La Opinión de Lanzarote

Rafael Cano

Aunque no lo apruebe, no me cuesta entender que quienes se saltaron la Ley a la torera, y fabricaron donde no estaba permitido fabricar, protesten indignadamente ante el atrevimiento de quien pretende que la Ley no debe ser sólo un adorno, sino que a lo mejor podríamos aplicarla y limpiar la costa de construcciones ilegales. Ahora bien, que el Gobierno de Canarias y Coalición Canaria hagan lo mismo que los infractores de la legalidad ya me resulta un poco más complicado de entender.

Pues insisten en que la Ley no está para cumplirse: “CC y PIL acusan al PSOE de utilizar Costas para “acosar a la gente humilde” (titular de ayer en La Provincia). No sé si el candidato al Senado de esta inesperada coalición electoral, Jesús Machín, acostumbra a leer la prensa, porque si lo hace, o bien se le ha pasado el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre este asunto o bien le cuesta entender qué significa Justicia en un Estado de derecho.

Muy al contrario de lo que le ocurre a su compañera de partido, Victoria Casas, que en la misma página del periódico nos dejaba, a mi entender, la muestra de dignidad política más relevante de lo que va de campaña electoral, y muy probablemente de lo que queda: “Una candidata al Senado de CC en Gran Canaria pide la dimisión de Miguel Zerolo”. Y lo explica: “debería dimitir dada su imputación en el caso Las Teresitas”.Prefiero no imaginar lo que Jesús Machín y sus compañeros de partido andarán diciendo de esta mujer decente.