La Opinión de Lanzarote

Tendremos que pagar

Miguel Gallardo

Hay lugares donde no se entendería que un preso negocie en nombre de una de las más importantes empresas públicas en un momento en el que tiene permiso para salir de la cárcel. Sin embargo, quizá en Lanzarote se entienda la situación de Inalsa –la quiebra, porque las deudas superan a los activos– partiendo de ese hecho, de que haya sido el preso Dimas Martín quien se reuniera con Unelco para negociar en representación de la empresa pública.

Lo que no termina de entenderse es la sorpresa de los directivos de Unelco porque un condenado por corrupción y reincidente les haya engañado: “En la reunión nos solicitaron que no presentáramos la concursal, diciendo que iban a negociar con nosotros la deuda. Las conversaciones quedaron abiertas para seguir negociando pero acto seguido, nos enteramos de que habían dado una rueda de prensa para anunciar que ellos sí iban a pedir la aplicación de la Ley Concursal” (La Voz de Lanzarote de ayer). Pues eso, que el preso faltó a su palabra… y dejó en ridículo a quienes se habían reunido con él para negociar una salida a la deuda contraída por la empresa pública. Claro que el hecho de que sea un preso el que negociaba tampoco deja en muy lugar a quien ostenta la máxima representación de Inalsa, a la presidenta del Cabildo… aunque es cierto que fue con el preso con quien llegó a un acuerdo para gobernar la Isla.

En cualquier caso, ni en Inalsa ni en el Cabildo ha sentado muy bien que Unelco se les haya adelantado para solicitar la petición de que la empresa sea sometida a un concurso de acreedores: “Espino considera ‘de vital importancia’ que la intervención judicial de Inalsa sea voluntaria” (La Voz de Lanzarote de ayer). Para Carlos Espino es “de vital importancia” porque si la intervención no es voluntaria “aparece la figura del administrador judicial, mientras que en la voluntaria el órgano de administración sí que sigue actuando, aunque sea con control judicial”. O sea, que es de vital importancia que sigan actuando en Inalsa quienes la han llevado a la quiebra.

Lo dicho, que hay lugares donde no se entendería nada de lo que ocurre en Lanzarote. Y sobre todo no se entendería la pasividad de quienes vamos a pagar los platos rotos. Porque a lo mejor esta vez es verdad lo que nos dice Inalsa, que la deuda es “sólo” de 39 millones de euros. Es decir, que a lo mejor no tocamos más que a 300 euros por barba (esto es, 200.000 pesetas por familia de cuatro miembros). Pero no deberíamos tener ninguna duda de que, ya sea vía impuestos o vía tarifa del agua, los ciudadanos vamos a tener que pagar lo que falta en Inalsa. Es cosa menos segura que alguien pague judicialmente por lo que falta.