Viernes, 25 de Abril de 2008

Doce años después

Carlos Umpiérrez

Últimamente hemos asistido a varias renuncias de cargos públicos “por razones personales”. Y si en la mayoría de casos quien más quien menos no pudo evitar vislumbrar tras esas “razones personales” motivos mucho más inconfesables, la renuncia del Fiscal coordinador de Lanzarote, Miguel Pallarés, se lleva la palma.

Releyendo el artículo publicado por Javier Díaz Reixa en este mismo blog, es imposible no sumar dos más dos y deducir que si Miguel Pallarés acaba dejando la fiscalía lanzaroteña no es, ni de lejos, por su afán viajero o por aquello de cambiar de aires.

Sean las razones que sean, se me antoja difícil calificar como buenos los últimos doce años de la fiscalía en Lanzarote. Numerosas fueron las oportunidades que hubo para dar un golpe sobre la mesa, actuando de oficio en casos tan flagrantes como los de esos hoteles que hoy por hoy tienen sentencias firmes de derribo. Pero ninguna de esas oportunidades se aprovechó.

Se ha hablado largo y tendido sobre las faltas cometidas por los políticos. Mal asesorados por sus técnicos o directamente buscando beneficios personales, varios han sido los alcaldes que nos han dejado a todos los ciudadanos ante la tesitura de pagar millones de euros en indemnizaciones. Pero, como bien se preguntaba Javier Díaz, ¿qué hacía la fiscalía mientras tanto? ¿Por qué no actuó jamás de oficio? ¿Por qué, incluso, rechazó personarse cuando se lo pidió insistentemente alguna de las partes?

Se puede alegar exceso de trabajo, falta de personal o incluso desconocimiento (?) de los hechos, pero nada justifica que, como denunciara Javier Díaz, la fiscalía se persone en algunas causas y en otras no. Sobre todo cuando existen por medio vínculos familiares e incluso involucraciones en primera persona.

Lanzarote es una isla muy pequeña. Resulta complicado que el fiscal designado para acometer una labor tan fundamental no acabe tropezándose con un episodio o dos que le impliquen a él personalmente o a través de un familiar. Pero es que con Miguel Pallarés no hablamos de un par de casos anecdóticos o puntuales, porque su vinculación era, y es, nada más y nada menos que con Felipe Fernández Camero, ex secretario y abogado recurrente tanto de los mencionados hoteles como de otras tantísimas causas relacionadas con delitos medioambientales.

Sólo nos queda felicitarnos por ese “cambio de aires” de Miguel Pallarés y esperar que el fiscal que lo sustituya no acabe, como los monarcas antiguos, casándose con alguna otra hija, sobrina o prima de Felipe Fernández Camero, Juan Francisco Rosa o cualquiera de los otros grandes poderes fácticos insulares. Y si lo hace, pues no en vano todo el mundo es libre de emparejarse con quien le plazca, por lo menos que no cometa la insensatez de mirar para otro lado ante determinadas tropelías. Que un fiscal también es un hombre, pero jamás puede dejar de ser fiscal.