupo y sus ambiciones del momento. La historia pretende establecer la verdad de lo que fue y la memoria histórica influir en la verdad de lo que es; la primera se modifica al descubrir nuevos hechos, la segunda cambia con los intereses estratégicos.
El autor se enfrenta a venerables tópicos, como el dictamen de Santayana “los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo” (dada la perpetua transformación de las sociedades, ninguna tragedia o desmán rememorados vacunan contra otros futuros y a veces sirven para legitimarlos) o el de que no hay verdadera paz sin haber hecho justicia (abundan los ejemplos contrarios y no siempre pueden ser igualmente bienaventurados los justicieros y los pacificadores). La memoria de los crímenes puede estar justificada en tanto viven quienes los cometieron, pero más allá de la desaparición de estos se convierte en una carga culpabilizadora que busca nuevos chivos expiatorios y fomenta discordias o atropellos. Recuerda Rieff que el complejo colectivo de víctimas suele crear otros verdugos: los nazis consideraban a los judíos culpables de la derrota alemana en la Gran Guerra, los estalinistas proclamaban que los kulaks boicoteaban la revolución y hoy algunos sionistas creen que los horrores del Holocausto justifican cualquier política opresora de los palestinos. Cuando un grupo humano tiene tendencia a automitificarse, incluso las mejores razones de la memoria colectiva son un combustible peligroso.
También se ocupa brevemente del juez Garzón, tanto por el caso Pinochet como por su conflictivo intento de abrir la causa de los crímenes del franquismo. Su comentario es matizado y respetuoso. Quienes aquí nos aseguran que en el extranjero el asunto no se entiende o resulta escandaloso harán bien en leer a Rieff: para enriquecer su perspectiva.
Los cuatro insisten en acusar a Mario Alberto Perdomo: “Los cuatro partidos del gobierno del Cabildo vuelven a acusar a un ex asesor del PSOE de haber cobrado trabajos sin hacerlos” (La Voz de Lanzarote). ¿Pensarán que con el comunicado de hace tres meses no era suficiente, que se nos olvidó y necesitan recordárnoslo? Por lo menos nos dan una información en su comunicado que no teníamos: “Mario Alberto Perdomo ha presentado una denuncia por estas acusaciones”.
El ex asesor insiste en que lo suyo no es la transparencia: “Perdomo no ha querido realizar ningún comentario a ACN Press sobre estos comunicados”. Las explicaciones en el juzgado cuando llegue el momento, que será tarde: parece que los ciudadanos que pagaron su nómina en los Centros Turísticos y los trabajos encargados a su empresa no se merecen ninguna explicación sobre cómo se gasta su dinero. Transparencia, dicen.
[Si la primera vez que los presidentes de los cuatro partidos acusaron a Perdomo fueron varios los periódicos que no publicaron la noticia, en este caso, el comunicado de ayer y la información de ACN solamente la ha publicado uno a esta hora: La Voz de Lanzarote]
¿Y a nadie le llama la atención esto?:
Es decir, que si desde su columna periodística Mario Alberto no hubiera criticado el pacto, no habría existido denuncia posterior. Está claro que a esta gente le importa un pimiento si alguien ha hecho unos trabajos para los que fue contratado, lo que les molesta es que se les critique… estamos ante un episodio de mera venganza personal, y eso es lo triste de todo esto. ¿Nos criticas en tu columna? Buscamos tus trapos sucios y te denunciamos publicamente. ¿No nos criticas? Aquí paz y en el cielo gloria. Así funcionan las cosas en chanchullolandia.
Completamente de acuerdo con usted: “Está claro que a esta gente le importa un pimiento si alguien ha hecho unos trabajos para los que fue contratado, lo que les molesta es que se les critique…”.
“A esta gente”. ¿Y a la otra gente? ¿Y a usted qué es lo que le molesta? Porque no parece que sea la corrupción, que se aclare “si alguien ha hecho unos trabajos para los que fue contratado” con el dinero de todos. Y no lo parece por lo que usted dice: “estamos ante un episodio de mera venganza personal, y eso es lo triste de todo esto”.
No, “lo triste de todo esto” no es que “esta gente” no tenga intenciones puras y se cobre venganza, o sea, que se parezca tanto a la otra gente. No, lo más triste de este caso (como sostiene la otra gente en otros casos) es la corrupción con los fondos públicos. Y eso es lo que hay que aclarar, si ha habido o no corrupción en el caso de Mario Alberto Perdomo. Y el adalid de la transparencia poco ha contribuido al esclarecimiento, ha sido de lo más opaco.
Estoy de acuerdo. No era mi intención exculpar a uno, sino poner en evidencia la desfachatez de los otros. ¡Es que ni siquiera se molestan en disimular! dicen abiertamente que lo que les llevó a denunciar fueron las críticas escritas por Mario Alberto en su columna. A mí me parece bastante grave que un gobernante transmita con tal claridad la idea de que si no le criticas puedes hacer lo que te plazca, pero si le criticas agárrate los machos. Y si recalqué esto, fue porque usted en su comentario señaló una cosa obviando la otra. Pero, insisto, estoy de acuerdo en que los ciudadanos merecemos las respuestas que Mario Alberto, como su asesorado Carlos Espino, parece reservar únicamente a los jueces.
El nivel del discurso político en España… como si fuera vuvuzela:
Y el nivel de los militantes de partido en España… que aplauden semejante discurso.
La hipocresía de Mario Alberto Perdomo supera todo lo visto hasta hoy, que alguien que predica honestidad, diálogo, transparencia sea uno de los personajes más oscuros de la Isla que nunca se presta a debatir ni a defenderse ante los medios de tan graves acusaciones, y aun hay tontos útiles simpatizantes partido socialista que lo tienen por un santito cuando que lleva chupando de la teta en el Cabildo desde los tiempos de Nicolás de Paíz cuando era asesor de Chana Perera, trabajando para el CDS, el PIL, el PNL, el PSOE, y para todo el que le pague. Ni chiquito morro se gasta el colega que ayudó al que mejor se peina a hundir los Centros Turísticos y encima ahora manipulan a cuatro trabajadores analfabetos enchufados por el PSOE a insultar a los que intentan salvar los muebles de esa nave que ellos hundieron.
Tal y como usted lo pinta, pues lo de “Mario Alberto Perdomo supera todo lo visto hasta hoy”. Vamos, que parece el enemigo público número uno de la Isla. Quizá no sea la cosa para tanto. ¿Se podría discutir en Lanzarote sin que todo se divida, como suele hacer Perdomo, entre los buenos y los malos, y que los buenos sean buenísimos y los malos malísimos? ¿Podría ser que hubiera matices de gris entre el blanco y el negro?
Decíamos ayer: “El nivel del discurso político en España… como si fuera vuvuzela”.
Si ayer era la vuvuzela, hoy le dan patadas al balón: “El PP: ‘El Gobierno es como el balón Jabulani, no sabes por dónde va a salir’” (El Mundo). Soraya Sáenz de Santamaría logra mantener el nivel del discurso político, que no desmerece al de José Blanco. Eso sí, después de advertir que “en España hay muchas crisis y no es momento de bromas”. ¡Ojalá estos discursos fueran bromas, y tuvieran otros para referirse a las crisis!
Participación ciudadana: “El Consejo de Ciudadanía de La Graciosa comienza a andar ‘para reivindicar los derechos’ de la Isla” (Diario de Lanzarote). Como es habitual en este país, nadie suele organizarse para reivindicar los deberes de los ciudadanos. Y es de suponer que los gracioseros continuarán su tradición de exigir que les eximan de cumplir con sus deberes y con la legalidad vigente, y que seguirán andando por la senda del victimismo… que tan buenos resultados les ha dado. Y lo harán hablando de los derechos de la Isla, como si las islas tuvieran derechos, pero que queda mejor que hablar de los derechos de los gracioseros.
De todas formas, tampoco se les puede exigir a los gracioseros lo que ya no se exige a nadie: que pongan el interés general de la comunidad por encima del particular a la hora de participar, y que participen por su cuenta, sin tener a los políticos sentados en la mesa. Ahora, cuando se habla de participación ciudadana, parece que hay que hacerse dos preguntas: ¿cuál es el político responsable de que participen, y cuánto nos va a costar que participen?
A cuenta de la polémica sobre el burka. Dos artículos y los balbuceos de Aído.
De la cruz, a la fecha
Arcadi Espada (El Mundo de hoy)
La cruz es un símbolo religioso. A diferencia del burka, por ejemplo. El burka es, primeramente, una máscara textil. Aunque eso interesa tanto como la consideración de que una bandera es un trapo: la actividad del burka, como la de la bandera, está en su vertiente simbólica y el burka simboliza, con independencia de la opinión del sujeto paciente, una opresión. De ahí que las derechas españolas hayan hecho muy bien en exigir al gobierno que lo prohíba en el espacio público; contra la opinión de la izquierda, que ha vuelto a preferir el relativismo a la libertad y el tacticismo a la verdad. No es la hipotética naturaleza religiosa del burka la que lleva a los ciudadanos a exigir su prohibición; es su indecencia civil, que lo distingue, por cierto, del casco de motocicleta o del pasamontañas, artefactos con que la hipocresía socialdemócrata ha querido asimilarlos a la hora de vetarlos en alguna dependencia municipal. No es el burka, repito, el caso de la cruz.
Nadie puede discutir las atrocidades que se han cometido en nombre de la cruz y enarbolándola, materialmente, en el campo de batalla y ante la hoguera de las inquisiciones. Puede decirse lo mismo, por ejemplo, de la hoz y el martillo, aunque la cruz haya expandido durante mucho más tiempo la barbarie. Pero este sentido de la cruz ya no rige: hoy la cruz es sólo un símbolo de determinadas opiniones trascendentes. La separación entre la Iglesia y el Estado supone que la cruz no obliga a los infieles; al contrario de lo que sucede con las máscaras en los burkaestados, tipo Ahmadineyad. Sin embargo, y en contra de lo que pretende la Conferencia Episcopal Española en el papel tan pobremente argumentado que ayer dio a la prensa, la cruz no debe exhibirse en las escuelas ni en otros espacios públicos. Una opinión no puede monopolizar el espacio público; ni tampoco en el espacio público pueden exhibirse todas las opiniones. Si se cuelga el crucifijo en el muro hay que dar la misma opción a un islámico, a un judío, o un ateo. No hay muro para tanto grafitti: para que todas las convicciones quepan en el espacio público es preciso que no se muestren.
Lo que, en el fondo, pretende la Conferencia Episcopal Española con la cruz es hacer pasar las opiniones por hechos. La misma estrategia que utilizan los creacionistas cuando intentan rebajar la selección natural a una opinión. Pero la cruz ya no es un hecho. Es decir, para nuestra suerte no es como el burka.
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El lío del burka
Pilar Rahola (La Vanguardia de hoy)
Quizás es un homenaje inconsciente a Miguel de Unamuno, autor de una magnífica frase que incorporé hace años a mi mochila particular: “el modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura”. Y cien veces estamos dándole con el martillo, a ver si el clavo entra en alguna rendija legal y resuelve el galimatías. Hablamos del velo integral, la arista más visual del punzante dilema democracia frente a islam.
A estas alturas ya sabemos algunas cosas, especialmente aquellos que estamos alertando desde hace años de la necesidad de abrir este incómodo debate. Sabemos que la derecha clásica aprovecha electoralmente el tirón popular del tema, y que la izquierda clásica tiene un lío ideológico monumental, tanto que no sabe ni lo que piensa. En medio de ambos espectros políticos, algunos políticos más centrados (muchos de ellos, alcaldes) dicen cosas sensatas, lo cual da un poco de respiro. Pero mayoritariamente, para desgracia del sentido común, este debate no se dirime en el territorio fértil de las ideas, sino en el arenal estéril de los lugares comunes y las consignas, allí donde, precisamente, no habitan las soluciones. Por enésima vez, pues, intentemos dar al clavo, aún a sabiendas de que macharemos la herradura.
Primero, este no es un debate de opciones personales, y cualquiera que lo plantee en estos términos, ni ha leído nunca un solo texto integrista islámico ni sabe qué serios retos plantea a la democracia ni conoce el alcance de la amenaza. En este sentido, no deja de resultar grotesco que los mismos que practican una tolerancia inconcebible con el machismo feudal islámico, sean los que históricamente han levantado la bandera del feminismo. ¿Paternalismo progresista para con el islam? Paternalismo y una dosis de ingenuidad harto suicida. Segundo, la presión sobre la mujer musulmana se ejerce desde todos los ámbitos de la vida cotidiana, tanto sobre las jóvenes que visten “a la occidental” y a menudo son insultadas, apartadas, ninguneadas, como sobre los padres o maridos que les permiten tamaña indecencia. Esta presión es constante allí donde han aterrizado los líderes fundamentalistas, cuya voluntad de dominar todas las mezquitas de Catalunya, empieza a ser un sueño alcanzable.
La cuestión, por tanto, atañe a lo ideológico, y no a lo religioso, y tiene que ver con la voluntad de una ideología totalitaria de vencer a las sociedades democráticas allí donde se instala. Para preocupación, los datos del CNI al respecto… Finalmente, y no es menor, la cuestión de la seguridad, cuyas razones son de manual. Prohibir el velo integral, por tanto, es una necesidad legal, no solo por defensa democrática y por dignidad femenina. También porque es necesario enviar un mensaje claro a estos militantes del integrismo feudal que sueñan con destruir nuestras sociedades: la libertad no ampara su locura fanática.
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Continúa la batalla por desenterrar no a los muertos, sino la propia guerra: “Alrededor de 600 personas se han concentrado esta noche en la madrileña Puerta del Sol en un acto “contra la impunidad del franquismo” que ha servido para homenajear a las 113.000 personas desaparecidas a causa de la represión” (El Mundo). ¿Cambiaría en algo su opinión si leyeran el estupendo artículo que publicó Santos Juliá, historiador de ese período y de izquierdas, el viernes en El País?: “Duelo por la República Española“. Seguramente no serviría de nada. Gente muy coherente: sostenella y no enmendalla.
Parece ridículo: “CC culpa a Reguera de que varios vehículos policiales no hayan pasado la ITV” (La Voz de Lanzarote). ¿El alcalde es el responsable de que los vehículos policiales pasen la ITV? ¿Es que no hay jefe en la policía municipal o técnico que tenga alguna responsabilidad en su trabajo? Luego los políticos se quejan de que se les culpe de todo, pero son ellos mismos los que con sus ridículas y continuas denuncias de sus adversarios contribuyen a que sea así, a que parezcan los únicos culpables de cualquier cosa que ocurra en la Administración. Lo que está claro, y CC lo sabe perfectamente, es que el alcalde no es el responsable de que los vehículos policiales pasen la ITV, y que ya va siendo hora de que empecemos a exigir responsabilidades a los técnicos y jefes administrativos por su trabajo o por la falta de él.
El País publica hoy otro buen artículo que debería resultar lectura obligatoria para la izquierda necrófila, el de Gregorio Marañón: “La insobornable verdad“. Sobre la política de los vivos, el de Ignacio Camacho:
Del fracaso escolar al coche oficial
Ignacio Camacho (ABC de hoy)
Gran parte de la nomenclatura dirigente de la nación carece de experiencia fuera de la política y no sabe lo que es cotizar por su cuenta a la Seguridad Social. El mismo presidente del Gobierno es un político profesional que apenas ha pasado un brevísimo tiempo como ayudante universitario. Más de la mitad de los miembros del Congreso son funcionarios en excedencia, y los que tienen un despacho, una consulta o una empresa están mal vistos bajo sospecha de conflicto de intereses. Cada vez hay más concejales, diputados provinciales o consejeros autonómicos que han transcurrido toda su vida laboral en un cargo público; en algún caso han pasado directamente del fracaso académico al coche oficial. No iba tan descaminado Boyer cuando apuntaba a la progresiva descapitalización intelectual de nuestra dirigencia; le sobró soberbia al hablar de «analfabetos» pero su diagnóstico es certero en lo que se refiere a la creciente mediocridad de una casta sumida en un preocupante proceso de endogamia.
La dictadura de los aparatos de partido ha propiciado un biotipo de político que empieza muy joven en la militancia orgánica y encuentra en ella un modo de subsistencia desclasada. La gente que gobierna y hace las leyes no sólo tiene pocos estudios, sino que ha vivido experiencias profesionales muy limitadas. No es tanto una cuestión de que se gane poco en los puestos de responsabilidad, como apuntaba el arrogante ex ministro gonzalista, sino de que la selección de cargos excluye méritos objetivos y se basa en el principio de obediencia. El procedimiento más eficaz para hacer carrera política en España consiste en no apartarse de la senda partidista; empiezas pegando carteles y si te muestras leal y disponible ante el «aparatchik» de turno pronto estarás en una lista municipal o te nombrarán asesor en nómina. Los candidatos no responden ante los electores sino ante el secretario general, y no necesitan más currículum que el de la disciplina interna. Así puede suceder que de los 350 parlamentarios que discuten la reforma laboral sólo haya ¡dos! trabajadores por cuenta ajena, a los que el escaño salva de la amenaza de un despido barato. Ese patente divorcio con la realidad explica la creciente desafección de los ciudadanos respecto a la función política, convertida en una vía para huir de los riesgos de la competitividad y el esfuerzo.
En los mejores tiempos de Roma, los senadores dejaban el arado para ponerse la toga y volvían a empuñarlo tras abandonar la magistratura; ese trayecto de ida y vuelta reforzaba los vínculos de servicio a la república. En la actualidad no hay modo de que encontrarle sentido a una representatividad ejercida por tipos incapaces de identificarse con un cuerpo social del que se han excluido para meterse en una burbuja.
La prensa del gobierno: “El Cabildo celebra un pleno marcado por preguntas del PSOE sobre temas que los propios socialistas habían paralizado cuando gobernaban” (Lancelot). Hay que aprovechar cualquier oportunidad de disparar contra la oposición. Como es natural, la prensa del gobierno sabe perfectamente que la gestión de Inalsa la llevaba el PIL (Plácida Guerra), pero la prensa del gobierno no tira piedras contra su propio tejado, así que se la adjudica a la oposición: “la gestión de Manuela Armas como presidenta de su Consejo de Administración”. Por supuesto que Armas tiene su responsabilidad en lo sucedido en Inalsa, pero bastante menor que la del PIL, pero de esa responsabilidad no dirá nada la prensa del gobierno. Como nada dicen de la noticia que publican otros periódicos: “El PSOE denuncia que el alcalde aún no ha dado “ningún paso” para reducir los 27 asesores pese al mandato del pleno” (La Voz). Sobre el gobierno de Arrecife, todo son parabienes. Se pensó durante un tiempo que la prensa era el cuarto poder que vigilaba al poder político y denunciaba sus excesos. La prensa del gobierno vigila y denuncia solamente a la oposición. Y con la oposición que tienen, resulta un trabajo sencillo convertir el periodismo en propaganda.
Tarde, mal y a rastras
Roberto L. Blanco Valdés (La Voz de Galicia de hoy)
A falta de conocer con detalle lo que ayer tarde decidió el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía catalán es posible realizar una valoración de urgencia respecto de un pronunciamiento que se ha producido con cuatro años de retraso. Ese es, de hecho, el primer dato relevante: que, por primera vez en su historia, el Constitucional ha sido literalmente incapaz de cumplir en tiempo y forma la importante misión institucional que tiene encomendada, lo que ha determinado que el máximo intérprete de nuestra ley fundamental se haya dejado en este pleito una buenísima parte de su prestigio.
Del tribunal se esperaba que decidiese, con criterio jurídico, si el Estatuto de Cataluña cabía todo él en la Constitución o si, como sostenía el recurso del PP y sostienen muchísimos juristas que no tienen con ese partido ninguna relación, bastantes de sus previsiones chocan de un modo frontal con nuestro texto constitucional. El hecho de que el alto tribunal haya juzgado que tan solo catorce artículos del Estatuto vulneran las previsiones constitucionales permite poner en duda muy seriamente, sin embargo, que el órgano de control de la constitucionalidad haya actuado llevado solo de un juicio jurídico y no político. Al final, da la sensación de que las fuertes presiones políticas a favor del Estatuto a las que el tribunal ha estado sometido han inclinado la balanza a favor de un pronunciamiento que contribuye a reventar las costuras de la Constitución y que deja en letra muerta muchos de sus contenidos materiales. Siguiendo su línea histórica, el Tribunal Constitucional debería haber contribuido a encajar las piezas de un puzle muy complejo como es el del Estado autonómico español. Sin embargo, hay muchas razones para creer que el tribunal, por razones políticas que están en la mente de millones de españoles, ha renunciado a cumplir con su función y ha dado con ello un impulso formidable a la destrucción de un modelo de descentralización que, tras este pronunciamiento errado y timorato, queda en manos de la incontrolable dinámica política que el nacionalismo ha impuesto a España. Este, y no otro, es el verdadero fondo del asunto.
Coalición Canaria está perdiendo de vista la importancia de los símbolos: “CC, la seguridad de Arrecife y los Reyes Católicos” (Lanzarote Noticias). ¿Qué hace un partido nacionalista poniendo como ejemplo a reyes católicos en lugar de a reyes guanches? De lo que sí “es posible que hasta los Reyes Católicos puedan ser responsables” es de que la seguridad haya empeorado. En realidad, es seguro, por lo que no se entiende que los nacionalistas no denuncien que la seguridad ha empeorado desde que la Isla pasó de estar gobernada por reyes guanches a estarlo por reyes católicos y godos.
Más coherente se muestra CC en la defensa de nuestra tradición en otra cuestión: “Protesta en la Escuela de Arte Pancho Lasso por la intención del Gobierno de eliminar primero de fotografía” (Diario de Lanzarote). A nadie se le esconde que los guanches no hacían fotografías, que la fotografía no es una tradición autóctona, sino importada, que distorsiona la identidad cultural canaria. Y la crisis obliga a poner el acento en lo que es importante para nuestro futuro y ahorrar en lo que es accesorio, en educación y formación profesional.
El Estatuto catalán y el respeto
Gregorio Peces-Barba (El País de hoy)
Aunque todavía no podemos hacer una valoración jurídica profunda de la sentencia del Constitucional sobre la reforma del Estatuto catalán, sí podemos contribuir a la sensatez y al sosiego con estas líneas de urgencia.
El proceso es el resultado de una acumulación de despropósitos y de errores con responsables plurales, desde el Gobierno catalán y los partidos políticos catalanes, pasando por el secretario general del PSOE, Rodríguez Zapatero, cuando sostuvo con imprudente firmeza que lo que se aprobase en Cataluña, se aprobaría en Madrid, y siguiendo en todos los demás trámites por la totalidad de intervinientes políticos y parlamentarios. El último de esos despropósitos lo crean y desarrollan las autoridades y los medios de comunicación catalanes, cuando afirman, con notable exceso y desconocimiento doloso que el tribunal no está legitimado para resolver el asunto.
No tuvieron los políticos catalanes del tripartito y de la oposición la suficiente mesura para saber los límites constitucionales, y para autocontrolarse, dejando que el tema llegase a extremos que cualquiera puede entender que superan con exceso los textos de la Carta Magna de 1978. Ponían así de relieve una falta de respeto, de afecto y de lealtad a la norma suprema y una utilización oportunista de sus competencias. La culpa in vigilando del Congreso y la irresponsable actitud de Zapatero, dando vía libre a los excesos, no pudo ser contrarrestada por el celo de Alfonso Guerra y por la Comisión de Constitucional que presidía.
Así llegó todo el problema al Tribunal Constitucional, como consecuencia de la irresponsabilidad de los restantes autores y así se convirtió en “chivo expiatorio” para desviar la atención sobre las culpas políticas que produjeron los males jurídicos que el Tribunal Constitucional ha zanjado con su sentencia. Ya llegará el momento de valorar con respeto y sentido crítico sus contenidos. Ahora solo hay que felicitarse y agradecer a sus magistrados su sentido de la responsabilidad, con respeto, como últimos responsables que son de la constitucionalidad de las leyes.
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Celebración
Arcadi Espada (El Mundo de hoy)
El Estatuto de Cataluña sigue siendo un mediocre artefacto jurídico y político y un paso atrás respecto al texto de 1979, pero la intervención de las instituciones españolas ha procurado una nueva mejora. Entre aquel texto cómico que aprobó el Parlamento de Cataluña y este último que viene devuelto después de cuatro años no hay comparación posible. ¡Qué duda cabe que España le sienta bien a la razón catalana, si la hubiera! Las correcciones constitucionales son obvias y plausibles, afecten a la lengua, las cajas de ahorros, el defensor del pueblo o al sistema jurídico. El despropósito en torno a la nación, aunque llamativo, era poco resoluble desde que el Estatuto utilizó el preámbulo para dar la noticia de que Cataluña era una nación. Lo importante de la sentencia no se vincula con la Nación, sino con el Estado: el Tribunal Constitucional ha impedido que Cataluña se configure como un Estado distinto del español. Una aspiración sobre la que sólo pueden decidir todos los españoles, es decir, el conjunto soberano, como corresponde a cualquier cesión de soberanía.
La sentencia ha tardado demasiado tiempo. El Constitucional debería haber resuelto estas obviedades jurídicas en pocos meses. Sus miembros no han sabido organizar un consenso elemental y es probable que su presidenta haya atendido con excesivo mimo las presiones del Gobierno. Pero la sentencia cumple con su obligación. Su obligación, dicho sea en honor de los tramposos, no era expresar una opinión que pueda ser contrapuesta a la del sagrado pueblo, sino documentar técnicamente un hecho: es decir, si el Estatuto era constitucional. Una cuestión que jamás se le planteó al pueblo, porque el pueblo siempre tiene razón y es tan sabio que delega en otros las preguntas difíciles.
La sentencia es una buena noticia para la democracia española. Lo sorprendente es que no la haya celebrado nadie. No me refiero, ahora, a las reacciones del nacionalismo catalán, encabezadas por su presidente: sólo merecen el desprecio del civilizado. En cuanto a la reacción del Gobierno no cabe otro adjetivo que el de pintoresca: sin saber qué hacer ni qué decir, mandó al ministro Caamaño a contar palabras. Cada vez trabajan menos: antes contaban cuentos. Pero la reacción significativa ha sido la del Partido Popular. La sentencia es su mayor victoria política. Tenían razón: el Estatuto era inconstitucional y hubiera bastado la impugnación de un sólo artículo para dársela. Es un hecho que el gobierno avaló un estatuto inconstitucional y que la oposición, con su recurso, ha actuado como garantía constitucional. Pero no lo celebran. La razón es puramente electoral: temen que la exhibición de la victoria les perjudique. Y eso es lo que ni el más alto Tribunal podrá corregir: que hasta tal punto el idiotismo nacionalista se haya convertido en la premisa de hacer política en España.
Hace ya tiempo que los sindicatos son cuestionados por una parte creciente de la ciudadanía, que no tiene claro si de verdad se dedican a defender los intereses de los trabajadores, de los trabajadores que tienen trabajo, o de los trabajadores con trabajo sindical. Y en poco ayuda que los trabajadores tengan que denunciar los chanchullos de su comité de empresa: “Los trabajadores de Inalsa critican que miembros del comité de empresa vayan a ocupar plazas nuevas sin concurso” (La Voz de Lanzarote). Cuando han llegado las duras a Inalsa, y los privilegios se reducen, las malas artes se hacen presentes en la lucha por ellos, y quienes tienen algo más de poder lo utilizan.
A Pedro San Ginés le parece razonable dedicarse a plantar césped en el desierto, al menos hasta unos cinco millones de metros cuadrados: “El presidente del Cabildo dice que hasta cinco campos de golf “es una cantidad razonable para la Isla” (Diario de Lanzarote). Y no hay ningún problema “porque estamos tirando al mar el agua depurada”. O sea, que como somos un desastre en la gestión del agua, y tiramos al mar el agua depurada en lugar de aprovecharla, pues no hay ningún problema en dedicarla a plantar césped en el desierto. Y parece que el presidente del Cabildo asume que el desastre en la gestión del agua es estructural, que nunca habrá políticos que resuelvan el problema ni llegará el día en el que en Lanzarote se aprovechen las aguas grises y nos ahorremos el exceso de energía que consumimos para desalar el agua que desperdiciamos.
De repente: “Dimiten los concejales del PIL Luisa Blanco y Antonio Machín” (La Voz de Lanzarote). Dos meses de forcejeos y chantajes y, de repente, dimiten los dos por motivos personales. Seguro que hay quien se lo cree. Pero supongo que la mayoría de los vecinos no será tan crédula, que se preguntará ¿qué ha ocurrido para que dejaran el puesto así de repente?, ¿han obtenido lo que pedían a cambio de la renuncia?, y de ser así, ¿qué es lo que han obtenido? Imagino que nunca lo sabremos, que nunca sabremos lo que ha pasado. Aunque quizá un día… en una de esas conversaciones telefónicas que interviene la Guardia Civil…
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MANUEL PRADO (La Opinión de Tenerife del viernes)
Imaginen por un momento que hay dieciséis personas que se proponen preparar una tarta. Deciden que cada persona aporte algún ingrediente de la tarta en función de sus posibilidades, y de este modo uno trae unos huevos, otro trae harina, otro azúcar, y así sucesivamente, se aportan los distintos ingredientes y se hace la tarta.
Imagínense ahora que, cuando llega el momento de comerla aparece otra persona, que no ha colaborado en la elaboración de la tarta. No solo eso, sino que mientras los otros hacían la tarta, esta persona se ha hecho un pequeño pastel que ya se ha comido ella sola. Sin embargo, tras comerse su pastel, reclama también una parte de la tarta, y las dieciséis personas ceden cada una un poco para repartir entre diecisiete.
Bien, pues acaban de hacer una recreación imaginativa de lo que supone el IVA y el IGIC. En dieciséis Comunidades Autónomas, los ciudadanos pagan el IVA sobre todo lo que se consume. Mientras tanto en Canarias, los ciudadanos pagan el IGIC, también sobre todo lo que se consume. Sin embargo, mientras una parte del IVA recaudado sirve para hacer un fondo común, el IGIC, al ser un pastel más pequeño, nos lo quedamos todo aquí, sin compartir con el resto de España.
Cuando llega el momento de repartir el fondo común del IVA, se reparte entre las diecisiete CCAA en función de sus necesidades reales de financiación, detrayendo del total a repartir a cada uno lo que previamente se había quedado cada Comunidad. Dado que en Canarias no nos hemos quedado con nada del IVA, porque lo nuestro es el IGIC, a nosotros nos dan nuestra parte completa, sin que se descuente lo recaudado por un concepto diferente. Es decir, se reparte lo de dieciséis entre diecisiete, teniendo Canarias una doble entrada de financiación.
Por eso, cuando en el mes de Julio, el IVA suba en el resto de España, Canarias se va a ver beneficiada, puesto que una de las entradas de financiación se va a incrementar sin que los ciudadanos de Canarias se enteren en apariencia de que ha habido una subida de impuestos.
Sin embargo, el partido que gobierna en Canarias se ha cuidado muy mucho de explicar el motivo real por el que aprobó la subida del IVA, porque no sería conveniente que los ciudadanos nos enterásemos de que Canarias en realidad tiene una financiación total que es la tercera per capita de España, y que lo que falla es la gestión pública de la misma. Además, y dado que a lo largo de todos los procesos productivos se va aplicando el IVA, en realidad, también en Canarias nos enteraremos de la subida del IVA en todo el consumo que requiera de varios procesos productivos fuera de Canarias antes de llegar al consumidor canario.
Metidos en harina, sería conveniente explicar también que la subida del IVA en dos puntos no significa que la recaudación impositiva aumente únicamente en dos puntos. Con una simple regla de tres llegamos a la conclusión de que la recaudación impositiva se va a incrementar en nada menos que un 12.5%. Esto es por lo siguiente: el tipo general del IVA actual es de un 16%, y a partir de julio se va a situar en un 18%. Esto quiere decir que la recaudación impositiva por cada 100 euros va a pasar de ser 16 euros a 18 euros, es decir una subida real de la carga impositiva del 12.5%. Esta va a ser la nueva tarta que se va a repartir entre diecisiete, recogiendo Canarias su parte, con su incremento correspondiente. ¿A alguien le extraña todavía que CC aprobara la subida?
Sin embargo, pese a recibir todo ese dinero de más, no es esperable una mejora en consonancia con ello. Quien no sabe gestionar, indefectiblemente termina con deuda, no importa cuanto dinero le den para gestionar. Cuando los intereses de lucimiento populista, políticas identitarias y rendimiento electoral son más importantes que el interés ciudadano, no hay dinero bastante en el mundo.
Por lo que dicen, la guanchancha no va a ser servir para nada: “El Cuerpo General de la Policía Canaria ofrece una ‘escasa aportación a la seguridad ciudadana’. Así se desprende de un informe elaborado por la Asociación de Técnicos y Asesores en Seguridad Ciudadana Asecc” (Diario de Lanzarote). “Expertos en seguridad ciudadana” no entienden que se cree una policía que no servirá para nada en cuestión de seguridad. Y no lo entienden porque no saben que la guanchancha no se creó para generar seguridad, sino identidad. Aunque no sea identidad canaria, sino emulación de la identidad catalana o vasca, o sea, la obsesión por la diferencia… y por gestionar competencias… aunque no sirvan para nada… más que para colocar a los nuestros. El chiste se ha vuelto de muy mal gusto en un momento en el que se nos dice a todas horas que estamos obligados a ahorrar en el gasto público.
¿Era innecesario el Estatut?
José María Ridao (El País de hoy)
Es probable que los presidentes del Gobierno central y de la Generalitat no sean conscientes del implícito mensaje que transmite su acuerdo para desarrollar mediante ley orgánica algunos aspectos del Estatut rechazados por el Constitucional. Dando por descontado que no se proponen sortear fraudulentamente la sentencia ni el sistema constitucional, lo que están diciendo es que, en realidad, no hacía falta el nuevo Estatut, que era innecesario para alcanzar los resultados que se perseguían con la reforma del antiguo. Es más, están diciendo, incluso, que hubiera sido mejor para obtenerlos seguir vías legales y políticas distintas y posibles dentro del Estado autonómico tal cual estaba. Pero si esto es así, y lamentablemente todo indica que lo es, entonces, ¿por qué se ha embarcado al país en una convulsión de siete años que ha abierto una insensata puja entre comunidades, puesto en entredicho el sistema autonómico y arruinado el prestigio de las instituciones, los partidos y la clase política involucrados en esta aventura?
El peor error que cometió el PSC en tiempos de Maragall, inmediatamente adoptado por Rodríguez Zapatero, fue oponer el eslogan de la España plural al de la España una defendida por los Gobiernos del Partido Popular. Es decir, se arrastró al país a elucubrar sobre su esencia, no a evaluar en términos pragmáticos el funcionamiento de las normas e instituciones por las que se rige desde 1978. La asfixiante tufarada de noventayochismo que se adueñó de la vida política española, con sus inanes letanías de naciones que se rompen y de dignidades colectivas ofendidas, ha provocado lo mismo que provocaron los autores del Desastre tras la pérdida de Cuba y Filipinas: un lamentable derroche de tiempo y energías en discutir y dar forma a la evanescente idea de nación, en lugar de gestionar los instrumentos del Estado democrático para hacer frente a los ingentes problemas que la realidad económica y social ponía enfrente. Ni siquiera las tres décadas de estabilidad y prosperidad propiciados por la Constitución han servido para convencer a nadie de la única conclusión que podía extraerse de las jeremiadas del 98: que el sedicente problema de España no tiene solución política, pero no porque sea irresoluble y haya que resignarse, por tanto, a conllevarlo con paciencia orteguiana, sino porque no es un problema político. Se trata, sencillamente, de una rancia, fatigosa y estéril especulación doctrinaria, amasada con una mezcla de interpretaciones de la historia y criaturas mitológicas como esa de las identidades.
Fieles al eslogan de la España una, los Gobiernos del PP declararon cerrados la Constitución y los Estatutos, intentando apropiárselos mediante la más sectaria operación propagandística de los tiempos recientes. Fieles, por su parte, al eslogan simétrico de la España plural, los socialistas de Cataluña y del resto de España declararon que estaban indefinida e infinitamente abiertos, respondiendo al sectarismo con frivolidad. El resultado de estos siete años salta a la vista: si el sistema autonómico tenía deficiencias que se hubieran podido y debido corregir, hoy esas deficiencias se han multiplicado. Con el previsible aunque descorazonador resultado de que el país sale de esta alucinada excursión por la nube de las esencias persiguiendo babas del diablo con los protagonistas descontentos, y con un sistema constitucional peor que el que tenía. Y, desengañémonos, los destrozos provocados no se arreglarán emprendiendo una carrera hacia el Estado federal, porque lo que está equivocado no es la respuesta autonómica que ofreció la Constitución del 78, sino la pregunta que ha llevado a revisarla. Un Estado federal no es en la práctica algo distinto de lo que existe, un listado de competencias de la federación y otra de los Estados, además de un mecanismo para financiarlas. Pero es que ningún listado de competencias ni ningún sistema para financiarlas podrán jamás dar cuenta cabal de qué es una nación, ni de quiénes lo son y quiénes no. Y mucho menos convertirse en prueba fehaciente de la dignidad o la indignidad colectiva.
Zapatero y Montilla han venido a decir, seguramente sin advertirlo, que nada de lo que hemos vivido hacía falta, puesto que hubieran bastado leyes orgánicas dentro del Estado autonómico para conseguir los objetivos que perseguía la reforma del Estatut.
Sorprendente descubrimiento, semejante a un abrupto aterrizaje desde las alturas de un noventayochismo al que todavía se aferran no pocos partidos para valorar la sentencia del Tribunal Constitucional, siempre con un ojo puesto en las próximas elecciones catalanas y, en definitiva, en la lucha por el poder. Entre tanto, los ingentes problemas que la realidad económica y social pone enfrente siguen sin ser abordados. O peor aún, se han deteriorado los instrumentos de los que disponía el Estado para abordarlos.
Retorno al pujolismo
IGNACIO CAMACHO (ABC de hoy)
CUANDO emprendió su incontrolable juego de aprendiz de brujo con el Estatuto de Cataluña, Zapatero buscaba una alianza de poder que le permitiese asentar su ventaja electoral en Cataluña a costa de reformar de tapadillo una Constitución en la que no cree porque la considera una reliquia de un tiempo superado. En ésas sigue después de varios años de enredos cada vez más pertinaces, dispuesto ahora a lograr por la vía de las leyes orgánicas estatales lo que el Tribunal Constitucional le ha vetado hacer a través de una norma de rango autonómico aunque de corte confederalista. La pregunta que queda en el aire es si para ese viaje de ida y vuelta se necesitaban las cargantes alforjas de una reforma estatutaria, que ha complicado de manera sensible una cuestión tan delicada y antigua como el encaje catalán, que ya Ortega consideraba en 1932 imposible de solventar más que a través de una relativa «conllevancia».
La estrategia de concesiones competenciales continuas sin tocar el Estatuto de Sau la desarrolló con habilidad Jordi Pujol en sucesivos pactos con González primero y con Aznar después. Fue Zapatero el que, subido en su frívola carroza de irresponsabilidad, otorgó al proyecto delirante de Maragall unas alas que luego hubo de cortar de mala manera porque había propiciado una escalada soberanista que se le escapaba de las manos. Su intención era mantenerse en el poder a través de un pacto que asentase el tripartito en Cataluña y proporcionase al PSOE los escaños necesarios para consolidar una ventaja electoral decisiva. Pero la torpeza de Montilla, la incompetencia del Gobierno en la crisis económica y la sentencia del TC han reventado ese statu quo y propiciado una crecida del nacionalismo convergente al que también engañó ZP cuando se trajinó a Artur Mas en el pacto del tabaco. Mas se perfila al fin como nuevo presidente de la Generalitat y está al caer un nuevo chivo expiatorio: la cabeza de Montilla pende de un débil hilo que el Maquiavelo de León cortará en cuanto le convenga para volver a los acuerdos que satisfagan la reclamación nacionalista a cambio de apuntalar la precaria mayoría del PSOE hasta el final de la legislatura.
Eso es lo que hay detrás de la promesa presidencial de desarrollar mediante leyes orgánicas los aspectos del Estatuto revocados por el TC. Zapatero le ofrece el caramelo compensatorio al rebotado Montilla pero está mirando de reojo a Mas, que será el que se acabe comiendo la golosina. Sólo que Mas ya se dejó engañar una vez y como ahora no se fía mantiene la posibilidad de entenderse con Rajoy en la recámara. Al final, después de tantas vueltas, tantos experimentos y tantas traiciones, todo vuelve al principio: el egoísmo nacionalista en el eje de la estabilidad del Estado. Pero sin Pujol y con ZP, menuda diferencia.
Ayer el susto: “Lanzarote podría perder su estatus de Reserva de la Biosfera de la Unesco según el Financial Times” (Crónicas de Lanzarote). Hoy el alivio: “El Gobierno central desmiente al Financial Times y asegura que no peligra el status de Reserva de la Biosfera” (Lancelot). Lo que nadie va a decir es que la Unesco no ha hecho su trabajo, que Lanzarote debería haber dejado de ser Reserva de la Biosfera hace tiempo. Porque la realidad es que la concesión del título de Reserva de la Biosfera no sirvió para lo que se dijo, para transformar nuestro modelo de desarrollo en uno sostenible o al menos más sostenible. Por el contrario, nuestro modelo de desarrollo es hoy más insostenible que hace tres lustros: hemos construido miles de camas turísticas y no hemos puesto en práctica ni un programa de sostenibilidad que haya tenido algún efecto práctico. Claro que la realidad no es lo que importa en Lanzarote, que basta con la imagen: “El PIL anima a todos los sectores a salvaguardar la imagen de Lanzarote tras el ‘falso ataque’ del Financial Times” (Crónicas de Lanzarote).
Hace un mes, el PSOE, con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, celebro el centenario del día en el que Pablo Iglesias tomó posesión de su acta de diputado. Hoy podrían celebrar los socialistas la primera intervención como parlamentario de Pablo Iglesias. Pero no lo han hecho, porque ¡menuda intervención! La he conocido por el extracto que ha hecho Santiago González en su blog: “Hoy hace cien años”. Merece la pena.
En las sociedades democráticas más desarrolladas no se confunde la información de un periódico con una conspiración contra la nación y, por lo tanto, la nación no se defiende contra un periódico: “Lanzarote se defiende”; “La Isla, contra el ‘Financial Times’” (Canarias7). Lanzarote no tiene que defenderse porque nadie la ha atacado: no hay más que un periódico denunciando, con mayor o menor acierto, cosas concretas y no a la sociedad lanzaroteña. Típico populismo tercermundista el de tratar de unir e indignar a la sociedad contra un enemigo exterior para tapar la incapacidad o la corrupción de la clase dirigente: miles de camas ilegales y un desarrollo insostenible. En las sociedades democráticas más desarrolladas no se concibe la prensa gubernamental, y a nadie se le ocurriría quejarse a un gobierno por lo que publica o deja de publicar un periódico: “El Cabildo presentará una queja a la embajada británica por el artículo de Financial Times sobre Lanzarote” (Diario de Lanzarote). ¿Cómo se identifica la prensa al servicio del gobierno? Cuando se le leen titulares como éste: “El Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias responden con gestión a los problemas de Atención Social de la Isla” (Crónicas de Lanzarote).
La Catalunya imaginaria
Francesc de Carreras (La Vanguardia de hoy)
Entre todas las reacciones que está suscitando la sentencia del TC sobre el Estatut, la más surrealista es la declaración del abad de Montserrat: “Hay que decir que la sentencia no respeta todos los derechos que el Magisterio de la Iglesia reconoce a los pueblos que son una nación”. Caramba, caramba, con el Magisterio de la Iglesia: antes, por lo menos, esperaban a la publicación de un texto para criticarlo. La clase política ha bajado de nivel, los teólogos parece que también.
Pero el movimiento nacional ya está en marcha. Algunos alcaldes se han declarado “moralmente excluidos de la Constitución” pero sin dimitir, como sería lógico, de sus cargos. Los rectores y rectoras de universidad se han puesto una vez más al servicio incondicional del poder político, como en aquellos viejos tiempos de los gobernadores civiles del Régimen. La manifestación ya está convocada: se sabe el día, el lugar y la hora, pero no el lema, ni la bandera, ni quién la encabezará, especialmente dónde estará situado el president de la Generalitat. La confusión es, pues, notable y el espectáculo deprimente. ¿Unidad? Si no existe entre los mismos convocantes, ¿con qué autoridad pueden pedir unidad a los ciudadanos?
Los socialistas catalanes están atrapados en la propia red que han ido tendiendo. Ciertamente han caído en muchas trampas desde que empezó todo eso, pero esta puede ser la definitiva. Todo eso empezó cuando el PSC de Maragall pactó con ERC, a principios del 2001, la reforma del Estatut, con el fin de aliarse con los republicanos y desbancar a CiU de la Generalitat. Eso sucedió a finales del 2003 y fue entonces cuando se emprendió una insensata carrera para aprobar un nuevo Estatut. Quien ha salido ganando en todo ello es ERC, la fuerza política más inteligente de estos últimos años: ha alterado el mapa político catalán, especialmente haciendo escorar al PSC, a IC y a buena parte de la opinión pública, hacia un extremismo que antes no existía. El Estatut ha sido, desde el primer momento, un mero instrumento de las fuerzas políticas con objetivos exclusivamente partidistas, no una finalidad para mejorar el sistema de gobierno de Catalunya.
Así sucede también ahora: la sentencia es un mero instrumento. La deslegitimación del TC empezó hace un año: cuando vieron claro que la sentencia podía ser negativa, todos empezaron a hacer cálculos electorales. Ante el vértigo de que los partidos que apoyaron al Estatut fueran considerados culpables de su inconstitucionalidad, comenzó la deslegitimación del TC con argumentos insostenibles: desde que el Estatut es un pacto político no susceptible de control jurisdiccional hasta que el Tribunal es incompetente porque no han sido renovados sus miembros. Montilla ha impulsado todas estas inconsistencias en un intento desesperado de evitar un descalabro socialista en las próximas elecciones. Ahora se halla ante el dilema de encabezar una manifestación por el “derecho a decidir” –un sinónimo del derecho a la autodeterminación– o faltar a la palabra dada en su imprudente y demagógica alocución al conocerse el fallo de la sentencia. Cuando uno abandona sus principios y pretende aparentar que se está de acuerdo con los principios contrarios a fin de mantenerse en el poder, es natural y merecido que le sucedan cosas como estas.
Tras el fallo de la sentencia –recordemos que todavía no conocemos sus fundamentos y, por tanto, buena parte de su significado–, en la Catalunya oficial es opinión común afirmar que se ha roto el pacto constitucional. Dando por bueno que ese supuesto pacto es el que está estipulado en la Constitución, dicha opinión no puede estar peor fundada, en especial porque quienes la mantienen son, precisamente, aquellos que basan la pretendida ilegitimidad de la sentencia en el argumento de que el Estatut fue aprobado en referéndum y el tribunal no puede declarar nula una ley de esa naturaleza. En realidad, la Constitución dice expresamente lo contrario: todas las normas y todos los poderes están sujetos a la Constitución. Y añade que para garantizar que ello sea así están los controles judiciales y, en el caso de las leyes –y el Estatut es una ley–, el único órgano adecuado para ejercer este control es el TC. Por tanto, quienes rompen el pacto constitucional materializado en la Constitución son, precisamente, aquellos que sostienen la ilegitimidad de la sentencia.
Lo más peligroso de la situación es el deterioro del Estado de derecho. El presidente de Murcia ya ha dicho que no aplicará la ley del aborto. Empiezan unos y siguen los demás. Afortunadamente los ciudadanos son más sensatos que sus gobernantes. No crean quienes no viven en Catalunya que aquí se está masivamente en estado de guerra contra la sentencia. Sólo en la Catalunya imaginaria sucede eso. Como es natural la gente está preocupada por otros problemas que les atañen más de cerca y que los políticos no les resuelven. La desafección de la política no es culpa del TC ni de la Constitución, sino de estos políticos, los mismos que estarán en la manifestación del sábado. Pero el asunto no es grave: estamos en julio, el calor aprieta y tenemos las vacaciones a la vuelta de la esquina.
El consejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias debe pensar que los dueños de los hoteles ilegales son idiotas: “Berriel urge a los hoteles a ‘mover ficha’ y pedir nuevas licencias si no han infringido ‘las normas urbanísticas’. Berriel hizo hincapié en que los empresarios ‘tienen herramientas suficientes para ponerse las pilas y legalizar sus hoteles’” (Diario de Lanzarote). Y la pregunta es obvia: ¿cómo es que los dueños de los hoteles no se han puesto las pilas para legalizar sus hoteles si tienen herramientas suficientes para hacerlo?, ¿cómo es que se arriesgan a que les derriben sus hoteles por no hacer el papeleo? Pues si no son idiotas, la respuesta debería ser también obvia: porque han infringido “las normas urbanísticas”, porque las licencias no se anularon sólo porque faltara un papelito, como decía Felipe Fernández Camero, o por meras “cuestiones administrativas”, como dice Domingo Berriel. Si hubiera sido así, si solamente fuera cuestión de hacer el papeleo de nuevo, no habrían dejado pasar más de un año sin “mover ficha”. No son tan idiotas.
Así se soluciona la corrupción
Juan Carlos Escudier (Público)
Los políticos corruptos no son setas que surgen de la nada tras un verano lluvioso. Si están ahí en actitud sobrecogedora, distrayendo el dinero público hacia sus bolsillos o cobrando el porcentaje del puente que prometieron donde nunca hubo un río, es porque alguien promocionó su carrera y les dio la combinación de la caja fuerte, antes de mirar para otro lado cuando el valor de sus escobillas del váter sobrepasaron lo políticamente correcto. Los corruptos no vienen solos. Alguien les nombra, les da cobertura y favorece su impunidad hasta negar la evidencia. No son productos del azar sino de la lógica.
Pillados en renuncio, lo habitual es que sus mentores queden muy consternados, porque quien lo iba a decir con lo buenos chicos que parecían, y aludan a que en todos partes cuecen habas, como si tuviéramos que aceptar una suerte de estadística, según la cual un número indeterminado de concejales, alcaldes, directores generales, ministros o presidentes autonómicos resultan manilargos, y contra eso no se puede luchar porque está en su naturaleza. Al PP, por ejemplo, muchos de sus dirigentes en Valencia y Baleares les están saliendo rana, pero en porcentaje tan elevado que esto empieza a asemejarse a una de las siete plagas de Egipto. ¿Qué se hace con estas ranas? Pedir que se respete su presunción de inocencia y que no se les saque en el telediario porque los batracios también tienen derecho a mantener limpia su imagen.
Al contrario de lo que parece, se nos asegura que estamos ante casos aislados y que la mayoría de los políticos son honrados. También deben de ser muy distraídos, porque ya es casualidad que entre tanta gente decente, íntegra e intachable no haya nadie que se percate de los prodigiosos saltos de la rana que tienen a su lado.
Quizás haya llegado el momento de que los partidos sean considerados responsables civiles subsidiarios de los latrocinios de sus dirigentes. Si quienes les han puesto al frente de ministerios, diputaciones o comunidades tuvieran que retratarse ante la factura de estos pillajes, la selección de personal mejoraría una barbaridad o, en su defecto, se robaría bastante menos. Hasta que esto no ocurra seguiremos pagando a escote los rólex y el Vega Sicilia; y es que corruptos serán, pero tienen un gusto refinadísimo los condenados.
ENTREVISTA: MIGUEL ÁNGEL TORRES Juez instructor del ‘caso Malaya’ (El País de hoy)
“El Estado está perdiendo la batalla contra la corrupción”
Hace ahora tres años, el juez Miguel Ángel Torres concluyó el sumario del caso Malaya, una de las mayores redes de corrupción urbanística destapadas en España, que se tejió en torno al Ayuntamiento de Marbella. El caso tuvo una enorme repercusión social por el número de procesados (86) y por la identidad de algunos de ellos, como la tonadillera Isabel Pantoja y su pareja de entonces, el ex alcalde Julián Muñoz. El juez cambió de destino tras dictar auto de procesamiento y desde mediados de 2007 está en un juzgado penal de Granada. Ayer viajó a Barcelona para participar en un curso organizado por la Universidad Pompeu Fabra y por la Oficina Antifraude de Cataluña, que dirige el ex fiscal Anticorrupción David Martínez Madero.
Pregunta. Algunos jueces de instrucción se lamentan de que les faltan medios para luchar contra la corrupción, pero ¿no se trata de un mal común en los países de nuestro entorno?
Respuesta. Sí, pero esa insuficiencia de medios es todavía más preocupante en España. Los delincuentes y sus organizaciones están en una situación de absoluta ventaja respecto a los medios del Estado. Hacen falta más medios, personales, materiales y normativos, porque en ocasiones el juez tiene la sensación de que le toca inventar el proceso con escasas herramientas. El Estado está claramente en desventaja para combatir la delincuencia organizada y esos grupos cada vez avanzan más.
P. ¿El Estado está perdiendo la batalla contra la corrupción?
R. Sin duda. Que se hagan de vez en cuando algunas operaciones no quiere decir que se esté combatiendo más la corrupción. Es que cada vez hay más casos y muchísimos de ellos no afloran.
P. ¿Qué debería hacerse para ganar la batalla?
R. Hacen falta juzgados especializados en corrupción y crimen organizado. Y unidades policiales que de verdad estén al servicio de jueces y fiscales. Más medios materiales y mayor respaldo a las actuaciones judiciales y policiales.
P. ¿Empezando quizás por la mayoría de los partidos políticos, que se lamentan cuando sus militantes son los investigados?
R. Sí. Todos los partidos se quejan y critican las decisiones judiciales si les toca a ellos. Y cuando hay cambio de Gobierno pasa lo contrario. En algunos casos los partidos pueden ser un problema si sus intereses no responden al interés democrático. Me parece que en España hay una superación de la democracia por la partitocracia y se hace más política de partido que de Estado. La justicia es un campo de lucha política y se debería respetar más a los jueces.
P. Las actuaciones de algunos jueces no ayudan a mejorar ese prestigio que reclama.
R. Puede ser. Los jueces tenemos una parte de culpa de lo que nos ocurre porque en muchos casos no hemos asumido nuestra posición constitucional e institucional. Lo que no puede ser es que todas las decisiones judiciales se analicen siempre intentando situar al juez en una u otra tendencia política.
P. ¿Cuando habla de cambios normativos quiere decir que no basta con reformar el Código Penal?
R. Exacto. Lo que no puede ser es que en España dure una década la instrucción de un caso. Debería ser más abreviada y que de verdad se debatieran las cuestiones en el juicio. Y es imprescindible una regulación de todos los instrumentos de investigación que limitan derechos fundamentales. Hablo de las intervenciones telefónicas, las entradas y registros, la recogida de las piezas e instrumentos de convicción. No puede ser que todo eso esté sin regular.
P. ¿Se siente representado por el Consejo General del Poder Judicial?
R. Una de las funciones del Consejo debería ser representar y defender a los jueces y yo no me siento ni representado ni defendido.
P. Cuando investigó el caso Malaya estando en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella se dijo de todo por determinadas decisiones que adoptó. ¿Cómo lo vivió?
R. Me sentí poco amparado. Tenía la sensación de que las decisiones que tomaba se veían desde un punto de vista político y podían gustar más o menos a un sector o a otro del Consejo.
Sin conejos, el vacío
Fernando Ónega (La Voz de Galicia de hoy)
O acuerdos o moción de censura, decíamos ayer. Pues ni acuerdos ni moción de censura. Para los pactos no hay voluntad política, porque Rajoy no se fía del presidente y no sabe en qué dirección va a remar. Para la censura no hay respaldo suficiente, así que mejor no meneallo. Mariano Rajoy destrozó literalmente a su adversario, le dijo esas cosas tan tiernas de que no está en condiciones de seguir gobernando, pero le deja seguir con galaica resignación. Como vía de escape para que no parezca que tolera a Zapatero, se apuntó a liderar la corriente dominante en la derecha: reclamar elecciones generales, ya. Algo había que pedir, ya que su programa no lo quiere desvelar.
Y ahí se quedó todo. Nada con sifón, titularía un célebre humorista español. Por parte del jefe del Gobierno, el discurso tedioso de siempre, la réplica más lucida habitual, pero ni el anuncio de un proyecto de ley nuevo, ni una oferta que insinúe nuevo rumbo, ni siquiera un discurso levemente emotivo. Solo se ha visto una suma de papeles que se notaba que habían sido pasados desde los diversos ministerios. Para esa exposición, como dijo una diputada en los pasillos, no hacía falta que se perdiese la final del Mundial de Sudáfrica. No hay relación entre la calidad del discurso y el tiempo que ha dedicado a su preparación. O está agotado Zapatero personalmente, o está agotado su equipo, o está agotado su proyecto. En cuanto no tiene conejos de la chistera que sacar, solo se contempla el vacío.
Y, por parte de Rajoy, una evidencia: no tenía mayor interés en exponer sus propuestas alternativas. Entendió que no era el momento, y hay que respetarlo. Lo malo es que transmitió la imagen de que solo tiene interés en apartar a Zapatero del puesto, y a eso dedica su riqueza de vocabulario, su brillantez formal y su capacidad literaria. Cuando eso ocurre en un aspirante a presidir el Gobierno, corre el riesgo de devaluar su papel y quedarse en uno de esos tertulianos que parecen no tener otra misión que dar caña al mono hasta que hable inglés, sin importarle la objetividad ni tener presente el interés del país. En ese sentido, le hizo un favor a Rodríguez Zapatero: en la medida en que no presenta alternativa, la única alternativa es la del Gobierno. Y en la medida en que prefiere destrozar a Zapatero que explicar otra opción, deja a Josep Antoni Duran i Lleida como el gran deseado de la derecha, que encuentra en Duran la crítica, pero también la aportación de soluciones. Pasa en todos los debates, y volvió a ocurrir ayer.
Conclusión provisional: el debate que esperábamos no era este. El debate que necesita un país en situación de emergencia no es este. El tono de sus grandes líderes no es este. Nada es lo que tendría que ser.
Sin propuestas
Santiago González (El Mundo de hoy)
Una de las grandes ventajas de Zapatero en las justas parlamentarias es que su discurso no está sometido al principio popperiano de la falsación. De ahí que la evidencia de promesas incumplidas y citas contradichas aportadas por el jefe de la melancólica oposición no le hiciese el más mínimo efecto. Es verdad que sostiene ahora justo lo contrario de lo que mantuvo, pero eso no quiere decir que antes estuviera equivocado.
Y ahora menos, si cabe. Son las circunstancias las que han cambiado, no él. ¿Que está haciendo cosas que dijo que jamás haría? ¿Que acusó a la oposición de planear cosas feas, como congelaciones de pensiones y la rebaja del sueldo a los funcionarios? Sí, es cierto, pero hay un matiz: la derecha hace esas cosas por vicio, mientras a él no le guía otro objetivo que el bien de España y la salida de la crisis.
Además, alguna de esas medidas se las había apuntado Paul Krugman, el flamante premio Nobel de Economía 2008 que Zapatero trajo a Sevilla en marzo de 2009. Cien mil euros pagó el Gobierno por una conferencia que fue una combinación de ducha fría y disciplina inglesa. Dos ideas fuerza: la recuperación en España será extremadamente dolorosa y pasará por la deflación y por una rebaja salarial media del 15%. Era la misma primavera en que Salgado veía brotes verdes, el mismo mes de marzo para el que el presidente había previsto «una creación de empleo muy estimable».
En la doble sesión no hizo ninguna propuesta, no quedaba nada que ofrecer en la chistera de la que antaño salían conejos a pares. Quince días después del fin de la Presidencia Europea, con un fracaso que sólo los pretorianos del partido se atreven a relativizar, hizo acopio de talante con todos, salvo con Rajoy y Rosa Díez, a la que llegó a hacer un reproche insólito: usted representa «solamente un escaño». El relativismo conceptual y verbal del presidente, su manera de sostener una cosa y su contraria, recordaba a Susan Vance, el personaje de Katharine Hepburn en La fiera de mi niña, una llamada al caos que hacía exclamar a un desalentado Cary Grant: «Es inútil. No aclararemos nada mientras ella lo explique todo».
Estuvo solo, pero Erkoreka le hizo concebir esperanzas presupuestarias. De CiU no puede esperar nada, salvo que les entregue la cabeza del BautistaMontilla, como ya hiciera con la del BautistaPasqual. Pero las catalanas están a cuatro meses vista y, ya puestos, prefieren decapitarlo con sus propios medios. Además, los votos del PSC son los que él va a necesitar dentro de unos 20 meses para tener opciones.
El PNV está dispuesto a vender caros sus favores. No en términos económicos, que todo lo que se podía gastar ya se gastó, pero los nacionalistas conocen su sentido de la lealtad y le exigirán un precio político que pase por debilitar a Patxi López. Había un aire de final de legislatura ayer en el Congreso. Quizá el presidente no sea antipopperiano, después de todo, sino un Cid con el rígor mortis sosteniéndole a lomos del caballo, mientras el jefe de la oposición le grita que adelante el fin de la legislatura. Inútilmente. Nunca le había escuchado, pero es que ahora ya no puede oírle.
Cuestionando, que es gerundio.
En cuestión el presidente del Gobierno de Canarias hoy en el El País: “Revilla, el presidente mejor valorado, y Rivero el peor, según el CIS”.
En cuestión Zapatero en el artículo de hoy en ABC de Manuel Martín Ferrand titulado “El artista de la engañifa“. Segundo párrafo:
En cuestión el presidente del PP, que no gana un debate ni queriendo, en ABC: “Zapatero ganó a Rajoy el Debate del estado de la Nación por seis puntos, según el CIS”.
El alcalde de San Bartolomé sigue cuestionando al secretario general de su partido: “Marcial Martín asegura que reportajes como los del Finacial Times “afectan a la imagen de Lanzarote negativamente” (Crónicas de Lanzarote).
Y cualquiera diría que el artículo de hoy de Estrella de Diego en el suplemento cultural de El País. “Edificios impostura“, se escribió para cuestionar al alcalde de Arrecife y sus iconos. Tercer párrafo:
Juegos del cerebro
Soledad Gallego-Díaz (El País de hoy)
Hace tiempo que se conoce el llamado “sesgo de confirmación”, es decir, la tendencia que tiene el cerebro humano a aceptar información que confirma lo que ya cree, independientemente de que sea verdad o no, y a rechazar aquello que lo pone en duda. Incluso en el pragmático mundo de los negocios, el cerebro de los grandes inversores actúa compulsivamente como un sí-señor, que da la razón a lo que ya se pensaba, vayan diciendo los hechos lo que vayan diciendo, según explicó, en mitad de la crisis financiera, The Wall Street Journal.
Las últimas investigaciones sobre este fenómeno son terriblemente descorazonadoras, no solo para periodistas emperrados en facilitar a los ciudadanos datos ciertos que les permitan tomar decisiones correctas, sino para los especialistas en ciencia política que creían que la democracia se basaba en eso. La realidad, dicen los expertos, es que, abrumados por un flujo de información que no cesa, los ciudadanos eligen automáticamente los datos quemejor se acomodan a lo que ya piensan y rechazan, sin la menor vergüenza, el resto. Conmillones de datos falsos o no comprobados, pero que nos reafirman en nuestras creencias, al alcance de lamano, del oído o del ratón, con cantidad de “entretenimiento” político que se nos mete en casa, parece cada díamás difícil intentar dar la batalla contra el confirmation bias.
“Los datos ciertos no tienen el poder de cambiar nuestras mentes”, explica uno de los mayores estudiosos del tema, Brendan Nyhan, en un artículo publicado esta semana en The Boston Globe. Más bien parece, confirma el periodista Joe Keohane, que las cosas funcionan al contrario: cuando personas desinformadas reciben los datos correctos, no solo no cambian de opinión o modifican su creencia, sino que se aferran todavía más a ella. Pasó durante la guerra del Golfo y la invasión de Irak en Estados Unidos, pero ocurre igualmente en todo el mundo.
La evidencia acumulada en los estudios realizados por Nyhan es abrumadora en el caso demilitantes de partidos políticos. Peor aún, la gentemás desinformada es la que tiene opiniones políticasmás fuertes. Y cuantomás se preocupa esa persona por un asunto concreto,más duro es el efecto “tiro por la culata” del dato cierto que le debería llevar a corregir su posición.
Tampoco cabe confiar en la capacidad de reacción de la gente con pensamiento político más sofisticado, porque, como ya habían asegurado otros dos especialistas, Charles Taber y Milton Lodge, en 2006, son precisamente ellos los que están menos abiertos a nueva información. Seguramente, esas personas tienen opiniones correctas sobre más cosas, pero, en el tanto por ciento en el que están equivocados, parece que es imposible que acepten hechos que les obligarían a cambiar de opinión, se les proporcione la información que se les proporcione.
¿Qué remedio hay para esta realidad tan poco reconfortante? Está claro que no es posible pedir a los ciudadanos que se violenten a sí mismos y que vigilen su cerebro, como si fueran entrenados intelectuales, para sortear esa inclinación sesgada a no escuchar más que lo que se quiere oír. Reconozcamos que eso es una práctica intelectual agotadora y que se da muy poco, incluso en la universidad.
La verdad es que los ciudadanos recibimos poca ayuda,muy pocos ejemplos en los que fijarnos. Quizá, como propone Brendan Nyhan, y como han empezado a hacer algunos periodistas en elmundo, hay que sacar los colores inmediatamente a quien difunde los primeros datos falsos sobre los que después se van a basar las opiniones incorrectas. “Eso que acaban de escuchar ustedes no es verdad porque (aquí se incluyen los datos ciertos)…”. “Lo que acaba de decir el señor X en la tribuna parlamentaria no es ni remotamente compatible con la realidad porque…”. No parece fácil; pero, por lo menos, haría que los debates sobre el estado de la nación fueran más entretenidos y útiles.
Zapatero se divorcia de sí mismo
Fernando Ónega (La Voz de Galicia de hoy)
Zapatero no tuvo valor. Le falta coraje para situarse ante los mineros en Rodiezmo y explicarles por qué tiene que hacer la política que hace. Lo podría hacer, que los discursos políticos ofrecen recursos para todo. Pero nos ha negado esa morbosa escena. No quiere que la noticia de esa tradicional (y triunfal) apertura de curso sea el abucheo o algo peor: la frialdad. Se pueden aguantar sonoras pitadas y gritos de dimisión en el desfile del 12 de Octubre: están en el guión, y sus hagiógrafos siempre podrán decir, y de hecho dicen, que es el rechazo de la España más reaccionaria. Pero tiene que ser demoledor pasar del entusiasmo de diez años al repudio sindical en el lugar más emblemático de su confesión como hombre de izquierdas, obrerista y apóstol de las clases más débiles y necesitadas.
No repetiré eso que ha dicho González Pons de que Zapatero no puede mirar a los obreros a los ojos. Tampoco me sumo a su frase de que «ha tirado a la basura su programa electoral», que ya dijo Rajoy en el último debate. ¿Desde cuándo la derecha lamenta que la izquierda no cumpla sus compromisos de gobierno? Mucho menos acusaré al presidente de mentir cuando aseguró que iría a Rodiezmo «muchos años», pero no se comprometió a estar el próximo septiembre. Incluso le justificaría si ha cambiado de opinión: prometer acudir a esa cita no es prometer una ley ni «el Estatut que salga del Parlamento catalán». Es una decisión personal que se puede rectificar a la vista del ambiente o de los consejos de un buen asesor.
Pero es lícito argumentar que cuando se renuncia a algo tan sensible en su biografía, se renuncia a algo de la propia identidad. Gobernar es un eterno conflicto entre la razón y los sentimientos. Gobernar es dejar jirones del alma en cada página del Boletín Oficial. Zapatero se divorcia de sí mismo. Ya hay un Zapatero de Rodiezmo: el de las pensiones, el obrerismo, el aplauso fácil y el abrazo sindical. Ya hay otro Zapatero posterior: el de los recortes y los ajustes, la política forzada, el lenguaje del mercado y la huelga general. La despedida al acto Rodiezmo, aunque no sea definitiva, marca la frontera.
No sabemos todavía cuál de los dos será mejor para el país. Quizá el segundo, porque Rodiezmo solo significaba una acción de propaganda de arranque, la política de la chequera, el populismo y el gasto fácil. Pero sí sabemos el riesgo que corre Zapatero con el trasfondo de su decisión: si se trata de gobernar con el mercado, el mercado sabe que hay mejores gestores y más auténticos y no se fijará precisamente en él. Si está obligado a distanciarse de una parte del sindicalismo por cautela o prevención, se quedará sin el bloque social que le ha llevado al poder.
Abajo el fatalismo.
Cómo el mundo resiste a las predicciones de los pesimistas
Matt Ridley
[The Huffington Post, traducido en Tercera Cultura]
Cuando yo era un estudiante, en la década de 1970, el mundo estaba llegando a su fin, o eso me decían los mayores. Decían que la explosión demográfica era imparable, la hambruna en masa inminente, se iniciaba una epidemia de cáncer causado por productos químicos en el medio ambiente, el desierto del Sahara avanzaba una milla por año, volvía la edad del hielo, el petróleo se estaba agotando, la contaminación del aire nos estaba a asfixiando y el invierno nuclear nos iba a rematar. No parecía tener mucho sentido hacer planes de futuro. Me acuerdo de una fantasía que tenía, me iría a las islas Hébridas, cerca de la costa oeste de Escocia, y viviría de la tierra para poder sobrevivir a estos holocaustos, al menos hasta que el cáncer me pillara.
No me estoy inventando nada. Cuando yo tenía 21 años me di cuenta de que nadie me había dicho nunca nada optimista sobre el futuro del planeta y su gente, ni en una conferencia, ni en un programa de televisión. Ni siquiera en una conversación en un bar, al menos que yo pudiera recordar. El desastre era seguro.
Las dos décadas siguientes fueron igual de malas: la lluvia ácida iba a devastar los bosques, la pérdida de la capa de ozono nos iba a freír, los estrógenos iban a diezmar la cantidad de espermatozoides, la gripe porcina, la gripe aviar y el virus del Ébola nos iban a aniquilar a todos. En 1992, la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro abrió su agenda para el siglo XXI con estas palabras “La humanidad se encuentra en un momento decisivo de su historia. Nos enfrentamos con la perpetuación de las disparidades entre las naciones y dentro de ellas, un agravamiento de la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y el continuo deterioro de los ecosistemas de los que dependemos para nuestro bienestar”.
Para entonces yo había empezado ya a darme cuenta de que este terrible futuro no era tan malo. De hecho, todos y cada uno de los desastres con que me habían amenazado habían resultado falsos o exagerados. La explosión demográfica se suavizó, el hambre había sido erradicada en gran parte (salvo en las tiranías asoladas por la guerra), la India exportaba alimentos, la tasa de cáncer (ajustada por edad) caía en vez de aumentar, el Sahel se hacía más verde, el clima se templaba, el petróleo era abundante, la contaminación del aire mejoraba rápidamente, el desarme nuclear avanzaba aceleradamente, los bosques prosperaban, la calidad del esperma no se había desplomado. Y, sobre todo, la prosperidad y la libertad estaban avanzando a costa de la pobreza y la tiranía.
Comencé a interesarme y hace unos años empecé a preparar un libro sobre el tema. Me quedé asombrado por lo que descubrí. Durante los años de mi vida, la renta per cápita global, corregida la inflación, se había triplicado , la esperanza de vida se había incrementado en un tercio, la mortalidad infantil había disminuido en dos tercios, la tasa de crecimiento de la población se había reducido a la mitad. Había salido de la pobreza más gente que en toda la historia anterior de la humanidad. Cuando yo nací, el 36% de los estadounidenses tenía aire acondicionado. Hoy en día el 79% de los estadounidenses por debajo del umbral de la pobreza tienen aire acondicionado. Las emisiones contaminantes de los automóviles se redujeron un 98%. El tiempo de salario medio que hay que trabajar para pagar una hora de luz artificial para leer bajó de 8 segundos a medio segundo.
Los seres humanos no sólo son más prósperos, también son más saludables, más sabios, más felices, más tolerantes, menos violentos, más iguales. Compruébelo usted mismo, los datos son claros. Sin embargo, los pesimistas eran cada vez más estridentes y apocalípticos. Nos enfrentábamos al “fin de la naturaleza”, a la “anarquía inminente’, a un “futuro robado”, al “siglo final” y a la catástrofe climática. Y empecé a preguntarme ¿por qué el fracaso de las predicciones anteriores tiene tan pocas consecuencias en esta letanía?
Pronto me di cuenta. Como otros que han tratado de llamar la atención sobre la mejora de los niveles de vida, en particular Julian Simon y Bjorn Lomborg, estoy empezando a ser objeto de una sostenida campaña de difamación de los pesimistas. Distorsionan mis argumentos, cuestionan mis motivos y me atacan por decir cosas que nunca dije. Dicen que yo pienso que el mundo es perfecto, cuando no puede estar más claro que yo defiendo el progreso precisamente porque tenemos que ser ambiciosos para corregir tantas cosas que siguen estando mal. Dicen que soy un conservador, cuando es el temor reaccionario hacia el cambio lo que ataco. Dicen que favorezco a los ricos, cuando es la prosperidad de los pobres lo que yo defiendo. Dicen que soy un conformista, cuando es todo lo contrario. Sabía que esto iba a pasar, y lo tomo como un malintencionado cumplido, pero aun así la intensidad es alarmante. En vez de mantener un debate, están ansiosos por cerrarlo.
Ahora veo en primera persona cómo evité toda buena noticia cuando yo era joven. ¿Dónde están los grupos de presión con interés en relatar las buenas noticias? No existen. Por el contrario, los gigantes de las malas noticias, como Greenpeace, Amigos de la Tierra y el WWF, gastan cientos de millones de dólares al año, y el desastre es su mejor recaudador de fondos. ¿Dónde está el interés de los medios de comunicación en verificar los resultados de las predicciones pesimistas anteriores? No hay ninguno. Según mis cuentas, Lester Brown, ha pronosticado ya un punto de inflexión en los rendimientos agrícolas en seis ocasiones desde 1974, y se ha equivocado cada vez. Paul Ehrlich ha venido pronosticando hambrunas y cáncer masivos durante 40 años. Todavía predice que “el mundo está llegando a un punto de inflexión”.
Ah, esa frase otra vez. Yo la llamo inflexionitis. No suele andar lejos de los labios de los profetas de la catástrofe. Están convencidos de que se encuentran en lo alto del pivote de la historia, el punto de inflexión donde la montaña rusa comienza a ir cuesta abajo. Pero entonces comencé a mirar hacia el pasado para ver qué habían dicho antes los pesimistas y descubrí la expresión usada en cada generación, o un equivalente. La causa de su pesimismo variaba -por ejemplo, tintada a menudo de eugenesia a principios del siglo veinte-, pero la certeza de que su propia generación se hallaba en el cénit de la historia humana era la misma.
Me remonté hasta 1830 y aún estaba la misma creencia. De hecho, el poeta e historiador Thomas Macaulay ya estaba harto por entonces: “No podemos probar con certeza que están equivocados quienes nos dicen que la sociedad ha llegado a un punto sin retorno y que hemos visto ya nuestros mejores días. Pero lo mismo dijeron todos antes de nosotros y con la misma razón aparente”. Y continúa: “¿En base a qué principio, cuando detrás nuestro no vemos otra cosa que mejoras, tenemos que esperar nada más que deterioro en el futuro?”
En efecto.
Un ejemplo práctico de lo que supone el cáncer autonómico para España
S. McCoy (Cotizalia de hoy)
Llega a mis manos un documento extraordinariamente interesante firmado por los profesores del Instituto de Empresa Francisco Marcos y Juan Santaló. Se trata de un estudio pionero en España que relaciona intensidad normativa con productividad e innovación a nivel autonómico entre 1988 y 2006, periodo coincidente con buena parte de la descentralización competencial a favor de las distintas regiones tras el impulso inicial de principios de los 80. Aunque es fácil intuir la correlación inversa entre ambos factores, los autores llevan a cabo una demostración empírica de la misma. A mayor regulación, menos iniciativa privada y competitividad. Es ésta una de las consecuencias del absurdo modelo de estado español, en el que la ambición regional por acaparar competencias se ha convertido en un obstáculo para la unidad de mercado y la diferenciación económica como nación, hándicap que ya se puso de manifiesto con la trasposición de la Directiva de Servicios de la UE. Un proceso de difícil vuelta atrás que condena a nuestro país a un tiempo de dificultades más extenso que la de otros estados de nuestro entorno, salvo reversión improbable, claro está. En fin, es lo que hay.
El informe, desde ese punto de vista, es un tanto farragoso en su lectura corrida por lo que merece la pena aterrizar directamente en la conclusión. Y ésta no puede ser más evidente: por cada 100% que crecen las disposiciones locales, caen un 80% las solicitudes de patentes en la región y un 3,5% la productividad total. No está mal cuando, como se encargan de recordarnos Marcos y Santaló, la pérdida agregada del periodo para el conjunto de la economía española ha sido del 0,15%. Estas son las cifras con las que hay que quedarse.
Obviamente la vorágine dispositiva no es el único elemento que justifica la merma acumulada de competitividad en España a lo largo de las dos últimas décadas. Hay factores mucho más relevantes cuantitativamente, como la enorme generación de empleo en industrias de poco valor añadido al calor de un aumento sustancial de la demanda de sus productos, caso de un inmobiliario o una hostelería que atrajeron una importante bolsa de mano de obra extranjera. Sin embargo, y aunque suene duro decirlo, mientras que éste es un fenómeno reversible, eso sí a un elevado coste social, no ocurre lo mismo con el carajal autonómico que entre todos hemos consentido y cuya importancia cualitativa es sustancial, precisamente, por su difícil corrección sin pisar callos acostumbrados, en muchas ocasiones, a hacer del victimismo su mensaje y la reivindicación sin término su bandera. Poco importa el efecto que tales majaderías tengan sobre un colectivo nacional que sólo sienten como suyo cuando juega la selección.
¿Se conseguirá hacer de la necesidad virtud y corregir esta incierta deriva aprovechando la crisis? Sería lo idóneo. No en vano, una de las reformas estructurales imprescindibles, como hemos señalado, para que nuestra economía empiece a despuntar por méritos propios y no por mejor efecto arrastre foráneo, es la eliminación de las barreras interiores que convierten a nuestro país en un compendio de Reinos de Taifas en los que prima el interés particular sobre el general. El dumping fiscal entre las distintas comunidades autónomas es buena prueba de ello, como lo es la distinta regulación de la libertad de establecimiento y horario de los locales y centros comerciales, por poner dos de los ejemplos más evidentes. Hay una percepción errada de que es el nivel de competencias el que determina la aceptación de los ciudadanos respecto a su clase política regional. Pues no, lo es la buena gestión. Y muchas veces ésta pasa por admitir errores, desandar parte de lo andado y construir la casa desde los cimientos y no desde el tejado. Hace falta determinación y valentía. ¿La habrá? Me temo que no pero por decirlo que no quede.
¡Aquí no paga nadie! Los españoles deben a Hacienda 11.663 millones de euros
Carlos Sánchez (Cotizalia de hoy)
La morosidad no es sólo un problema de los agentes económicos privados con el sector público. Cobrar las deudas tributarias también se ha convertido en un auténtico suplicio para Hacienda. Los contribuyentes -personas físicas o empresas- deben al Fisco nada menos que 11.663 millones de euros. Una cantidad que representa más del 1,1% del producto interior bruto y que supone el 7,6% de lo que recauda la Agencia Tributaria en un solo ejercicio.
Se trata, con diferencia, de las mayores tasas de morosidad jamás alcanzadas por la economía española. Pero lo sorprendente es su rápida evolución. En 2005, los derechos pendientes de cobro ascendían únicamente a 4.878 millones, y un año más tarde -todavía sin crisis económica- había pasado a 6.299 millones. El año 2007 se cerró con una morosidad equivalente a 6.987 millones, pero es que un año más tarde se había acelerado hasta los 8.727 millones. Es decir, que en 2009 -ya en plena recesión- las deudas con la Agencia Tributaria (los 11.633 millones) han crecido un 33,5% respecto del año anterior.
Para hacerse una idea de lo que significan estas cifras hay que tener en cuenta que la morosidad del año pasado, según cifras oficiales, representa el 10% del déficit presupuestario alcanzado por todas las administraciones públicas. No se trata, por lo tanto, de una cifra pequeña. Lo peor, sin embargo, es que Hacienda nunca podrá recuperar una cantidad importante de ese dinero, ya sea por la propia insolvencia de los contribuyentes o por la existencia de medios de elusión fiscal. O dicho en otros términos, empresas que hacen alzamiento de bienes para no pagar al Fisco.
Eurostat -la agencia estadística de la UE- obliga a que una vez transcurridos una serie de años los estados miembros den como perdidos derechos de cobro irrecuperables. Y en este sentido, los datos de la Intervención General del Estado (IGAE) correspondientes a 2008 muestran que el Fisco considera incobrables más de 5.000 millones de euros que le deben los contribuyentes, pero que difícilmente podrá recuperar. En concreto, 5.049 millones de euros que Hacienda considera ya de recaudación incierta o de dudoso cobro, según la terminología de Eurostat.
La cifra supone nada menos que el 0,47% del PIB de ese año, aunque lo más relevante es que representa un crecimiento del 29,9% respecto del 2007. Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea, obliga cada ejercicio a los países miembros a realizar una serie de ajustes en sus déficit de caja (lo que realmente pagan e ingresan) con el objetivo de que reflejen de una manera fiel las cuentas públicas.
El dogma las Autonomías (I)
Juan Manuel Blanco* (El Confidencial de hoy)
A pesar del carácter modélico con el que la propaganda oficial ha venido presentando el proceso autonómico español, algunos de sus aspectos no dejan de resultar, cuando menos, sorprendentes. Se ha acometido un intenso proceso de traspaso de competencias del Estado a las Autonomías sin analizar previamente qué servicios pueden prestarse más eficientemente en al ámbito nacional y cuales en el ámbito autonómico. Se han identificado, con frecuencia, los traspasos de competencias con derechos o logros para los habitantes de una región, olvidando que lo que realmente importa a los ciudadanos es la prestación eficaz del servicio, con independencia de cual sea la administración que lo proporcione. La descentralización nunca acaba de cumplir sus objetivos pues cuantas más competencias van asumiendo las Autonomías, mayor insatisfacción se genera en éstas y más reivindicaciones de otras nuevas aparecen.
Se han presentado los traspasos de competencias como una manera de prestar los servicios de manera más eficiente y barata pero, dado que el gasto de las Autonomías ha crecido por encima de la asunción de funciones, podría sospecharse justamente lo contrario. Se ha argumentado, como justificación de la descentralización, que ésta acerca la administración al ciudadano pero, en contradicción con este argumento, no ha existido una segunda descentralización hacia otros entes menores y, teóricamente, más cercanos al ciudadano, como las diputaciones o los ayuntamientos (descentralización en España, pero centralismo en cada Autonomía). Y se ha identificado frecuentemente la descentralización con una profundización de la democracia y de la libertad de los individuos pero la creciente imposición de regulaciones, control de la vida ciudadana y establecimiento de barreras a la movilidad y a la competencia en muchas Autonomías, son hechos que invitan a poner en duda este planteamiento.
Desde su inicio, los análisis críticos rigurosos del Estado de las Autonomías español han constituido una rara excepción. En su lugar, hemos escuchado durante muchos años un discurso plagado de lugares comunes, frases hechas, declaraciones altisonantes, supuestos agravios regionales o apasionados llamamientos a defender la dignidad mancillada de un territorio. En definitiva, mucha carga ideológica y política, muchos elementos emocionales y frases huecas pero poco debate racional, como si de un dogma cuasi religioso se tratase. Y la controversia acerca del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña tiene visos de desarrollarse con la misma pobreza argumental. Por ello, se echa en falta un nuevo enfoque que, lejos de tabúes y autocensuras, proponga una visión crítica serena y objetiva, que ponga de manifiesto los elementos que hay detrás de este proceso autonómico, señale sus ventajas e inconvenientes, explique los fallos y aciertos cometidos e inicie el debate sobre el mejor camino que debe seguirse en el futuro.
La descentralización de un país puede aportar ciertas ventajas si se realiza de forma adecuada pero, si el proceso no está bien diseñado, como ocurre en el caso español, esta descentralización puede acarrear muchos más problemas que ventajas, favoreciendo los intereses de ciertos grupos locales a costa del resto de los ciudadanos. En los años en que se establece el Estado de las Autonomías en España, la literatura económica y política era claramente favorable a la descentralización pero los malos resultados en muchos países y la investigación posterior han llevado a un serio replanteamiento: ahora los estudiosos son mucho más críticos y cautos con estos procesos.
Las primeras teorías sobre la descentralización
Los líderes de la independencia los Estados Unidos de América consideraron que el esquema de un país unido pero descentralizado (en este caso federal) permitía combinar las ventajas de un país grande (comercio a mayor escala, mejores posibilidades de defensa ante una agresión exterior, facilidad de recaudación de impuestos) con los de un país pequeño (mayor cercanía al ciudadano, que puede controlar mejor a sus representantes) y evitaba la concentración del poder en un solo gobierno, repartiendo éste entre diversos entes territoriales.
Ya en el siglo XX, la literatura económica comenzó a formalizar lo que hoy se conoce como “primera generación de federalismo fiscal” o una teoría sobre las ventajas de la descentralización. Con este esquema, la prestación de ciertos servicios en el ámbito regional lograría adaptar mejor las características de estos servicios a las particularidades locales y, debido a una mayor cercanía, los votantes podrían ejercer un mejor control sobre los gobiernos regionales. Se generaría una sana competencia entre las administraciones regionales por realizar una buena política y gestionar los recursos eficientemente con el fin de atraer ciudadanos de otras regiones que contasen con peores servicios y mayores impuestos. Como corolario, los gobiernos regionales tenderían a reducir su tamaño, contribuyendo así a la consecución de un estado pequeño y eficaz.
Todo este consenso científico, junto con el buen funcionamiento de sistemas federales como los Estados Unidos o la República Federal de Alemania, llevó a la puesta en marcha de procesos de descentralización territorial en algunos países. Sin embargo, ya en los años 90 del siglo XX, los estudios observan que, al contrario de lo que predecía la teoría, los resultados habían sido, en general, bastante decepcionantes. La descentralización parecía generar más corrupción, una gran ineficiencia, una administración hipertrofiada y crecientemente intervencionista, enorme inestabilidad presupuestaria con tendencia a déficits abusivos, mayor inflación y, en ciertas condiciones, menor crecimiento ¿En que había fallado la teoría? ¿Cómo podía explicarse que la descentralización funcionase bien en algunos países pero generase nefastos efectos en otros?
La teoría del federalismo fiscal había fallado por sus erróneos supuestos acerca del comportamiento de la administración y del sistema político: a) los gobernantes no son meros entes altruistas que buscan el bienestar de los ciudadanos, sino agentes que tienen sus propios intereses y b) el mecanismo del voto no constituye un control directo sobre los gobiernos sino un control muy indirecto e imperfecto. Por ello, el tipo de instituciones que se crean en la descentralización van modelando los incentivos de los dirigentes regionales para desarrollar unas políticas u otras, en busca de sus propios beneficios. Se hacía necesario, a la luz de estas nuevas consideraciones, explicar los problemas que crea la descentralización, describir los intereses particulares que pueden impulsarla y definir las condiciones óptimas que debe cumplir. Todo esto se expondrá en la segunda parte del artículo, comparando las condiciones recomendadas con las que han caracterizado el caso español.
*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.
El dogma las Autonomías (II)
Juan Manuel Blanco* (El Confidencial de hoy)
A partir de los años 90, la literatura económica y política comienza a analizar los graves problemas que generaba la descentralización territorial y a proponer ciertas normas para intentar paliarlos. Los gobiernos regionales tendían a llevar a cabo políticas contraproducentes para el crecimiento económico, a incidir en un enorme gasto clientelar y a incurrir en una intensa indisciplina presupuestaria. Y la causa estribaba en los perversos incentivos que crea el sistema de financiación regional a través de transferencias del centro, ya que rompe el nexo existente entre crecimiento económico de la región y mayores ingresos fiscales así como el vínculo entre gasto regional y presión fiscal.
Dado que las arcas regionales se benefician poco de la recaudación adicional generada por el crecimiento en la región, las políticas favorecedoras de este crecimiento se tornan menos atractivas para los políticos locales, que se inclinarían más por el trato de favor a ciertos grupos de presión a cambio de su apoyo electoral. Se generaría una tendencia hacia la indisciplina presupuestaria ante la perspectiva de que mayor gasto no lleva a la necesidad de tomar una medida impopular como aumentar la presión fiscal en la región: los ingresos dependen, en realidad, de otros criterios, como pudiera ser el poder de negociación con el centro. Por ello, se recomienda establecer un régimen de disciplina fiscal de las regiones, un sistema por el que cada región pueda beneficiarse fiscalmente del crecimiento económico que se genera en su territorio y un centro fuerte capaz de imponer un control del gasto a las regiones.
En contra de lo que se pensaba, el control que ejercen los votantes sobre los gobernantes tiende a ser más imperfecto a nivel regional que nacional. La existencia de varios niveles de administración hace difícil a los votantes atribuir la responsabilidad o los méritos a una administración o a otra. Es fácil que las administraciones autonómicas culpen al gobierno central de unos malos resultados que podrían ser atribuidos a sí mismas. Además, a los gobiernos regionales les resulta más sencillo controlar su parlamento, disfrutar de una relación más cercana con la judicatura o lograr un cierto grado de sometimiento de los medios de comunicación locales (que son más frágiles y pueden depender más de las concesiones o subvenciones de estos gobiernos). Si se añade el hecho de que, en un espacio más pequeño, existen más interacciones entre los agentes privados y los políticos, no resulta extraño que los gobiernos regionales o municipales tiendan a ser más corruptos que los nacionales.
Para reducir la incidencia de estos problemas, se recomienda que el sistema de descentralización esté muy bien diseñado e institucionalizado, con unas reglas del juego perfectamente definidas y una asignación de responsabilidades bien clara a cada una de las administraciones. Esto incluiría el traspaso a las regiones solamente de aquellas competencias cuyos servicios puedan prestarse mejor en el ámbito regional que en el nacional.
Tampoco se observaba la necesaria competencia sana entre regiones, prevista por la teoría del federalismo fiscal, ya que muchos gobiernos regionales tendían a entorpecerla estableciendo toda suerte de trabas, regulaciones, intervenciones administrativas etc., que llegan a poner en peligro la unidad de mercado. Por tanto, la descentralización debe preservar la unidad de mercado y la libre movilidad.
Algunos problemas en el diseño autonómico español
El Estado de las Autonomías español parece adolecer prácticamente de todos los defectos descritos en la literatura internacional sobre la descentralización. A pesar de que se ha intentado impulsar un sistema de financiación objetivo, fomentando la responsabilidad fiscal de las regiones, lo cierto es que, en la práctica, los ingresos de la mayor parte de la autonomías dependen, en mayor medida de un proceso negociador que de sus logros económicos Esto fomentaría la indisciplina presupuestaria, la enorme expansión del gasto, los comportamientos clientelares y las prácticas contrarias a los intereses de los ciudadanos, observadas en buena parte de las autonomías.
Lejos de responder a un diseño meditado, que contemplase las consecuencias a largo plazo y estableciese un claro reparto de competencias entre el centro y las regiones, el proceso autonómico español estuvo caracterizado por la improvisación, la componenda y la falta de visión de futuro. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para cerrar y definir bien el sistema, los constituyentes tuvieron la feliz ocurrencia de dejarlo abierto, al albur de las necesidades e intereses de los gobernantes de cada momento y de la correlación de fuerzas parlamentarias. Desde entonces, el Estado de las Autonomías parece haber evolucionado respondiendo a los intereses de las clases políticas regionales y de los partidos y no a los intereses de los ciudadanos.
Los traspasos de competencias no han seguido un criterio racional de eficacia en la prestación del servicio sino una regla de conveniencia política. Raramente se han beneficiado los ciudadanos de unos servicios más baratos y eficientes pero los partidos políticos descubrieron que un traspaso de competencias del Estado a las Autonomías multiplica por 17 los cargos a repartir entre sus miembros. Aunque un partido pierda el gobierno nacional, siempre tendrá puestos para repartir en algunas regiones. Se crea, por tanto, una gran estructura política y burocrática que, ante la gran imperfección de los mecanismos de control locales, tiende a acaparar casi todos los resortes del poder, a politizar cada vez más espacio de la sociedad civil y a favorecer a los grupos de presión locales, como si en buena parte de nuestras autonomías se fuera instalando un sistema de favoritismo, privilegio y sumisión al poder. Y las políticas de los Gobiernos Autonómicos han tenido, en general, un carácter muy intervencionista incluyendo infinidad de regulaciones que, en opinión de muchos autores, ponen en peligro la unidad de mercado.
Es explicable la insatisfacción permanente de los Gobiernos Autonómicos con las competencias que manejan pues la autonomía va creando una casta política regional, una burocracia y unos grupos de presión que viven del presupuesto público, cuyo mantenimiento requiere más gasto, más presupuesto y más competencias. No es sorprendente que el enorme entusiasmo de estos grupos ante las reformas de los estatutos de autonomía contraste con la manifiesta indiferencia de la mayor parte de la ciudadanía.
Pero la crisis económica ha contribuido a poner sobre la mesa muchos problemas estructurales e ineficiencias que, en otros momentos, pudieron enmascararse fácilmente. Es hora de replantear el proceso autonómico, sacando el debate de la esfera de las emociones, los impulsos primarios, los tabúes y los dogmas para introducirlo en el de la racionalidad y la argumentación. Y, sobre todo, es momento de proponer las reformas necesarias para que los beneficiados sean los ciudadanos y no solamente los políticos y los grupos de presión aledaños.
Cierto, hay propuestas que parecen imposibles… ¡salvo en épocas de crisis!
*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.
Vuelve el Santo Oficio
Fernando Savater (El País de hoy)
Por supuesto, no es el caso presentar argumentos a favor o en contra de mantener las corridas de toros, como suele decirse: quienes tienen que justificar la insólita medida son los que han decidido prohibirlas parlamentariamente. Hay gente a la que le gustan los toros y otros muchos que no han pisado una plaza en su vida o que sienten repugnancia por la fiesta: es la diversidad de los hijos de Dios. Pero que un Parlamento prohíba una costumbre arraigada, una industria, una forma de vida popular… es algo que necesita una argumentación muy concluyente. La que hemos oído hasta la fecha dista mucho de serlo.
¿Son las corridas una forma de maltrato animal? A los animales domésticos se les maltrata cuando no se les trata de manera acorde con el fin para el que fueron criados. No es maltrato obtener huevos de las gallinas, jamones del cerdo, velocidad del caballo o bravura del toro. Todos esos animales y tantos otros no son fruto de la mera evolución sino del designio humano (precisamente estudiar la cría de animales domésticos inspiró a Darwin El origen de las especies). Lo que en la naturaleza es resultado de tanteos azarosos combinados con circunstancias ambientales, en los animales que viven en simbiosis con el hombre es logro de un proyecto más o menos definido. Tratar bien a un toro de lidia consiste precisamente en lidiarlo. No hace falta insistir en que, comparada con la existencia de muchos animales de nuestras granjas o nuestros laboratorios, la vida de los toros es principesca. Y su muerte luchando en la plaza no desmiente ese privilegio, lo mismo que seguimos considerando en conjunto afortunado a un millonario que tras sesenta o setenta años a cuerpo de rey pasa su último mes padeciendo en la UCI.
¿Son inmorales las corridas de toros? Dejemos de lado esa sandez de que el aficionado disfruta con la crueldad y el sufrimiento que ve en la plaza: si lo que quisiera era ver sufrir, le bastaría con pasearse por el matadero municipal. Puede que haya muchos que no encuentren simbolismo ni arte en las corridas, pero no tienen derecho a establecer que nadie sano de espíritu puede verlos allí. La sensibilidad o el gusto estético (esa “estética de la generosidad” de la que hablaba Nietzsche) deben regular nuestra relación compasiva con los animales, pero desde luego no es una cuestión ética ni de derechos humanos (no hay derechos “animales”), pues la moral trata de las relaciones con nuestros semejantes y no con el resto de la naturaleza. Precisamente la ética es el reconocimiento de la excepcionalidad de la libertad racional en el mundo de las necesidades y los instintos. No creo que cambiar esta tradición occidental, que va de Aristóteles a Kant, por un conductismo zoófilo espiritualizado con pinceladas de budismo al baño María suponga progreso en ningún sentido respetable del término ni mucho menos que constituya una obligación cívica.
¿Es papel de un Parlamento establecer pautas de comportamiento moral para sus ciudadanos, por ejemplo diciéndoles cómo deben vestirse para ser “dignos” y “dignas” o a que espectáculos no deber ir para ser compasivos como es debido? ¿Debe un Parlamento laico, no teocrático, establecer la norma ética general obligatoria o más bien debe institucionalizar un marco legal para que convivan diversas morales y cada cual pueda ir al cielo o al infierno por el camino que prefiera? A mí esta prohibición de los toros en Cataluña me recuerda tantas otras recomendaciones o prohibiciones semejantes del Estatut, cuya característica legal más notable es un intervencionismo realmente maníaco en los aspectos triviales o privados de la vida de los ciudadanos.
En cambio no estoy de acuerdo en que se trate de una toma de postura antiespañola. No señor, todo lo contrario. El Parlamento de Cataluña prohíbe los toros pero de paso reinventa el Santo Oficio, con lo cual se mantiene dentro de la tradición de la España más castiza y ortodoxa.
Descargas ilegales y arte de gobierno
Hay algo perverso en el debate nacional en torno a la así llamada piratería cultural y sus efectos. Desde el principio, el intercambio de argumentos ha girado en torno al conflicto entre la protección de los derechos de autor, con sus correspondientes devengos económicos, y el ideal de una Red basada en el libre intercambio de contenidos de todo tipo. ¡Cómicos frente a blogueros!
Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. O, mejor dicho, son más sencillas que eso. Y la razón de que lo sean nos sirve de ilustración acerca de un mal arraigado en nuestros gobernantes y aun en nuestra sociedad, a despecho de cualquier rueda de prensa convocada para decir lo contrario: la incapacidad para enfrentarse a los intereses creados en beneficio de -ay- los ciudadanos. Pero vamos por partes.
¿Qué razones podría tener alguien para descargar ilegalmente contenidos culturales? Suele representarse a este sujeto como a un adolescente egoísta, un cruce entre Robin Hood e Ignatius J. Reilly, a quien su madre lleva la cena al dormitorio mientras él se dedica a demoler el Antiguo Régimen Cultural. Algo de verdad habrá en ello. Sin embargo, es conveniente preguntarse si hay alguna otra razón que explique la alegría con la que los españoles se han lanzado a esta moderna forma de piratería. No hay, claro, una única razón para explicar este fenómeno, pero la que aquí se va a traer a colación no parece la menor, ni la menos significativa. Y recordemos que este concreto problema se evaporará cuando todo pueda verse u oírse en línea, sin necesidad de descargar los contenidos, pero no lo harán sus causas ni lo que estas dicen sobre nuestra sociedad.
Hace unos meses, de visita en Londres, me topé con las nuevas ediciones del catálogo completo de los Beatles. Y cuál no sería mi sorpresa cuando comprobé que podía hacerme con cada uno de los discos a un precio de ocho euros. ¡Recién publicados! De regreso, comprobé el precio mínimo al que podían adquirirse en España. ¿Adivinan? No menos de 16 euros, en el mejor de los casos. Lo mismo sucedía con The Wire, la excelente serie producida por HBO: una temporada cuesta 34 euros aquí y 16 allí. Y así sucesivamente, con salarios que doblan los nuestros. La pregunta que sigue es elemental: ¿quién desea adquirir un producto al doble de su precio más bajo en el mercado? Nadie, claro.
Sucede que, durante décadas, los consumidores españoles han venido pagando un brutal sobreprecio por esta clase de bienes: libros, discos, películas. Cuando uno no posee términos de comparación, debe resignarse. Pero cuando hay alternativas más baratas para el mismo producto, cualquier consumidor la prefiere. No hace falta recurrir alas caricaturas sobre el homo economicus para explicar esa conducta. ¿O hay que dejarse engañar en nombre del humanismo?
Hoy día, gracias a la transformación propiciada por las tecnologías de la información, cualquier persona mínimamente avispada sabe que existen grandes portales, como Amazon, donde es posible adquirir bienes culturales a un precio sensiblemente inferior al español. Es decir, que resulta más barato hacerse enviar un libro desde California que comprarlo en nuestro barrio.
No solo Estados Unidos y Reino Unido sino también Francia y Alemania, poseen versiones de este portal, donde miles de establecimientos de todo el mundo ofertan sus productos. Naturalmente, el español que no domine el inglés no dispone de esta herramienta; pero quien descubre que hay un mundo donde, por ejemplo, se saldan los libros pasados unos años, en lugar de tenerlos arrumbados en un almacén, difícilmente se dejará engañar otra vez.
Nada de esto significa que los creadores no tengan derecho a cobrar por su trabajo; faltaría más. Pero habrán de cobrar lo que los consumidores estén dispuestos a pagar por él en un mercado donde no se establezcan aranceles artificiales. La industria cultural española no parece querer entender que el mercado es también un sistema de información. Y que las señales que este envía indican con claridad que el modelo de negocio que ha venido funcionando durante años no es ya viable. Algunos compramos en el extranjero; otros recurren a la descarga. Ninguno quiere pagar en el mercado nacional lo que cuesta la mitad en el mercado global.
Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestros Gobiernos? Mucho, claro. Porque alguna explicación de orden estructural habrá para que el disco que cuesta ocho euros en Londres no baje de 16 en Madrid. Hay que recordar que no vivimos bajo ninguna forma de capitalismo salvaje, sino en un capitalismo intervenido, donde la forma de los mercados viene determinada por restricciones legislativas y asignaciones prefijadas de beneficio. Baste mencionar que los distribuidores de libros se llevan el 50% del precio de estos, frente al 8% del autor; que solo hay un número limitado de operadores de telefonía móvil, porque así lo decide el Estado; o que no pueden aplicarse libremente descuentos en los libros. Esto quiere decir que las reformas públicas de los mercados producen un efecto sobre estos y que, si se trata de las reformas correctas, suelen hacerlo en beneficio de los ciudadanos.
No ha mucho que el presidente del Gobierno estableció una contraposición entre su acción política y los intereses de los poderosos. Bien está. Pero esa difusa alusión nos distrae de la circunstancia de que es el Gobierno quien tiene verdadero poder, esto es, capacidad para cambiar el statu quo; y que no lo hace. Es verdad que la crisis económica ha exigido un ingente gasto público primero y su reducción después; pero también lo es que se está desaprovechando la oportunidad de realizar reformas gratuitas con un enorme potencial transformador. Gratuitas económicamente; distinto es que abordarlas exija un precio político.
Desgraciadamente, nuestros Gobiernos suelen ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, prefiriendo eludir el enfrentamiento con todos aquellos sectores que defienden agresivamente sus privilegios: taxistas, controladores aéreos, transportistas por carretera, e tutti quanti, hasta llegar a descafeinar la Directiva de Liberalización de Servicios europea para no malquistarse con nadie. ¡Sigamos siendo amigos!
Pero eso no es gobernar. La acción de gobierno se expresa en la capacidad para realizar reformas significativas removiendo los intereses creados en beneficio del interés general. Lo demás son parches.
Así pues, el debate en torno a las descargas ilegales esconde más de lo que parece. Y quizá no habríamos llegado a este punto si algunas de las causas que han provocado subterráneamente su proliferación se hubieran abordado antes. Por supuesto, es más fácil demonizar al adolescente; pero también es triste recurrir a semejante chivo expiatorio en lugar de atreverse a gobernar.
Manuel Arias Maldonado es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Málaga.
No se levanta un pais sin hacer nada durante tres meses!!!