Manifiesto por una lengua común
Fernando Savater, Mario Vargas Llosa…
Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.
Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:
1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.
2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc… en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).
3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.
Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.
2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.
3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc… en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.
5. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.
Lengua común, problema común
XAVIER PERICAY
[ABC, 2 de julio de 2008]
A quienes llevamos ya bastantes años en estas batallas, el revuelo causado por la aparición del llamado «Manifiesto por la lengua común» no ha podido por menos de sorprendernos. No por el revuelo en sí, que constituye, al cabo, un objetivo inherente a cualquier manifiesto que se precie, sino por la magnitud alcanzada en esta ocasión. Jamás un texto de esta naturaleza había recabado tantos apoyos. Jamás había habido entre estos apoyos tantas firmas ilustres de escritores y artistas, tantas palmas y tantos laureles. Jamás se habían sumado a la iniciativa, en primera o en segunda instancia, partidos políticos en pleno, desde la cúpula hasta el último de los militantes. Lo primero, pues, que cabe preguntarse es por qué. O, si lo prefieren, por qué ahora y no antes.
Que el manifiesto naciera con el amparo de 18 intelectuales de indiscutible prestigio supuso ya, de entrada, una garantía considerable. El argumento de autoridad, incluso en tiempos tan relativos como los nuestros, sigue pesando lo suyo. Pero luego estaba el texto y sus verdades. Entre ellas, la enunciada al comienzo de la segunda premisa -«son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas»-, de la que se desprende el sentido general de las propuestas contenidas en el manifiesto y, en particular, la que se refiere al derecho de cualquier ciudadano español a ser educado en la única lengua común a todo el territorio nacional y oficial en su conjunto, esto es, en castellano. Sin embargo, por más que el texto diga lo que dice y lo diga claro y bien, de poco habría servido su difusión de no ser por el contexto en que ha aparecido.
Para empezar, nunca como en este último lustro el tema de la lengua ha ocupado una posición tan relevante en la agenda política española. Los pactos de legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero con fuerzas manifiestamente independentistas como ERC y BNG, o casi independentistas como IU-ICV, unidos a los gobiernos de coalición que esas mismas fuerzas constituyeron en Cataluña y Galicia con los socialistas del lugar, han ido convirtiendo el castellano, en cuantos ámbitos son gestionados por las respectivas administraciones autonómicas -enseñanza, medios de comunicación públicos, organismos institucionales, etc.-, en una lengua nada común y, la mayoría de las veces, puramente inexistente. En los últimos tiempos, por lo demás, el cerco a los ciudadanos deseosos de utilizar en dichos ámbitos la lengua oficial del Estado y de contar con los mismos derechos de que disfrutan ya, de forma efectiva, quienes utilizan la otra lengua oficial de cada una de estas Comunidades, se ha extendido al País Vasco, donde el nacionalismo lleva más de una década gobernando con la filial comunista, y a las Baleares, donde los socialistas, en junio de 2007, estrenaron gobierno con una amalgama de cinco partidos nacionalistas y de izquierdas.
Pero incluso un marco político como el precedente no bastaría para explicar el éxito obtenido por el manifiesto si no fuera por la concurrencia de otro factor. Desde hace ya algunos lustros en el caso de Cataluña, y de forma más reciente en lo tocante a País Vasco, Galicia y Baleares, la sociedad, o parte de ella, a través de asociaciones de padres o profesores y de toda clase de movimientos cívicos, ha ido movilizándose contra el nacionalismo lingüístico. Y esas formas de movilización -que se hallan en la génesis de formaciones políticas como Ciutadans-Partido de la Ciudadanía o Unión, Progreso y Democracia- parece que hasta pueden cristalizar, en un futuro no muy lejano, en una suerte de movimiento conjunto -en una asociación de asociaciones, por así decirlo- cuyas premisas y objetivos no diferirían en gran medida de los expuestos en el manifiesto presentado hace unos días en el Ateneo de Madrid. En síntesis: si los distintos gobiernos autonómicos han ido tensando la cuerda con el beneplácito o el silencio del Gobierno central, también gran parte de los ciudadanos afectados -que no son o no deberían ser, por supuesto, sólo los castellanohablantes- han decidido rebelarse públicamente contra lo que supone una flagrante violación de sus derechos, y hacerlo de manera coordinada.
En este sentido, el éxito del manifiesto resulta indisociable de su carácter nacional. Hasta la fecha, todos estos conflictos centrados en la lengua tenían un carácter meramente local o regional, y así eran percibidos por la inmensa mayoría de los españoles. «Ya será menos», replicaban unos. «Esos catalanes…», mascullaban otros. «¡Si el vascuence no lo habla nadie!», objetaban los de más allá. Y, quién más, quién menos, pasaba a otro asunto. Hasta que surgía de nuevo el conflicto y, nada, vuelta a empezar. Dicho de otro modo: la conciencia de que estamos ante un problema de todos los españoles, ante un problema común al que hay que poner remedio de una vez, pues socava el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, es cosa de ayer mismo.
Y, claro, a grandes males, grandes remedios. Porque si el marco constitucional ha permitido llegar a donde hemos llegado, no parece que podamos garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos sin modificarlo en alguna medida. Y, para modificarlo, no basta, por descontado, con los buenos propósitos. Hacen falta acuerdos. Y estos acuerdos requieren, necesariamente, del pacto entre las dos principales fuerzas políticas del país. Por de pronto, el PSOE no sabe, no contesta. En fin, contesta, pero a tres leguas. Ante las evidencias, múltiples y reiteradas, de la conculcación de los derechos lingüísticos en buena parte del territorio nacional, a la ministra de Educación nada le «hace dudar sobre la enseñanza del castellano de España», por lo que considera que no tiene por qué adherirse al manifiesto. Y el mismísimo presidente del Gobierno, para no ser menos que su ministra, afirma que «el mejor manifiesto en defensa de la lengua es la Constitución». Y se queda tan ancho.
No es éste el caso del Partido Popular, que sí ha suscrito el documento -la primera formación en hacerlo fue UPD, si bien la doble militancia de muchos de los primeros firmantes del texto ya permitía intuir que el partido estaba detrás-. Y no sólo lo ha suscrito, sino que encima lo ha hecho con todo el aparato -y no me refiero tan sólo al del partido-, como si quisiera dejar bien claras sus intenciones. O como si quisiera poner en evidencia a su principal rival político, sabedor de que sus compromisos pasados y presentes, y en especial sus acuerdos de gobierno en determinadas Comunidades, le impiden afrontar la realidad y reconocer que el problema es tal y hay que afrontarlo. Sea como sea, la postura del PP es coherente con lo aprobado en su último congreso. Lo importante es que, en el futuro, esa firmeza no decaiga. Ni siquiera cuando empiece a fructificar el anunciado diálogo con los nacionalistas.
Lo que no va a decaer, seguro, es el ánimo de los nacionalistas. Si, en lo que llevamos de democracia, no han renunciado jamás a nada de lo conquistado, difícilmente lo van a hacer ahora, y menos tratándose de las prerrogativas que ellos mismos se han concedido en el terreno lingüístico. Así pues, tarde o temprano, el nacionalismo va a sacar la lengua como moneda de cambio. Del actual PSOE poco cabeesperar. Confiemos en que el PP, al menos, sepa estar a la altura, rechace el trueque y por una vez lo común, lejos de quedar arrumbado, prevalezca.
El Mundo entrevista a Arcadi Espada
«Percibo un déficit de libertad en Cataluña desde hace tiempo»
7 de julio de 2008
DAVID SANZ EZQUERRO
MADRID.- Periodista, escritor y profesor universitario en Barcelona, Arcadi Espada conoce de primera mano la realidad lingüística que se vive en Cataluña. El también columnista opina diariamente en su blog ‘EL MUNDO por dentro’, de elmundo.es, sobre el periodismo y sobre este diario. Espada es uno de los 18 promotores del Manifiesto por la Lengua Común .
Pregunta.- ¿Realmente los ciudadanos catalanes viven un problema lingüístico? El Gobierno insiste en que no lo hay.
Respuesta.- Tiene razón el Gobierno. Lo que hay es un problema político. Nadie ha invocado a los lingüistas para que lo resuelvan. Hay una lengua de dimensiones demográficas reducidas cuyo estatus se pretende modificar con dinero público y presión moral y política. El problema es que hay otra lengua, la única oficial y común en España, y lengua también de los catalanes, que no puede usarse en la enseñanza, y cuyo uso ha desaparecido del espacio institucional catalán.
P.- En su opinión, ¿quiénes son los responsables?
R.- Es simple: los ingenieros sociales del nacionalismo han tenido éxito.
P.- La inmersión lingüística se aplica desde hace muchos años, ¿por qué ahora el Manifiesto?
R.- Desde hace muchos años una parte de los ciudadanos catalanes ha reaccionado contra el nacionalismo. El cambio, tal vez, es que la lucha contra el nacionalismo ya no es una preocupación catalana o vasca, sino que está empezando a convertirse en una preocupación española.
P.- Algunos les han acusado de alentar una polémica artificial con intereses partidistas, desde un parapeto intelectual, ¿qué opina?
R.- ¿Parapeto? En España el término «intelectual» sólo se utiliza para insultar. El parapeto es Casillas y es lo único que ahora les preocupa.
P.- También han recibido críticas ajenas al mundo político. Figuras de la cultura han reprobado el Manifiesto, por ejemplo, en las páginas de EL CULTURAL el pasado jueves.
R.- Sí, lo leí. Y la verdad es que me di cuenta de que la situación del castellano es mucho más grave de lo que pensaba. Quia, lengua común… ¡Algunos intelectuales vernáculos no entienden el castellano! Basta comprobar lo que dicen sobre el Manifiesto. Hay que ponerse manos a la obra para ayudar a esa intelligentsia.
P.- ¿El impulso del castellano es compatible con el bilingüismo? ¿Sobrevivirán las lenguas cooficiales sin medidas especiales de protección?
R- No hay ninguna necesidad de impulsar el castellano, basta con no prohibirlo. En cuanto a las supervivencias, la pregunta que empieza a hacerse es la típica de las respiraciones asistidas: cuánto cuesta y para qué me sirve, y sobre todo, para qué le sirve, que es la pregunta más profunda.
P.- ¿Percibe en los jóvenes de Cataluña un déficit lingüístico mayor que en otras zonas de España?
R.- No, no lo he percibido. Lo que llevo percibiendo en Cataluña desde hace tiempo no es un déficit lingüístico, sino un déficit de libertad.Periodista, escritor y profesor universitario en Barcelona, Arcadi Espada conoce de primera mano la realidad lingüística que se vive en Cataluña. El también columnista opina diariamente en su blog ‘EL MUNDO por dentro’, de elmundo.es, sobre el periodismo y sobre este diario. Espada es uno de los 18 promotores del Manifiesto por la Lengua Común.
Pregunta.- ¿Realmente los ciudadanos catalanes viven un problema lingüístico? El Gobierno insiste en que no lo hay.
Respuesta.- Tiene razón el Gobierno. Lo que hay es un problema político. Nadie ha invocado a los lingüistas para que lo resuelvan. Hay una lengua de dimensiones demográficas reducidas cuyo estatus se pretende modificar con dinero público y presión moral y política. El problema es que hay otra lengua, la única oficial y común en España, y lengua también de los catalanes, que no puede usarse en la enseñanza, y cuyo uso ha desaparecido del espacio institucional catalán.
P.- En su opinión, ¿quiénes son los responsables?
R.- Es simple: los ingenieros sociales del nacionalismo han tenido éxito.
P.- La inmersión lingüística se aplica desde hace muchos años, ¿por qué ahora el Manifiesto?
R.- Desde hace muchos años una parte de los ciudadanos catalanes ha reaccionado contra el nacionalismo. El cambio, tal vez, es que la lucha contra el nacionalismo ya no es una preocupación catalana o vasca, sino que está empezando a convertirse en una preocupación española.
P.- Algunos les han acusado de alentar una polémica artificial con intereses partidistas, desde un parapeto intelectual, ¿qué opina?
R.- ¿Parapeto? En España el término «intelectual» sólo se utiliza para insultar. El parapeto es Casillas y es lo único que ahora les preocupa.
P.- También han recibido críticas ajenas al mundo político. Figuras de la cultura han reprobado el Manifiesto, por ejemplo, en las páginas de EL CULTURAL el pasado jueves.
R.- Sí, lo leí. Y la verdad es que me di cuenta de que la situación del castellano es mucho más grave de lo que pensaba. Quia, lengua común… ¡Algunos intelectuales vernáculos no entienden el castellano! Basta comprobar lo que dicen sobre el Manifiesto. Hay que ponerse manos a la obra para ayudar a esa intelligentsia.
P.- ¿El impulso del castellano es compatible con el bilingüismo? ¿Sobrevivirán las lenguas cooficiales sin medidas especiales de protección?
R- No hay ninguna necesidad de impulsar el castellano, basta con no prohibirlo. En cuanto a las supervivencias, la pregunta que empieza a hacerse es la típica de las respiraciones asistidas: cuánto cuesta y para qué me sirve, y sobre todo, para qué le sirve, que es la pregunta más profunda.
P.- ¿Percibe en los jóvenes de Cataluña un déficit lingüístico mayor que en otras zonas de España?
R.- No, no lo he percibido. Lo que llevo percibiendo en Cataluña desde hace tiempo no es un déficit lingüístico, sino un déficit de libertad.
FÉLIX DE AZÚA
¡Socorro! (El País)
El pasado 23 de junio, Fernando Savater presentaba en buena compañía un Manifiesto por la lengua común. El título no ha sido citado en ninguno de los 800 artículos del Tambor del Bruc mediático que de inmediato se publicaron en la prensa catalana, la cual, naturalmente, tampoco reprodujo el texto. El título no era del gusto de los nacionalistas, de modo que pasaron a llamarlo “Manifiesto en favor del castellano”, frase que no figura en ningún lugar ni forma parte del contenido, ya que el castellano no necesita de ningún favor, pero ¿qué más da? ¿Vamos a detenernos a pensar un poco, antes de cargar el trabuco y disparar a bulto cuando la Patria está en peligro? Todos los artículos venían a decir lo mismo, pero con algunos matices notables.
Los más delirantes no eran los viejos amigos del Avui o del Punt Diari, sino los desconocidos del ilegible diario Público, órgano del presidente del Gobierno central, o sea, del Estado. Titulaban a seis columnas: “El nacionalismo español hace de nuevo política con las lenguas”. Los nacionalistas con mala conciencia siempre quieren que todo el mundo sea nacionalista para así quedarse más aliviados y compartir la culpa. Cree el ladrón… Para su desdicha, incluían en la doble página las estadísticas de la Generalitat sobre los usos del catalán y en ellas se afirma que más de la mitad de los catalanes prefiere como primera lengua el castellano. La humilde petición de que aquellos que lo deseen puedan usar su lengua materna en la educación, la Administración pública y la vida cotidiana sin que les caigan multazos o broncas, es “nacionalismo español” para los orgánicos de Zapatero. Tome nota.
Como movido por un resorte, el partido de los socialistas catalanes declaró pomposamente que el manifiesto era “innecesario”. No aclaró su portavoz, Miquel Iceta, qué es lo que le parece necesario al PSC. Pocos días antes, la oposición en pleno le había preguntado por 5.000 millones de pesetas que se han esfumado persiguiendo a una almeja brillante. Tampoco entonces Iceta había considerado necesaria la pregunta. Lo que para el PSC sea necesario, es un arcano insondable. Los socialistas catalanes van aproximándose cada vez más a un modelo adorable, el de la corte de Catalina la Grande.
Ninguno de los 800 artículos antes mencionados hablaba del contenido del manifiesto, el cual se puede resumir del siguiente modo: si cualquier ciudadano catalán, como el actual presidente de la Generalitat, puede educar a sus hijos en alemán, en francés, en italiano o en inglés, ¿hay alguna razón para que no pueda educarlo en español? Y de haberla, ¿cuál es? La mentira oficial es que no hay problema para escolarizarse en español; la realidades que ni hablar del peluquín. Intente indagarlo. Chocará contra un muro de cemento. Se sentirá como alguien que quiera darse de baja de Telefónica. Acabará en el psiquiátrico.
Como, según el Tambor del Bruc mediático, el asunto del manifiesto no era el que acabo de exponer, los artículos se veían obligados a hablar de temas muy inspirados: la “supremacía del castellano”, la “lengua del imperio”, el “ataque contra el catalán…”. Todo mentira, ¿pero de cuándo acá un nacionalista va a respetar la verdad? La verdad es, sencillamente, aquello que los nacionalistas decretan que es verdad. Y sólo es verdad lo que es bueno para Cataluña, siendo ese ente lo que en cada momento les conviene. Y punto, añade Catalina la Grande.
Había algo, sin embargo, más significativo si cabe. La mayoría de los artículos procedían al insulto, práctica española donde las haya cuando flaquean los argumentos: franquistas, fachas, españolistas (“de mierda”), imperialistas. Un Jordi Sánchez nos llamaba a los firmantes “miserables” en este mismo periódico porque nos negábamos a pagar su hipoteca. Algunos artículos eran deliciosos, como el de un profesor de la Universidad de Girona que exponía el punto de vista guipuzcoano: lo que hay que exigir, venía a decir, es que todos los españoles aprendan catalán. Un hombre generalmente moderado, Antoni Puigverd, aseguraba que el manifiesto rompía los últimos puentes entre Cataluña y España. Volveré sobre ello. No obstante, estos intelectuales olvidaban un detalle de cierta relevancia: todos sus artículos estaban escritos y publicados en español.
Los nacionalistas consideran indudable su derecho a escribir y publicar en la lengua que (dicen) está destruyendo al catalán. Creen tener derecho a suprimir de sus vidas el catalán y pasarse al español cuando les parezca oportuno, con el fin de insultar (y cobrar por ello) a unos ciudadanos que jamás han atacado el catalán ni perderán un minuto de sus vidas en semejante tontería. Así que estos pensadores nacionales pueden eliminar el catalán y hacer uso de la lengua asesina del catalán cuando les viene en gana y pueden poner en peligro la supervivencia de la lengua que dicen proteger, pero que unos ciudadanos pidan educar a sus hijos en la lengua que estos nacionalistas utilizan cuando les conviene, eso es fascismo, franquismo, imperialismo, y no es pederastia porque Dios no lo quiere. Si alguien entiende la ética de los nacionalistas, por favor, que escriba una tesis doctoral.
La traca final ha sido de lo más levantina. Animado por tan honradas huestes, el anciano Jordi Pujol ha cogido el alfanje. “[Pujol] llama a combatir ‘sin miedo’ la falta de respeto a Cataluña”, según titulaba el diario de la burguesía catalana el 2 de julio. Lo de “sin miedo”, entrecomillado por la redacción, pone los pelos de punta. El texto del patriarca es: “Combatir con decisión y confianza, sin miedo, y sin respeto para quien no nos respeta”. A Pujol le animó mucho lo de las caricaturas de Mahoma: qué demonios, hay que hacerse respetar. A partir de su llamamiento a la guerra santa y conociendo de primera mano (y puño) a los cejijuntos y democráticos grupos de falangistas catalanes que suelen actuar en estos casos, los firmantes andamos escondiéndonos en las masías de recreo de algunos consellers y diputats solidarios. Sobre todo desde que Montilla ha decidido que incitamos a la “catalanofobia”. No sus socios separatistas, no las juventudes de la “puta España”, no Carod y Rubianes, no: el odio a Cataluña lo inducimos nosotros. Muy honesto.
Amigo Puigvert, si te lo permiten tus principios, deja abierto algún puente para que cuando lleguen los hijos de Bin Laden a quemarnos (vivos o en efigie), los cuatro gatos que aún nos tomamos en serio a este país podamos salir arreando hacia lugares más democráticos, menos violentos, más civilizados.
No son las lenguas, es la libertad
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN [ABC]
NO resulta sorprendente que los «críticos» con el Manifiesto por la Lengua Común nos reprochen algo que el texto en cuestión no dice en ninguna parte: que el español esté en peligro y requiera de una defensa política. Pero ya es sabido que, en España, la forma más habitual de «criticar» una idea es tergiversarla todo lo posible. Repitamos algo que han entendido sin ninguna dificultad los más de ciento cincuenta mil ciudadanos que ya han firmado el Manifiesto, eso que Iker Casillas expresó mejor que docenas de supuestos «intelectuales críticos»: lo que el Manifiesto defiende es la libertad de elección de lengua en las comunidades españolas bilingües -y, por tanto, el bilingüismo voluntario-, y el valor insustituible de la disposición de una lengua común que saben -o sabían- la práctica totalidad de los ciudadanos de España. Eso es todo. Y es tan claro y evidente que más bien hay que preguntar a los disconformes qué es lo que proponen ellos. ¡Por diálogo y debate, que no quede!
Insistamos: el Manifiesto reclama que se cumplan las previsiones constitucionales en materia de cooficialidad, progresivamente ignoradas en Cataluña, País Vasco, Galicia o Baleares, y que los ciudadanos allí residentes, habitual o temporalmente, puedan elegir en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos y cuál prefieren para relacionarse con las instituciones, además de no ser discriminados con excusas lingüísticas cuando quieren acceder a un puesto de trabajo público o tener contratos con la administración, ver la televisión autonómica o, sencillamente, entender los impresos de hospitales y universidades. Es muy sencillo conseguirlo: basta con ofrecer una educación bilingüe y que los formularios, comunicaciones e indicadores públicos también lo sean.
Los partidarios de las políticas de «normalización lingüística», que no son sino ataques a la democracia porque restringen libertades básicas y crean obligaciones arbitrarias, no son sólo nacionalistas. A estos, que simplemente no tienen remedio ni idea decente alguna sobre lo que es la democracia, se unen numerosos españoles con ideas políticas oportunistas o inexistentes, o sencillamente descabelladas. Comencemos por éstos.
Algunas almas bellas sostienen que como el castellano o español disfruta de magnífica salud, no es necesario esfuerzo alguno para defenderlo, mientras que sí es necesario proteger legalmente a las lenguas cooficiales: catalán, gallego y eusquera. Estos espíritus simples se afilian a la tesis de que bastante castellano tienen ya en sus vidas los escolares catalanes, gallegos o vascos, de modo que lo aprenderán solitos de modo natural, mientras que todo el esfuerzo educativo debe centrarse en la lengua cooficial, que muchos ignoran porque no es la suya materna (y que muchos comienzan a detestar, aunque esta es otra historia). Confundir la adquisición espontánea de una lengua con su estudio es similar a creer que es igual contar con los dedos que saber matemáticas -y es una barbaridad, aunque la acepten Suso de Toro y otros semejantes-. Es, en definitiva, aceptar que el analfabetismo funcional en la lengua común es un gran progreso educativo.
El problema de fondo que articula todo el Manifiesto es que las medidas políticas de «protección de lenguas», como las que padecemos en la España periférica afectando casi a 16 millones de ciudadanos, son ilegítimas en sí mismas. Primero, porque las lenguas no son sujetos políticos ni personas jurídicas; y segundo, porque esa protección impropia acaba lesionando gravemente derechos elementales de los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a una buena educación, y desde luego la libertad de elección de lengua. Cualquier política lingüística que vaya más allá de hacer posible un bilingüismo institucional que garantice a todos el derecho a elegir la lengua en que desean comunicarse con la administración y sus servicios sociales es, sencillamente, una política que abandona el mundo de la democracia para adentrarse en el piélago del totalitarismo. La consecuencia es que producimos jóvenes cuasi-analfabetos funcionales en la lengua mayoritaria y oficial de su país, y sólo para complacer las mitomanías nacionalistas, y que creamos categorías distintas de ciudadanos al convertir la lengua en un instrumento de exclusión de los disidentes ideológicos y de los extranjeros.
Desde luego, es inútil empeñarse en que los nacionalistas no sean lo que son. Hay que mantenerlos a raya y oponerse a sus incansables intentos por sobrepasar en todos los sentidos los límites infranqueables de un sistema político sin otra justificación que garantizar la igualdad y libertad personal de los ciudadanos. A quienes hay que pedir cuentas es a los que dicen no ser nacionalistas y, sin embargo, apoyan su guerra contra el libre empleo de la lengua común, precisamente para cargarse la comunidad política llamada España. Es obvio que si los nacionalistas consiguen que las nuevas generaciones consideren el español una lengua extranjera, o todavía menos que eso si se le dedica menos tiempo que al inglés -como quiere el president Montilla-, quizás también consideren a España un Estado invasor y, en todo caso, extranjero.
El PP se ha sumado en masa al Manifiesto; habrá que pedirle, pues, que rectifique los abusos lingüísticos de los que ha sido el principal responsable político cuando gobernaba en Galicia y Baleares, y los que se siguen cometiendo en Valencia. Pero, ¿qué hacemos con un PSOE que acaba de aprobar una resolución diametralmente opuesta al Manifiesto? Y, por cierto, mediante un texto repleto no sólo de vacuidades y falacias, sino pésimamente escrito (signo de que, quizás, sí haya que «defender» al castellano en algunos ambientes…). Al menos habrá que decir bien alto y claro a los socialistas que su política se basa en una ficción jurídico-política impresentable, a saber, los «derechos» de las lenguas y de los territorios. Y falsos derechos impuestos, además, a costa de los únicos reales: los de las personas, contadas una a una. La perspectiva socialista sobre el problema del uso de las lenguas en la España bilingüe está mucho más cerca de las típicas del nacionalismo fascista que de otra cosa. Defender que la inmersión lingüística practicada en Cataluña, por ejemplo, resuelve problemas de convivencia porque impide que haya dos comunidades lingüísticas distintas es semejante a sostener que lo mejor es que haya un partido político único, porque así la sociedad estará menos dividida y las elecciones serían más armoniosas. Como en Cuba o en la España de Franco.
Esta caída socialista en el peor de los derechismos, el de anteponer abstracciones como lengua y territorios eternos a personas y sociedad libre, no es sólo una muestra elocuente de la senilidad ideológica del PSOE y de la izquierda tradicional española, sino una señal de alarma de los graves riesgos degenerativos que afronta la democracia española. Porque cada vez que alguien, en nombre del «futuro del catalán» o de cualquier otra lengua cooficial, pretende recortar mediante leyes y reglamentos ad hoc el derecho elemental a elegir cuál de las dos lenguas oficiales quiere uno usar, lo que se está haciendo ya no es política democrática, sino una ingeniería social que, para diseñar una sociedad distinta según determinado proyecto ideológico, exige violentar progresivamente la libertad de las personas, restringida mediante innumerables reglamentos y sistemas de vigilancia y castigo que imponen opciones no queridas, desde prohibir a los escolares usar la lengua común a multar a los comercios que no atiendan en eusquera o catalán. ¿Es este el país dictatorial y antiigualitario que queremos?
El reñidero español
JOAQUIN LEGUINA
[El Mundo de hoy]
«El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla»
(Art. 3 de la Constitución Española)
El pasado 23 de junio, Fernando Savater presentaba junto a un grupo de intelectuales de ideología variopinta un Manifiesto por la Lengua Común que levantó, de inmediato, todo tipo de ronchas y descalificaciones. Pero no se produjo ni un solo argumento en su contra. Porque en España hace ya mucho tiempo que cuando algo no gusta no se exhiben razonamientos para contradecir lo afirmado por otros, no, se recurre al insulto o -entre los más finolis- al eslogan político descalificador.
El diario zapaterista Público recibía el Manifiesto de esta guisa: «El nacionalismo español hace de nuevo política con las lenguas». Por su parte, Miquel Iceta, la nueva estrella rutilante del PSC, se limitó a señalar que el Manifiesto era «innecesario» y José Montilla (que es natural de Córdoba) afirmó que el Manifiesto incitaba a la «catalanofobia». Gran honestidad intelectual la de este charnego reconvertido en catalanista.
En efecto, el PSC es un partido que, según Félix de Azúa, se parece cada vez más a la corte de Catalina la Grande.
El aparato mediático del catalanismo lanzó 800 (sí, 800) artículos contra el Manifiesto, pero en ninguno de ellos se aludía a su contenido ni se argumentaba contra él.
Las fuerzas localistas del nordeste de España, como un solo hombre, se dieron al insulto -esa práctica tan española-: «Ataque contra el catalán», «franquistas», «fachas», «españolistas de mierda», «miserables» (Jordi Sánchez), todo eso y más lindezas dijeron. Antoni Puigvert aseguró -él, tan moderado- que el Manifiesto rompía los últimos puentes entre Cataluña y España… Naturalmente, todos esos artículos estaban escritos y publicados en español, la lengua que, según estos atacantes, quiere asesinar al catalán… y, para guinda del pastel, lo de Jordi Pujol sonó como el Tambor del Bruc: «Combatir con decisión y confianza, sin miedo y sin respeto para quien no nos respeta», eso dijo el veterano y, ahora, radicalizado líder.
Entretanto, las firmas de adhesión al documento escrito por Savater crecían, eso sí, movidas en parte por EL MUNDO, lo cual le vino de perlas a Rodríguez Zapatero, quien aprovechó que el Tormes pasa por Salamanca para sentar doctrina: «La derecha quiere apropiarse de la lengua común como antes lo intentó con la bandera común», dijo… y después de soltar semejante sandez, el actual presidente del Gobierno se fumó un puro.
De poco vale que más del 50% de los catalanes prefiera el castellano como primera lengua porque el nacionalismo catalán y sus adláteres están dispuestos -así lo dice el nuevo Estatuto- a obligar a todos quienes pisen (o sobrevuelen) el territorio de Cataluña a hacerles aprender y obligarles a usar aquella lengua «propia». Ya se sabe: «La letra con sangre entra».
Pero dejémonos de darle vueltas a la noria y recordemos, en primer lugar, que los poderes públicos -y desde luego el Gobierno de España- están obligados a guardar y hacer guardar la Constitución. Así lo han jurado o prometido todos ellos. Vayamos, pues, al grano.
1. ¿Puede un profesor, nacido pongamos que en Valladolid, ir a trabajar a una universidad catalana dando sus clases en castellano? La respuesta es no. Por lo tanto, a ese profesor se le está privando de uno de sus derechos (el de usar el castellano) y el Gobierno de España no puede mirar para otro lado.
2. ¿Puede un niño catalán que tenga como lengua materna el castellano ser escolarizado en ese idioma? La respuesta es no. Un derecho del que se le priva y que no puede dejar indiferente al Gobierno de España.
3. ¿Puede un funcionario español trasladarse a trabajar a Cataluña sin haber aprendido antes concienzudamente el catalán? La respuesta es no.
Y así podríamos seguir con los rótulos de las tiendas, los de las carreteras, con la expulsión de facto del castellano del Parlamento de Cataluña, con la exclusión de los escritores catalanes en castellano, pues sus obras -según los nacionalistas y sus abducidos del PSC- no pertenecen a la cultura catalana y por eso no se les permite acudir a la Feria de Fráncfort, etcétera.
En resumen, el derecho a usar el castellano que la Constitución consagra no se puede ejercer en los foros públicos de Cataluña… y el Gobierno no puede mirar para otro lado diciendo -como dicen sus voceros- que reclamar estos derechos elementales es de derechas (al parecer, en estos nuevos tiempos todo lo que no sea aplaudir a ZP y sus ocurrencias es de derechas).
Pero lo más peligroso -por irresponsable- del discurso de ZP y de sus conmilitones es que para ellos el nacionalismo periférico (vasco, catalán, gallego…) no existe y como no existe no puede hacer mal a nadie ni tener aspiraciones a la independencia. Por ejemplo, Convergencia Democrática de Cataluña, con Artur Mas a la cabeza, acuerda, imitando a Ibarreche, que su objetivo político es una «Cataluña Libre y Soberana»… y el Gobierno español no tiene nada que comentar.
¿Por qué no hablamos claro de una vez? Los nacionalistas y sus adláteres detestan el bilingüismo en sus territorios, lo mismo que rechazan el oír hablar de un Estado Federal… y de poco vale ocultar esa verdad haciendo oídos sordos a los voceros nacionalistas que no se cansan de repetir: «Derecho a decidir», «independencia», «fuera el castellano» y otras muchas lindezas anticonstitucionales.
Pero no es ésa -la de mirar para otro lado- una práctica que sólo concierna a este Gobierno. Sin ir más lejos, Aznar en 1997 se negó a recurrir la Ley de Política Lingüística de Pujol ante el Tribunal Constitucional, porque necesitaba los votos de CiU. Tampoco la recurrió el Defensor del Pueblo (Alvarez de Miranda), sobre quien se ejerció todo tipo de presiones para que no presentara recurso de inconstitucionalidad. Una ley que era y es anticonstitucional por los cuatro costados.
El Estatuto aprobado el 18 de junio de 2006 (con un apoyo popular, simplemente, ridículo, que todo hay que decirlo) echa un par de paletadas más sobre el asunto: 1) «Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el deber de conocer las dos lenguas oficiales». Se establece así la obligatoriedad de dominar el catalán para todas las personas que vivan en Cataluña y 2) «La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».
Si esto es constitucional, yo soy el obispo de Mondoñedo, pero sí es una discriminación contra los castellanohablantes. Y por serlo es también una discriminación para los menos dotados económica y socialmente, los inmigrantes del resto de España y sus descendientes. Estamos ante una descarada y consentida política que pretende tratar a los castellanohablantes como extranjeros en su propio país. «Si un español emigra a Inglaterra, lo que ha de hacer es aprender el inglés» es un argumento que los catalanistas suelen exhibir para exigir a todo el mundo en Cataluña el uso del catalán. Se olvidan -y no por casualidad- que un andaluz en Inglaterra es un extranjero, pero cuando se desplaza a Cataluña no sale de su propia nación.
Las normas internacionales, por ejemplo, las de la Unesco, respecto a la enseñanza recomiendan una obviedad: los niños deben ser escolarizados en su lengua materna. Es tan paradigmático como penoso anotar cómo notables pedagogos catalanes han sacrificado estas elementales normas en el altar de su catalanismo.
Pero no han sido sólo los pedagogos quienes han teorizado, practicado y ejecutado el ombliguismo catalanista. Muy representativos escritores también se han pronunciado en la misma dirección en lo tocante a la creación literaria. Veámoslo.
En el número de julio y agosto de 1977 -inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas y en vísperas del debate constitucional- la revista Taula del Canvi, catalanista de izquierdas, planteaba una pregunta a una serie de intelectuales antifranquistas de indudable valía (Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo, Joaquín Molas, Antoni Comas…).
El asunto se las traía desde la propia formulación de la pregunta, que era ésta:
¿A los catalanes (de origen o radicación) que se expresen literariamente en lengua castellana hay que considerarlos como un fenómeno de conjunto que hay que liquidar a medida que Cataluña asuma sus propios órganos de gestión política y cultural?
Antes de considerar las respuestas ha de tenerse en cuenta que a ese «fenómeno de conjunto» pertenecían -y pertenecen- los hermanos Juan, José Agustín y Luis Goytisolo, Vázquez Montalbán, Carlos Barral, Juan Marsé, Félix de Azúa, Eduardo Mendoza y un largo etcétera, amigos y compadres de quienes respondían así:
Salvador Espriu: «Espero y deseo que sí».
Manuel de Pedrolo: «No hemos de discutir a nadie el derecho a escribir en la lengua que quiera, pero nadie tiene derecho a convertir una lengua forastera en un arma de destrucción de la identidad del pueblo al cual pertenece o en el cual se inserta».
Antoni Comas: «Como hecho colectivo, como fenómeno de conjunto, hay que liquidarlo a medida que Cataluña recupere su autonomía».
Joaquín Molas: «Si las soluciones son las que deberían ser, los que utilizan la lengua castellana tenderían a desaparecer».
Entre tanto ardor guerrero y exterminador destaca, por extraña, una propuesta razonable:
Francesc Vallverdú: «La cultura catalana se puede manifestar y de hecho se manifiesta en diversas lenguas».
Tan tempranas y amenazadoras manifestaciones de catalanismo identitario y arrasador deberían haber puesto en guardia, al menos, a dos entes políticos: 1) A los inmigrantes llegados a Cataluña y, en general, a los castellanohablantes y a sus representantes políticos y 2) A los partidos de ámbito nacional. Pero todos prefirieron mirar para otro lado, pensando, quizá, que la sangre no llegaría al río, que tales posiciones radicales, como otras muchas de entonces, se atemperarían en el marco constitucional que ya se estaba elaborando. Mas, fuera como fuera, el hecho fue que nadie quiso señalar unos límites, al menos intelectuales, a semejante desbarre.
Dado que los artículos del Nuevo Estatuto referidos a la obligatoriedad de la lengua catalana están recurridos ante el Tribunal Constitucional (TC), conviene recordar aquí una sentencia de este Alto Tribunal; la del 26 de junio de 1986, cuando lo presidía Francisco Tomás y Valiente. En esa sentencia -contraria a la obligatoriedad de una lengua cooficial- se lee lo siguiente: «Pues el citado artículo (el 3 de la Constitución) no establece para las lenguas cooficiales ese deber (el de ser conocidas), sin que ello pueda considerarse discriminatorio».
Cabría esperar que el TC se atuviera en este asunto a su propia jurisprudencia, mas, para decirlo todo, los miembros actuales del TC han demostrado sobradamente que no son ni Tomás Moro ante Enrique VIII ni Becket ante Enrique Plantagenet; se parecen más a los jueces obedientes y obsecuentes que pululaban por España no hace tantos años… y a los que convendría olvidar para siempre. En fin, que mi fe respecto a las actuales instituciones políticas y judiciales es descriptible, por eso estoy dispuesto a pelear contra las canalladas que se están perpetrando contra el derecho a usar el castellano y contra los canallas que las cometen o que las permiten.
NINGUN PAIS DE LA UE INCURRE EN EL DISPARATE LINGÜISTICO DE ESPAÑA
Editorial [El Mundo de hoy]
Los partidos nacionalistas que forman parte de la alianza llamada Galeuscat -CiU, PNV y BNG- volvieron a solemnizar ayer en Santiago su reivindicación de un Estado conformado por varias naciones y reclamaron «el mismo status jurídico» que el castellano para sus lenguas propias. Los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos suelen utilizar un lenguaje grandilocuente para defender la excepcionalidad de sus «hechos diferenciales» como si el caso de Cataluña, País Vasco y Galicia fuera único en toda Europa. No es así, ni mucho menos. En varios países de la UE, existen singularidades parecidas -o incluso más enraizadas en la Historia- y lenguas cooficiales, regionales o minoritarias. Lo que no hay en ninguna autonomía ni región de la UE -a excepción de Groenlandia y las Feroe cuyos territorios están excluidos de la Unión- es una ley de inmersión que establezca la lengua minoritaria como vehicular en la enseñanza, tal y como sucede en las comunidades de Galeuscat y Baleares.
El exhaustivo informe que hoy publicamos es muy ilustrativo acerca de la excepcionalidad de los postulados de los partidos nacionalistas en el seno de la UE y, en definitiva, de los disparates lingüísticos que se cometen en España. En Centroeuropa y en los países nórdicos hay todo un mosaico de lenguas, y la regulación legal es asimismo muy variada, aunque tiene algunos denominadores comunes: el respeto al bilingüismo y la consideración de la enseñanza en la lengua minoritaria como un derecho, nunca como un deber. Hay casos en los que se respeta escrupulosamente el bilingüismo, como en el Valle de Aosta en Italia -las escuelas imparten el mismo número de horas en francés que en italiano-, o en Suecia -donde los padres que hablan el finés tienen derecho a que sus hijos reciban la mitad de las clases en su idioma- y otros en los que se potencia el conocimiento de las lenguas minoritarias, como el frisio en los Países Bajos, el escocés en el Reino Unido o el húngaro en Austria.
Sin embargo, en todos los países europeos con más de una lengua oficial se considera que lo mejor para los escolares es aprender prioritariamente el idioma común e incluso se concede más importancia a la enseñanza del inglés que a la de las lenguas minoritarias.
Los nacionalistas de Galeuscat han logrado imponer el catalán, el vasco y el gallego por la vía de los hechos, aunque expertos en la manipulación del lenguaje, reiteraron ayer la gran mentira de que las leyes de normalización no tienen como objetivo la marginación del castellano, sino que las lenguas cooficiales tengan el «mismo status jurídico». La deriva nacionalista no sería tan grave si no fuera porque ha logrado la increíble complicidad del PSOE, cuyo vicesecretario general, José Blanco, dijo que el Manifiesto se debe «a los separadores de siempre». Y la de algunos miembros del PP, como el dirigente gallego Alberto Núñez Feijóo, que reivindicó la «doble nacionalidad» de los gallegos. De la debilidad de los partidos nacionales se aprovechan los nacionalistas.
Primer artículo que leo en el que se contesta con argumentos racionales el manifiesto por una lengua común. Vale la pena leerlo entero.
Identidad y realidad
Victoria Camps, Anna Estay (El País)
Se lamentaba hace unos días Fernando Savater, en una entrevista, de la falta de argumentos y, por el contrario, la profusión de insultos que ha recibido el Manifiesto por la lengua común. No le falta razón. Las políticas nacionalistas gustan de anclarse en posturas defensivas que, lejos de aportar razones y disponerse al diálogo, no ven en la crítica sino agravios y ofensas de un supuesto enemigo. Aunque quizá haya que decir también que un manifiesto no es el mejor género para provocar un debate serio y nutrido de argumentos. Sea como sea, ahí van, querido Fernando, algunas razones que ponen en cuestión tanto ciertas afirmaciones de trazo excesivamente grueso vertidas en el Manifiesto como algunos de los errores en los que incurren las políticas lingüísticas denunciadas en él. Vaya por delante que es de Cataluña de lo que hablamos, y no en general de las comunidades autónomas bilingües. Por dos razones fáciles de entender: lo que conocemos de cerca es la realidad catalana y, en este caso, las generalizaciones son injustas dadas las singularidades que caracterizan a los distintos territorios.
No hay nada que objetar, de entrada, a la afirmación inicial de que la lengua común del Estado es el castellano, el cual convive en una relación ciertamente “asimétrica” con las otras lenguas españolas oficiales. Dicha asimetría no es en modo alguno “injusta”: es una realidad sin más, de acuerdo. Ahora bien, la Constitución proclama la cooficialidad de las distintas lenguas y la necesidad de que sean objeto de un “especial respeto y protección”. Decidir hasta dónde deben llegar tal protección y respeto es la cuestión no resuelta ni en el interior de los respectivos territorios ni desde el Estado. No hemos acertado aún a combinar bien los dos requisitos enunciados por el filósofo William Kymlicka para satisfacer ciertos anhelos identitarios sin menoscabar al mismo tiempo las libertades individuales. A saber, a la “protección externa” que precisa una lengua minoritaria hay que añadir ciertas “restricciones internas” en el propio territorio, con el fin de impedir que se ejerza una dominación desmesurada e inaceptable sobre los ciudadanos. En nuestro caso, ni la protección del Estado satisface, ni los territorios bilingües se prestan a restringir sus ansias legislativas siendo más cuidadosos con la pluralidad que tienen dentro.
El ámbito más afectado por las políticas lingüísticas es, sin duda, el de la educación, ya que es el más idóneo para difundir y consolidar una determinada lengua. No en vano fueron los Estados nacionales los que inventaron la escuela pública con un propósito claramente unificador. Pero cuando las lenguas oficiales son dos, hay que empezar a hacer encaje de bolillos. Plantear el problema lingüístico educativo en términos de derechos no es pertinente -como escribía, en este mismo periódico, con razón, Ignacio Sánchez-Cuenca-. Pues si es indiscutible que los derechos son de las personas y no de las lenguas o de los territorios, el derecho a la educación es quizá el único que a su vez impone ciertas obligaciones a sus sujetos. Impone la obligación de aceptar unos programas comunes y homogéneos. Los Estados deciden qué hay que aprender y cuál es la lengua en que hay que hacerlo. Sería absurdo en un país cada vez más poblado de inmigrantes reclamar el derecho de cada individuo a ser educado en su propia lengua porque es la materna. Las políticas educativas no se limitan a “estimular” ciertos aprendizajes. De un modo u otro, los “imponen”. Así se ha hecho, por ejemplo, y se ha hecho bien, con la discutida “educación para la ciudadanía”.
Siguiendo con la educación, Cataluña optó por un modelo único, la misma escuela para todos, con dos objetivos muy razonables: a) subsanar la marginación sufrida por el catalán durante el franquismo; b) evitar a toda costa una fractura social que hubiera sido nociva para todos. El modelo es correcto, lo que no significa que no sea mejorable y que no necesite ciertos ajustes respecto a la presencia del castellano.
Una doble línea escolar, en catalán y en castellano, no sólo sería económicamente insostenible, sino un fracaso material. La lengua catalana es, hoy por hoy, la lengua de la clase dominante, la que da prestigio social (como lo fue el castellano durante el franquismo), cuando menos a ciertos niveles. Los primeros que optarían en Cataluña por la escuela catalana serían los padres castellanohablantes, por lo que representa de ascenso social para sus hijos. Son los hijos de los inmigrantes de la posguerra los que más han celebrado la existencia de una escuela catalana para todos. En cambio, los padres que viven en un entorno exclusivamente catalán quizá bendecirían esa tercera hora de castellano tan denostada por algunos políticos y medios de comunicación cercanos al nacionalismo. Y a ninguno parecería mal un mejor equilibrio de las dos lenguas. Por ello, sería conveniente flexibilizar el modelo, contrastarlo con una realidad que está lejos de ajustarse al ideal previsto, y no dejar de adaptarlo a las nuevas situaciones. Pero flexibilizar el modelo no es lo mismo que atender a los supuestos derechos de cada individuo que esté en desacuerdo con el modelo educativo. Ninguna sociedad con educación pública podría funcionar así.
El gran problema de los nacionalismos sin Estado es que su objetivo último es llegar a tenerlo. Y mientras ello no ocurre, la tendencia de los políticos nacionalistas, sea cual sea el partido al que pertenezcan, es actuar “como si” tuvieran un Estado propio, lo que da lugar a políticas, en el peor de los casos, no del todo legítimas y por lo general inútiles porque están destinadas al fracaso. Son políticas que vislumbran el ideal de una nación monolingüe, que nunca se ha correspondido con la Cataluña real ni llegará a hacerlo. Una dualidad que produce disonancias e inquietudes tanto en los partidarios de esa idea platónica nunca realizada como en los que quisieran dejarse de historias y ver reconocida tal cual es la realidad en que viven. Con la excusa, teóricamente justa, de que el catalán necesita una protección constante y sostenida, se realiza una discriminación positiva que no todo el mundo acepta ni siempre es democráticamente intachable. Así, en el día a día, nadie tiene problemas para comunicarse en la lengua que prefiere, pero la documentación que procede de la Administración pública es siempre monolingüe. A diferencia de lo que ocurre con la empresa privada, que pregunta previamente al ciudadano en qué lengua quiere ser atendido, la Administración no pregunta y lo hace sistemáticamente en catalán.
No hay problemas de convivencia en Cataluña, se ha repetido hasta la saciedad. Los hay para quienes se empeñan en vivir sólo en una de las dos lenguas, los que se niegan a aceptar que nuestro hecho diferencial es el bilingüismo. Cataluña no es Francia ni Alemania. No vale para Cataluña el argumento de que quien quiere vivir en Francia debe aprender francés y dejar su lengua de origen para la esfera privada. Aquí, mientras tengamos dos lenguas oficiales, ambas deben convivir no sólo en el ámbito privado, donde lo han hecho siempre, sino también en la esfera pública. Y hay una cierta resistencia a que así sea, un espejismo que impide ver la realidad tal como es. Pero el espejismo es exclusivamente político, no cultural. Ahí aciertan los autores del Manifiesto, pero no en dramatizar la preocupación. El problema no es más que un pseudoproblema. Que no se arregla con cambios en la Constitución -¡Dios nos libre de intentarlo!-, sino con sentido común.
La diversidad de lenguas es una maldición, según el mito babélico, pero todos pensamos que tener muchas lenguas es una riqueza que hay que preservar. Una idea, por lo demás, avalada por la investigación en neurobiología, que no duda en afirmar que crecer con dos lenguas tiene beneficios cognitivos importantes, además de preparar a la persona para el aprendizaje de otras lenguas. Pero el bilingüismo no será una riqueza si no somos capaces de abordar nuestras discrepancias con tranquilidad y ganas de resolverlas, si nos negamos a encajar las críticas y, sobre todo, si nos empeñamos en vivir de espaldas a una realidad que es mucho más compleja que la prevista por las leyes.