Luis Arencibia Verdú
El creciente número de gobiernos conservadores europeos han tenido en la situación económica un cómodo respaldo para dar un paso más en el desmonte del sistema de libertades y garantías democráticas que ha llevado décadas construir en el viejo continente, a través de la reciente directiva contra la inmigración.
En este asunto, conviene volver a insistir en dos aspectos. Primero: el recorte de derechos a las personas que llegan a los países ricos sin seguir los cauces establecidos por éstos se ha demostrado una y mil veces ineficaz para contener los movimientos de población. Lo que el sentido común anticipa, la realidad corrobora. Esto es, frente a la posibilidad razonable de mejorar sus condiciones de vida hay millones de personas que están dispuestas a dejarse la piel en ello. El ser humano es así, que le vamos a hacer.
Segundo, si la migración es incluso más antigua que el propio hombre, nunca antes había sido el mundo más pequeño: el dinero, la información y las personas –en orden decreciente– nunca antes en la historia habían tenido tantas posibilidades de desplazarse de cualquier punto del planeta a otro. Sesudos estudiosos se rebanan los sesos dandole vueltas a una cuestión: ¿pueden los sistemas democráticos seguir dando lecciones de superioridad mientras estrangulan los derechos de cientos de miles de ciudadanos? ¿Es posible que nos podamos seguir considerando los más guapos frente al espejo mientras damos lugar de forma intencionada a enormes bolsas de no-ciudadanos?
La discusión académicamente es jugosa, y hay quien preconiza incluso que el concepto de ciudadanía, de derechos asociados a la pertenencia a un estado, tal como lo entendemos hoy en día, acabará reventando y no habrá más remedio que buscar alternativas que se adapten a la realidad del flujo global de personas. Pero mientras tanto hasta lo que alcanza la vista no parece que el sufrimiento de millones de personas tenga visos de solución.
Pero si es de esperar que gobiernos de derechas, con diferentes grados de demagogia, sean fieles a sus idearios, no deja de ser sorprendente que el de nuestro país se haya apuntado al carro, defendiendo lo que parecía ser indefendible si nos atenemos a lo que ha sido su discurso hasta el día de hoy. Sorprendente al menos si nos hubiéramos creído que dichos principios eran firmes y no una manera de sacar tajada política a una obviedad: nuestro país ha necesitado y necesitará de miles y miles de trabajadores procedentes de otros países para preservar su salud económica.
Xavier Rius Sant en El libro de la inmigración en España, repasando la gestión de los diferentes gobiernos en estos últimos años, lo expresa con claridad:
“Así, repitiendo el guión, generábamos nuevos irregulares y se hablaba de invasión, la clase política no tenía la valentía de reconocer que necesitábamos todavía más […]. Pero una y otra vez se repetían los mismos errores, la bolsa de irregulares crecía, se negaba que habría una nueva regularización y, al poco tiempo, el gobierno de turno la anunciaba, enfatizando que sería la última”.
Respecto a este perverso mecanismo, aplicado por gobiernos de todo pelaje ideológico, el autor expresa una duda tristemente solventada por los acontecimientos:
“A lo largo de este recorrido me preguntaba, una y otra vez, a quien beneficiaba esta permanente bolsa de irregulares, si su existencia era consecuencia indeseada de una mala gestión de la Administración o un objetivo inconfesable del sistema económico para dotarse de una mano de obra barata a la que regularizaremos si siguen siendo necesarios, al cabo de dos o cinco años”.
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