Irresponsables
Jorge Marsá
Una de las características del sistema democrático español, que le diferencia de los más avanzados, la encontramos en que los políticos no se consideran responsables de sus actos. Casi puede afirmarse que la responsabilidad política no existe en España –salvo para exigírsela al adversario–, razón por la cual los políticos entienden que, para ellos, solamente existe la responsabilidad que dictamine la Justicia. Y así seguimos en Canarias: la semana pasada, con el archivo de la causa del caso salmón; ahora, con la crisis de las instituciones de Lanzarote provocada por la actuación de la Guardia Civil y la Justicia.
José Manuel Soria celebró como una gran victoria política sobre Juan Fernando López Aguilar y los socialistas que la magistrada tomara la decisión de archivar el caso salmón en el que estaba imputado. López Aguilar y los socialistas contestaron –y siguen contestando– que el archivo de la causa judicial no solventa la responsabilidad política. Si estuviéramos en una democracia del norte de Europa, la discusión no se habría producido: allí resulta inimaginable que un político continúe en su puesto, independiente de si es o no delito, después de haberse dejado invitar reiteradamente por el empresario que le solicita la concesión excepcional de varios miles de camas turísticas. Si esto fuera Dinamarca, Soria habría tenido que dimitir de sus cargos –del Gobierno y del partido– hace ya tiempo. Por lo tanto, si esto fuera Dinamarca, nadie negaría que los socialistas tienen toda la razón en este asunto. Sin embargo, como esto es Canarias, Soria considera zanjada la cuestión de la responsabilidad.
En esto llega la Operación Unión… y los socialistas abandonan Dinamarca para reinstalarse en Canarias. El PSOE, eso sí, presume de no cuestionar el Estado de derecho, es decir, la actuación de la Policía y la Justicia. Incluso las aplaude (ahora, también el PP). ¿Y ahí acaba todo? ¿Tendremos que esperar a que la Justicia establezca responsabilidades penales para que los políticos respondan de sus actos? En efecto, los socialistas se comportan en este caso como Soria en el otro, como si la responsabilidad política no existiera.
El Partido Socialista ha quedado seriamente dañado en esta crisis. Y hay responsables del daño. Si nos remontamos atrás, la responsabilidad de Enrique Pérez Parrilla sobresale por encima de cualquier otra por sus continuados pactos con “la banda criminal”. Ahora bien, si nos centramos en el último pacto con el PIL, cuyas consecuencias ahogan en este momento al PSOE, los máximos responsables son también conocidos. En el partido: Manuel Fajardo Palarea y Carlos Espino. En las instituciones: Manuela Armas y, otra vez, Pérez Parrilla.
Como José Manuel Soria, ninguna de estas cuatro personas tiene caso judicial abierto al que enfrentarse. ¿Hay caso político o no hay caso? ¿Alguien tiene que pagar la responsabilidad política por lo ocurrido y por el daño provocado a la sociedad lanzaroteña, a sus instituciones y al propio PSOE? ¿Hay responsables o son todos irresponsables?
Pasan los días –y cinco días en una crisis política e institucional como la que sufrimos en Lanzarote son muchos días–, y no hay respuesta. Pasan los días, y nadie hace caso de las sabias palabras de Carlos Espino hace apenas un mes: “Por salud democrática, este pueblo tiene que ver que alguien paga de manera personal las consecuencias de sus actos” (Diario de Lanzarote). Pues a la espera estamos de que alguien pague “las consecuencias de sus actos” en el Partido Socialista, de que los políticos dejen de considerarse irresponsables de sus actos. Como se ve, los socialistas han decidido que también para ellos es aplicable la misma doctrina que tan fieramente critican estos días en el Parlamento de Canarias, la de Soria.
En fin, que tendremos que seguir esperando a ver si los socialistas con mando en esta plaza son capaces de disminuir la importante distancia existente entre lo que dicen y lo que hacen. “Por salud democrática”, que dice el compañero.
En esto de las responsabilidades políticas sería bueno eleborar un decalógo que sirviera como guía de actuación frente a los casos de corrupción que se puedan dar en cada momento.
Si uno no es un hooligan de la política se dará cuenta que no son las siglas de un partido las que generan comportamientos corruptos sino las personas. Aunque es cierto que, con el fin de no “manchar la imagen de la organización”, en no pocas ocasiones se amparan ciertos comportamientos aunque sea a mediante el método de mirar a otro lado. Análisis aparte merecen las organizaciones que parecen estar dirigidas por una persona con poder absoluto para hacer y deshacer.
Como afirma el señor Marsá el grado de tolerancia con respecto a los que se supone que un político puede hacer varía en función de las sociedades que se consideran. Si bien en los países del “norte de Europa” resultaría inaceptable que un representante público viajara a costa de los medios facilitados de forma gratuita por un empresario, en países como Francia no sorprenderían hechos como el mencionado o que una ministra reciba trajes que en el mercado costarían miles de euros (no es mi intención relacionar lo que digo con otros asuntos). Personalmente me quedo con la rectitud de los nórdicos aunque sea sólo por el hecho de que la independencia de sus decisiones queda más fuera de toda duda.
Ahora bien, muy amplia debe ser la holgura de nuestra tolerancia para admitir, por ejemplo, que una persona que está inhabilitada por cometer delitos en el ejercicio de su actividad pública se dedique a negociar las mayores operaciones que tiene en sus manos nuestra máxima institución insular. Alguien debería dar una explicación que vaya más allá del “yo no lo haría pero mi socio lo quiere de esa manera”.
Entiendo que el “caso unión” dará mucho que hablar y que en no pocas ocasiones se especulará sobre el alcance del mismo sin fundamento alguno. Pero ante estas especulaciones se deslizarán también hechos contrastados que tienen un peso propio por encima de su consideración para determinar culpabilidades en el ámbito penal.
Quizá más que exigirles a los representante públicos que asuman sus responsabilidades políticas, empieza a ser la hora de que nosotros, como ciudadanos, empecemos a asignarlas incluso si éstas recaen, en algún grado, sobre nosotros mismos. De todo se puede aprender y nuestros errores, lejos de anularnos, pueden harcernos madurar si realizamos autocrítica. No se que tipo de actuaciones ampararán los partidos, pero empieza a ser hora de que los ciudadanos empecemos a dejar de mirar a otro lado.
Hombre Marsa, menos mal que vas dando en el grano y criticas la postura hipocrita o cinica del Psoe en todo este asunto, aunque aun creo que dederias indagar en la pregunta clave: que pinta el PSOE en todo esto?, por que la reaccion inmediata de Espino en el mismo dia en que se interviene el Ayuntamiento para declarar publicamente la ruptura del pacto con el PIL y las prisas de Parrilla para cesar a todos -no a los imputados- sino a todos los concejales del PIL?, tiene o contaba el PsoE con informacion privilegiada -en Madrid?; lo suyo es esperar un de dias a que se aclare algo lo sucedido y luego tomar decisiones, no?. Y bueno, si como bien dices, ya nos metemos a analizar o cuestionar donde han estado los socialistas conejeros durante todo este tiempo pactando con “el diablo”, entonces uno llega a la conclusion de que aqui hay mas intervencion politica de la justicia que justicia en si. Y claro, a lo mejor, eso explica que en su trayecto de Arrecife a Yaiza la Guardia Civil no haya parado en Tias; en fin, cosas de la Justicia!
ATENCIÓN ATENCIÓN, SEÑORES PERIODISTAS, OPOSICIÓN Y CIUDADANOS EN GENERAL ¿ SE PUEDE SABER PORQUE NADIE LE PREGUNTA A LA PRESIDENTA DEL CABILDO Y AL PSOE PORQUE AÚN NO HAN RESCINDO EL CONTRATO ENTRE MANUELA ARMAS Y MATÍAS CURBELO COMO COODINADOR DE EVENTOS DEL PATRONATO DE TURISMO, IMPUTADO INFRAGANTI ( A DIFERENCIA DE LOS CENJALES PILEROS CESADOS ) EN LA OPERACIÓN UNIÓN?