La Opinión de Lanzarote

Mari Luz, la infancia indefensa

Teresa Cárdenas

[La Provincia, 28 de octubre de 2008]

Un padre condenado a dos años y medio de cárcel por abusos sexuales a su propia hija, que previamente fue capaz de acusar de esos abusos a un profesor de la menor, no reviste especial peligrosidad como para dar urgentemente con sus huesos en prisión. Es la conclusión brutal que cabe extraer de las alegaciones presentadas por el juez Rafael Tirado al Consejo General del Poder Judicial para autoexculparse de la dilación dramática en la ejecución de una sentencia que, a la postre, permitió a Santiago del Valle estar en la calle en el momento del secuestro y posterior muerte de Mari Luz Cortés.

Hay espectáculos desoladores y uno de ellos lo protagonizan estos días no sólo Tirado, sino la desmoralizadora espiral de protestas, huelga encubierta incluida, que su caso ha generado entre los jueces españoles. La lentitud de la Justicia es un mal endémico. No es nuevo ni empezó a ocurrir ayer.

Pero sí resulta imposible de digerir que una movilización sin precedentes de los jueces contra las “injerencias” del Gobierno en el Poder Judicial sólo se active cuando es el cuerpo sin vida de una niña el que de forma tan trágica le pone cara al atasco de legajos en los juzgados.

Les guste o no a los jueces, lo cierto es que las declaraciones de Fernández de la Vega y el ministro de Justicia sugiriendo un endurecimiento del castigo al juez Tirado no hicieron sino verbalizar lo que en realidad piensa la gente corriente, escandalizada por la insultante multa de 1.500 euros impuesta a quien dejó dormir durante 27 meses la condena a prisión contra Del Valle.

Ante los atónitos ojos de los ciudadanos, los últimos años han sido pródigos en espectáculos realmente degradantes de politización de la Justicia, muchos de ellos a través del propio CGPJ. Ninguno de esos episodios provocó ni de lejos en los juzgados la movilización sin precedentes del pasado martes. Pero tuvo que ser el desgraciado caso de Mari Luz el que vino a proporcionar la espoleta para abrir una guerra sin cuartel que amenaza con ir a más entre los jueces y el Ejecutivo.

Por si fuera poco, la guinda la coloca ahora el propio Tirado al excusarse con que no tenía indicios suficientes de peligrosidad de Del Valle como para ordenar con urgencia su ingreso en prisión. Visto lo cual, empecemos a preguntarnos todos qué hacer no ya con la repugnancia colectiva ante los delitos de agresiones sexuales a menores, sino con el sentimiento de indefensión disparado en progresión geométrica por las circunstancias y las secuelas del caso de Mari Luz.