Lanzarote y los otros casos
Francisco Suárez Álamo
[Canarias7, 31 de mayo de 2009]
El alcance de la llamada operación Unión no deja de sorprender. Primero parecía que el epicentro era Arrecife; después se desplazó hacia el sur, hasta Yaiza; luego tocó al Cabildo con una presunta oferta de pagos irregulares a un consejero; seguidamente entró de lleno en el tejido empresarial, con la detención varios inversores; trascendió las fronteras de la isla conejera, con detenciones en Gran Canaria y Tarragona… y a estas alturas se extiende la sensación de que lo conocido hasta la fecha puede ser sólo la punta de un iceberg que puede dejar helado a más de uno. Las investigaciones parecen bastante amarradas y el juez está actuando con exquisito celo y, al mismo tiempo, con la debida contundencia a la vista de los graves delitos que se imputan a cargos públicos y personas de relevancia política y empresarial.
Apelar a la serenidad parece de perogrullo y, sin embargo, no lo es. Y no lo es porque en los casos de presunta corrupción que preceden a éste, los comportamientos políticos y mediáticos no han sido precisamente pausados, moderados y sensatos. Todos tenemos en la memoria cómo, ante otras detenciones, se multiplicaron las filtraciones interesadas, se engordaron casos con ramificaciones que, a la hora de la verdad, quedaron en nada y, como ha señalado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se montaron causas generales donde sólo debía haber una instrucción rigurosa. Si aplicásemos la misma vara de medir que se utilizó en los casos Faycán, Góndola, Las Teresitas, salmón y alguno que otro más, nos pasaríamos todos los días a las puertas de algunas sedes políticas preguntando cuándo, cómo y con qué relevancia se van a depurar las responsabilidades. Igualmente, estableceríamos el árbol genealógico de los detenidos, rebuscaríamos en su infancia para ver con quiénes se sentaban en el pupitre escolar, quién fue su primera novia o quién ha sido su más reciente compañero sentimental. Pediríamos que ya mismo alguien hiciera el favor de pasarnos las grabaciones de las conversaciones telefónicas, pero no las que hablan de supuesta prevaricación, tráfico de influencias o cohecho, sino aquellas presuntamente más jugosas en las que éste quedaba a cenar con aquel, aquella salía de copas con no sé quién…
Viene a la memoria, por ejemplo, el caso de Blas Acosta, un político majorero al que no tengo el gusto de conocer, pero del que sólo sé lo que ha dicho la Justicia: alguien lo embarcó en una denuncia; alguien se divirtió con ello porque entendía que debía pagar no se qué -¿o sí lo sé?- favores no realizados y han tenido que pasar casi dos años para que el hombre puede volver a casa sin esa mancha en su expediente. Lo triste del caso es que la mancha pública sigue viva en la memoria, navega todavía en los buscadores de internet y los autores de aquel disparo colateral ni siquiera se han disculpado.
Recordar el pasado turbulento de los últimos tres años en Canarias y anotar algunos excesos innecesarios no es defender la impunidad. Es simplemente subrayar que la mesura es parte del Estado de Derecho. Porque a lo que no hay derecho es a que, en un caso como el de Lanzarote, sí se hable de unos y no de otros. A fin de cuentas, lo democrático es que se sepa todo. Y especialmente que se sepa quiénes sabiendo lo que saben, lo ocultan.
