La Opinión de Lanzarote

Tindaya y los Bittini

Carlos Umpiérrez

“Yo me quedo con el espacio y ellos con las piedras”. Eduardo Chillida.

Al final ni espacio ni piedras. Sólo un gigantesco y aparatoso marrón, que nos vamos a comer los contribuyentes. A la salud de los Bittini. Los Bittini, señoras y señores, son como Dios, que lo sepan. Ríanse de Dimas. Ríanse de Roca. Los Bittini son los amos. La jugada maestra que han hecho estos señores, eso sí, con la inestimable ayuda del Gobierno de Canarias, además de la no menos desdeñable colaboración del equipo jurídico del Gobierno de Canarias, es como para quitarse el sombrero… si no fuera porque los primos que vamos a sufrir sus consecuencias somos todos nosotros.

Les cuento. En 1982 esta gente, los Bittini, compraron unas tierras en Fuerteventura por cuatro duros, con la idea de extraer ciertos minerales al parecer muy valorados en el ámbito de la construcción. Tales tierras se encontraban en plena montaña de Tindaya y alrededores.

En realidad, extraer no extrajeron mucho. De hecho, en 1993 ya hacía un tiempo que la explotación andaba sin mucho movimiento, y la situación financiera de la empresa de los Bittini, Cabo Verde S.A., era por aquel entonces crudamente deficitaria. Para colmo de males llevaban años inmersos en una maraña judicial contra la Administración, que les condujo a ser habituales en los despachos de la sede del Gobierno de Canarias (algo que a la postre les sería muy útil, no hay mal que por bien no venga). Tindaya se había convertido en centro de atención de ecologistas, arqueólogos y demás enemigos de mineros y constructores. Precisamente en ese 1993 la situación pareció tocar fondo para ellos, con la catalagoción del emplazamiento como Bien de Interés Cultural, Monumento Natural, Punto de Interés Geológico y otra serie de figuras protectoras que auguraban un futuro muy negro para los Bittini y sus intereses.

Pero como en las películas americanas, cuando todo parecía perdido para los Bittini, surgió de improviso la figura que daría un giro absoluto a los acontecimientos: Eduardo Chillida.

A Eduardo Chillida le había hablado la montaña. Bueno, eso dijo él. Quien le habló a buen seguro fue el director del recién creado Plan Especial de Protección de la Zona Arqueológica “Montaña Tindaya”, don José Miguel Alonso Fernández Aceytuno. Chillida llevaba años buscando una montaña a la que desentrañar, y el director del Plan dependiente del Gobierno de Canarias, arquitecto vinculado al land-art, tan ingenuo como repleto de buenas intenciones, creyó que seguir la senda ya iniciada por César Manrique algunos años antes en la isla de Lanzarote, de retocar artísticamente espacios naturales con fines turísticos, sería la mejor manera de asegurar la protección definitiva de Tindaya. No hay que ver en Fernández Aceytuno aviesas intenciones, porque seguramente no las había. En él no. Lo que sería sumamente interesante, es conocer si la idea original fue del señor Fernández, o si en cambio se la susurró alguien al oído.

Fuera como fuese, los Bittini, por su parte, sí que vieron la luz al final del túnel. Aquello era justamente lo que necesitaban para salir de su atolladero particular. Si la montaña había hablado a Chillida, probablemente lo hizo con una voz muy parecida a la de las plegarias entonadas por los Bittini. En cualquier caso, ellos hicieron lo que hacen los ganadores cuando ven pasar el tren de su vida… cogerlo –si los ganadores son de la variante poco escrupulosa, como es el caso, además lo cogen sin miramientos de ningún tipo–. Y vaya si lo cogieron. Juntaron los pocos ahorros que les quedaban y sin pensárselo un instante echaron el resto para engrasar y acelerar la maquinaria política.

De pronto la negrura se tornó luz, y lo que antes era obstáculo tras obstáculo, se convirtió en florida senda expedita. Manuel Hermoso, recién había llegado al Gobierno con Coalición Canaria, previa moción de censura al PSOE de Saavedra, y como suele pasar con los políticos cuando asumen un cargo por primera vez, tenía ganas, él y su grupo de gobierno, de demostrar que eran más altos, más guapos y más todo. El proyecto de Chillida les venía que ni pintado.

Lorenzo Olarte, por aquel entonces vicepresidente y consejero de Turismo, en seguida se entusiasmó con la idea, y hasta los propios Bittini se sorprendieron de lo sencillo que les estaba resultando llevar a cabo su plan. Con el nuevo Gobierno daba gusto, esa gente sí que sabía hablar de negocios. Algunos incluso han especulado con la posibilidad de que aquella moción de censura del 93 tuviera algo que ver con el pelotazo Tindaya, que prometía repartir millones a diestro y siniestro, como así ha sido, pero en mi opinión no había luces para elaborar un plan tan sofisticado. Atentos a la jugada:

Los Bittini sugirieron que el Gobierno de Canarias creara una entidad para administrar todo lo que tuviera que ver con el monumento de Chillida, que se llamaría Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT), empresa en la que ellos mismos participarían a un cincuenta por ciento en cuanto a capacidad decisoria. Estimaron la cesión, que no venta, de su raquítica explotación minera semiabandonada en 900 millones de pesetas, pero se aseguraron de que dicha cesión no fuera definitiva, obligando a la PMMT, del que ellos formaban parte, a firmar un contrato inaudito en el que se imponía un plazo tope de cuatro años para la realización del proyecto, tras el cual se les devolverían sus propiedades en caso de inejecución. Hablamos del año 2000 como plazo máximo, pero atentos, porque el contrato definitivo con las empresas adjudicatarias se firmó en 1999. Firmaron un contrato con las empresas adjudicatarias a sabiendas de que un año después el contrato con Cabo Verde S.A., les obligaba a devolverles la explotación minera. Por supuesto, eso supuso todavía más dinero en concepto de pagos no reembolsables a estas empresas, que también se llevaron un buen pico a cambio de nada. En total hablamos de unos dos mil millones de pesetas (camuflados bajo la denominación de “Gastos de estudio e implantación”).

Mientras tanto, y volvemos a 1993, los Bittini abrieron el contencioso que tenían pensado abrir de todos modos, pero que el dinero recién entregado por el Gobierno de Canarias les permitía ahora sufragar, contra el mismo Gobierno de Canarias –en efecto, como si dieras dinero a un individuo para que éste pudiera denunciarte y pagarse los mejores abogados–. ¿De qué contencioso hablamos? Pues del que les sirvió para conseguir los más de 92 millones de euros que ahora se les debe. Nos referimos al contencioso contra la decisión del Gobierno de Canarias de negarles la explotación minera en Tindaya, a tenor de la nueva catalogación urbanística de la montaña. Nueva catalogación bajo la que, pásmense, ellos también iban a sacar tajada, pues era la que permitía convertir Tindaya en un espectáculo artístico-turístico.

Daba igual lo que pasara, ellos siempre ganaban. Si el monumento se completaba, el mencionado contrato, a parte de lo ya referido, también les otorgaba la comercialización de la piedra que se extrajera en el vaciado de la montaña, y si el proyecto no se completaba, que era lo normal, guardarían los novecientos millones de la cesión, su explotación les sería devuelta y a la larga acabarían ganando el contencioso que obligaría al Gobierno de Canarias a indemnizarles suculentamente.

Como ven, todo estaba perfectamente calculado. Los 92 millones eran el premio gordo, pero lo otro tampoco hubiera estado mal. Aunque si me preguntan mi opinión, yo diría que jamás hubo intención de agujerear la montaña.

Una vez consiguieron aquel contrato ventajoso arriba comentado, ellos mismos hicieron lo posible por torpedear la evolución del proyecto. Por descontado, se produjo la situación prevista. A los cuatro años –en 2000– el proyecto no había sido ejecutado (ni siquiera empezado) y la explotación minera les fue devuelta sin que en ningún momento tuvieran que reembolsar los 900 millones que cobraron en su día por una cesión inútil. El contrato era impecable, en términos legales, aunque aparentemente diseñado por un descerebrado funcional, en lo que a los intereses de la Administración respecta. Cabe recordar que cuando dicho contrato se negoció, la situación económica de los Bittini no era precisamente boyante, y a buen seguro habrían aceptado una venta definitiva por mucho menos, en vez de esa cesión por novecientos millones, con cláusulas tan rocambolescas, que sólo cabe explicar por la bisoñez de la parte negociadora o por su descarada parcialidad y aprovechamiento ilícito de los beneficios posteriores, lo cual podría ser demostrado mediante un estudio pormenorizado de sus patrimonios, que hasta el momento ningún juez ha requerido. Por no mencionar la posibilidad real de expropiación que el Gobierno de Canarias pudo hacer efectiva, con un coste en concepto de indemnización que apenas habría superado los ocho o nueve millones de pesetas. Ahora tendremos que pagar entre todos casi dieciséis mil millones de esas antiguas pesetas.

No sabemos si en este entramado, que al parecer no hay forma de revertir judicialmente –por lo menos los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias no lo han conseguido, aunque ignoramos si por su incompetencia, real o simulada, o por lo bien atado que dejaron todo los Bittini–, participaron también los actores políticos tristemente protagonistas. ¿Los dieciséis mil millones acabarán íntegramente en cuentas de los Bittini, o se repartirán en función de los servicios prestados? Desde luego sólo hay dos opciones, o es eso y entonces estamos hablando de un desfalco en toda regla, o es que se trata de los políticos más tontos de la historia, por dejarse engañar de tal manera. En cualquier caso, si hemos de hablar de perdedores y de ganadores, está claro quién es quién en esta historia. Por un lado los Bittini y sus más de 100 millones de euros acumulados. Por el otro lado nosotros con nuestros votos, que hemos permitido a semejantes ineptos (o ladrones, según sea el caso) administrar nuestros dineros y nuestros intereses públicos durante estos quince largos años.

Nota: No quisiera concluir esta crónica sin apuntar una serie de datos que, cuanto menos, dan que pensar:

– En el año 1993 Manuel Hermoso se hace con el Gobierno de Canarias tras una moción de censura a Jerónimo Saavedra.
– Poco después es creado el Plan Especial de Protección de la Zona Arqueológica “Montaña Tindaya”, y se le da a esa zona la catalogación especial que quince años más tarde permitiría a la familia Bittini reclamar daños y perjuicios.
– Es el director de este Plan Especial, don José Miguel Alonso Fernández Aceytuno, quien primeramente se pone en contacto con Eduardo Chillida, convenciendo al artista para que visitara Fuerteventura y contemplara Tindaya con sus propios ojos. Estamos en 1994.
– Es creada la empresa denominada Proyecto Monumental Montaña de Tindaya con el objeto de administrar todo lo relacionado con la obra artística, participada por los mismos propietarios de la explotación minera y responsable de firmar los contratos tanto con la UTE (Unión Temporal de Empresas adjudicatarias) como con Cabo Verde S.A., (propietaria de la explotación minera).
– En el año 2000 la propiedad de la explotación minera vuelve íntegramente a Cabo Verde S.A., permitiendo a esta empresa continuar con el pleito que a la postre le reportaría 92 millones de euros.

Que cada cual extraiga sus propias conclusiones.