La Opinión de Lanzarote

Miguel Gallardo

Resulta difícil que no entren dudas de si en Lanzarote estamos en el primer mundo o en el tercero al leer informaciones como la que relataba la crónica que ayer publicaba el diario La Provincia: “Casi dos años y medio después de que la tormenta tropical Delta pasara por Canarias, aún hay unos 850 agricultores lanzaroteños que esperan por el suministro de picón para adecentar sus fincas y ponerlas de nuevo en producción”. ¿Es posible semejante incapacidad en la gestión de lo público en una sociedad rica?

Desgraciadamente, a pocos extraña ya una noticia como ésta, porque nos hemos acostumbrado a que las instituciones públicas de la Isla se distingan por su escasa eficacia para afrontar los problemas que deberían resolver. Incluso para uno tan sencillo como proporcionar a los agricultores “el suministro de picón para adecentar sus fincas y ponerlas de nuevo en producción”. ¿Qué esperar cuando el trabajo resulta más complicado?

Nos hemos acostumbrado también a responsabilizar de la inutilidad de las instituciones a quienes las gobiernan, a los políticos, y las razones para hacerlo así son numerosas y de calado. Sin embargo, cuesta no pensar que alguna responsabilidad deben tener los funcionarios de las instituciones insulares en su desastroso funcionamiento: ¿no convendría ir pensando en indagar sobre los responsables administrativos de desatinos como que no basten dos años y medio para proporcionar rofe a los agricultores? Claro que la pregunta debería ser otra, y más de fondo: ¿cómo se ha venido contratando a los trabajadores de estas instituciones?

Era lo primero que a uno se le ocurría al leer el titular de la noticia que ayer publicaba Crónicas de Lanzarote: “Los representantes sindicales de Teguise denuncian irregularidades del grupo de gobierno en relación a la contratación y la relación de puestos de trabajo”. Es lo de siempre, la constatación de que la mayoría de los trabajadores de las instituciones públicas de Lanzarote no han sido contratados por su capacidad para desarrollar el trabajo que realizan. De hecho, muchos de ellos no fueron contratados por su capacidad para desarrollar ningún trabajo.

Por lo tanto, poco nos debería sorprender la incapacidad de nuestras instituciones para resolver nuestros problemas, porque sabemos que esas instituciones están gobernadas por políticos tan incapaces como los trabajadores que enchufaron en ellas, que no han sido pocos.