El PIL contra la Justicia y la Guardia Civil
Jorge Marsá
El comunicado del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) publicado el martes vuelve a dejar en evidencia a Pedro San Ginés, Cándido Reguera, Jesús Machín y Astrid Pérez, porque en evidencia queda que pactaron y gobiernan con un partido que no solamente no condena la corrupción, sino que arremete con dureza contra las instituciones del Estado de derecho que tratan de combatirla, contra la Justicia y la Guardia Civil. Por si no hubiera habido ya suficiente, semejante comunicado sería motivo más que suficiente en cualquier democracia avanzada para que la expulsión de este partido de los gobiernos de las instituciones fuera fulminante.
En el comunicado se acusa al juez y a los guardias civiles de prevaricación, de haber orquestado una operación (Unión) con intención torticera: “El objetivo de todo esto es claro desde el principio: hundir al PIL y, a ser posible, lograr nuestra ilegalización”. “Para ello se han empleado unos medios sin precedentes en Canarias, con un coste elevadísimo”, que han hecho posible que los miembros del PIL hayan sido “perseguidos, espiados, escuchados, analizados,…; algunos detenidos o imputados; amedrentados, tratados como criminales, encerrados en un régimen de incomunicación y en unas condiciones indignas e impropias de un país que presume de Europeo”. En fin, que el juez y los guardias civiles han vulnerado la Ley, y manera tal que “han cometidos vejaciones y abusos sin parangón”. ¿Denunciarán en el juzgado a la UCO y al juez por semejante atropello?
Y puesto que la Justicia y la Guardia Civil han conspirado con el claro objetivo de “hundir al PIL”, puesto que como siempre todo es un montaje: “El PIL no tomara ninguna decisión sobre los compañeros que se han visto envueltos en todo este entramado político-judicial-policial-periodístico”. En consecuencia, si plantean “abrir expediente de expulsión a Doña Luisa Blanco”, dejan claro que no es por su imputación por corrupta, “no por su situación judicial”. Vamos, que el PIL viene a insistir otra vez en que para ellos la corrupción forma parte de la política, que así la entienden y que nada tienen que decir ni hacer al respecto.
No puede extrañar que un partido político que ha sido fundado y dirigido por un delincuente repetidamente condenado por la Justicia arremeta contra ella y contra la Policía. Es un comportamiento que recuerda al habitual en las asociaciones ilícitas. Como la práctica de la omertá, el código de honor de la mafia siciliana que prohíbe “chivarse” de los delitos de los miembros de las familias, que parece defender el PIL: “se trata de debilitar y enfrentar a los detenidos y que chiven cualquier irregularidad o delito que pudieran conocer de sus compañeros”. No es ya que no piensen hacer nada contra la corrupción ni contra los corruptos, sino que están en contra de que los miembros del partido puedan denunciar ante la Justicia “irregularidad o delito que pudieran conocer de sus compañeros”. No se trata de evitar los delitos, sino que se descubra a los delincuentes.
Pues con esta organización pactaron Jesús Machín y Astrid Pérez, y con esta organización gobiernan Pedro San Ginés y Cándido Reguera. Y les parece tan normal mantener en los gobiernos de las instituciones a una organización que carga de ese modo contra el Estado de derecho.
