Obra pública
Rafael Cano
Como llevaba varios días anunciando, Zapateró presentó ayer en el Congreso su nuevo plan anti-crisis. El titular de la edición digital de El País resumía así el plan por la tarde: “El Gobierno apuesta por la obra pública para frenar el desempleo”. Por lo tanto, puede decirse que el Gobierno piensa hacer lo contrario de lo que venía haciendo este año, según nos contaba por la mañana la edición impresa del mismo diario: “La licitación del Estado cae un 33% en los 10 primeros meses”. Es decir, que el Estado ha puesto lo suyo para agravar la situación del sector de la construcción al disminuir la oferta de obra pública que ahora se pretende acelerar.
En Canarias, a la disminución de la obra pública del Estado se suma la del Gobierno Autónomo. Y así dicen que está la cosa: “Los constructores de Las Palmas lanzaron ayer un ‘órdago’ al Gobierno de Canarias, para poner fin a la situación de paralización que está sufriendo la obra pública y que está llevando al sector a una situación crítica”. Y, a tenor del titular de la noticia que ayer publicaba Canarias7, debe ser cierto: “Los constructores quieren prefinanciar obra pública”; “Se ofrecen a adelantar los fondos para activar un sector paralizado”. Pues si están dispuestos a adelantar las perras de su propio bolsillo, sí que debe estar peliaguda la cosa.
Ahora bien, por muy preocupante que sea la situación, hay cosas que no tienen sentido: “Los constructores de Las Palmas exigieron ayer a las distintas administraciones públicas ‘diligencia, eficiencia y eficacia’ para reactivar el sector”. Porque si el sector dependiera de que las administraciones públicas actuaran con “diligencia, eficiencia y eficacia”… el sector estaría sentenciado.
