La Opinión de Lanzarote

Trabajo, papeles e indemnización

Jorge Marsá

Son tres los principales argumentos que esgrimen los propietarios de los hoteles ilegales –y quienes les apoyan– en el debate público que se está produciendo en la Isla tras las sentencias judiciales. Y ayer aprovechaban la publicación de una encuesta para insistir en uno de ellos: “Una encuesta revela que más de 14.000 trabajadores directos dependen del turismo en Lanzarote”; “Asolan dice que están sujetos “a los vaivenes” del Cabildo” (Diario de Lanzarote).

El turismo no es sólo el primer sector económico insular, sino también uno de los más importantes a nivel mundial. Sin embargo, hay otro sector que duplica el peso del turismo: “El crimen organizado mueve un 20% de la economía mundial, según el FMI” (La Vanguardia, 31-3-2008). Si, por un extraño milagro, las distintas mafias criminales fueran “derruidas” de un día para otro, los puestos de trabajo perdidos se contarían por millones. ¿Se debe legalizar lo ilegal cuando son tantos los puestos de trabajo que de lo ilegal dependen? Podríamos pensar en poner del revés el Estado de derecho, pero habría que pensárselo bien… no fuera a ser peor el remedio que la enfermedad.

El segundo argumento es el que se ha utilizado más frecuentemente: los hoteles no son “ilegales”, sino “sin papeles”. Y el presidente de Asolan insistía en el asunto la semana pasada: “la inmensa mayoría de los establecimientos se pueden arreglar si hay voluntad” (La Voz de Lanzarote, 20-11-2008). Dejando a un lado el intento de “depreciar” las sentencias judiciales, no se entiende que si es cuestión de papeles, que si hay hoteles que “se pueden arreglar”, no hayan acudido sus propietarios, y Francisco Armas el primero, a la ventanilla de los ayuntamientos a solicitar la legalización. Y no sólo no lo han hecho, sino que han dejado pasar el plazo que tenían para hacerlo. ¿Alguien puede creerse que el propietario que pensara que su hotel puede legalizarse dejaría pasar el plazo que tiene para hacerlo?

El tercer argumento de quienes apuestan por la legalización de lo ilegalizable es el de siempre: las indemnizaciones a las que tendrían que hacer frente los ayuntamientos involucrados. La vieja amenaza. Y el Cabildo le da crédito en su recién abierta página web:

¿Quién asume las responsabilidad de una edificación con licencia del ayuntamiento: el consistorio o el promotor?

Siempre y cuando el promotor haya cumplido con lo especificado por dicha licencia, la irregularidad en la concesión de la licencia la ha cometido el Ayuntamiento por lo que el constructor no tiene responsabilidad, salvo que haya contribuido a la ilegalidad mediante dolo, culpa o negligencia. Por ello, ante una demolición, es el Ayuntamiento y por tanto, los contribuyentes, quienes tienen que asumir los costes y las posibles indemnizaciones. Este es precisamente uno de los grandes problemas ¿cómo afronta un ayuntamiento la eventual demolición de establecimientos turísticos valorados en varios millones de euros cada uno? En cualquier caso, el ayuntamiento afectado podría exigir responsabilidades económicas a los que participaron en la concesión de las licencias ilegales.

Se me ocurren dos cosas sobre la cuestión. La primera es obvia: son unos cuantos los promotores que no han “cumplido con lo especificado por dicha licencia”, así que la indemnización está en un veremos, y no creo que lo vean nada claro. La segunda no es tan sencilla, y tiene que ver con la fecha en la que muchos promotores solicitaron “dicha licencia”. Porque yo me puedo a imaginar a un juez preguntándole, por ejemplo, a Francisco Armas o a Juan Francisco Rosa: “¿Cómo se le ocurrió a usted solicitar una licencia para construir un hotel el 29 de mayo de 1998, nueve días después de que el Cabildo de Lanzarote decretara la suspensión de licencias y seis días antes de que se publicara el acuerdo en el B.O.C.?”.

Porque es de suponer que un juez tenga alguna noción sobre cómo funciona la administración municipal en este país y, por lo tanto, sepa que para conseguir una licencia de este tipo suelen hacer falta meses si hay suerte, que a veces es cuestión de años. En consecuencia, bien podría preguntar: “¿Es que usted sabía que la concesión de su licencia no tardaría ni años ni meses, que se la darían al día siguiente de haberla solicitado?”. Y puesto que la licencia fue concedida ilegalmente, quizá el juez tuviera sus dudas de que quienes se arriesgaron a saltarse la ley y la concedieron lo hubieran hecho por amor al arte. Es decir, que la experiencia de un juez podría indicarle que quienes montan una trama de corrupción urbanística lo suelen hacer para obtener un beneficio económico, y que alguien tiene que pagar ese beneficio, y que suele resultar lo más probable que el que paga sea el beneficiario de la licencia ilegal.

Y como este parece el escenario, no sé yo si la primera pregunta pertinente es la que se hace en la página web del Cabildo: “¿cómo afronta un ayuntamiento la eventual demolición de establecimientos turísticos valorados en varios millones de euros cada uno?”. Para mí que hay interrogantes previos: ¿qué haría un juez cuando uno de estos propietarios le solicitara una indemnización a cuenta de la extraña licencia?, ¿se la concedería o le procesaría por formar parte de la trama de corrupción?

Yo, desde luego, no puedo estar seguro de cuál es la respuesta a esa pregunta, pero no creo que resulte muy inteligente subestimar la inteligencia de los jueces. Y quizá porque no la subestiman, es por lo que andan algunos tan nerviosos. Porque si esa indemnización millonaria estuviera asegurada, estarían los propietarios de los hoteles ilegales más tranquilos. A no ser, claro, que todo podría ser, que su preocupación fuera por los puestos de trabajo y por el estado financiero de los dos ayuntamientos.