Contra las sentencias judiciales
Jorge Marsá
Contra las sentencias judiciales, “El Gobierno ve legalizable la mayoría de los hoteles” (Canarias7 del sábado). Domingo Berriel sabe de sobra que la mayoría de los hoteles ilegales no vulneran solamente la recién derogada moratoria y que, por lo tanto, será necesario incumplir las sentencias judiciales para legalizarlos. Pero también sabe que nadie va a pedir la ejecución de esas sentencias, porque en eso están todos los partidos de acuerdo.
Lo cierto es que no hay nada nuevo en la posición del Gobierno, cuya Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ha dejado claro que en Lanzarote se persiguen los incumplimientos de la legalidad urbanística de pequeños propietarios, pero nunca los de los grandes. Y coherente con esa postura, el consejero de Ordenación Territorial plantea ahora que el Gobierno ayudará en lo que pueda a los propietarios de los hoteles ilegales a burlar las sentencias judiciales. Y es de suponer que lo hará con el apoyo del grupo de gobierno del Cabildo, cuyos integrantes nunca han parecido muy partidarios del cumplimiento de las sentencias.
Ahora bien, habrá que ver si el presidente del Cabildo mantiene la promesa que hizo en su toma de posesión de que no se legalizaría ningún hotel sin el acuerdo del PSOE, porque en ese caso no resultaría tan sencilla la cosa. En ese caso, y a tenor de la tradición insular en este aspecto, lo normal sería que optaran por repetir el precedente del Aparthotel Fariones: los hoteles serían ilegales, porque así lo sentenció la Justicia, pero nada se haría para que se cumplieran las sentencias. Ni se legalizaría ni se perseguiría la ilegalidad… y los que la incumplieron podrían seguir con su negocio como si lo hubieran hecho todo legalmente.
