Tres preguntas

Rafael Cano

El titular es del Canarias7 de ayer: “32.500 euros de multa para una obra ilegal en La Geria”. Creo que debemos felicitarnos por la intervención de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, porque no siempre salga gratis saltarse las normas urbanísticas en Lanzarote. Pero llama la atención que sea precisamente una obra de este tipo la que haya despertado a la APMUN de su habitual letargo:

Las obras objeto de atención se centraron en la construcción de una cuadra de 76 metros cuadrados de área, junto al acondicionamiento de una parcela de 750 metros cuadrados [construcción de un muro de piedra], todo ello sin los permisos oficiales oportunos.

Además, la APMUN obliga al propietario a demoler; si no lo hace, lo hará el organismo público. Efectivamente, resulta sorprendente que el Gobierno de Canarias intervenga y obligue a un promotor a cumplir la legalidad vigente por la construcción de una cuadra y un muro de piedra. Porque esa intervención se produce en una Isla en la que abundan las viviendas ilegales por todo el territorio y en la que los tribunales han declarado ilegales veintitantos hoteles en los últimos tiempos.

Podríamos hacernos tres preguntas: ¿Contempla el Gobierno de Canarias la inclusión en la Ley de Medidas Urgentes de algún artículo que permita legalizar las cuadras y muros que se hayan construido sin los permisos oficiales oportunos? ¿Derribará la cuadra y el muro el Gobierno de Canarias mientras permanece impasible ante las más graves ilegalidades urbanísticas en la Isla? ¿Había subvencionado el Gobierno de Canarias la construcción de la cuadra y del muro como lo hizo con los hoteles ilegales?

Publicado el 18 de diciembre de 2008 a las 12:00 pm en 'Medio ambiente'.

1 Comentario

  1. 12:34 | 18 diciembre 2008 | Permalink

    El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero anuncia acciones civiles y penales contra quienes acusan al Ejecutivo de cometer ilegalidades.

    Habría que plantearle sus tres preguntas al Sr. Paulino Rivero y solicitarle que aclare, si es delictiva e ilegal. La pasividad, inacción y la palmaria omisión de las competencias del Gobierno de Canarias por medio de la APMUN en una Isla, en la que abundan las viviendas ilegales por todo el territorio y en la que los tribunales han declarado ilegales veintitantos hoteles en los últimos tiempos.