Y a todas estas, ¿qué hacen los fiscales?
Javier Díaz Reixa
En los Juzgados de Arrecife se vienen ventilando varios asuntos en los que están implicados cargos públicos, funcionarios y técnicos de varios Ayuntamientos de la isla por la supuesta comisión de delitos en el ejercicio de funciones públicas. Se trata de asuntos de enorme relevancia pública que han causado una notable alarma social, tanto por la importancia de las personas implicadas, como por el contenido de las imputaciones, relacionadas con la violación consciente, deliberada y reiterada de los límites jurídicos y éticos de la acción pública.
En esta tesitura, hay quienes sostienen que estamos ante muestras muy representativas de la colusión entre la política y los negocios, mientras que otros sostienen que se trata de manifestaciones de la judicialización de la política. Pues bien, una de dos: o hay quienes han delinquido en el ejercicio de funciones públicas, o hay quienes están realizando denuncias falsas, injuriando y calumniando a representantes de la soberanía popular; y sobre unos u otros, indistintamente, debiera caer todo el peso de la ley. Y en uno como en otro caso, la Fiscalía debiera cumplir con las obligaciones que le impone su norma estatutaria, que consisten en promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.
Por lo que concierne a los asuntos que se vienen investigando en los Juzgados de Arrecife, hay quienes dudan de que la Fiscalía esté actuando de acuerdo con ese mandato estatutario, y siguiendo las directrices de sus órganos jerárquicos superiores en relación con la lucha contra la corrupción urbanística. Veamos si los hechos autorizan a plantearse tales dudas:
1º) En el Juzgado de Instrucción nº Dos de Arrecife se siguen las Diligencias Previas nº 1734/2006, en las que se investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística relacionados con el otorgamiento de diecisiete licencias de edificación en el municipio de Yaiza y otras cinco en el municipio de Teguise, siendo denunciados don José Francisco Reyes Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, don Juan Pedro Hernández Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Teguise en el momento en que ocurrieron los hechos denunciados, y don Vicente Bartolomé Fuentes, secretario del Ayuntamiento de Yaiza.
Hasta la fecha, entre otras actividades de investigación, se ha tomado declaración a los tres denunciados, habiendo comparecido la Fiscalía en dichas diligencias, siendo su intervención correcta y ajustada a las exigencias del caso.
2º) Ante el Juzgado de Instrucción nº Tres de Arrecife se siguen las Diligencias Previas nº 975/00, en las que se investigan presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, siendo denunciados doña Mª Isabel Déniz, y don Felipe Fernández Camero, alcaldesa y secretario General del Ayuntamiento de Arrecife, respectivamente, en el momento en que ocurrieron los hechos.
Hasta la fecha, además de otras actividades de investigación, se ha tomado declaración a los denunciados, sin que la Fiscalía haya intervenido en ninguna de las diligencias practicadas, a pesar de haberlo solicitado expresamente los propios imputados.
3º) En el Juzgado de Instrucción nº Ocho de Arrecife se siguen las Diligencias Previas nº 802/2007, en las que se investiga un presunto delito de prevaricación urbanística en relación con el otorgamiento de una licencia para la construcción del denominado Complejo Residencial Costa Roja (1.008 viviendas, 220 locales comerciales y garajes), figurando como denunciados don José Francisco Reyes Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, don Vicente Bartolomé Fuentes, secretario del Ayuntamiento de Yaiza, y don Antonio Lorenzo Tejera, jefe de la Oficina Técnica del mismo Ayuntamiento.
Hasta la fecha, además de otras actividades de investigación, se ha tomado declaración a los tres denunciados y a algunos testigos de gran importancia para la averiguación de los hechos y de sus presuntos responsables, sin que la Fiscalía haya intervenido en ninguna de las diligencias practicadas.
A la vista de estos hechos, a la gente normal y corriente le cuesta entender tan escandalosa diferencia de criterio. ¿Por qué interviene la Fiscalía en un caso y se abstiene en los otros dos? ¿Por qué en un caso el Fiscal apreció la oportunidad de intervenir, y encontró tiempo en su apretada agenda para acudir a las diligencias, y en los otros dos no? Y, claro está, a la gente le da por hacerse preguntas, porque en algún caso se dan extrañas coincidencias, y en otros están trascendiendo en el curso de las investigaciones asuntos de extrema gravedad, que muestran claramente el grado de metástasis generalizada a que ha llegado la corrupción en la isla de Lanzarote.
Así, en el caso de Arrecife, uno de los propietarios afectados por la actuación delictiva denunciada ha realizado tenebrosas insinuaciones relacionadas con el hecho de que una de las viviendas denunciadas es propiedad del fiscal don Miguel Pallarés, que figura en documentación oficial como “Fiscal Coordinador de la Adscripción Permanente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”. En este caso, el señor Pallarés parece que ha encontrado hueco en su apretada agenda para interponer una querella contra el propietario que ha realizado tales insinuaciones, pero el señor fiscal no parece haber encontrado tiempo para asistir a las diligencias de averiguación practicadas. Claro que en este caso, el señor Pallarés no podría intervenir, ni impartir instrucciones o formular sugerencias al fiscal adscrito al caso o al juzgado, puesto que parece tener interés directo en el asunto. Pero que las cosas sean o no como parecen, no elimina las dudas, ni suprime las preguntas que tiene derecho a hacerse la gente normal y corriente…
En los restantes supuestos, de las actividades de investigación se deduce que estamos ante casos de extrema gravedad, que no suponen la existencia de actuaciones delictivas aisladas, sino que apuntan a la existencia de una trama organizada para el otorgamiento de licencias urbanísticas ilegales: alguien, un cerebro jurídico, con nombre y apellidos, decidió hace muchos años echar un pulso al Estado de Derecho, y se concertó con responsables políticos y técnicos, y con algunos empresarios, para otorgar licencias de edificación ilegales. Y esto es algo que nadie hace por deporte… Sea como fuere, la Fiscalía debiera estar interesada en aclarar la verdad de todo este entramado, y actuar con algo más de diligencia de la mostrada con el caso Forelan, en el que la sentencia parece sugerir que alguien en la Fiscalía no hizo su trabajo como es debido.
Además de ser jurista, mi padre fue juez, y tengo una hermana que es fiscal, de modo que tiendo a respetar escrupulosamente la actuación de jueces y fiscales, a suponer que actúan movidos exclusivamente por el imperio de la ley y por la imparcialidad, y a dar por supuesto que actúan con todo rigor y profesionalidad. Pero, como decía Ortega, los hechos, son los hechos; y en este caso los indicios son pavorosos, y las dudas inquietantes. Pese a todos mis esfuerzos, y por mucha buena voluntad que le eche, no entiendo lo que está pasando. Por eso pregunto: a todas estas, con la que está cayendo, ¿qué hacen los fiscales?
Un nuevo elemento de contraste:
El fiscal denuncia a Arrecife por no tirar la machacadora
El fiscal de Medio Ambiente ha denunciado en el juzgado al anterior gobierno de Arrecife y a la empresa Hormiconsa por instalar una machacadora en Maneje, en suelo rústico. El Consistorio sólo multó a la empresa, pero no abrió expediente de derribó pese a los informes que lo aconsejaban.
El fiscal de Medio Ambiente cursó el pasado verano el correspondiente escrito de denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de la capital para abrir diligencias contra la empresa constructora Hormiconsa y contra la anterior Corporación, que presidía María Isabel Déniz (CC), por autorizar la instalación de una machacadora de piedra en el barrio de Maneje, en suelo rústico de protección natural.
El fiscal, Guillermo García Panasco, denuncia la actitud municipal, que sólo actuó contra la empresa cursando una sanción económica, pero eludió abrir el correspondiente expediente para instar la demolición de la instalación, ordenando la reposición de la realidad física alterada.
El representante del Ministerio Público solicita ahora al juzgado que abra las correspondientes diligencias al entender que el Ayuntamiento hizo dejación de sus responsabilidades y no ordenó el derribo de la maquinaria instalada, pese a constatarse la existencia de los informes de un funcionario municipal que aconsejaban la apertura de expediente de derribo y no sólo multa.
En Canarias 7, 12.1.2008
El fiscal de Medio Ambiente ha denunciado en el juzgado al anterior gobierno de Arrecife y a la empresa Hormiconsa por instalar una machacadora en Maneje, en suelo rústico de protección el jable. Dado que el Consistorio sólo multó a la empresa, pero no abrió expediente de derribo pese a los informes que lo aconsejaban.
La vivienda propiedad del fiscal Miguel Pallarés, que figura en documentación oficial como “Fiscal Coordinador de la Adscripción Permanente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, está construida sobre este mismo suelo rústico de protección el jable, en el municipio de Arrecife. Y por ello, la vivienda propiedad del fiscal Miguel Pallarés está denunciada por la Guardia Civil equipo de SEPRONA en el proceso penal D.P. 975/00 de Juzgado de instrucción Nº 3 de Arrecife y también está denunciada por la Comunidad Autónoma Canaria, a través del expediente abierto por infracción urbanística grave nº 523/00 en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
Después de ocho años de proceso penal y de expediente administrativo por infracción urbanística grave, la vivienda propiedad del fiscal Miguel Pallarés, ni ha sido multada, ni ha sido obligadamente demolida, al estar construida parcialmente sobre suelo rústico de protección el jable.
Sería conveniente que se verificase en los juzgados, si ha podido existir un enriquecimiento injusto, con ilícito ánimo de lucro y obtención de pingües beneficios, en la compra de la vivienda ilegalizable propiedad del Fiscal Miguel Pallarés Rodríguez (finca registral nº 26.739 del Registro de la Propiedad de Arrecife), construida sobre suelo rústico protegido (jable) al Norte de la urbanización El Cable.
Dado que existen hechos relacionados con la Vivienda Unifamiliar Aislada propiedad de este Fiscal, situada en la calle El Chabusquillo al Norte de la urbanización El Cable, como:
1º) En la certificación del Registro de la Propiedad de Arrecife de la finca
nº 26.739, consta que el Fiscal Miguel Pallarés Rodríguez ha comprado una VIVIENDA UNIFAMILIAR por 20 millones de Ptas. a la mercantil Brisa Inversiones S.L. del promotor inmobiliario privado y funcionario de la Oficina Técnica del ayuntamiento de Arrecife, Francisco Carmona.
El promotor declara que solo el valor de la obra asciende a 16 millones, ciento sesenta mil pesetas (16.160.000 Ptas.)
El valor de mercado del metro cuadrado (m2) en la urbanización La Bufona, es de aproximadamente 100.000 Ptas. Implica que el valor de mercado de la parcela de 384 m², en el que está situada la vivienda propiedad del Sr. Miguel Pallarés, es de 100.000 Ptas. X 384 m² = 38.400.000 Ptas.
Significa que la vivienda propiedad del Fiscal Miguel Pallarés, que ha comprado en 20 millones Ptas. Tiene un valor de obra de 16.160.000 Ptas. + 38.400.000 Ptas. de suelo = 54.560.000 Ptas.
De manera que el Fiscal Miguel Pallarés Rodríguez, ha comprado una vivienda en 20 millones Ptas., cuando su valor real de mercado es de 54.560.000 pesetas.
El Sr. Fiscal Miguel Pallarés registró su casa en febrero del año 2000 por un valor de compra de 20.000.000 de Ptas. Y la hipotecó en junio del año 2000, siéndole tasada cuatro meses después de registrarla en 37.829.900 pesetas. O sea, que prácticamente en cuatro meses se duplicó su valor.
En el año 2006, se estaba vendiendo por 480.810 € (80 millones de pesetas) una vivienda en la calle El Chabusquillo, al lado de la vivienda del Fiscal Miguel Pallarés y que también fué comprada al promotor inmobiliario privado Francisco Carmona.
¿Desde cuándo los promotores venden sus viviendas muy por debajo del precio de mercado, al mismo precio de coste reconocido 16.160.000 + 3.840.000 = 20 millones de Ptas?
2º) El Registro de la Propiedad señala en nota marginal en la finca nº 26.739 propiedad del Fiscal Miguel Pallarés, que en esta finca no se ha hecho constar la referencia catastral. Siendo la responsable del Departamento de Rentas del ayuntamiento de Arrecife Dª Cristina Fernández Fernández, hermana de la esposa del Fiscal Miguel Pallarés.
Se produce la circunstancia que el Sr. Fiscal Miguel Pallarés, está defraudando el IBI de su casa al ayuntamiento de Arrecife, al mantenerse omitida de la Base de Datos del catastro. Y la responsable del Departamento de Rentas del ayuntamiento es su cuñada.
También Dª Cristina Fernández Fernández aporta al Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Arrecife, un plano de la finca catastral 9543001 correspondiente al Padrón de 1998 y en este plano queda claro que la finca referenciada, linda por el Oeste con la calle El Drago, no rebasando la susodicha calle El Drago, ni tampoco la calle El Chabusquillo. Dándose la curiosa circunstancia, que la vivienda propiedad del Fiscal Miguel Pallarés, a pesar de estar situada al Norte de la C/ El Drago y al Norte de la C/ El Chabusquillo, ha sido segregada de la finca registral nº 22481 (que tiene por lindero Oeste actualizado la C/ El Drago).
3º) Se ha podido escriturar y registrar la vivienda propiedad del Fiscal Miguel Pallarés, gracias a la alteración fraudulenta de los linderos de la finca registral nº 22 481, propiedad de la mercantil Brisa Inversiones S.L. de Francisco Carmona.
Al escriturar y registrar la agrupación en la finca registral nº 22481, ésta tiene por lindero Oeste exclusivamente la calle El Drago, actualizado en el año 1996 por Brisa Inversiones S.L.
El lindero Oeste a fecha de hoy de la finca registral nº 22481, tras las segregaciones firmadas por el que fuera Secretario del ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero, ha crecido hacia el Norte. Siendo ahora el nuevo lindero Oeste: La C/ El Drago + la C/ El Chabusquillo + Eduardo Murillo.
De manera que gracias a la alteración fraudulenta del lindero Oeste de la finca registral nº 22481, que ha sido posible mediante las segregaciones firmadas por el Sr. Felipe Fernández Camero, es por lo que se ha podido escriturar y registrar la vivienda del Fiscal Miguel Pallarés.
Felipe Fernández Camero es el tío de Dª Delia Fernández Fernández, esposa del Fiscal Miguel Pallarés Rodríguez.
4º) La vivienda del Fiscal Miguel Pallarés se ha podido edificar, gracias a las licencias de obra ilegales para construir Viviendas Unifamiliares Aisladas, firmadas por el Sr. Felipe Fernández Camero.
En el Plan Parcial La Bufona, a partir de la Modificación Puntual del año 1998 del arquitecto Federico Echevarría Sáinz, sólo se pueden construir pequeños APARTAMENTOS ADOSADOS de aproximadamente 92 m², en parcelas de 384 m². No la gran mansión de aproximadamente 200 m² construidos, con piscina ilegal, muros de cerramiento ilegales, en parcela de aproximadamente 600 m², de que disfruta en la actualidad el Sr. Fiscal Miguel Pallarés.
El Sr. Felipe Fernández Camero ha sido imputado por la Fiscalía de Arrecife, por firmar licencias de obra ilegales para construir VIVIENDAS AISLADAS en La BUFONA, cuando el planeamiento vigente sólo permite ejecutar APARTAMENTOS ADOSADOS.
Fdo. Gonzalo Murillo Martín. DNI: 42.857.881-A.
En Las Palmas de Gran Canaria a 13 de enero de 2008.
Aunque a veces no comparta su forma de expresarse, siempre he admirado la tenacidad de Gonzalo Murillo, como he elogiado públicamente en varias ocasiones la de Pepe Díaz, representante de la Asociación de Vecinos La Plazuela, que, persiguiendo la pieza como un buen cazador, logró lo que muchos soñaron durante años. Creo que estas expresiones de coraje cívico son muy importantes en la lucha contra los abusos de quienes se sirven de la Administración Pública para garantizar el éxito de sus chanchullos.
Pero tengo también por norma exigir la veracidad de las denuncias que se hacen, y afear la conducta de quienes hacen gravísimas afirmaciones sobre la honorabilidad de las personas, sin aportar pruebas o indicios documentados de lo que afirman.
Desde luego, Gonzalo Murillo tiene todo el derecho del mundo para quejarse del funcionamiento de las instituciones, y en particular del Ayuntamiento de Arrecife, de los Juzgados y de la Fiscalía, porque le han usurpado terrenos de su propiedad, le queda un largo camino por recorrer para recuperarlos, y le han choteado hasta la saciedad, pisoteando sus derechos y su dignidad.
Pero en sus comentarios anteriores, especialmente en el segundo de ellos, Gonzalo Murillo realiza insinuaciones o afirmaciones gravísimas sobre el señor Pallarés, que debieran estar perfectamente documentadas, porque el derecho a la libre difusión de información está condicionado por el llamado “canon de veracidad”; es decir, que cualquiera tiene derecho a difundir libremente información de interés público (y la que aporta Gonzalo Murillo indudablemente lo es) siempre que emplee la debida diligencia y rigor en acreditar la verdad de lo que dice.
Parto de la base de que cualquier ciudadano puede incurrir en los comportamientos denunciados por Gonzalo Murillo, sin más consecuencias que las previstas en las leyes: si uno vive en una casa afectada por un expediente de denuncia urbanística y la infracción es ilegalizable, deberá soportar que parte de su vivienda sea demolida, y así sucesivamente …
Pero si uno, además de propietario de una vivienda ilegal, es Fiscal, el deber de probidad de todo funcionario público, e incluso cuestiones de estética, le obligan a explicar concienzudamente determinadas cuestiones que son denunciadas públicamente. No basta con esperar al resultado de la querella interpuesta contra Gonzalo Murillo.
Por todo ello, me atrevo a exigirle a Gonzalo Murillo que aclare si tiene pruebas documentales sobre lo que denuncia. A título meramente ilustrativo, señalo algunas de las cuestiones llamativas:
1) Dice Gonzalo Murillo que el señor Pallarés adquirió en el año 2000 una parcela con una vivienda en la Urbanización La Bufona en 20 millones de pesetas, correspondiendo 16.160.000 pesetas al coste de ejecución de la vivienda. Por tanto, se adquirió una parcela de 384 metros cuadrados en 3.840.000 pesetas (es decir, 10.000 ptas/m2), una cifra escandalosamente lejana de los precios habituales de mercado.
2) Según Gonzalo Murillo, la parcela y la vivienda adquiridas en 20 millones de pesetas fueron tasadas por el banco que le concedió el crédito hipotecario en 37.829.900 ptas, solo cuatro meses después de la adquisición. Si esto es así, una de dos, o en la adquisición se disfrazó el valor real de la transacción, o el señor Pallarés recibió un precio de favor en la adquisición de una parcela que es el resultado directo de una actuación presuntamente delictiva.
Pero aunque esto solo resolvería una parte insignificante de las dudas, el señor Pallarés tiene muy fácil desmentir estas afirmaciones, acreditando documentalmente cuanto se pagó en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados por dicha transmisión. En otro caso, Hacienda podría pasarle una liquidación complementaria por la diferencia entre el valor declarado y el valor derivado de la tasación.
3) Dice Gonzalo Murillo que la parcela sobre la que se alza la vivienda propiedad del señor Pallarés tiene en realidad unos 600 m2, por lo que se han usurpado 216 m2 de terrenos propiedad de Gonzalo Murillo, y clasificados como Suelo Rústico de Protección de Jable. Este desajuste puede ser comprobado con una cinta métrica, como ya hizo el SEPRONA, por lo que también en este caso el señor Pallarés tiene fácil el desmentido.
Y afirma Gonzalo Murillo que dicha presunta usurpación se realiza utilizando como mecanismo la alteración de los linderos registrales de la finca; y esta es una afirmación extraordinariamente grave, porque implica un engaño masivo del promotor a todos los que intervienen en la operación (funcionarios municipales, notario y registrador), o la participación de algunos de ellos en la trama, puesto que solo mediante su cooperación resulta posible alterar los linderos que figuran en los títulos de propiedad o en el Registro de la Propiedad. Observo que Gonzalo Murillo sustenta sus afirmaciones en documentos notariales y certificaciones registrales, de modo que sus afirmaciones parecen perfectamente contrastadas y de muy difícil contestación.
4) Afirma Gonzalo Murillo que “se produce la circunstancia de que el Sr. Fiscal Miguel Pallarés está defraudando el IBI de su casa al Ayuntamiento de Arrecife, al mantenerse omitida de la Base de Datos del Catastro”.
Compruebo en la Oficina Virtual del Catastro que la vivienda propiedad del señor Pallarés se ubica en la parcela catastral 9442424, que tiene una superficie de 4.060 m2 y figura como “Suelo sin edificar”. No obstante, esta afirmación de Gonzalo Murillo puede ser fácilmente desmentida por el señor Pallarés, aportando las copias de los recibos aanuales del IBI, aunque evidentemente no se puede exigir a Gonzalo Murillo la probatio diabolica de los tiempos medievales, y lo más probable es que una vivienda que no esté dada de alta en el Catastro no esté pagando el impuesto.
5) Dice Gonzalo Murillo que la vivienda propiedad de don Miguel Pallarés está afectada por un expediente de disciplina urbanística, que data del año 2000, la misma fecha en que se incoaron las Diligencias penales. ¿No parece demasiado tiempo para tramitar un expediente de esta naturaleza? Consulten los lectores interesados el Boletín Oficial de Canarias, y podrán comprobar las multas millonarias y las órdenes de demolición que se han dictado en la propia isla de Lanzarote en expedientes muy posteriores a esa fecha.
Debo, pues, concederle la razón a Gonzalo Murillo en su queja sobre el retraso en la tramitación de dicho expediente y de las Diligencias penales. Y no puedo vaciar de contenido sus sospechas de que dicha tardanza no tenga que ver con la personalidad de los imputados o de algunas de las personas que son propietarios de las viviendas afectadas por la presunta actuación delictiva. Desvanecer esas y otras sospechas resulta muy fácil y asequible para quien se sienta molesto con tales insinuaciones. En otro caso, cabrá deducir que “quien calla, otorga”.
Toda la información y pruebas documentales sobre lo que denuncio, en torno a las ilegalidades relacionadas con la edificación de la vivienda propiedad del fiscal Miguel Pallarés. Constan en el procedimiento penal D.P. 975/00 del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Arrecife, disponiendo de ellas el juez competente en dichas diligencias previas, que se extienden y se extienden ya durante ocho años y donde están imputados por el Ministerio Fiscal, el promotor Francisco Carmona, el constructor Antonio Caro, el arquitecto Federico Echevarría, el exsecretario del ayunt. de Arrecife Felipe Fernández Camero y la exalcaldesa Mª Isabel Déniz.
El promotor Francisco Carmona está imputado por la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJC, por delitos contra la ordenación del territorio y por usurpación de terrenos en La BUFONA, por su muy curiosa forma de desarrollar este Plan Parcial, donde:
- Ha edificado Viviendas Aisladas, donde el planeamiento sólo permite pequeños Apartamentos Adosados.
- Ha edificado sobre suelo rústico protegido, sobre aparcamientos públicos, sobre zonas verdes, sobre viales, etc….
- Ha triplicado la densidad edificatoria permitida en este P.P. La Bufona.
- No ha ejecutado los obligados accesos viarios (Calle Las Palmeras) con carreteras de interés regional, como son la LZ-2 (carretera de Arrecife al aeropuerto) y la LZ-3 (carretera de circunvalación de Arrecife)
NOTA: La Dirección General de Tráfico ha señalado un nuevo punto negro en el Kilómetro 1,6 de la carretera LZ-2, justo a la altura del P.P. La Bufona, por las numerosas víctimas que se están produciendo.
- No ha ejecutado la junta de compensación, por lo que no ha cedido el 10% del aprovechamiento al ayuntamiento de Arrecife. Motivo por el cual el ayuntamiento de Arrecife, reclama 727.000 € al promotor Francisco Carmona en concepto de este 10% del aprovechamiento de dicho P. P. La Bufona.
El llamado don Francisco Carmona Garcés es delineante y trabaja en el Ayuntamiento de Arrecife desde principios de los años ochenta, siendo desde hace muchos años el responsable o encargado del Catastro en el Ayuntamiento de Arrecife. También ha estado vinculado al proceso de elaboración del Plan General de Ordenación del municipio de Arrecife.
El ejercicio de estas funciones no le ha impedido la participación en la constitución de varias sociedades mercantiles,ni el desempeño de cargos de administración y gestión en todas ellas, febrilmente dedicadas a operaciones urbanísticas e inmobiliarias de gran calado en el propio municipio de Arrecife.
Según datos del Registro Mercantil Central, Francisco Carmona Garcés está relacionado con las siguientes sociedades mercantiles:
LA BUFONA S.A., domiciliada en C/El Drago, nº 10, Arrecife de Lanzarote, que dio comienzo a sus operaciones el 7 de abril de 1989, con un capital social de 540.910,89 €. El señor Carmona Garcés fue nombrado Administrador Único de 1 de junio de 1992, cargo en el que fue ratificado el 30 de junio de 1998.
LA BUFONA S.L. (extinguida), domiciliada en C(El Drago, 19, Arrecife de Lanzarote, dio comienzo a sus operaciones el 7 de abril de 1989, con un capital social de 3.010 €. El señor Carmona fue normado Administrador el 10 de noviembre de 1998 y se mantuvo en el ejercicio del cargo hasta el 23 de enero de 2007, fecha en que se acordó la disolución, siendo nombrado Liquidador Carmona Garcés.
BRISA INVERSIONES S.L., domiciliada en Avenida Dr. Rafael González Negrín, Arrecife, constituida el 1 de diciembre de 1994, con un capital social de 6.010,12 €. Francisco Carmona Garcés fue nombrado Administrador el 4 de enero de 1996, y dejó de ser apoderado el 27 de febrero de 2007. También fue Administradora doña Francisca Julia Campos Lourido, esposa del señor Carmona Garcés, cesada el 23 de mayo de 2005. Actualmente es Administrador Único Federico Echevarría Sainz.
AMART S.A., domiciliada en C/El Drago, 19, Arrecife de Lanzarote, cuyo objeto social es el asesoramiento fiscal y técnico y la planificación y administración a personas físicas y jurídicas sobre inversiones patrimoniales, lo que resulta cuando menos curioso puesto que quien fue su Administrador, Francisco Carmona Garcés es delineante, por lo que carece de formación adecuada para prestar dichos servicios. A la vista de las múltiples conexiones y derivaciones de estas empresas, puede resultar muy sugerente y evocadora la lectura de la denominación de la empresa al revés.
ZONZAMA S.A., domiciliada en C/José Antonio Primo de Ribera, 87, Arrecife de Lanzarote, cuyo objeto social es también el asesoramiento fiscal y técnico y la planificación y administración a personas físicas y jurídicas sobre inversiones patrimoniales, siendo durante mucho tiempo su Administrador Francisco Carmona Garcés, aunque actualmente figura como exadministrador.
TEGÜIME S.L., domiciliada en C/Arrecife, 3, San Bartolomé de Lanzarote, empresa a la que se ha relacionado con negocios inmobiliarios poco transparentes en la Urbanización Industrial de Tenorio. Carmona Garcés figura reelegido como Administrador el 19 de julio de 2006.
Resulta obligado preguntarse cómo es posible que todas estas circunstancias hayan podido producirse con una legislación de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que prohíbe terminantemente tales participaciones e intervenciones en sociedades mercantiles, que desarrollan su actividad en el mismo municipio en cuyo Ayuntamiento el señor Carmona Garcés desempeña funciones de control urbanístico e inmobiliario, como las relacionadas con la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana y con el Catastro de Urbana del municipio de Arrecife. Este es uno de los muchos asuntos en que la mayoría de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife debe dar un paso al frente. ¿Qué o quien protegen a Carmona Garcés?.
Recordemos que Felipe Fernández Camero fue objeto de una sanción disciplinaria por el Ministerio de Administraciones Públicas (por cierto, excesivamente benévola, atendidas las circunstancias concurrentes) precisamente por incurrir en los mismos comportamientos que el señor Carmona Garcés.
Y lo traemos a colación porque este señor está en todas las salsas, y porque durante todo el tiempo en que el señor Carmona Garcés simultaneaba su condición de funcionario público con las de socio y administrador de dichas sociedades mercantiles, su “jefe de personal” era el señor Fernández Camero. El mismo cerebro jurídico que ha creado el escenario que tanto le disgusta a la Junta Directiva de ASOLAN; el mismo cerebro jurídico que ideó el “urbanismo del cambalache y de la trapisonda” que se ha instalado en Lanzarote en los últimos años; el mismo que figura como imputado en una de las Diligencias penales que motivaron mi artículo.
Entonces, ¿a qué están esperando, señores?.
Parece ser que hay quienes se preguntan qué extraña motivación me mueve para comentar la actuación de la Fiscalía en procedimientos penales de evidente interés público. No tiene nada de extraño, simplemente exijo que los servicios públicos funcionen como deben: si un fiscal o un juez lo hace bien, lo digo, y si lo hace mal, lo digo también, con el mismo desparpajo.
Hay quienes se preguntan cuales son mis vinculaciones personales, indagan sobre mis relaciones profesionales o dudan sobre mi intencionalidad política. Y estas dudas y preguntas se relacionan con una feroz campaña de desprestigio de determinados profesionales, en la que se insinúan oscuras razones vinculadas a los intereses electorales de una determinada fuerza política. Una campaña, por cierto, que pudiera tener, por razones de proximidad y por la constante repetición del mensaje mendaz, más influencia de la conveniente cerca de determinados órganos decisorios. En este sentido, aconsejaría a algunos jueces que no se fiaran tanto de las apariencias …
Parece mentira que a estas alturas de la película no sepamos de qué va la cosa. En Lanzarote mucha gente me conoce, y sabe que mis únicos vínculos “políticos” han sido con El Guincho y con un grupo de amigos perfectamente identificado, vinculado primero con Cuadernos del Guincho-Cuadernos del Sureste y ahora con La Opinión de Lanzarote. También mucha gente sabe de mis relaciones personales y profesionales con Irma Ferrer, y evidentemente, dos de las querellas a las que se refiere mi texto, están impulsadas por un grupo político, con el que no tengo vinculación de ningún tipo, más allá de las amistades que mantengo con algunos de sus militantes.
Y no hay más, la cosa es más sencilla que eso, señores. Somos personas individuales, sin ningún tipo de dependencia con organizaciones políticas, poderes económicos o instituciones de cualquier naturaleza; simples ciudadanos organizados con un fin común: La situación que se vive en Lanzarote es insostenible e intolerable, y por muy ardua, dolorosa y cruenta que sea, requiere una intervención quirúrgica que frene inmediatamente la metástasis, ampute los órganos putrefactos, sanee el tejido institucional y, sobre todo, cree un cinturón sanitario frente a los comportamientos corruptos.
Tengo desde hace mucho tiempo la sensación de que hace años, cuando Felipe Fernández Camero arremetió contra Cuadernos del Sureste, algunos dejamos una tarea a medias … Entonces realizamos una somera investigación y atisbamos una trama organizada en la que existían numerosas empresas vinculadas a través de nexos comunes, los hilos siempre empezaban o terminaban en los mismos sitios, pero no teníamos pruebas suficientes de actuaciones delictivas; ahora parece que están empezando a aflorar …
Ha llegado, pues, la hora de culminar la tarea que dejamos a medias, y eso no lo podemos hacer los ciudadanos solos, porque hay medios de investigación a los que no podemos acceder (ya nos gustaría, ya), y por eso pregunto qué hacen los fiscales. No entiendo por qué un grupo minúsculo de ciudadanos ha podido descubrir tantas cosas por su cuenta, y los fiscales, que están viendo ante sus narices lo que está pasando, no han podido obtener semejante resultado.
Y, como digo, no hay más. Ciudadanos contra la corrupción del sistema democrático. Ni más, ni menos.
Gracias Javier Díaz Reixa.
Y siga batallando.
A ver si alguien me ayuda, porque yo soy de letras, y me bailan los números y me armo un lío con las cifras.
Dice, y acredita, Gonzalo Murillo que la vivienda en la que residen doña Delia Fernández Fernández, sobrina de Felipe Fernández Camero, y casada con don Miguel Pallarés, tenía en el momento de adquirirla y registrarla 384 m2, pero que realmente tiene 600 m2, por lo que existe una diferencia de 216 m2, es decir, un 56,25% más grande que cuando se adquirió y registró, un porcentaje tan grande que no hace falta medir la finca, como yo sugería, sino que canta inmediatamente.
Tanto canta que al parecer existe una segunda escritura, otorgada por la Notario Carmen Martínez Socias, que no pudo ser objeto de inscripción registral, aunque aparece como nota marginal; previsiblemente, en esa escritura pública (¡mi reino por una copia!) se intentaba regularizar de alguna manera la situación, pero el Registrador de la Propiedad se negó, suponemos que porque la parcela se correspondía con lo autorizado con la licencia de segregación (ilegal).
Bien, admitamos que el señor Pallarés no participó en la ejecución de las obras de la vivienda (sí en las de su ampliación); ¿pero no se dió cuenta del desajuste de superficies? ¿no le llamó la atención la diferencia entre la superficie que dice el título y la real? ¿cree alguien que es posible inscribir registralmente un “exceso de cabida” inexistente?. Y después de las reiteradas denuncias de Gonzalo Murillo, ¿no le preocupa que los ciudadanos piensen que, aunque no realizara las obras, es evidente que tiene su piscina y su espacio de ocio en terrenos ajenos?. Aunque no tenga responsabilidad directa en el asunto, ¿no cae en la cuenta que debiera ser el primer interesado en aclarar las cosas?. ¿Qué razones explican que esas Diligencias penales lleven ocho años abiertas, mientras que el expediente de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural no culmina con la demolicción, se supone que porque los hechos se dilucidan en la jurisdicción penal? .
Añado un pequeño detalle para los curiosos: vayan a Google Earth o a SITCAN (página web del Gobierno de Canarias, Consejería de Medio Ambiente) y comprueben que la vivienda del señor Pallarés, que es la primera por la izquierda de las que dan frente a la calle Chabusquillo, fue ampliada respecto de lo inicialmente autorizado en la licencia (ilegal); observen la diferencia de ocupación con las viviendas colindantes. ¿Esa construcción excedida es originaria o se hizo esa ampliación con un expediente de disciplina urbanística abierto?.
En ese espacio de 216 m2, hay también una piscina, lo que está bien por aquello del reposo del guerrero; el único problema es que se trata de Suelo Rústico de Protección de Jable, es decir, suelo rústico especialmente protegido, con un grado de protección equivalente al de un espacio natural protegido. ¿Por qué?. Porque esas casas se ubican en el pasillo natural por el que circulan las corrientes de arena (jable) que alimentan las playas del litoral este de la isla, esas que los políticos llaman “la gallina de los huevos de oro”.
Junto a la casa del fiscal están la de doña Astrid Pérez, y seguidamente la del notario don Celestino Mendizábal, que autorizó nueve de las escrituras de las parcelas que invaden el suelo de protección de jable y los terrenos de Gonzalo Murillo, y de su padre, don Eduardo Murillo; las tres restantes, que son las del señor Pallarés, doña Astrid Pérez y don Celestino Mendizábal, fueron autorizadas por la Notario doña Carmen Martínez Socias, cuyo perfil también está sometido al pertinente escrutinio público.
Ahora solo falta que alguien tire del hilo … ¿Qué, se animan?
Esta, señores, es una guerra desigual. A un lado, el núcleo duro de los señores del cemento y del grupo de medios de comunicación más poderoso de la isla, que cuenta con abundantes ramificaciones que llegan a lo más alto, y con sólidos apoyos en medios políticos, tanto en los Ayuntamientos de la isla más afectados por el fenómeno de la corrupción, como en el Cabildo Insular de Lanzarote y en el propio Gobierno de Canarias. Y, naturalmente, tienen mucho dinero, mucho poder y cuentan con un ejército de abogados, economistas, asesores fiscales, de esos que montan sociedades mercantiles operativas en cuarenta y ocho horas, ¿les suena de algo?, y de muchos, muchos mercenarios.
Al otro lado, una sociedad civil débil, fragmentada y con escasos núcleos activos. Y como ya decíamos en “El flujo de la corrupción” , una sociedad enferma, que ha acabado por aceptar pacífica, pero también interesadamente, que la corrupción es un fenómeno inherente a la naturaleza humana (todos, alguna vez, intentamos resolver un problema haciendo trampas); como algunos se atreven a decir, es “el aceite que engrasa la maquinaria”, como si esa maquinaria a la que se refieren (los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas) no pudiera funcionar sin ese tipo de aceite. Y según parece, mucha gente prefiere participar en el festín, como ocurre con algunos constructores o algunos técnicos municipales, o evitarse problemas y mirar para otro lado.
Pero dentro de esa sociedad queda gente sana, honesta y sensata, y con la independencia política y económica y el coraje suficientes para dar un puñetazo sobre la mesa y decir “hasta aquí hemos llegado”. No podemos seguir aplazando el saneamiento del espacio público, hay que cortar de raíz este tipo de comportamientos y evitar, efectivamente, que se siga asociando la isla con “líos judiciales”, y que se siga diciendo, como por diversión, que lo de Yaiza es peor que la famosa operación Malaya.
Al final, “el quinto poder” va a tener razón. Un pequeño grupo de ciudadanos se ha conjurado para acabar con esta situación de una vez por todas, caiga quien caiga y salpique a quien salpique. Este grupo se ha puesto el mono de trabajo, retomando una tarea que quedó a medias hace unos años, y cuyos principales hitos fueron el secuestro judicial de Cuadernos del Sureste y el pleito posterior, promovidos por Felipe Fernández Camero (“Camero no tiene quien le escriba“), y su posterior destitución como Secretario del Ayuntamiento de Arrecife.
Cada uno debe hacer el trabajo que le toca, y este grupo de ciudadanos ha hecho la tarea que le concierne, que consiste en ponerlo en conocimiento de los Juzgados y aportar indicios suficientes para la investigación de los hechos. Intuyo que esas aportaciones no se van a quedar ahí, y que los frentes de combate se ampliarán próximamente, cuantitativa y cualitativamente.
Pero esto no basta, el impulso ciudadano es imprescindible para esta labor profiláctica, y en ese sentido Lanzarote es un clamor; pero es necesario que la Fiscalía cumpla con sus funciones, persiguiendo con imparcialidad a los autores de presuntos delitos, sean quienes sean, levantado el velo y desenmascarando a los impostores. No vale esperar, ni mirar para otro lado, tenemos todas las evidencias en nuestras propias narices. Es hora de ponerse el mono, señores.
¡Mira que me están haciendo currar!. Ahora me piden que aclare mis relaciones con Gonzalo Murillo. Muy simple: de ciudadano a ciudadano, no hay más. A los dos o tres días del secUestro judicial de Cuadernos del Sureste, Jorge Marsá me reenvió un correo enviado por G. Murillo, en el que expresaba su apoyo y solidaridad, y así fue como entré en contacto con él. El iba tras otra pieza, aunque en su paquete estaba también Felipe Fernández Camero, que era el objeto inicial de mi interés. Por él conocí las andanzas de Francisco Carmona Garcés y de Brisa Inversiones, y tirando del hilo supe de la chapuzas de La Bufona, de Tenorio, etc.
Desde entonces mantengo una relación fluida de intercambio de información con él, que creo que ha sido muy fructífera para ambos, y que espero que continue en el futuro hasta culminar con éxito nuestros respectivos planes.
Y sobre mi humilde persona, disponen ustedes de múltiples fuentes en Arrecife y en Lanzarote para informarse de mis andanzas; ya concluirán que, en definitiva, nada relevante, un matado, un mindundi (también conocido como “godo asqueroso”, “españolista”, etc.).
Pero no nos confundamos, señores, ni se despisten, no somos Gonzalo Murillo y yo los sometidos a investigación judicial; ya saben, no cometan la tontería de que si alguien les señala la luna, mirar el dedo. Dejen de elucubrar sobre quienes somos y qué perseguimos, y busquen a los autores y las pruebas del delito.
Déjame, Javier, que te felicite y te agradezca el trabajo que vienes haciendo en torno al tema de la corrupción conejera. Te felicito porque a pesar de los gigantes (en cuanto a poder, pero no en cuanto a verdadera grandeza) contra los que te enfrentas, siempre a cara descubierta y sin red, ahí sigues pletórico de energía, sin que hayan conseguido minarte la moral a pesar de todos sus millones y toda su influencia. Y te agradezco porque si no fuera por ti y por gente como tú esta isla sería todavía mucho más corrupta de lo que hoy en día es.
Aquí siempre tendrás un colaborador en esa quijotesca tarea, por poca que sea la ayuda que pueda prestar alguien tan poco ducho en jerga legal como yo.
Esa misma pregunta, ¿qué hacen los fiscales en Lanzarote? me la he preguntado muchas veces, y mi teoría es que no saben por donde empezar. O no tienen el coraje suficiente para buscar donde saben que a ciencia cierta van a encontrar. Es como quien ha dejado los platos sin lavar durante demasiado tiempo… el trabajo se va acumulando y cada vez huele peor, pero también da más pereza afrontarlo.
No se si recuerdan un cuento llamado “la casa tomada”. Savater escribió también un magistral artículo sobre el mismo. En dicho relato los inquilinos de una vivienda se ven impotentes ante cierta fuerza poderosa e invisible que les va dejando sin habitaciones, obligados a retroceder hasta que finalmente no les queda otra que huir de su propio hogar. Esa fuerza poderosa e invisible cada cual la puede identificar con lo que le parezca, pero a mí siempre me ha parecido que si en su relato Cortázar no le quiso dar forma de nada era precisamente porque no la tenía. Era una fuerza que en realidad emanaba de los propios inquilinos. Ellos mismos, sin saberlo, estaban echándose de su propia casa.
La corrupción de la vida pública se adapta a la naturaleza de esa fuerza como ningún otro concepto. Notarios, políticos, funcionarios, medios de comunicación, empresarios… la fuerza invisible va tomando todas las habitaciones de nuestra casa, obligándonos a retroceder o a resignarnos, a tragar convirtiéndonos también nosotros en cómplices o a largarnos a otro lugar.
Vale, Fernando, yo también busco explicaciones tópicas, como “están muy liados”, “ese día les coincidió con otro juicio”, “ese día tenía dentista”, etc. En fin, puede que antes de toda la que está cayendo, no supieran por donde empezar, pero ahora está ya meridianamente claro por donde empezar y por donde seguir. Y puede que alguien no tenga el coraje suficiente, pero entonces que no se meta a fiscal. Ha pasado demasiado tiempo, Fernando, y Felipe sigue siendo el rey del mambo, y ASOLAN culpa a la pugna entre instituciones de que Lanzarote se asocie con “líos judiciales”, y … Y según muchos, entre ellos Jiménez Villarejo (en la Fundación César Manrique), Miguel Pallarés es en Lanzarote el estandarte de la lucha contra la corrupción. Y nosotros, aquí, esperando … y se me agota la paciencia, tío. ¿O ya no te acuerdas de las vicisitudes de Leti en cierta Notaría de Arrecife?
Como para olvidarme, Javier. Pero no creo que eso tenga demasiado que ver con lo que nos ocupa. El episodio que mencionas, según lo entiendo yo, es una cuestión de calidad humana, más que de corrupción. Y como esto es un foro público tampoco voy a seguir hablando de ello, porque la gente se va a quedar sin saber a qué nos referimos, y yo malditas las ganas de contarlo que tengo.
Eso sí, en lo que a corrupción respecta, los notarios y notarias de esta isla tendrían mucho que decir. Ellos, que deberían ser garantes de rectitud, honestidad y veracidad, son en esta isla sinónimo de avaricia desmedida, rapiña y conchabeo con los poderosos (obviando la excepción que por ahí existirá). De hecho se me antoja que la posición de los notarios en Lanzarote es bastante equiparable a la de los fiscales, ahora que lo pienso. Están según para quién y dependiendo de lo que haya en juego.
Con motivo del artículo ¡Más munición! , publicado en Diario de Lanzarote, publiqué un comentario que me gustaria aportar al debate.
Más clarito… ¡Agua!
El final de tanta prepotencia e impunidad está más cerca de lo que piensan. Algunos, los más listos o los más golfos sueltan lastre, incluso dejan vendidos, sin pudor, a los más desgraciaditos y además les piden el silencio de La Camorra. Pero lo que de verdad les pasa es que tienen miedo.
Miedo, Mario Alberto, lo que les pasa es que tienen miedo, por primera vez tienen miedo, mucho, mucho miedo.
Algunos ven peligrar las enormes fortunas que han acumulado. Otros ven sus huesos deambulando del juzgado a Tahiche, de Tahiche al Salto del Negro.
Miedo, Mario Alberto, lo que tienen es miedo, miedo al descrédito social, miedo a la perdida de poder, miedo a las portadas de los diarios nacionales, miedo a la carcel, miedo de si mismos, de sus amigos, de sus testaferros.
Se vigilan unos a otros: ¿Quién será el primero en empezar a cantar? ¿Quién lo hará para salvar sus posaderas? ¿Quién está cantando ya, en secreto, ante policías y fiscales?
Mucho miedo. Miedo a que las protecciones, convenientemente engrasadas durante años, dejen de ser eficaces. Miedo a que les escuchen, les sigan, les investiguen, les imputen, les juzguen, les condenen y los encarcelen.
Miedo a que se sepa la verdad, miedo a jugar con las mismas reglas que los demás. Miedo, Mario Alberto, mucho, mucho miedo.
Admito el matiz, Fernando, y efectivamente hay una parte que es de lo que llamas “calidad humana”; pero es que lo que tu llamas la calidad humana tiene como base una determinada forma de concebir el mundo, y derivada de ella, una forma de concebir las relaciones personales como relaciones de poder. Sé que solo recordarlo es hurgar en la herida, y por eso omito toda referencia personal. Pero no lo olvides, los acosadores/as no lo son por falta de calidad humana, sino porque ponen sus sentimientos, emociones e intereses por encima de cualquier otra consideración. Y por el camino, pisan a las personas. Y eso, Fernando, es una cuestión de poder.
Según las Ordenanzas del Plan Parcial La Bufona, el fondo de la parcela es la suma del fondo edificable de 15 m. más los 3 m. de retranqueo, por lo que la parcela debiera tener 18 m. de fondo.
Según la licencia de parcelación, la parcela mide 384,16 m2, por lo que siendo el ancho de la parcela de 14 m. el fondo de la parcela debiera ser de 27,44 m. Sin embargo, esta dimensión excede en 9,44 m. el fondo de parcela definido en las Ordenanzas del Plan Parcial. Este parece un primer desajuste que habría que achacar a quienes informaron y otorgaron la licencia de segregación. Esta es la superficie que figura inscrita en el Registro (384,16 m2).
Medida la parcela por los agentes del SEPRONA, se comprueba que el fondo edificable es de 43,25 m., de donde se deduce que la parcela y las construcciones auxiliares invaden el suelo rústico de protección de jable en 25,25 m., si se toma como referencia el fondo definido en las Ordenanzas del Plan Parcial, o en 15,81 m., si se toma como referencia el fondo autorizado en la licencia de segregación.
En la foto se reflejan espacialmente estos datos, resaltando en rojo el ámbito de la parcela según la licencia de segregación, y en verde el Suelo Rústico de protección natural ecológica invadido por las parcelas y construcciones auxiliares, y usurpado a Gonzalo Murillo.
Lo peor es que lo habrán hecho con toda la chulería del mundo… a la manera Dimas de toda la vida. Si yo soy fiscal, tú eres alcaldesa y tú no sé qué más, a ver quien es el guapo que nos dice nada a nosotros por unos cuantos metros de nada.
Y ojo, que los del psoe tampoco están para hablar muy alto. Que hoy mismo me han contado como sufragaron buena parte de una de las últimas campañas con cheques de cierta constructora inferiores a tres mil euros cada uno, para saltarse las leyes que controlan este tema.
Lecciones ejemplares habría que empezar a dar a tanto golfo perdonavidas. Muchos se creen que viven en el oeste y que están por encima del bien y el mal… hasta que se encuentran con unos barrotes entre ellos y los demás.
La vieja forma de hacer las cosas en Lanzarote tiene que acabarse de una vez. Tanto por parte de los unos, como parte de los otros.
Pero no solo es vergonzante que altos cargos y funcionarios públicos como, el Fiscal Jefe de Arrecife Miguel Pallarés, el notario Celestino Mendizábal, la Consejera del Cabildo Astrid Pérez, etc… disfruten de viviendas ilegales construidas sobre suelo rústico protegido. Sino que es una burla, una mofa, un escarnio, que los propietarios de las viviendas ilegales de La Bufona, no abonen el IBI al ayunt. de Arrecife.
Ahora eso sí, sobre el suelo que está construida la vivienda ilegal del Fiscal Miguel Pallarés, el notario Celestino Mendizábal, la Consejera del Cabildo Astrid Pérez. AL SER DE MI PROPIEDAD, el ayuntamiento de Arrecife me pasa al cobro más de 700.000 Ptas de recibos de I.B.I todos los años. En los últimos 10 años el ayunt. de Arrecife me ha cobrado en torno a 7 millones Ptas. por mis solares de La Bufona, a los cuales no ha tenido inconveniente alguno el Sr. Felipe Fernández Camero en firmar su segregación a nombre de la mercantil Brisa Inversiones S.L. de Francisco Carmona.
Vamos que los terrenos de La Bufona que están escriturados, registrados y catastrados a mi nombre, Gonzalo Murillo, el ayuntamiento me cobra los impuestos y por contra, los segrega ilegalmente a nombre de la mercantil Brisa Inversiones S.L. de Francisco Carmona.
¿Cómo ha permitido el Gobierno municipal, que el funcionario de la Oficina Técnica del ayuntamiento Francisco Carmona, pueda construir ilegalmente?
¿Cómo habiendo sido Francisco Carmona durante muchos años responsable del catastro de Arrecife, nunca ha pagado un solo euro de contribución urbana por los terrenos de La Bufona, donde ha promovido 52 Viviendas?
¿Pagará Francisco Carmona, como administrador fundador de la promotora Yaide S.A., el impuesto de contribución urbana por su Plan Parcial Jardín de Maneje, de 240.000 m2, para edificar aproximadamente 1.000 viviendas?
Si por La Bufona le reclama el ayuntamiento de Arrecife a Francisco Carmona, en torno a 727.000 €, en concepto del 10% del aprovechamiento de un Plan Parcial que es para 52 viviendas. ¿Habrá abonado los entorno a 14 millones de €, que se corresponderían con el 10% del aprovechamiento de 1.000 viviendas en el Plan Parcial Sector V de Maneje?
No son bufonadas
Alex Salebe • 20 de julio de 2006
Admito que no poseo la información precisa sobre el por qué la urbanización ‘La Bufona’, localizada cerca de en una de las entradas de Arrecife, capital de Lanzarote, se le bautizó con tan simpático o grotesco nombre, según el prisma con que se le mire. Me quedo con la versión de que simplemente heredó la denominación de las salinas que se explotaban en la misma zona. Los hechos del hoy, asociando la palabra bufona con aquellas personas vestidas estrafalariamente que se dedicaban a hacer reír a la corte (bufones), me llevan a pensar que el nombre no pudo estar mejor puesto. El ciudadano Gonzalo Murillo ha denunciado públicamente que terrenos de su propiedad del Plan Parcial La Bufona, unos 8.000 metros cuadrados, fueron invadidos para construir casas ilegales. Los residentes en la Isla que no conocen el caso o los lectores que viven fuera de Lanzarote, y que visitan nuestra web, pudieran imaginarse que a la voz de invasión se trata de chabolas o viviendas de pobre construcción. Sin embargo, tal y como lo describe Murillo, catorce casas, de las cincuenta y seis construidas, que son “especialmente” irregulares por habarse levantado sobre suelo rústico, tienen la bobadita de 200 metros cuadrados de planta en parcelas de hasta 600 metros cuadrados. Supongo que no es una bufonada, porque incluso Murillo ha dicho sin reparos los nombres y apellidos de algunos de los propietarios, que son personas vinculadas a la vida pública insular. Tampoco creo que sea una chanza satírica que Murillo asegure que a pesar de la invasión el Ayuntamiento le cobra religiosamente los impuestos por dicha propiedad, mientras no le cobra un céntimo a los dueños de las casas. A Murillo no le hace ninguna gracia que precisamente los propietarios de las viviendas no hayan podido demostrar que son los dueños del suelo sobre el que edificaron, según ha reiterado en su demanda. Asimismo sostiene, citando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que en el Plan Parcial La Bufona sólo se pueden construir apartamentos adosados de menos de 70 metros cuadrados. Por tanto, no deja de ser grave que la denuncia también aluda a las escrituras notariales porque en ellas aparecen las casas con las especificidades de las viviendas que sí se permiten construir.
Ojalá que la Justicia ordinaria aclare de una vez este caso. La sociedad de Lanzarote no puede quedar como espectadora desinteresada de episodios que ponen en duda el actuar de ciertos administradores públicos.
Alguien me dice que es preocupante la designación de Vicente Garrido como Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que parte de esa preocupación deriva del hecho de que le fue formulada una queja en relación con las ilegalidades de la vivienda propiedad de don Miguel Pallarés, y le dijo al denunciante que se trataba de “un tema personal” del señor Pallarés, y que lo más que podía hacer era una gestión personal con el señor Pallarés.
Según cuenta Gonzalo Murillo, y no tengo motivos para dudar de su palabra, Miguel Pallarés le llamó y le vino a decir, respecto de los terrenos usurpados, que le fuera reclamar al maestro armero. Frustrada esta “gestión personal”, se ratificó la denuncia formulada, y ante la insistencia del denunciante en mantener su denuncia, se le dijo que era una lástima que el delito de desacato solo fuera de aplicación a los jueces, y no sirviera para proteger a los fiscales en el ejercicio de sus funciones.
Yo contesto que tranquilo, que los fiscales actúan con neutralidad e independencia, como muestran las declaraciones del propio Garrido poco después de su toma de posesión: según cuenta Canarias 7, ante las frecuentes insinuaciones de interferencia del poder ejecutivo en la actuación de jueces y fiscales, Garrido dijo que “ningún fiscal que reciba siquiera la insinuación de un político o de un particular diciéndole que interponga una querella le prestará la más mínima atención”, y que “una cosa es que una persona, sea quien sea, nos comunique un hecho delictivo, y otra que nos diga, oiga, presente usted una querella. Es impensable”, agregando que el fiscal se guía “fundamentalmente por el principio de legalidad, y no puede alterar este criterio bajo ningún concepto, es impensable, porque en ese caso estaría cometiendo un delito”.
Añado que un Fiscal Jefe es asignado de acuerdo con criterios fundamentalmente técnicos, que si ha sido elegido para ello tiene la competencia profesional necesaria para ejercer su cargo con diligencia, y que, como con cualquier otra persona que actúa en la esfera pública, hay que esperar a ver su actuación y sus resultados para poder ejercer una crítica rigurosa. Y respecto de los procedimientos en curso, confiar en el funcionamiento de la justicia, que puede ser lenta, pero es rigurosa y efectiva.
Y me replican que eso suena muy bonito, pero que las cosas son como son, y que recuerde que cuando tuvimos el problema de Cuadernos del Sureste por la demanda de Felipe Fernández Camero, le recordábamos que Séneca decía que “la ética prohíbe cosas que la ley permite”, y que la gente se sorprende cuando le dicen que una cuestión de tanta trascendencia pública es simplemente una “cuestión personal”.
Y me quedo pensando … Y de momento no tengo respuesta, aunque una cosa sí la tengo clara: la actuación de jueces y fiscales está sujeta a la crítica pública, aunque pueda resultar molesta o hiriente, y conviene que mucha gente se vaya acostumbrando, aunque les gustaría perseguir por desacato a quienes ponen al desnudo sus vergüenzas.
Artículo publicado en el periódico Diario de Lanzarote el 14 de noviembre de 2007.
La Apmun impone una multa de 51.000 euros a una obra ilegal en Mala y ordena su demolición
Gonzalo Murillo
[Miércoles, 14 de noviembre de 2007]
Este expediente por infracción urbanística de la APMUN que ha impuesto una multa de 51.500 € y la demolición de un aljibe semienterrado, por estar situado sobre suelo clasificado como rústico potencialmente productivo, es el I.U. 255/2002.
¿Por qué no se impone multa alguna, ni se ordena la demolición de las viviendas ilegales de La BUFONA, al estar construidas sobre suelo rústico de protección ecológica jable, contando con piscinas ilegales, muros de cerramiento ilegales, ampliaciones legales?
Estas viviendas ilegales de La BUFONA que entre otros, son propiedad del Fiscal Miguel Pallarés, la Consejera del Cabildo Astrid Pérez, el notario Celestino Mendizábal, etc… Las cuales cuentan con un expediente por infracción urbanística de la APMUN del año 2000, el I.U. 523/2000 , al estar construidas sobre suelo rústico jable, que es de mayor protección que el rústico potencialmente productivo.
Estas viviendas ilegales de La BUFONA se han realizado sin contar con la licencia municipal y la calificación territorial, que son obligatorias para su ejecución, tal y como establece el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias .
¿No se estará produciendo una dejación en la resolución de la APMUN del expediente del año 2000, el I.U. 523/2000, porque los de arriba no están haciendo lo que tienen que hacer?
Si los controles administrativos funcionan, no se produciría la anomalía que se resuelva antes un expediente del año 2002, que un expediente más antiguo del año 2000. Que se resuelva antes un expediente del año 2002, por construir un aljibe semienterrado sobre suelo rústico potencialmente productivo y no se resuelva un expediente del año 2000, por construir viviendas ilegales, piscinas ilegales, muros de cerramiento ilegales, sobre suelo rústico de máxima protección ecológica (jable).
¿Acaso no se estaría produciendo un enriquecimiento ilícito y pingües beneficios, en el momento que no se sancionan y demuelen las viviendas ilegalizables de La BUFONA? Que en el año 2000 fueron compradas por 20 millones Ptas. y cuatro meses después de ser compradas, alguna de ellas fue hipotecada y tasada en casi 38 millones Ptas. Y que en el año 2006, una de estas viviendas ilegales de La BUFONA situada en la calle El Chabusquillo, ha sido puesta a la venta por 80 millones de Ptas.
Hola, ante los detalles expuestos quisiera desde mi ignorancia preguntar algunas cosillas:
1. esto es un tema personal?
2. cabe la acusación popular en este tema?
3. y los jueces, qué hacen?
4. y la policía, anticorrupción, etc?
5. cuántos fiscales hay en esa isla? y son todos iguales? no se enteran?
supongo que con todo lo que parecen saber me podrán contestar
gracias
Hoteles en el aire
Saúl García, en La Provincia 26.1.2008
El Cabildo de Lanzarote recurrió ante los tribunales 31 licencias para la construcción de complejos turísticos, hoteles o apartamentos en los municipios de Teguise y de Yaiza, la mayoría de ellas concedidas o prorrogadas a finales de los años noventa, poco antes de la entrada en vigor de la moratoria del año 2000. Las licencias impugnadas representan 12.800 plazas y una inversión de más de 300 millones de euros. Muchas de estas licencias se han convertido ya en hoteles de cuatro y cinco estrellas y en complejos de apartamentos y bungalós que alojan miles de turistas al año en Playa Blanca y Costa Teguise.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo han abrazado las tesis del Cabildo frente a las de los ayuntamientos y los promotores, defendidos en muchos casos por el mismo bufete. Ya son 17 las sentencias firmes en las que no cabe apelación, a las que hay que sumar una suspensión de obras y otra anulación de licencia de ejecución más varias licencias anuladas por recursos presentados por la Fundación César Manrique y que aún no se han comunicado al Cabildo. La FCM se personó en todos los procedimientos en que decidió hacerlo el Cabildo por si un cambio en la presidencia de la primera institución pudiera transformarse en una retirada de los recursos.
Hasta ahora las plazas anuladas por recursos del Cabildo son 7.300 más un hotel por construir en Costa Teguise de más de 900 plazas anulado a instancias de la FCM. Representan actualmente de manera aproximada el 12% de la oferta de la Isla pero es más que probable que queden anuladas todas las licencias que representan esas 12.800 plazas. Esto quiere decir que varios hoteles no se llegarán a construir y que más de una veintena de complejos, entre ellos los más lujosos, ya están o estarán al margen de la legalidad. No tienen licencia de construcción y se les podrá retirar la licencia de apertura y verse obligados al cierre. La pregunta es obvia: ¿qué va a pasar son todos esos complejos?
CONVERSACIONES. Para el Cabildo ha llegado la hora de sentarse a conversar con los promotores. La presidenta, Manuela Armas, anunció hace unos días que ya se habían producido los primeros contactos y los promotores han nombrado a un abogado como interlocutor. El Cabildo huye de la palabra negociación y advierte de que se analizará cada caso por separado y que se podrá legalizar aquello que sea susceptible de ser legalizado pero que puede haber casos imposibles. A aquellos hoteles que puedan llegar a regularizarse ajustándose a los instrumentos de ordenación en vigor el Cabildo les pedirá posteriormente una compensación. Ya en 2006 el entonces consejero de Política Territorial Carlos Espino planteó que aquellos promotores que quisieran regularizar su situación podrían compensar con la desclasificación de suelo en caso de que tuvieran derechos edificatorios consolidados a partir de 2010 (cuando finaliza la moratoria) o con la compra de suelo urbano para hacerlo rústico. Es una de las posibilidades.
Los incumplimientos de las licencias otorgadas por Juan Pedro Hernández y José Francisco Reyes, uno ex alcalde y otro que dejará de serlo el próximo martes de carnaval si prospera la moción de censura que le han presentado en Yaiza, son variados. Van desde la no publicación en los boletines oficiales de los planes parciales a la inexistencia de informes de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación, pasando por la ausencia o insuficiencia de informe jurídico o técnico hasta las infracciones en los estándares permitidos por el PIO de 1991. Muchas de las licencias suman todos estos incumplimientos y alguno más, como que se concedieron en un periodo decretado de suspensión de licencias o que la parcela ni siquiera tenía la condición de solar.
Los ayuntamientos y los promotores, evidentemente, siempre han quitado hierro al asunto. Su defensa pública ha ido variando, desde su derecho a dar licencias por autonomía municipal frente al Cabildo hasta hacer ver que se trata de defectos de forma fácilmente subsanables. También se ha recurrido a la clásica persecución por motivos políticos o aún más inconfesables, al argumento de que la moratoria está mal hecha y anulada, etc. Últimamente los argumentos ya descienden al hecho consumado: el perjuicio a la economía y la destrucción de empleo.
La realidad es mucho más sencilla. La mayor parte de esas licencias incumplen los parámetros fijados en el Plan Insular de 1991. Es decir, que si no se pidió el informe preceptivo al Cabildo no fue por olvido, sino porque se sabía que iba a ser negativo. Además se llegaron a conceder licencias con informes municipales en contra, algo poco justificable. En del abogado que ha llevado la defensa del Cabildo, Agustín Domingo Acosta, y que sirvió como base a una denuncia penal contra los dos alcaldes, se habla directamente de una “estrategia de conjunto elaborada para conseguir autorizar la ejecución de enormes complejos turísticos obviando el Plan Insular”. Una estrategia, se dice, urdida entre promotores y ayuntamientos. Hasta tal punto se quiso ignorar el PIO que nueve de cada diez plazas turísticas a las que se dio licencia en la Isla entre la aprobación del PIO y la de la moratoria (1991-2000) fueron apartamentos de una o dos llaves y menos de veinte metros cuadrados, más o menos la mitad de lo exigido entonces.
Si las conversaciones dan el fruto que desea el Cabildo, algunos promotores van a tener que hacer obras en sus hoteles para adaptarlos a la legislación vigente, tendrán que compensar por haberse saltado la legalidad, se arriesgarán al cierre o al derribo de algunos complejos, etc. Si no dan ese fruto se habrá recogido una nueva cosecha de desconfianza en las instituciones, en las leyes o en los políticos y una nueva cosecha de confianza en la corrupción, el tráfico de influencias, los privilegios y la desigualdad de oportunidades. Además de muchos otros factores que van a influir, gran parte de un éxito que hoy es poco creíble residirá en que el Cabildo haga frente al proceso de forma convencida, cohesionada y firme.
Casas nuevas, viejas costumbres. (Respecto a las obras de urbanización del plan parcial Sector V-Maneje.)
SAÚL GARCÍA / ARRECIFE. En La Provincia del 30-09-2007.
En abril de 2006 una promotora anunciaba a bombo y platillo en Arrecife la construcción de casi mil viviendas en Maneje: el Jardín de Maneje. Un año y medio después aún no cuentan con licencia de obra porque no se ha constituido la Junta de compensación del plan parcial, condición necesaria para ceder el porcentaje de aprovechamiento del terreno que le toca al municipio y poder comenzar a construir. El concejal de Urbanismo, Antonio Hernández, señala que se ha hecho una pregunta a la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias sobre la tramitación del proyecto de esa compensación y se está a la espera de la respuesta para poder dar las licencias. Esta urbanización, o el plan parcial, fue protagonista indirecta de la última campaña electoral a través de las protestas de los vecinos de Moro Angelito, que continúan pidiendo la retirada del Plan General de Ordenación, aprobado inicialmente por el anterior equipo municipal.
Ese plan contempla la desaparición del aspecto actual del barrio (con casas desde finales de los años 50 calificadas ahora como suelo urbano no consolidado que deberían ser derribadas) para diseñar dotaciones públicas, parques urbanos, dos unidades de actuación y una rambla, similar a la Medular. La rambla, como se dice en las propias alegaciones de los vecinos, se diseñaba para favorecer el tránsito a las viviendas proyectadas en las futuras urbanizaciones de Maneje y Los Geranios. No es raro que el director gerente de Yaide S. A., Fernando Álvarez, destacara en la presentación los accesos “inmejorables” de la promoción”. El director de la inmobiliaria que comercializa las viviendas no dudó en señalar entonces que marcarían “un antes y un después en la forma de construir en Arrecife”. Una afirmación un tanto arriesgada.
Esa forma de construir y de planear ya se ha visto antes. Es muy similar a la que se usó en La Bufona, también en Arrecife, y la similitud es doble porque los protagonistas son los mismos. La Bufona fue promovida por Brisa Inversiones y Maneje por Yaide. El administrador en ambos casos de las sociedades es Federico Echevarría y el ex administrador Francisco Carmona, funcionario del Ayuntamiento y antiguo encargado del catastro hasta que el Ministerio de Economía le retiró esas competencias a Arrecife.
El caso de La Bufona es un proceso largo y con muchas aristas, con tres procedimientos judiciales abiertos:contencioso, civil y penal y cinco imputados ya por distintos delitos: Echevarría, Antonio Caro, Carmona, la ex alcaldesa María Isabel Déniz y el ex secretario municipal Felipe Fernández Camero. Los primeros se iniciaron por la denuncia de un particular, que reclama ocho kilómetros cuadrados de su propiedad presuntamente ocupados por los promotores y el último por la Fiscalía que imputa delitos contra la ordenación del territorio y usurpación de dominio público a los promotores y otros sin especificar por dar licencias ilegales a Déniz y Camero.
De manera resumida y presunta, se ocuparon terrenos del Servicio de Carreteras, se construyeron viviendas unifamiliares aisladas donde sólo se podían hacer apartamentos adosados y se omitieron algunas de esas viviendas del catastro. El plan parcial nunca ha pagado la contribución urbana y tampoco ha hecho las cesiones de suelo obligatorias. El Ayuntamiento ha calculado la deuda en 727.000 euros. Por si había alguna duda de la relación de ambas actuaciones, los promotores propusieron hacer la cesión de terrenos que debían de La Bufona a través de la operación de Maneje, a lo que el Ayuntamiento, con Nuria Cabrera como concejala de Urbanismo, se negó.
El plan parcial Maneje tampoco estaba catastrado hasta el año pasado, no ha hecho las cesiones obligatorias (y con la nueva Ley del Suelo puede que le reclamen el 30 % y no el 10 % como era obligatorio hasta hace tres meses) y, como La Bufona, que no tiene el informe positivo del Servicio de Carreteras de Obras Públicas del Gobierno de Canarias previo a su aprobación definitiva, tenía dificultades para el acceso por carretera. De hecho, el acceso no se puede diseñar por la circunvalación, que es una vía rápida, algo que se hizo en La Bufona con la autovía del Sur. Así que había que buscar otro acceso, que se reflejó en el Plan General con esa famosa rambla diseñada por Morro Angelito.
Francisco Carmona, promotor inicial en ambos casos, trabaja aún en la Oficina técnica municipal aunque como es promotor privado no puede participar en la redacción del Plan. En la Memoria del avance de ese Plan, el equipo redactor, en la sección de agradecimientos, nombra a la Oficina técnica municipal y “especialmente”, entre otros, a Carmona.
En contestación a CIUDADANO:
Todas las preguntas que usted plantea, quien se las puede y debería contestar, ante la alarma social que parece estarse creando, es el Juez de Instrucción del Juzgado Nº 3 de Arrecife (Juez Decano del Partido judicial de Arrecife).
Que es quien, no es que parezca saber, sino que sabe, tiene pleno conocimiento y dispone de información. En el proceso penal, Diligencias Previas 975/2000 del Juzgado Nº 3 de Arrecife, que como señala su fecha de inicio, se mantiene ya en situación de diligencias previas desde hace nada menos que ocho años.
NOTA: El retraso y retraso y nuevo retraso, en la resolución de las Diligencias Previas 975/2000 del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Arrecife, ya ha sido objeto de denuncia ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
Fdo. Gonzalo Murillo Martín. DNI: 42.857.881-A.
Contesto, por la parte que me toca, a “ciudadano”, no sin apostillar que mi intuición femenina me dice que es menos ignorante de lo que pretende aparentar:
1. esto es un tema personal?
Puede que en el caso de Gonzalo Murillo el asunto tenga una perspectiva “personal”, fácilmente entendible, puesto que a este señor le han usurpado sus terrenos, le han pisoteado sus derechos y su dignidad, y le han ninguneado las instituciones.públicas (con algunas excepciones, todo sea dicho).
Pero en lo que a mí concierne (y presumo que esa debe ser la posición de muchos de los que hacemos La Opinión de Lanzarote, aunque las opiniones aquí expresadas son de mi exclusiva cosecha), este asunto no tiene nada de personal; ya dijimos en el artículo “Crónica de un secuestro” (vea usted la reseña en estas mismas páginas en “Manifiesto contra la corrupción”) que volveríamos a denunciar las manaifestaciones o actcividades corruptas cuando fuera menester y la ocasión lo mereciera. Y créame, ciudadano, esta lo merece.
2. cabe la acusación popular en este tema?
Por supuesto que cabe. De hecho, estoy esperando que los cientos de personas que en Lanzarote me han estado comiendo la oreja durante veinticinco años con las manifestaciones de corrupción, y las decenas de personas que veo en los blogs hablando del yate del alcalde de Yaiza, de los apartamentos de no se quién en no sé donde, de los terrenos que tiene fulanito en Argentina, de los apartamentos que tienen menganito en Madrid y en Barcelona, y zutanita en Nueva York, etc. se animen definitivamente y denuncien en estas páginas, o donde lo crean conveniente, esas supuestas manifestaciones corruptas. Y, preferentemente, que lo hagan, si no con pruebas, al menos con indicios, que indiquen a quien corresponda y a algunos sabuesos que van por ahí por libre, las pistas que deben seguirse para desenmascarar toda esta trama. Es, sobre todo, una cuestión de salud mental y de higiene democrática
3. y los jueces, qué hacen?
Por lo que yo sé, están haciendo su trabajo, impulsando la investigación, realizando diligencias, tomando declaración a imputados y testigos, etc. Aunque en el caso de La Bufona, la tramitación de las Diligencias Previas se ha retrasado de manera absolutamente inexplicable, poniendo en duda lo que los juristas llaman el derecho a la “tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales”, del que forma parte el “derecho a un juicio sin dilaciones indebidas”.
4. y la policía, anticorrupción, etc?
Por lo que yo sé, están haciendo su trabajop, hasta donde las circunstancias, y los muchos golfos que están implicados en todos estos turbios asuntos, les dejan. Y si la ciudadanía y las restantes instituciones coopperaran como es debido, seguro que lo harían mejor.
5. cuántos fiscales hay en esa isla? y son todos iguales? no se enteran?
Por la escasa infomación de que dispongo, creo que hay un fiscal adscrito a cada Juzgado. No conozco a todos los fiscales de Arrecife, y no puedo decir si son o no “todos iguales”, supongo que más o menos como las restantes personas, es decir unos mejores y otros peores. En términos generales, los fiscales suelen ser juristas altamente cualificados, bastante más que la media de los abogados, dicho sea con todos los respetos; entre otras cosas, porque disponen de un mecanismo de selección extraordinariamente duro, que asegura que no pueda llegar a fiscal ningún “mindundi”, porque nos jugamos mucho en ello.
Mi opinión sobre determinadas actuaciones de determinados fiscales en la jurisdicción de Arrecife ya la he expresado ampoliamente, y creo que con suficiente claridad, en el texto que encabeza este debate. Le sugiero que lea usted los hechos en los que me baso y los argumentos que empleo, y juzgue usted mi parecer al respecto.
El aparcamiento
Mario Alberto Perdomo. En el Diario de Lanzarote [Lunes, 28 de enero de 2008]
Las obras comenzaron en 2001, se ocupó un vial público, se alteró un sistema general sin la preceptiva modificación del planeamiento, se convirtió el parque en el techo de un aparcamiento, los árboles brillan por su ausencia y la obra no ha sido entregada al Ayuntamiento. Además, los propietarios -Hormiconsa y Supermercados Marcial- exigen al Ayuntamiento dos millones de euros en concepto de desviación al alza del coste de las obras. Cuando todo ello sucedió, la alcaldesa era María Isabel Déniz, actuando como secretario de la sociedad promotora el que lo era del Consistorio, Felipe Fernández Camero. Sentencia firme y no recurrible: el Supremo ha anulado las licencias de obra y apertura del aparcamiento subterráneo del Parque Islas Canarias.
Desde sus muchos y diversos rostros, la disidencia ha venido denunciando repetidamente que el pasado inmediato en Lanzarote era puro cachondeo a la hora de vulnerar las leyes. En los últimos años, las denuncias llevan formato de demandas ante los tribunales de justicia y las sentencias no hacen más que dar la razón a los disidentes. Una y otra vez. Se acabó la impunidad.
Si Lanzarote tuviera un problema de imagen en el exterior, que no lo tiene, éste no sería otro que las construcciones ilegales, sobre todo con fines turísticos y que comprometen más de 13.000 plazas. Duele que quienes incumplen la ley, algunos sistemáticamente, culpen a quienes defienden la legalidad de crear un problema de imagen que pudiera afectar negativamente a la promoción exterior de la isla y a la afluencia turística. Pues no, oye.
Digámoslo claro otra vez. Todo esto es consecuencia del elevado grado de corrupción que se ha alcanzado en la isla, en donde algunos operadores privados son dueños de un partido político como quien tiene un gato, habiendo metido ambos pies en las instituciones públicas: desde el grupo de gobierno a la alcaldesa de cartón piedra, pasando por los servicios jurídicos y los técnicos, y terminando por el catastro. Corrupción hasta los ojos, financiación irregular de partidos políticos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Como mínimo. La prevaricación y el cohecho están asociados al ascenso político y al económico. El espacio público necesita con urgencia una limpieza a fondo. A base de lejía.
gracias por su información.
entonces la pregunta siguiente es evidente:por qué no está imputado ese fiscal? porque yo alucino. esto lo saben sus superiores?
Pues supongo que no estará imputado porque, al menos de momento, nadie considera que haya cometido un delito, aunque también sobre esto hay opiniones … Desde luego, en estas páginas no se ha hecho ninguna insinuación al respecto, únicamente se ha dicho que hay comportamientos que, en apariencia, pertenecen estrictamente a la esfera privada, pero cuando uno es fiscal, y esos comportamientos se producen en la misma jurisdicción donde uno ejerce, ética y estéticamente no son digeribles, sino claramente reprobables. Ya lo decía Séneca: “la ética prohibe cosas que la ley tolera”. Yo creo que cualquier persona por ahí puede ignorar este adagio, pero un fiscal no, porque se lo prohibe el deber de probidad que incumbe a todo funcionario público …
Y a la segunda pregunta le respondo que sí, por la información de yo dispongo, “sus superiores” conocen sobradamente todo lo que ocurrió y está ocurriendo. Parte de las respuestas que dieron esos “superiores” la tiene usted recogida más arriba; la otra se redujo a decirle al denunciante que se trataba de “asuntos de naturaleza privada”.
Claro, que lo mismo decían de Felipe Fernández Camero, de su actividad profesional y de sus relaciones societarias … y llegó un momento en que alguien consideró que no eran “cuestiones personales”, sino un asunto que nos atañe a todos
Como verá, ciudadano, la respuesta está muy bien medida … espero haber satisfecho su curiosidad
Publicado en El agitador
El Rey del Catastro. EL IMPERIO CARMONA30 de Enero, 2008
Quienes están metidos en el mundillo urbanístico en Lanzarote dicen que la isla tiene 800 kilómetros cuadrados en la realidad y 1.600 inscritos en el Registro de la Propiedad. Esto ha sido posible gracias a una práctica muy extendida desde que se desató la fiebre del oro con las tierras, allá por los años 70: el robo de parcelas a través de la doble inscripción de fincas.
Aunque ya hace tiempo que el sistema de control de la propiedad de las tierras ha mejorado, hace treinta años bastaba que alguien presentara una solicitud alegando que una parcela era suya y dar algunos datos de ubicación y linderos para que, pasado un tiempo y si nadie reclamaba, pasase a ser de su propiedad.
Esta facilidad para acumular cachos de tierra y las ansias especulatorias de unos cuantos provocó que verdaderos profesionales del hurto aparecieran como hongos, aunque la joya de la corona, la auténtica golosina para esta nueva especie de carroñeros, era la oficina del catastro.
Es allí donde se controla todo el entramado de parcelas: los dueños, la extensión, los linderos, si existe o no documentación para acreditar la propiedad… un sueño hecho realidad para quien aspira a enriquecerse rápidamente y no le sobran los escrúpulos.
En Arrecife, durante años y hasta fechas recientes, el catastro ha estado en manos del Sr. Carmona, vinculado con un buen número de empresas que tienen negocios inmobiliarios en la capital. No hay más preguntas, Señoría.
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Publicado en el periódico Diario de Lanzarote el 04-02-2008.
Forzosa la demolición del ilícito aparcamiento
Ramón Pérez Hernández [Lunes, 4 de febrero de 2008]
En la prensa se puede leer: … “El Alcalde y Concejal de Urbanismo de Arrecife, confirman que han dicho a los servicios jurídicos que trabajen para evitar que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo”, que ratifica la anulación de las licencias otorgadas en fraude de ley, para la construcción y apertura del aparcamiento del Parque Islas Canarias. Los servicios jurídicos municipales ya han comenzado a trabajar para ‘estudiar’ las posibles opciones de cara al ‘derribo’ que supone la decisión del TSJC al anular las licencias. “A ver si se puede hacer algún tipo de alegación [¿?...], porque entendemos que prácticamente es imposible llevar a cabo esta sentencia en el sentido de que para demoler los aparcamientos habría que demoler también el Parque Islas Canarias…”.
El fallo, que es firme, anuló las licencias de apertura y obra del Aparcamiento, por ilegales. O sea, que la cobertura jurídica urbanística del Aparcamiento construido en el subsuelo del Parque quebró y el aparcamiento, como vulgarmente se dice, quedó con el ‘trasero’ al aire ya que la obra es ilegalizable. Por tanto, el Ayuntamiento, tal como le decreta la Ley , está obligado a ordenar el derribo, cueste lo que cueste, y a cargo de quien o quienes resulten responsables, en la forma y los términos que la Sentencia , la Ley y la doctrina mandan. ¡Ojo que el incumplimiento puede derivar responsabilidades penales!. Esa y no otra, es la real ‘penitencia’ a la que quedan obligados, tanto el Equipo gobernante municipal por culpa del ‘otro’ (casualmente las mismas organizaciones políticas) como todos ‘sus cómplices’ y, presuntamente, la entidad mercantil particular organizadora y explotadora del ilegal aparcamiento junto con la Corporación Municipal. Que quede claro, la ejecución de la sentencia es un proceso que persigue el cumplimiento íntegro de ésta, que deberá efectuarse en sus propios términos. Es un verdadero procedimiento con características, requisitos y efectos propios y distintos de la acción original entablada por la “FCM”. No consiste, no obstante en un procedimiento contradictorio, por lo que el ejecutado tendrá muy limitadas sus posibilidades de actuación, si tenemos presente que el “asunto” es de interés general ciudadano que perjudica a la mayoría del pueblo de Arrecife.
Que los ‘promotores’, ‘organizadores’, ‘ejecutores’ y ‘dirigentes’ del ‘vulgar negociete’, no vengan ahora a decirnos que son vírgenes… que no sabían nada de nada… que no tienen culpa… ya que con motivo de la ilegalidad pretendida, desde principios de 2001, se armó un guirigay en Arrecife que yo creo que llegó hasta los oídos de las ‘cucarachas’, culminando la bronca vecinal en la célebre manifestación del 27-S- [2002], a la que asistimos más de ’15.000′ vecinos, reivindicando cabreados entre mas de catorce injusticias el rotundo ¡no al ilegal aparcamiento en el Islas Canarias!. Personalmente, denuncie los hechos con ’18′ escritos presentados en los Registros Oficiales de Entrada de Organismos, desde el 25 de abril de 2001 hasta el 13 de abril de 2.004. Propuse incluso, la alternativa de edificación directa de un aparcamiento por el Ayuntamiento, en el solar del obsoleto Instituto Agustín Espinosa y el solar junto al mismo propiedad del Cabildo, dando a las calles Canalejas y La Porra , de 1.330 plazas. Las denuncias a tutiplé las inicié por el Ayuntamiento [Recursos –¡no resueltos nunca!- contra la designación de Socio para construir el Aparcamiento; contra la entrega a dedo del Vial de la Avenida ; contra la Licencia de Actividad; contra la de Obra; contra el comienzo y vallado de la obra sin licencia, es decir, antes de ‘darse’ ilícitamente las anuladas por el TSJC; contra el ¡no cobro! de tasas por el vallado y por el incumplimiento de la ley de costas, al no dejarse abiertos en la valla accesos directos al mar cada 200 metros , para salvamento y socorrismo; Cabildo, Conserjería Medio Ambiente del Gobierno Canario, Delegado del Gobierno, Ministros de Fomento y Medio Ambiente, Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea , Bernarda Barrios, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputado, Presidente de la Autoridad Portuaria , Director General de Costas, y Agencia de Protección del Medio Urbano y Rural de Canarias (el 15.03.02 y recordada mediante Queja ‘por inactividad manifiesta’ a dicha Agencia de Protección, el día 13 de abril de 2.004). También, entre las fechas 14.03.2001 y el 22.05.2006, escribí doce reflexiones a la opinión pública, criticando duramente el affaire, que fueron publicadas en medios físicos y digitales. Por todo ello, no es extraño, leer uno cosas como estas: “ La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hace en su memoria de 2001 un ataque demoledor a las prácticas urbanísticas de los ayuntamientos, a los que no duda de tratar como “verdaderos delincuentes medioambientales” en un contexto de “con-opción municipal” donde la falta de financiación de las corporaciones se resuelve “dando licencias y más licencias”, señala el documento. Asimismo, la denuncia refleja la debilidad de los alcaldes frente “a la presión de los promotores inmobiliarios“.
PUBLICADO en El Agitador el 6-02-2008.
El que aparece con gafas en el centro de la imagen , es el abogado y ex secretario de Arrecife Felipe Fernández Camero, el cual está imputado en las eternas D.P. 975/00 del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Arrecife, por firmar licencias de obra ilegales en el Plan Parcial LA BUFONA.
Estas licencias ilegales se han utilizado para poder edificar entre otras, la ilegalizable vivienda propiedad del Fiscal Coordinador Jefe de Arrecife Miguel Pallarés Rodríguez y de su esposa Delia Fernández Fernández (sobrina de Felipe Fernández Camero).
La película de la semana 6 de Febrero, 2008
SINOPSIS
Unos gángster profesionales contratan a un abogado para perpetrar un gran atraco en Lanzarote.
El abogado reúne a sus clientes y les cuenta cúal será la estrategia a seguir: “Caballeros, la ley está de nuestra parte. No se preocupen si dan licencias ilegales, ya me encargaré yo de defender en un tribunal, si alguien denuncia, que se trata de simples errores formales. En el peor de los casos, si se pierde el pleito, será a los seis o siete años, y nadie se ha atrevido hasta ahora a derribar ningún hotel. Acuérdense del Hotel Fariones, que yo defendí. Si no tiraron ese no tirarán ninguno”.
Uno de los gángster pregunta: “¿Y qué pasa si nos denuncian por lo penal?”
Y el abogado contesta: “Sin antecedentes y con los millones que habrás acumulado no tienes de qué preocuparte. Como mucho puedes entrar unos meses en la cárcel, pero es difícil y arriesgarte te supone tener resuelta tu vida y la de toda tu familia. Mira el caso de Dimas, un reincidente múltiple al que la última vez condenaron a ocho años y no ha pasado ni uno en prisión. ¿Crees que lo tratan como a un preso normal? Todo está atado y bien atado. Además tenemos medios de comunicación que nos defenderán, ya saben”.
La reunión termina entre risas. “Que se jodan los ecologistas. Qué sabrán ellos lo que es mejor para la isla”.
http://www.elagitador.com
El enlace específico de:
La Película de la semana. UNA TRAMA URBANÏSTICA PERFECTAMENTE PLANEADA es http://www.elagitador.com/?=619
Chaveli la del parque es http://www.elagitador.com/?=612
El rey del catastro. EL IMPERIO CARMONA es http://www.elagitador.com/?=604
El fiscal mudo es http://www.elagitador.com/?=588
¿Justicia? es http://www.elagitador.com/?=540
Hay veces que nos quejamos de vicio de la burocracia y de la desidia de la Administración, pero en ocasiones nos llevamos una alegría comprobando que todavía queda gente eficaz, con conciencia del servicio público que debe prestar, y atenta siempre a responder a las demandas de los ciudadanos.
Un ejemplo es la Oficina Virtual del Catastro. El 13 de diciembre de 2008 (ver Comentario nº 4 de esta entrada) decíamos aquí lo siguiente:
“Compruebo en la Oficina Virtual del Catastro que la vivienda propiedad del señor Pallarés se ubica en la parcela catastral 9442424, que tiene una superficie de 4.060 m2 y figura como “Suelo sin edificar”.
Pues eso ya no es así. No sé si es que la gente que gestiona el Catastro de Arrecife nos lee, pero en cualquier caso no se puede pedir más rapidez, diligencia y eficacia en responder a las denuncias de los ciudadanos.
En los planos entonces consultados no aparecía ninguna de las viviendas existentes en la calle Chabusquillo (o Chubasquillo, como la denomina ahora la Oficina Virtual del Catastro).
Ahora aparecen todas y cada una de las viviendas existentes, así como sus edificaciones auxiliares o complementarias, incluidas las correspondientes piscinas en suelo rústico de protección de jable.
Pero la cosa es aún más cachonda. Veamos lo que dice la “consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales”. Por ejemplo, la vivienda del señor Pallarés se ubica en la “calle El Chubasquillo 28″, en una parcela de 580 m2, siendo el uso local principal el de “Agrario Pastos”. Tiene una superficie construida de 246 m2, tratándose de una “parcela con un único inmueble”, siendo el año de construcción 1999. Y lo mejor de todo, no forma parte del Catastro de Urbana, sino del Catastro de “Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica”. La referencia catastral es 9245801, y las restantes viviendas de la calle Chabusquillo tienen las referencias correlativas hasta el 12, siendo sus datos muy similares.
La jugada ha estado bien, sin abandonar el toque chapucero que parece ya marca de la casa … Y como ocurrencia está bien, lo único es que no sé si han pensado en el maloliente rastro que han dejado. Como que canta un poco, ¿no?
La caída del “rey” del Sur
8 de febrero de 2008
El 5 de febrero de 2008 ha marcado un antes y un después en la historia de Yaiza. Ése día, José Francisco Reyes entregaba su bastón de mando después de 14 años sin soltarlo, y lo hacía derrocado por una moción de censura, ya que las urnas le dejaron en minoría frente a la oposición.
Tras de sí, Reyes deja un río de cemento en Playa Blanca y una estela de pleitos judiciales y deudas en el Ayuntamiento. Es la triste herencia que ha recibido el nuevo grupo de gobierno, que sin duda no lo va a tener fácil para enderezar el rumbo del Consistorio sureño.
Ahora, habrá que esperar para ver los frutos de este cambio y del compromiso asumido por Gladys Acuña y Leonardo Rodríguez de ordenar la economía y la situación judicial y urbanística del municipio, pero de momento se ha dado un paso importante. El pasado martes, curiosamente martes de Carnaval, PIL y CC ponían fin a casi tres lustros de oscuridad y abrían una nueva etapa para Yaiza.
Sin embargo, que José Francisco Reyes haya dejado de ser rey y señor del Sur no significa que su historia vaya a terminar aquí. En el terreno político su gestión ya ha tenido su veredicto, pero ahora se enfrenta también al terreno judicial, que le investiga por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Es decir, que la Justicia sospecha que cuando Reyes otorgaba licencias ocultándoselas al Cabildo y al margen de la legalidad vigente, podría haber recibido beneficios económicos, por lo que ha ordenado que la Policía investigue no sólo su patrimonio, sino también el de su entorno, para aclarar si pudo poner bienes a nombre de terceras personas.
Y sólo el hecho de estar envuelto en este proceso penal, que además no es el único que pesa sobre él, ya hubiera sido suficiente motivo para que José Francisco Reyes, al menos por decoro político, hubiera dimitido mientras terminaba la investigación. Pero no ha sido así y, en lugar de eso, Reyes se ha ido por la puerta de atrás, sin un solo cargo de su partido, el PNL, apoyándole en el pleno en el que se votó la moción de censura y, lo que es peor, permitiéndose el lujo encima de lanzar acusaciones contra el nuevo grupo de gobierno, afirmando que el pacto PIL-CC está alimentado por “una serie de empresarios” que, según sus palabras, “entendían que esos grupos (PIL y CC) les iban a atender mejor que el que estaba (PNL)”.
Sin duda un mensaje de despedida curioso para un alcalde que, sin duda, conoce muy bien la conjugación del verbo beneficiar. Porque al margen de si actuó por motivos oscuros, por una ignorancia galopante de la ley o por el simple placer de destrozar Playa Blanca, Papagayo y cualquier terreno virgen que se le pusiera por delante, lo cierto es que Reyes sí benefició y mucho a empresarios que obtuvieron licencias donde la legislación vigente no permitía construir. Y aunque muchas de esas licencias ya han sido anuladas por los tribunales, lo cierto es que esos promotores ya tienen unos derechos, al menos con respecto al Ayuntamiento que les dio luz verde para construir, y que ahora podría tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias.
Pero lejos de preocuparle el lamentable legado que deja, el ex alcalde, la gran víctima, el eterno perseguido, supera aún más el límite de la frivolidad al referirse al proceso de negociación que se ha tenido que abrir con los promotores, fundamentalmente por el caos urbanístico que ha creado con su desenfrenada afición a conceder licencias, afirmando que “después de tanto juicio, ahora parece que lo van a arreglar todo de un plumazo”.
Igual preferiría José Francisco Reyes que el Ayuntamiento terminara de ir a la quiebra pagando indemnizaciones a todos los hoteles y apartamentos que él ha permitido abrir indebidamente y que hoy funcionan sin licencia, o que simplemente se hiciera la vista gorda y se dejaran las cosas como están y no se pidiera a esos empresarios nada a cambio de permitirles seguir ahí, como por ejemplo suelo para desclasificar y librar de más camas.
En cualquiera de los dos casos, lo que está claro es que quien ha metido al municipio en este lío no puede participar en su resolución, ni sentarse a negociar. Ahora, esperemos que con acierto, son otros los que toman las riendas de este asunto, y la primera señal clave es la de terminar con la república independiente del sur, asumir que Yaiza forma parte de una isla que tiene su ordenamiento urbanístico y que está dentro de un archipiélago que también tiene sus normas territoriales. Y a partir de ahí, todos los implicados deben buscar la salida a este callejón. Y también celebrar que al menos, proyectos como el disparate que Reyes autorizó a escondidas para construir más de mil viviendas y 200 locales comerciales a la entrada de Playa Blanca, se pudieron frenar a tiempo y, en este caso, el problema sólo ha alcanzado al propio Reyes, al promotor y a varios técnicos, que han sido imputados por la vía penal y tendrán que responder por ello ante la Justicia. Y ahí va a ser difícil que el ex alcalde apele a la teoría de la persecución.
La Voz de Lanzarote, 8.2.2008
Dos fincas urbanas de 4.000 metros cuadrados cada una en el plan parcial La Bufona en Arrecife, propiedad de Gonzalo Murillo, han “desaparecido” del Catastro.
Ha puesto una denuncia ante la Gerencia Regional del Catastro y una reclamación de seis millones de euros en concepto de indemnización.
En su denuncia, Murillo carga contra la “desaparición fraudulenta, con nocturnidad y alevosía, de fincas catastrales urbanas y rústicas” de su “propiedad” y de su “familia” que asegura “tienen un valor catastral de 484.000 euros y un valor de mercado superior a los seis millones de euros”.
El pasado 8 de febrero, de manera fortuita, Murillo comprobó la alteración en sus fincas, que no le había sido comunicada. “Esta actuación delictiva no es la primera vez que se produce en la base de datos del Catastro”, afirma en el texto de la denuncia, donde recuerda que “ya en diciembre de 2003 se intentó hacer desaparecer” una “finca urbana” a su nombre en la misma zona.
Entonces, sostiene Murillo que “la desaparición fraudulenta” de su finca “fue certificada” por los técnicos de la Gerencia Regional del Catastro. “Al existir un segundo intento (…) podemos apreciar una posible mala fe por parte de algún funcionario competente en la base de datos catastral”, afirma.
Cabe destacar que Gonzalo Murillo ha denunciado una presunta usurpación de terrenos de su propiedad por la mercantil Brisa Inversiones, promotora del Plan Parcial La Bufona. En la actualidad hay varios procedimientos judiciales abiertos sobre la urbanización, entre los que se encuentra uno en el que se dirime si la construcción de una docena de viviendas se hizo sobre suelo rústico de protección de jable.
En ese sentido, Murillo también ha denunciado que las licencias de obra para esta docena de viviendas se concedieron para edificaciones de 96 metros cuadrados en parcelas de 385 metros cuadrados cuando “en realidad”, se levantaron casas “de 246 metros cuadrados construidos en parcelas de 580 metros”.
Además, el denunciante se queja de que todo esto ha sucedido coincidiendo con la “alta” en el catastro de viviendas sobre una de sus fincas, “haciéndola desaparecer”. Murillo pide que “queden suspendidas todas estas alteraciones catastrales de las fincas” de su propiedad y de su familia hasta que “se pronuncien los tribunales de justicia, que son quienes tienen competencia de otorgar la titularidad de un bien inmueble”.
Por otro lado, Murillo hace hincapié en que la Gerencia del Catastro “siempre ha mantenido omitidas” de su base de datos “las propiedades de Brisa Inversiones en La Bufona. A la empresa está vinculado el funcionario del Ayuntamiento de Arrecife y ex encargado del Catastro, Francisco Carmona.
En su denuncia ante la Gerencia, Murillo hace hincapié en que “no se puede entender cómo el Catastro ha podido dar de alta en su base de datos viviendas en parcelas de 580 metros cuadrados de suelo rustico” cuando la ley “sólo permite segregaciones mínimas de 5.000 metros de suelo rústico en Lanzarote”.
DiariodeLanzarote.com, 13 de febrero de 2007
El promotor de Maneje y La Bufona, en Arrecife, tiene tres planes en suelo protegido en Almería
►El Tribunal Supremo acaba de anular una de las urbanizaciones por su alto valor ecológico
►Federico Echevarría, imputado por La Bufona, figura como socio del testaferro de Luis Roldán
La Provincia 21 de febrero de 2008 SAÚL GARCÍA / ARRECIFE.
El administrador único de las empresas que promueven los planes parciales de Arrecife Maneje Sector V y La Bufona, el arquitecto Federico Echevarría Sainz, promueve a su vez tres planes parciales en Almería en terreno protegido.
Uno de ellos, en el que se proyectaba la urbanización de 48 hectáreas Marinas del Agua Amarga, con 353 viviendas, hotel y campo de golf, acaba de ser anulado por el Tribunal Supremo después de un largo proceso y de las dificultades puestas por parte del Ayuntamiento de Níjar y de la Junta de Andalucía.
Los otros dos, de seis hectáreas cada uno, se encuentran proyectados dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, según la denuncia de la asociación Ecologistas en Acción. Los ecologistas denuncian que la Junta de Andalucía no aporta ni siquiera a requerimiento de los tribunales la cartografía que zonifica los usos de este parque natural. Es la misma zona donde se encuentra el macrohotel de El Algarrobico, del que se ha iniciado el trámite para su demolición.
Los terrenos en los que se acaba de anular este proyecto, pertenecientes a Echevarría, se incluyeron como zona urbanizable en las Normas Subsidiarias del municipio de Níjar en 1987. Posteriormente en 1995 se le encargó al propio Echevarría la redacción de las nuevas normas a pesar de que es propietario de parcelas en el municipio, en un claro caso de incompatibilidad. El suelo se sigue considerando apto pero el estudio de impacto ambiental es desfavorable por su alto valor ecológico (hábitat prioritario y exclusivo). El arquitecto y el Ayuntamiento recurrieron ese estudio y ganaron en primera instancia, pero perdieron finalmente.
CON ESPARZA. Federico Echevarría Sainz es un arquitecto de relevancia con despacho profesional en Madrid desde 1970, además de en el pueblo de Níjar, en Arrecife y en Sevilla.
Ha ejecutado proyectos de arquitectura en la Gran Vía de Madrid, un gran número de edificios de oficinas, la rehabilitación del Círculo de Bellas Artes, varios hoteles en Cuba y el concurso de la Torre Mutua de la antigua Ciudad deportiva del Real Madrid. Entre sus clientes aparecen en su página web grandes empresas españolas e incluso la multinacional Halliburton del vicepresidente de EE UU, Richard Cheney.
Además trabajó para la Guardia Civil en la época en que era director Luis Roldán. Realizó la Comandancia de la Benemérita de Barcelona. Echevarría figura como socio de Jorge Esparza en la mercantil Ramansipa. Esparza, condenado a 16 años de cárcel, está considerado como el testaferro de Roldán y era presidente de la constructora Huarte a la que se le adjudicaron 26 obras de construcción o rehabilitación de casas cuartel, algunas de las cuales no se llegaron a hacer, por un importe de unos cien millones de euros.
Echevarría aparece, asimismo, como presidente o administrador único en veinte sociedades mercantiles. Entre esas se incluyen Brisa Inversiones y Yaide, promotoras de los planes parciales La Bufona y Maneje, ambos aprobados en 1998.
EN ARRECIFE. En el primero de los casos, la urbanización está repleta de irregularidades. De hecho, Echevarría está imputado en un proceso penal, junto a su ex socio en Brisa Francisco Carmona (funcionario municipal y ex responsable del catastro de Arrecife), Antonio Caro, Felipe Fernández Camero, ex secretario del Ayuntamiento y la ex alcaldesa María Isabel Déniz.
Se le imputa un delito de ordenación del territorio y otro de usurpación. Después de ocho años, el procedimiento continúa en diligencias previas y sólo han declarado los imputados.
La Fiscalía no ha acudido a ninguna de las tomas de declaración. Presuntamente se usurparon terrenos de alta protección de jable, del servicio de Carreteras y de un particular y se construyeron 56 viviendas unifamiliares donde sólo se podían construir casas adosadas de menor tamaño.
Brisa Inversiones no ha ejecutado tampoco el proyecto de compensación para el Ayuntamiento de Arrecife y muchas de esas viviendas, entre las que se incluye la del fiscal Jefe de Arrecife, Miguel Pallarés, han estado omitidas del catastro durante años.
Por otro lado, en Maneje, cuyo plan tampoco estaba catastrado hasta 2006, se promueve la urbanización Jardín de Maneje de unas mil viviendas. Tampoco está aprobado el proyecto de compensación y por eso el Ayuntamiento no concede las licencias de obra.
En la aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Arrecife se incluía una nueva rambla diseñada sobre una gran cantidad de viviendas en Morro Angelito. Los vecinos se levantaron en pie de guerra por ese trazado que favorecía el acceso tanto a la urbanización de Maneje como a la de Los Geranios.
Seis hoteles con licencia nula recibieron más de 23 millones de fondos europeos
►En algunos casos la subvención roza el 25% del presupuesto de ejecución del complejo turístico
►Las ayudas, para zonas deprimidas, se concedieron en el periodo de tramitación de la Moratoria
Al menos seis hoteles con la licencia anulada por los tribunales se construyeron gracias a la ayuda de fondos europeos. Estos hoteles, de Playa Blanca y Costa Teguise, casi todos ya con sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recibieron más de 23 millones de euros acogiéndose a las subvenciones reguladas en los llamados incentivos económicos regionales, que son fondos aplicados por la Unión Europea para el fomento del empleo en zonas o sectores en declive, cuando Canarias disfrutaba de la condición de Región Objetivo Uno.
Las ayudas, para zonas deprimidas, se concedieron entre el año 1998 y el año 2002, cuando en la Isla se habían iniciado precisamente la articulación de políticas de contención turística y cuando los municipios de Teguise y de Yaiza gozaban ya de una renta por habitante de las más altas del Archipiélago. Los incentivos regionales suponen unos porcentajes de la inversión total de los hoteles que se acercan en algunos casos al 25%. Es el caso del Hotel Princesa Yaiza, uno de los más lujosos de la Isla, la subvención, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 19 de agosto de 1999, fue de 4.092.238,17 euros, mientras que el presupuesto del hotel, según la propia documentación del Ayuntamiento de Yaiza, ascendía a más de 2.700 millones de pesetas (16 millones de euros).
A finales de esta semana, el TSJC emitía una sentencia por la que declaraba “radicalmente nula” la licencia concedida a la empresa Demadu SL para construir un hotel de 456 habitaciones y 912 plazas en la parcela 244 F de Costa Teguise. Las obras del hotel no se llegaron a terminar y recibió una subvención de más de cuatro millones y medio de euros.
Excepto en este caso, los otros hoteles están funcionando en la actualidad y suman casi 3.000 plazas alojativas. Entre ellos está el Hotel Rubicón Palace, para cuya construcción recibió la empresa Teide 10 una subvención europea de casi siete millones de euros. También está el Iberostar Papagayo, con la licencia anulada recientemente. En ese caso, la empresa promotora, Riversun Inmuebles recibió más de un millón y medio en abril del año 2000. La empresa Lanzarote 6 SA, recibió para el Hotel Gran Melián Volcán más de tres millones en 1999, aproximadamente la misma cantidad que se le aprobó a la empresa Yaiza Beach Club para el Natura Palace, todos ellos en la localidad de Playa Blanca.
En Costa Teguise, además de la subvención a Demadu se concedieron dos subvenciones a la empresa Hoteles Playa Canarias, por un importe total de más de tres millones y medio. Esa licencia también está recurrida por el Cabildo.
Otros establecimientos también recibieron fondos europeos, como el hotel Hesperia Puerto Calero, que no está recurrido por el Cabildo o la empresa Yudaya SA que recibió más de seis millones de euros. Esta empresa fue la única que llegó hace dos años a un acuerdo con el Cabildo para no terminar el pleito a cambio de desclasificar tantas plazas como las que se le concedieron para un establecimiento.
Hay que recordar que el informe elaborado por el letrado Agustín Domingo Acosta que dio pie a una investigación contra los dos ex alcaldes de Yaiza y Teguise por parte de la Unidad de drogas y crimen organizado, señalaba la existencia de una trama organizada en ambos municipios para conceder licencias de construcción ilegales, con una misma dirección legal. Unas 13.000 plazas están en los tribunales, que supusieron una inversión de unos 300 millones de euros. El Cabildo ha ganado ya más de veinte sentencias y el Ayuntamiento de Yaiza, a pesar de las inversiones, tiene una deuda de 50 millones de euros.
Saúl García en La Provincia 24.2.2008
BUFONADAS DE ALTOS BUELOS. Publicado en El Agitador el 26-02-08.
Bufonadas de altos vuelos
26 de Febrero, 2008
La semana pasada la prensa se hizo eco de que dos de los casos urbanísticos más polémicos de Arrecife tienen unos vínculos super glamurosos. Al parecer, el promotor de La Bufona y Maneje, Federico Echevarría, es socio de Jorge Esparza, ex presidente de la constructora Huarte y testaferro de Luis Roldán, el conocido ex director de la Guardia Civil que se hizo famoso por su caso de corrupción.
Por lo visto, además de ser un paraíso para los turistas, Lanzarote es también un paraíso para los ojeadores de grandes operaciones urbanísticas, como lo demuestra el hecho de que algunos peces gordos del negocio inmobiliario español hayan puesto sus ojos en terrenos de la isla.
En el caso del tal Echevarría, es el promotor de tres planes parciales en terrenos protegidos de Almería, uno de los cuales, de 353 viviendas, hotel y campo de golf acaba de ser anulado por el Tribunal Supremo. El modus operandi parece que es universal.
Además, ya en Lanzarote, Echevarría es el administrador único de la empresa promotora de La Bufona, por la que se encuentra imputado en un proceso penal, junto con su ex socio Carmona, Felipil Fdez. Camelo, Antonio Caro y Chabeli Déniz, a los que se les imputa un delito de ordenación del territorio y otro de usurpación. Un caso en el que, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados, no ha acudido la Fiscalía a ninguna de la tomas de declaración, dándose la circunstancia de que entre las viviendas afectadas en el caso se encuentra la del Fiscal Jefe de Arrecife Miguel Callaré.
http://www.elagitador.com/?p=648
El Juzgado archiva la causa contra Déniz en La Bufona por un informe que dice que no se precintó la obra
Manuela Armas declaró en 2002 tras su salida de la alcaldía que ella ordenó el precinto y que se levantó por orden del siguiente grupo de gobierno, con Déniz como alcaldesa.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife ha archivado provisionalmente la causa en el caso La Bufona contra el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero y la ex alcaldesa María Isabel Déniz. El juez mantiene la imputación contra los promotores del plan parcial, Antonio Caro, Federico Echevarría y Francisco Carmona. El denunciante del caso, Gonzalo Murillo, ha recurrido el auto del juez.
En dicho auto, el juez considera que no hay motivos para imputar a Déniz por prevaricación. Señala que las licencias presuntamente ilegales se concedieron con informe favorable de los técnicos. En su declaración ante el juez el pasado mes de octubre, Déniz declaró esto mismo aunque no quiso dar los nombres de los técnicos que avalaban las licencias.
A la ex alcaldesa también se la acusaba de no haber procedido a sancionar a los promotores a requerimiento de la Agencia de Protección del medio urbano y natural y de levantar el precinto ordenado por esta Agencia. En el primero de los casos, señala el juez que Déniz aún no había tomado posesión (se notificó la resolución el 1 de agosto y fue nombrada alcaldesa el 11 de septiembre) y en el segundo, dice que un informe de 10 de diciembre de 2007 del jefe de sección de actuaciones previas de la Agencia de protección del medio urbano y natural afirma que el precinto no se llegó nunca a ejecutar.
El denunciante ha enviado un escrito a esta Agencia señalando que o bien el jefe de sección miente o bien se produce un caso de prevaricación por omisión ya que la Agencia no ejecuta sus mandatos.
Señala además que la Guardia Civil garantizó que se cumplió la orden de precinto en el año 2001 y cita incluso los nombres de las dos funcionarias de la Agencia que estuvieron presentes. Por otro lado, la presidenta del Cabildo, Manuela Armas y ex alcaldesa de Arrecife, señalaba a LA PROVINCIA/DLP el 3 de abril de 2002 que ella misma ordenó paralizar las obras en La Bufona “tras valorar los informes técnicos y jurídicos del caso” y que esa orden la levantó el siguiente grupo de gobierno, liderado por Déniz.
En cuanto al archivo del caso a Camero, el juez señala que la imputación de firmar licencias ilegales “carece de fundamento a la vista de que excede del ámbito competencial del mismo”.
En el auto, por el que se continúa el proceso contra los otros tres imputados se reconoce que hay un “entramado de sociedades constituidas en fechas cercanas a la presentación del proyecto de modificación del plan parcial en las que como partícipes y administradores aparecen las mismas personas y que realizan contrataciones entre sí en condiciones que pueden considerarse excesivas para su desenvolvimiento en el tráfico y capacidad económica”. Se habla también de “irregular situación urbanística existente”.
Murillo, que ha recurrido este auto, señala en su recurso que el Juzgado ha rechazado “sistemáticamente” tomar declaración a los propietarios de las viviendas a pesar de que había motivos suficientes para ello.
Señala además que los imputados derivaron la responsabilidad de la edificación ilegal hacia los propietarios de las viviendas, entre los que está el Fiscal Jefe de Arrecife, y aun así no se les llamó a declarar, por lo que se considera indefenso. En este proceso sólo se ha llamado a declarar a los imputados y la Fiscalía no ha asistido a esas tomas de declaración.
Finalmente el auto del juez, respecto a la alteración en el catastro de las fincas de Murillo, señala que quedó resuelta a través de un informe del gerente regional del catastro de junio de 2006. El pasado 8 de febrero las fincas de Murillo volvieron a desaparecer de la base de datos del catastro por segunda vez sin notificárselo a su propietario.
Saúl García en La Provincia 5.3.2008
La lucha contra el urbanismo salvaje
Una ‘Marbella’ emerge en Lanzarote
Un tercio de los más lujosos hoteles de Lanzarote son ilegales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado 22 licencias de complejos turísticos concedidas por los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise que se saltaron la moratoria urbanística de 2000. Estos complejos afrontan ahora la demolición, ya que el Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique, los que han ganado los juicios, estudian pedir la ejecución de las sentencias en los casos más sangrantes. La justicia ha anulado ya 7.721 plazas turísticas, casi todas desde septiembre pasado, y hay pendientes recursos similares hasta llegar a las 15.000, lo que supone un 23% de todas las plazas de la isla.
Los hoteles Meliá Volcán, Iberostar Papagayo, Gran Castillo, Natura Palace, Rubicón Palace, Papagayo Arenas y Son Bou, están entre los grandes complejos anulados, según el listado del cabildo. A ellos se les acaba de sumar el Princesa Yaiza, según fuentes conocedoras del caso, un hotel de cinco estrellas de lujo de 330 habitaciones cuya licencia recurrió la Fundación César Manrique.
Otros son apartoteles menos conocidos, como los Coloradamar; y seis están aún en construcción. De las 22 sentencias, ocho anulan hoteles de más de cuatro estrellas (de los 25 que hay en la isla), 10 afectan a apartoteles y cuatro a obras ya paralizadas.
La cascada de sentencias deja en el aire estos hoteles y concluye un procedimiento que se inició en 1991, cuando se revisó el plan de ordenación insular, y en 2000, cuando Lanzarote aprobó la conocida como moratoria turística, que limitaba el número de plazas turísticas que se podían construir, y obligaba a que los hoteles tuvieran más de cuatro estrellas. La isla trataba así de garantizar el turismo de calidad y huir del desarrollismo que marcó el plan vigente hasta entonces, de 1973.
Pero los Ayuntamientos de Yaiza (10.000 habitantes) y Teguise (17.000) se saltaron la moratoria y concedieron licencias para miles de plazas turísticas con una inversión de 270 millones de euros. José Francisco Reyes fue alcalde de Yaiza entre 1994 y el pasado 8 de febrero. Primero con Coalición Canaria y luego con el Partido Nacionalista de Lanzarote. Ayer no quiso contestar a este diario y remitió a la información del cabildo. El regidor de Teguise fue Juan Pedro Hernández, del Partido Independiente de Lanzarote, y en la última legislatura en Coalición Canaria, cuando dejó el cargo. Este diario intentó ayer, sin éxito, contactar con él.
“Esos ayuntamientos rompieron el ordenamiento que nos habíamos dado para preservar la isla, que es reserva de la biosfera”, explica el consejero del cabildo insular Carlos Espino, del PSOE. El cabildo y la Fundación César Manrique recurrieron una treintena de complejos que superan las 15.000 plazas hoteleras. Esto supone el 23% de las 65.000 que tiene la isla si se incluyen las extrahoteleras y un 50% de las plazas de hoteles.
Desde el año 2006, pero especialmente desde el verano pasado se han sucedido las sentencias anulando las licencias de obras. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no acepta ninguna de las cuatro fórmulas por las que los ayuntamientos se saltaron el plan de ordenación de la isla. Un total de 11 hoteles con la licencia impugnada recibieron hasta 2002 al menos 36,5 millones de fondos europeos de ayuda a zonas deprimidas. Sólo el Princesa Yaiza, cuya licencia acaba de ser declarada ilegal, recibió cuatro millones de euros.
Dos juzgados investigan si los responsables de los ayuntamientos cometieron delito al conceder las autorizaciones para estos hoteles ya anulados. Un informe jurídico del cabildo apunta también a Felipe Fernández Camero, que fue secretario municipal de Arrecife y luego actuó como abogado de los ayuntamientos y de algunos promotores que recibieron licencias, siempre según el texto.
Lo más complicado ahora es saber qué hacer con estas obras, ya que el problema es similar al de Marbella, en la que había sentencias declarando ilegales miles de pisos. Los empresarios alegan que un plan de derribos masivos harían perder empleos y hundiría el turismo de la isla.
“No habrá una amnistía. Derribaremos lo que haya que tirar”, señala Espino. Éste sin embargo admite que “los complejos que puedan ser legalizables serán legalizados si a cambio los dueños renuncian a construir en suelo de su propiedad o nos lo ceden”. Espino añade: “No podemos derribar 27 hoteles porque el coste ambiental sería mayor que el de mantenerlos”.
Los trámites de demolición sí están avanzados para el Papagayo Arenas. La dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado el procedimiento de expropiación al considerar que el hotel invade el dominio público marítimo terrestre, la primera línea de playa que, según la Ley de Costas, de 1988, es intocable. También estudia demoler el hotel Gran Castillo, situado junto a éste en Playa Blanca. Pero aún puede tardar años.
“Nos están escuchando”
Al igual que en Marbella, una vez anuladas las licencias los juzgados investigan si quienes concedieron las licencias cometieron delito. Tras la querella de Carlos Espino por prevaricación, el juzgado 2 de Arrecife ordenó el pasado 20 de diciembre a la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de la policía que investigue el patrimonio de los alcaldes afectados, José Francisco Reyes (Yaiza) y Juan Pedro Hernández (Teguise). La policía tuvo pinchados los teléfonos de los dos regidores dadas “las posibles responsabilidades penales en las que unos y otros hayan podido incurrir -tipologías delictivas tales como malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho etcétera”, según un informe policial del pasado 9 de enero, que remite a otro en el que “se exponían los extremos más relevantes del entramado de irregularidades advertidas en la actuación de ambos ayuntamientos”.El alcalde de Yaiza habla amenudo con Tato, que presuntamente sería el ex edil de Urbanismo de Yaiza José Antonio Rodríguez. Los investigadores constataron “la desconfianza” de los alcaldes a hablar por teléfono. Cuando el regidor de Yaiza, comentaba una licencia que, según denunció a la policía uno de los arquitectos del proyecto supuso una comisión de tres millones, Tato espetó: “Pero eso lo hablamos, pero no ahora por teléfono, que nos están escuchando”. Las escuchas se suspendieron.
Historia de la ‘Marbella canaria’
El Cabildo insular inicia en 1991 la revisión de las normas urbanísticas, que concluye en 2000 con la moratoria urbanística para limitar la construcción de hoteles.- Los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise conceden entre 1991 y 2004 licencias para miles de plazas turísticas con una inversión de 270 millones, ignorando el plan insular.- El Cabildo y la Fundación César Manrique recurren ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias una treintena de licencias que afectan a 15.000 plazas turísticas, un 23% de los alojamientos de la isla.- La UE concede subvenciones por más de 36,5 millones a los complejos hoteleros para potenciar la zona.- El tribunal ha anulado desde 2006 ya 22 licencias, de las cuales ocho corresponden a hoteles de más de cuatro estrellas. Un tercio de los hoteles de lujo de la isla están afectados. El último es el Princesa Yaiza, de cinco estrellas.- En diciembre de 2007 un juzgado ordena investigar el patrimonio de los alcaldes de Yaiza y Teguise bajo cuyo mandato se concedieron las licencias.- El Cabildo estudia qué hoteles legaliza a cambio de compensaciones, pero ya tramita el derribo de dos edificios.
Rafael Méndez en El País 17/03/2008
Quienes deseen ver la noticia en su contexto original, pueden verla aquí:
http://www.elpais.com/articulo/espana/Marbella/emerge/Lanzarote/elpepiesp/20080317elpepinac_1/Tes
Escolios
Alfonso González Jerez
Nicolás Gómez Dávila es uno de los escritores semisecretos de América Latina. Falleció en 1994, a punto de cumplir los 91 años, y salvo sus viajes juveniles por Europa, demorados viajes de un hijo privilegiado de terratenientes colombianos, vivió casi enclaustrado en su maravillosa biblioteca de treinta mil volúmenes en griego, latín, inglés, francés, alemán, italiano y español. Era un reaccionario, un iracundo tranquilo, un crítico corrosivo e irreductible de la modernidad, un prosista de una precisión y tersura excepcionales. Solo publicó un libro, ya en su vejez, aunque en tres entregas: sus Escolios a un texto implícito. Aforismos devastadores que evidencian una independencia intelectual que parece esculpida en mármol. Dejo los tres volúmenes de Gómez Dávila de lado y, suspirando, tomo los periódicos del día, y me encuentro, algo terrible, con declaraciones del señor don Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.
Domingo Berriel responde a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de anular las licencias concedidas ilegalmente por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise para la construcción de 22 instalaciones hoteleras en Lanzarote. Según el señor Berriel, no hay que derribar nada, bendito sea Dios. La mayor parte de las anulaciones del Tribunal Superior de Justicia puede ser subsanadas corrigiendo, elegante y puntualmente, algunos errores de forma. Es el Gobierno el que sienta ahora una jurisprudencia olímpica al establecer que las sentencias judiciales ya no son sentencias judiciales, sino morfologías imperfectas que desaparecen suprimiendo aquí y allá algunos renglones, y pelillos a la mar, a la piscina o al spa. En ningún momento de sus declaraciones el señor Berriel se detiene en el detalle trivial de la ilegalidad cometida. Los concejales de Yaiza y Teguise se lamentan del terrible daño causado a la imagen turística de Lanzarote, muestran su espanto por hipotéticas demoliciones y piden comprensión. Ya lo decía en un par de escolios Gómez Dávila. Uno: “El pueblo no elige a quien lo cura, sino a quien lo droga”. Y el siguiente: “Ya no basta con que el ciudadano se resigne, el Estado moderno exige cómplices”. Complicidad, comprensión, apoyo para que un delito mayúsculo no nos deje en evidencia si se cumple la ley.
En Diario de Avisos, 20.3.2008
El arquitecto de Costa Roja, en Lanzarote, denunció la supuesta compra ilegal de la licencia urbanística por tres millones
Saúl García
El arquitecto Enrique Ruiz Santana denunció ante la Policía Nacional el pasado mes de septiembre la supuesta compra ilegal de una licencia urbanística por parte del promotor Luis Fernando Lleó Kuhnel al Ayuntamiento de Yaiza. Ruiz, en su denuncia, señala incluso el precio de la licencia: tres millones de euros.
La licencia la otorgó el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes a Residencial Costa Roja (ahora en disolución) en diciembre de 2006. Se concedió en periodo de suspensión de licencias para viviendas dentro un suelo de uso turístico no sectorizado y bajo el amparo de un Plan General de 1973 sin adaptar a ninguna norma urbanística posterior.
La licencia permite la construcción de 1.012 viviendas, 228 locales y 2.559 garajes con un presupuesto de ejecución de más de 69 millones de euros. Se trata del mayor proyecto urbanístico de la isla de Lanzarote.
El Cabildo, cuando conoció la licencia a través de una publicación local, la impugnó. El Juzgado de lo Contencioso admitió la suspensión cautelar de las obras, que siguen paradas. En abril, el consejero socialista Carlos Espino decide querellarse contra Reyes, contra el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, y contra el secretario municipal, Víctor Bartolomé Fuentes. El caso sigue en el Juzgado número 8 de Lanzarote.
El arquitecto, según su propia denuncia, realizó el proyecto básico de la urbanización en junio de 2006. Alega que no tiene pruebas directas de la compra, pero que le informaron que el proyecto “era una patraña”, ya que se quería conseguir la licencia “por la vía rápida”. Se pone en contacto con el promotor, quien le niega los hechos, pero decide abandonar el proyecto. Denuncia un año después, “porque la Audiencia Provincial anula la licencia” y así queda reforzada su versión.
La versión del arquitecto es que la supuesta compra ilegal se haría por el 5% del presupuesto, unos tres millones de euros. Se pagaría “en pagarés al portador que se cambian por dinero negro” y garantizaría la operación con su aval verbal Pedro de Armas, concejal del PNL en Arrecife y compañero de partido del ex alcalde de Yaiza. De Armas, que declaró hace un mes en el Juzgado por este caso, negó haber sido el intermediario y manifestó después que se trata de una “maniobra política” del PSOE.
En noviembre de 2007, el arquitecto declara en el Juzgado número 8. Señala que la información de la supuesta compra le llega a través de Fermín Curbelo, contratista de las obras. En su declaración ante el juez se reafirma en la denuncia y señala que De Armas es el “valedor” porque lo deduce de conversaciones que ha escuchado, aunque nunca ha hablado con él.
También señaló en su declaración que tuvo cuatro reuniones con el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, para hablar de qué ordenanza se aplicaba al suelo donde se iba a otorgar la licencia y aseguró que tuvo una reunión en la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias “para esa parcela y otras” a la que acudió con Augusto Lorenzo, hermano y abogado del anterior y ex consejero de Política Territorial del Gobierno canario, y con el promotor Luis Lleó. En esa reunión se les dijo, según Ruiz, que esperaran el nuevo Plan General, que nunca se ha llegado a aprobar.
Por otra parte, el constructor Fermín Curbelo, según ha podido saber este periódico, se dirigió al director de riesgos de una entidad bancaria para advertirle de que anulara cualquier intento de Luis Lleó de que le concedieran un crédito porque el banco perdería el préstamo y estaría incurriendo en un delito al tener conocimiento de ello.
En La Provincia, 20.3.2008
Perdomo: “Se quiere acallar las voces críticas para no destapar la trama de corrupción de Lanzarote”
canarias24horas.com. Jueves, 20 de marzo de 2008.
Lanzarote/ Mario Alberto Perdomo, conocido periodista de Lanzarote, afirma que “los adalides de la corrupción”, en sus distintas variantes pero particularmente aquellas que se refieren al suelo y la promoción urbanística e inmobiliaria en Lanzarote, “llevan 25 o 30 años tratando de acallar las voces críticas, con el falso argumento de que eso atentará contra la buena imagen de la isla en el exterior”. Tan dura y rotunda afirmación es formulada por el periodista a raíz de la repercusión, tanto mediática como social, que ha generado la noticia que en el día de ayer protagonizaba la portada del diario El País, denunciando la ilegalidad de un tercio de los hoteles de la isla.
Recuerda Perdomo que lo que la noticia que recogió el prestigioso diario de tirado nacional, es un tema por todos conocido. “Se critica a El País por hacerse eco de algo que aquí es super conocido”, dice el periodista, añadiendo que sobre esos hoteles pesan sentencias firmes: “Uno pincha en Internet y te sale todo…”, comenta sorprendido por tanto revuelo. A su juicio, la noticia ha generado dos tipo de reacciones claramente diferenciadas.
Por un lado, la de aquellos que aseguran que con la misma se desprestigia a Lanzarote, que ello redundará en el número de turistas y que quien afirma tales cosas está coemetiendo un acto de irresponsabilidad con la isla. Por el otro, sitúa Mario Alberto a aquellos que exclaman “ya está bien” y que ya era hora que un medio de tanta relevancia como El País se hiciera eco de los incumplimientos de la legalidad urbanística, que califica como “archiconocidos en la isla”.
En este sentido, considera que son aquellos con intereses de tipo económico, con el beneplácito de las instituciones públicas, más concretamente los ayuntamientos turísticos, los que “pretenden cerrar la boca a las voces críticas” usando argumentos como el primero, aludiendo a un supuesto perjuicio para Lanzarote.
“Siempre son los mismos…aquellos que tienen intereses económicos muy potentes y que vulneran sistemáticamente la legalidad, con la aquiescencia y el beneplácito de las instituciones públicas”, sentencia. Ejemplifica el periodista esas “voces críticas” refiriéndose a César Manrique, al movimiento progresista de Lanzarote, incluso al Presidente del Cabildo Insular, al que algunos se han servido criticar por plantear que no existirán miramientos con las alrededor de 23.000 camas turísticas que están en entredicho en estos momentos.
“Ya están pidiendo su dimisión esos mismos”, cuenta Perdomo; “los ámbitos cercanos o directamente implicados en la vulneración sistemática de la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística de Lanzarote”.
Gonzalo Murillo: Lo expresado en el artículo es el quid de la cuestión. ME MANIFIESTO CONTRA LA CORRUPCIÓN.
El dedo, el tonto y el cielo cuajado de estrellas
Javier Sánchez
La pandilla de impresentables que nos ha metido a todos en este lío vuelve a salir en la foto para decir lo mismo de siempre:
• Los que hablan de sus ilegalidades, de sus trapicheos, de su enriquecimiento ilícito son… unos traidores a los intereses de… Lanzarote.
Fuertes caraduras.
• Que los jueces y tribunales que fallan en su contra, una y otra vez, son unos ignorantes que, en realidad, no saben cómo son las cosas: Lanzarote es su república bananera independiente, donde cualquiera, con un poco de dinero y amigos, puede saltarse la ley impunemente, que así ha sido hasta ahora y que así quieren que siga siendo.
Fuertes caraduras.
• Que la prensa independiente que se hace eco de sus miserias y corruptelas no pone en el aire sus irregularidades, ilegalidades y compincheos, sino que ataca los intereses de Lanzarote y su imagen turística, pues ya se sabe: Lanzarote son ellos, y la imagen de Lanzarote, la de ellos, la de sus hoteles construidos en contra de la legislación vigente, la de sus mansiones, yates y yeguadas.
Fuertes caraduras.
• Que aquí el único que sabe de que va la cosa es D. Felipe Fernández Camero, su ilustre director de operaciones legales y no tanto, ex-secretario del Ayuntamiento de Arrecife y prestigioso abogado, pues, ya se sabe, el hecho de que pierda en los tribunales una y otra vez (también sus propios asuntos), e incluso, los jueces y tribunales le adviertan, también una y otra vez, por sus prácticas jurídicas torticeras, y por alimentar la ‘ceremonia de la confusión’, no tiene nada que ver con su prestigio, cimentado en sólidas amistades y años de… mejor vayan a Cuadernos del Sureste:
http://www.linea-e.com/cuadernos/secuestro/secuestro.htm y lo leen ustedes mismos.
El hecho de que algunos lo califiquen como ‘El Roca Lanzaroteño’, según hemos sabido por CanariasAhora.es, tampoco tiene nada que ver, ni con él, ni con su prestigio. ¡Faltaría más!
Fuertes caraduras.
• Que todo es mentira, que todo el que se atreve a decir algo miente y que aquí hacen falta soluciones enérgicas, que las administraciones públicas pongan el dinero de todos, los funcionarios de todos y el tiempo de todos a deshacer sus propios entuertos y a consolidar sus intereses que, evidentemente, son los que nos interesan a todos. Eso sí, todo esto en el mayor de los silencios, en la oscuridad de la mesa de amigos y colegas… y caigan el oprobio y la condena sobre el que se atreva, ni tan siquiera, a preguntar.
Fuertes caraduras.
• Por último lanzan, sostienen y propagan la amenaza contra toda la población de Lanzarote: el paro, el hambre, la penuria y lo que no está escrito caerán sobre nosotros como plagas bíblicas. Claro que eso se puede arreglar si todos, absolutamente todos, colaboramos en tapar y resolver, a conveniencia, sus trapicheos e ilegalidades, sus caprichos y sus juergas, la avaricia desmedida de algunos promotores y la connivencia necesaria, culpable y deshonrosa de algunos políticos, técnicos, abogados, empresarios, periodistas y demás fauna.
Fuertes caraduras.
Y lo que realmente ocurre es que no se enteran, que como dice un amigo: no tenían plan B. Estaban, hasta las famosas cuatro columnas, tan seguros de su impunidad, tan firmemente convencidos de que todo estaba atado y bien atado, que ahora verlos temerosos, de reunión en reunión, callando ante las preguntas de la prensa, resulta un espectáculo tan patético como edificante.
La verdad es que están asustados de la luz, de los taquígrafos, inventan oscuras complicidades y persecuciones, reclaman el silencio de la familia, de la mesa camilla, para arreglar estas naderías entre amigotes, como siempre ha sido, como firmemente creen que debe seguir siendo.
Esperan la reacción temerosa y cómplice de la población de Lanzarote, anuncian el Apocalipsis y ponen a sus voceros y a la nómina de políticos de tres al cuarto que les secundan a gritar en tertulias y entrevistas, sacan al Roca Lanzaroteño otra vez a la palestra, D. Felipe por aquí, D. Felipe por allá. Ya nos habían contado que El Cid cabalgó cadáver.
El País ha encendido la luz. Ellos sabían con precisión que mientras no se hablara de sus asuntos fuera de las islas y sus voceros hicieran el trabajo encomendado, tapando con el cacareo mediático las voces valientes y el trabajo de los profesionales responsables, aquí todo estaba controlado, la bruma oceánica. Pero ahora no es as í: la ola que ellos pusieron en marcha con sus actividades ilegales ahora los arrolla. Piden agua por señas, piden abiertamente que las instituciones de Lanzarote y el Gobierno de Canarias los protejan y colaboren con el entramado para mantener las cosas como deben ser, en silencio y entre amigos, al margen de la otra prensa, la que no es suya, al margen de la justicia y de la sociedad en su conjunto.
Además tienen la caradura de pedir rápidas, sustanciosas y urgentes inversiones de dinero público para lavar no sé qué mancha en la imagen de Lanzarote . Creo que se refieren a las manchas de nacimiento de sus propios negocios, cuando en realidad lo que deben hacer con urgencia es devolver el dinero que la Unión Europea envió para que sirviera al mejor desarrollo de toda la comunidad, y ellos emplearon en su propio beneficio y en operaciones urbanísticas ilegales.
También deben explicar a la Inspección de Hacienda el uso dado a los fondos de la RIC, dinero de todos los españoles, dinero de la hacienda de todos, dinero que no se puede emplear en operaciones irregulares y/o ilegales. Mucho, mucho por explicar. Y mientras tanto la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, ex gerente de Asolan, se desgañita defendiendo a los suyos, que como ella misma deja claro son los que son, olvidando que su primera obligación es cumplir y hacer cumplir la legislación.
No crean que aquí acaban las tareas, no. Les queda desfilar ante la Justicia, explicar con pelos y señales todo el entramado. Mientras antes lo hagan mejor para sus intereses y para todos, pues, no les quepa duda, antes o después se conocerán hasta los últimos detalles , y por lo menos tendrán el beneficio de haber colaborado con la Justicia.
Por último, en mi opinión, les queda la convocatoria de una rueda de prensa en la que pidan público perdón. Sí, perdón y público. Pública solicitud de perdón a la comunidad en su conjunto, a las instituciones que han manipulado y desprestigiado, y a las personas que han sufrido sus infundios, presiones, amenazas y otras lindezas en estos años de triste apariencia predemocrática.
Lanzarote se incorpora al S. XXI. Limpiemos la casa sin temor, tengan por seguro que cualquier huésped, de cualquier clase o condición, prefiere alojarse siempre, pero siempre, siempre, en aposentos higiénicos y luminosos. Que se ponga orden y se sacudan las alfombras, no asustará a nuestros visitantes, que las instituciones y nuestra Justicia funcionen como todos los que nos miran esperan, sólo puede contribuir a robustecer la imagen de marca de Lanzarote, una isla atlántica que aún ofrece un destino diferenciado y cuya sociedad ha hecho un largo y, muchas veces, dificultoso esfuerzo por planificar su escaso territorio y ordenar su principal industria.
En Diario de Lanzarote, 21.32008
Aunque estoy en desacuerdo con sus planteamientos, dejo aquí la opinión de Miguel Ángel de León sobre los acontecimientos derivados de la publicación en El País de un artículo sobre las ilegalidades que motivaron esta entrada. Y que los hechos sirvan de contraste …
El País… de los ciegos
Miguel Ángel de León
En los 33 años de historia del diario El País, Lanzarote no había merecido nunca los honores de ocupar su portada, si exceptuamos alguna llamada esquinada o alguna fotografía por la circunstancial presencia en suelo insular de algún destacado personaje de la política nacional o internacional, o la frívola imagen de algún miembro (o “miembra”, que dirían en Mararía) de la Familia Real, como si la mía fuera o fuese de mentira. La excepción que al cabo sólo venía a confirmar esa regla del ninguneo informativo llegó el pasado lunes, 17 de marzo del año en curso. De repente, el rotativo nacional con sede en Madrid entendía que la noticia principal de la mencionada fecha estaba directamente relacionada con esta pobre islita rica sin gobierno conocido, y merecía además un titular a cuatro columnas que informaba, textualmente, de que “Un tercio de los hoteles de lujo de Lanzarote son ilegales”. El antetítulo (“La lucha contra el urbanismo salvaje”) y el subtítulo (“El Tribunal de Canarias anula las licencias de 22 complejos”) tampoco eran chicos ni mancos.
Aparte del pequeño/gran detalle de que el supuesto notición no era tal (y si lo era ya llegaba desfasado porque se había venido publicando en la prensa local desde hacía meses), fue lo cierto que para el periódico de información general más leído en España y parte del extranjero, Lanzarote pasaba así de la nada informativa al total estrellato… y luego otra vez la nada. Desde aquel lunes hasta el lunes siguiente de esta misma semana, El País no ha vuelto a publicar al respecto ni un titular -ni siquiera a una columna- ni una mísera línea de información u opinión sobre una noticia que el citado periódico creyó -sólo por un día- ser merecedora de portada y de cuatro columnas. Y mira que son raras las cuatro columnas en ese periódico teóricamente no sensacionalista. De hecho, desde el Lunes de Pasión no volvió El País a imitar ese despliegue tipográfico… hasta el Domingo de Resurrección, a cuenta de lo habitual: la endogamia necionalista de los de siempre, de la que me niego a hacer publicidad en esta humilde tribuna impresa y digital. ¿Dónde está el elemental seguimiento de aquella macro-noticia? ¿Dónde queda la mínima lógica periodística? ¿Ni una mísera carta al director, con toda la escandalera política, periodística y empresarial que se ha montado en la isla que fue reina por un día en la portada?
Ese silencio editorial posterior al Día de Autos se puede entender si lo escenificaran otros medios de comunicación, por aquello de no ir a remolque de la supuesta “primicia” o “exclusiva” (no fue ni una cosa ni la otra) de la competencia. Pero resulta algo más que sorprendente el mutismo posterior del mismo rotativo que lanza la presunta gran revelación informativa… de la que seguimos esperando más detalles (se publicarán, no lo dude nadie, pero ya está tardando El País en dar más noticia sobre su noticia a cuatro columnas en portada y sobre esa comparación de Lanzarote con Marbella). ¿Cómo es que lo que mereció tanta atención editorial luego sólo merece el más absoluto olvido? No tiene lógica periodística, en efecto, que la escandalera dé paso al más atronador silencio. Y tampoco es la lógica editorial de ese periódico. Lo escribe alguien que lleva más de treinta años siendo lector del mismo (y de la competencia). ¿Qué pasó entonces? ¿Qué le falló a El País, aparte de los pequeños/grandes deslices cometidos en la información de marras por el redactor que patinó a cuenta del cuento de la demorada moratoria? ¿De verdad se publicó lo que dicen las hemerotecas que se publicó o lo hemos soñado entre todos? ¿Es Carlitos Espino un ente fantasmal, un espectro que licúa como quinceañera con los primeros picores al sur del ombligo ante la llamada de El País, esa Biblia sagrada del psoecialismo que ha trocado a los “progres” en “regres” sectarios?
Conste que no voy contra el mensajero ni pongo en duda la oportunidad de publicar algo que ciertamente puede hacer mucho daño en una isla cuya economía depende de forma directa o indirecta en un 90% del monocultivo turístico, como están intentando hacer tantos por aquí abajo. Los culpables del mal son quienes lo han creado, no quienes lo denuncian. Apenas horas después de que se conociera la portada que hoy nos ocupa, me harté de decir en la radio que los que intentan matar al mensajero recuerdan al tonto que cada vez que le señalan la Luna con el dedo se queda mirando el dedo. Cuando la información es veraz, todo lo demás es secundario. Esconder la cabeza bajo el ala, meter la basura bajo la alfombra o cerrar los ojos cuando te disparan en mitad de la frente no evita el balazo. Pero alguna pieza se le tuvo que caer por el camino al periódico que creyó haber descubierto la pólvora (mojada, de momento) para que saque de la nada informativa a una isla por sólo 24 horas y la devuelva otra vez a la nada. Eso es Lanzarote para alguna prensa: un parpadeo, un fulgor fugaz en mitad de la eternidad. En esto se nos ha quedado la islita: en nada. Y lo que es peor: una nada que además es ilegal. Casi nada.
En Crónicas de Lanzarote, 25.03.2008
Para compensar, lo que dicen los del “panfletucho”, según definición de Carlos de Inza:
La infamia insular, en portada
La noticia ya la conocerán de sobra. El pasado lunes, el diario El País abría titulares con la siguiente noticia: “Un tercio de los hoteles de lujo de Lanzarote son ilegales”, mientras en las páginas interiores la noticia era titulada como “Una `Marbella´ emerge en Lanzarote”.
Las reacciones en la isla, como no podría ser de otra manera, han sido de república bananera, y empresarios y políticos se pusieron rápidamente las pilas para denunciar “el daño” que se había hecho a la imagen de Lanzarote por la publicación de la noticia, recomendando que los trapos sucios se laven en casa. Casualmente, se olvidaron de mencionar nada sobre la obligación de los empresarios de cumplir y acatar la Ley.
Recopilando: los mismos tipos que llevan años forrándose a costa de construir hoteles saltándose la moratoria, recibiendo millonarias ayudas europeas “para zonas deprimidas”, y controlando medios de comunicación, se llevan las manos a la cabeza porque un periódico nacional cuenta la verdad de lo que está ocurriendo en la isla. El mundo al revés.
Pero hay que entenderlos. Son muchos años los que llevan estos señores actuando como si fuesen los auténticos dueños de la isla sin que nadie les rechiste, y verse señalados en todo el país como integrantes de una trama de corrupción urbanística debe ser difícil de asumir.
En http://www.elagitador.com/?p=681
Felipe Fernández Camero sigue empeñado en demostrar que es cierto lo que algunos sugieren, que existe una “unidad de dirección legal” que hila y relaciona todos los asuntos en los que se han conc3edido licencias ilegales. Aquí tienen la penúltima prueba:
Fernández Camero compara la anulación de licencias del Princesa Yaiza con las obras que ejecutó la FCM en la Casa de las Cúpulas
El abogado que defiende la mayoría de los casos vinculados con la moratoria turística tanto de empresarios como de los ayuntamientos de Teguise y Yaiza, Felipe Fernández Camero, se refirió ayer en el programa radiofónico El Despertador de la 95.8 a la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el recurso presentado por la Fundación César Manrique (FCM), mediante el cual se han anulado las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Yaiza al hotel Princesa Yaiza, de 660 plazas, situado en la parcela B del Plan Parcial Costa Papagayo, en Playa Blanca. Según señaló Fernández Camero, “también la FCM dijo que iba a pedir una indemnización a las administraciones competentes porque el Ayuntamiento de Teguise y el Gobierno de Canarias le dieron una licencia para ejecutar obras”, obras en la sede de la Fundación que luego resultaron ilegales según el TSJC.
Y es que, para el abogado, la sentencia del TSJC implica “la anulación de una sentencia anterior de un juzgado de contencioso de Las Palmas que había inadmitido el recurso de la Fundación César Manrique, cosa que ha sucedido en otros muchos recursos en los juzgados competentes en esta materia administrativa”. “Varios de ellos han dictado sentencia inadmitiendo recursos de la Fundación al considerar que estaban interpuestos fuera de plazo”, añade el letrado.
En este sentido Fernández Camero dijo que si “lo que es evidente es que cuando varios juzgados han inadmitido los pleitos de la Fundación, tan desencaminadas no deben andar las cosas”.
Asimismo indicó que lo que está sucediendo es que “asistimos a una ceremonia de la confusión”. La sentencia que anula las licencias del hotel Princesa Yaiza interpuesta por el TSJC anula por un lado la sentencia del juzgado de Las Palmas y, por otro, la licencia “por un solo motivo”, afirmó Fernández Camero. Este motivo, según dijo, se debe a un “defecto formal” que, en todo caso, es “un defecto subsanable”.
Por tanto, la consecuencia de la sentencia del TSJC -dijo- es que cuneado se ejecute habrá que retroceder en el procedimiento, con lo que el “Ayuntamiento tendrá que resolver a la fuerza la licencia que le pidieron y que ahora no existe”.
Además, el abogado explicó que en la sentencia no hay ninguna medida de demolición, “porque no puede haberla”. Según afirmó, “hay que volver atrás y volver a resolverla; esas son las consecuencias se quiera o no se quiera”.
En Crónicas de Lanzarote, 26.3.2008
El dedo en la llaga
El reportaje publicado en el diario El País el pasado día 17 de marzo, bajo el título “Una ‘Marbella’ emerge en Lanzarote”, ha levantado un revuelo que hace años no se veía por la difusión de una noticia sobre la isla. No es para menos, ya que esa comparación con la localidad andaluza, que es sinónimo nacional de corrupción, no puede dejar indiferente a casi nadie. Se trata sin duda de un titular que atrae, que invita a leer un reportaje sobre el sitio donde se da a entender que puede estar el embrión de un nuevo Julián Muñoz, y que para muchos seguía sonando como un paraíso de la naturaleza y el respeto medioambiental.
Y no menos llamativo es el título dedicado a ese reportaje en portada (“Un tercio de los hoteles de lujo de Lanzarote son ilegales”), puesto que para muchos lectores, alguno de esos establecimientos puede ser el hotel donde alguna vez se alojaron, o están a punto de alojarse, o planean hacerlo dentro de algún tiempo. El artículo, sin duda, ha atraído muchas miradas de España e incluso de otros países, y es difícil saber con qué sensaciones se habrá quedado cada uno, pero desde luego serán muy variadas. Como variados pueden ser sus efectos.
En cualquier caso, sean cuales fueran –que tal vez no sean tan nefastos como los más tremendistas predicen, ni tampoco tan “positivos” como señalan desde la otra acera con evidente exceso de optimismo-, no hay que perder de vista el fondo de la cuestión, que es si lo publicado en el reportaje es cierto o no. Porque si no es cierto, no se justifica otra reacción que no sea la indignación, la exigencia de rectificación y la advertencia de presentar una denuncia judicial. Pero si es cierto, guste o no guste, habrá que aguantar el chubasco, porque no se puede criticar un reportaje por develar aquello que algunos querían mantener “oculto” a nivel nacional, como se desprende de algunas declaraciones escuchadas reiteradamente en estos días.
Respecto a si es verdad o no lo que dice ese reportaje de “El País”, en esencia no es ni más ni menos que lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo dentro de la isla, aunque sí cabría señalar que su titulación esté tal vez un tono más arriba de lo que debiera, puesto que es excesivo comparar a Lanzarote con Marbella como sinónimo de corrupción, cuando en esta isla no hay –al menos de momento- ningún representante político siquiera detenido por un delito urbanístico. El artículo también tiene algunas inexactitudes, como sostener que las 22 licencias “ilegales” lo son por incumplir la moratoria, o que todos esos hoteles pueden “afrontar la demolición”. Y también puede considerarse injusto que en ningún momento se aclare en el reportaje que pese a esas “ilegalidades”, Lanzarote sigue contando con uno de los mejores litorales de todo el Atlántico.
Pero al margen de eso, la sustancia del reportaje publicado por “El País” se ajusta no solamente a la realidad, sino también a lo que la gran mayoría de la sociedad lanzaroteña ya sabía sobre este tema: que ha habido alcaldes que se han saltado la legalidad establecida a la hora de conceder licencias. Y si es verdad, no hay por lo tanto que ver “delito” alguno en la publicación de esa información.
Lo concreto es que aquí, como ya sabíamos, hay un problema, lo publique o no lo publique “El País”. Y ese problema hay que solucionarlo, a la mayor brevedad posible. En eso es en lo que tienen que centrarse nuestros representantes políticos, y no en ver quién tiene la culpa de “airear los trapos sucios perjudicando la imagen turística”. La doble moral sobre este tema es lo que no tiene cabida. No se puede decir “es verdad que hay hoteles con licencias ilegales pero no hay que decirlo porque daña nuestro turismo”. Lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra para curar las heridas que pudiera tener nuestro territorio y para normalizar aquella planta alojativa de la que hay que sentirse orgulloso como destino turístico, más allá de que haya intermediado la acción incorrecta de algún alcalde. Eso será realmente afrontar el problema, y todo lo demás no serán sino vociferaciones sin efecto alguno, provengan de quienes provengan. El reportaje de “El País” puso el dedo en la llaga, en “nuestra” llaga, porque Lanzarote tiene un problema que todavía no ha resuelto. Pero para afrontarlo, lo primero que hay que tener claro es que hay que centrarse en la llaga, y no en el dedo.
La Voz de Lanzarote (Editorial), 28.3.2008
Lanzarote y Marbella
El periódico El País destapó la caja de los truenos este pasado lunes, cuando nos preparábamos para las mini vacaciones de la Semana Santa, para informar sobre las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias declarando ilegales dos hoteles, uno de ellos en construcción (67 apartamentos, en Teguise) y el otro terminado (434 plazas, en Yaiza). A los que se sumarían un total de 27 complejos y hoteles, hasta 15.000 plazas (el 23 por ciento de oferta total insular), con licencias concedidas contraviniendo el planeamiento y la Moratoria turística insular y -por si esto fuera poco- recibieron sus promotores “36,5 millones de fondos europeos de ayuda a zonas deprimidas. Sólo el Princesa Yaiza, cuya licencia acaba de ser declarada ilegal, recibió cuatro millones de euros”, como ayuda al desarrollo (¿?). Imagínense lo que pensarán de Canarias y de los canarios cuando lean esto en Bruselas, que lo leerán, no lo duden.
Los ayuntamientos de Teguise y Yaiza han constituido la punta de lanza de los -denominados en su día por el Profesor Rodríguez Brito- “Municipios Saudíes”, un selecto y exclusivo club de territorios canarios que manejan presupuestos inmensos, con poca población, fruto del desarrollo turístico y la construcción a destajo (Adeje, Arona, en Tenerife, La Oliva, en Fuerteventura o San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria, son algunos de sus miembros más destacados, junto a los citados en Lanzarote). Su capacidad económica los ha convertido en “islas” dentro de las islas. Su capacidad financiera les permite funcionar al margen del gobierno insular o regional de turno, en especial, cuando son de signo político distinto. Y llega un momento que ese poder corrompe – supongo que es inevitable y va en la naturaleza humana- y el alcalde o alcaldesa se despierta un buen día y piensa que la vida es sueño, y se siente el Alcalde de Zalamea, por encima de él o de ella sólo está el rey.
Yaiza y Teguise hicieron de su capa un sayo y concedieron licencias alegremente (dicho de forma elegante), al margen del planeamiento insular, para una inversión total de 270 millones de euros, cifras mareantes que los tribunales han acabado por convertir en espúreas e ilegales. Y si esto ha ocurrido es gracias a la Fundación Cesar Manrique (y también a la denuncia del Cabildo de Lanzarote) que, haciendo honor a su nombre, se personó ante los tribunales para denunciar la maniobra. En este punto hay que hacer un inciso para destacar a esta Fundación y a todos los colectivos sociales de Canarias que mantienen su compromiso, contra vientos y mareas, en defensa de esta tierra, de su patrimonio y de su medio ambiente, luchando contra molinos de viento, arriesgando demasiado en algo que no les va reportar nada más allá de la satisfacción del deber cumplido. Este tipo de personas y su apuesta personal representa una verdadera esperanza de futuro para esta tierra, muy por encima de las inversiones multimillonarias, las ayudas europeas y los “alcaldes monarcas”.
Hoy, los empresarios lanzaroteños y algunos políticos se sienten molestos por la decisión de El País de comparar a la isla con la nueva Marbella y con “ventilar el asunto a cada paso, (…) como un ensañamiento un poco ilógico“, en palabras de la actual alcaldesa de Yaiza. Curioso sentido de la lógica de esta política y de los que piensan como ella. Es obvio que preferirían que nada de esto se supiera, porque sin duda es un motivo de vergüenza y oprobio para los vecinos de Yaiza y Teguise y, por supuesto, para los lanzaroteños. Deberían estar más preocupados por la noticia que por el mensajero, por la cuenta que les trae.
En un país serio, estas construcciones ilegales se demolerían, de la misma manera que se quieren tirar -sin misericordia- las casetas, viviendas y hoteles que incumplen la Ley de Costas, por muchas estrellas que tengan. Sería la mejor forma de dar ejemplo para que estos casos no se volvieran a repetir, sin embargo, esto no ocurrirá, a tenor de las declaraciones de los políticos conejeros, que o bien abogan por “consolidar las zonas turísticas” y acabar los hoteles en construcción, o bien, más peregrino aún: “no podemos derribar 27 hoteles porque el coste ambiental sería mayor que el de mantenerlos”, dice el Consejero Insular de Turismo. Esta claro que este hombre de medio ambiente no sabe nada y de costes ambientales, menos, dicho con cariño, por supuesto.
Estoy de acuerdo en que, como dicen los empresarios hosteleros de Lanzarote, “las comparaciones con Marbella son odiosas”. Lanzarote es un lugar mucho más bello e interesante que Marbella, sin embargo, ahí se acaban las diferencias, en cuanto al urbanismo predominante, que es el tipo depredador del suelo y de los recursos, y en cuanto a la calidad de los políticos municipales, que es similar aunque con un perfil mediático inferior.
En este momento me comentan desde Lanzarote que los exalcaldes aludidos han manifestado su intención de querellarse contra El País, “por atentar contra su integridad personal y contra la isla de Lanzarote“. No me lo creo, no creo que sean tan tontos, para confundir su persona con la isla, es sólo una cortina de humo para poder salir a la calle con la cabeza medianamente alta. Una maniobra pueril, pero es lo que hay. Y por supuesto, ese dinero europeo que financió esas construcciones ilegales debe ser reintegrado a la Comisión Europea, para que se emplee en Polonia, en Bulgaria o en Rumania. Es obvio que lo necesitan más que nosotros y es difícil que lo malgasten peor.
Para terminar, una nota curiosa: cuando en las revistas de las compañías aéreas vean la publicidad de hoteles de cinco estrellas, Gran Lujo, como el Meliá Volcán de Yaiza, piensen que a pesar de su magnifico Spa, sus piscinas y de sus vistas al mar se trata de una construcción ilegal (en sentencia firme), basada en cimientos tenebrosos y en políticos de medio pelo. Y sonrían, porque al final, resultará que la justicia funciona en este país, con lentitud pero funciona.
Pedro Millan en http://www.eldia.es/blogs/malpais/
Vaya, no sabía que el periódico El Día también estaba controlado por el PSOE.
A este paso los defensores de la ilegalidad y de esconder los trapos sucios en el trastero (no vaya a ser que atasquen la lavadora) se van a quedar sin argumentos.
Un juzgado abre diligencias por contaminación en Costa Papagayo e imputa al empresario Juan Francisco Rosa
El Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife ha abierto diligencias e imputado un presunto delito contra el medio ambiente al presidente del Plan Parcial de Costa Papagayo, el empresario hotelero Juan Francisco Rosa Marrero, por la situación en que se encuentra desde hace al menos tres años la depuradora de su urbanización turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza. La denuncia ha sido presentada por el Consejo Insular de Aguas del Cabildo lanzaroteño.
El procedimiento 942/2007 del juzgado de instrucción número 3 lanzaroteño deberá determinar las responsabilidades judiciales tras los estudios y análisis realizados por técnicos del Gobierno, que detectaron desde 2005 la presencia de vertidos de aguas fecales en la urbanización Montaña Roja, en Playa Blanca, y determinaron la pésima situación en la que se encuentra la planta depuradora de Costa Papagayo.
La documentación que obra en poder del juez instructor y a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA concluye en un informe realizado por una técnico inspector de Salud Pública del Área de Salud de Lanzarote, que en Montaña Roja “continúan existiendo graves problemas de vertidos a pozos muy próximos a la costa y sometidos a la influencia de las mareas, así como en abundantes ocasiones vertidos directos a los barrancos, a la costa y que en ocasiones desembocan en las playas”.
El informe, que data de marzo de 2007, determina que la situación en Montaña Roja conlleva un “peligro para la salud pública”, a pesar de que “existe ya una planta depuradora en esa urbanización, a la que al parecer no se han establecido los enganches necesarios por parte de los establecimientos” de la zona.
La inspectora de Salud Pública del Gobierno de Canarias en Lanzarote alerta del “peligro sanitario debido a la existencia de numerosos pozos de captación para producción de agua para consumo humano y numerosos pozos de vertidos de aguas, que en muchos casos son aguas residuales brutas”, por lo que requería la actuación urgente de los organismos competentes.
Rosa Marrero solicitó que investigaran otras depuradoras cercanas
El amplio informe alerta de que “el agua almacenada tras el proceso depurativo presenta gran cantidad de sólidos de color negro en suspensión”, presenta además un “crecimiento de microorganismos indicadores de contaminación fecal desmesurado, turbidez y presencia de sólidos en suspensión”, a la vez que gran parte de ese agua “residual fecal es reutilizada para el riego de jardines de varios complejos de la urbanización”.
Ante esos hechos, el verano pasado el Consejo Insular de Aguas al presidente del Plan Parcial, Rosa Marrero, en el que se le requería la paralización de las instalaciones de depuración y la reutilización de las aguas, la legalización de la depuradora y se advertía con la puesta en conocimiento de estos hechos a las administraciones públicas la autoridad judicial.
La respuesta del empresario fue celebrar la inspección realizada y acto seguido “denunciar y dejar constancia que también hicieran el mismo trabajo” con otras depuradoras cercanas a la suya, una pública situada en la carretera de San Bartolomé y otra, “a cien metros de la nuestra”, en la carretera de Playa Blanca a Femes.
En Canariasahora.com, 1.4.2008
Zapatero regresa a Lanzarote
Menos mal que Patrimonio del Estado tiene entre sus bienes la residencia oficial de La Mareta, en Teguise, porque si no, José Luis Rodríguez Zapatero tendría un problema este verano. Desde Moncloa ya han manifestado a las autoridades competentes canarias (algunas hay, no sean así) que el presidente del Gobierno veraneará nuevamente en Lanzarote, y gracias a La Mareta, decíamos, no habrá que ponerse a buscar un hotel que se haya construido con licencia, una tarea que cada día se torna más complicada. Ya habrán visto, además, en la edición de hoy de este periódico, cómo los empresarios turísticos se empeñan en cargarse (con erre intercalada) a la gallina de los huevos de oro, no sólo saltándose las leyes urbanísticas a la torera, sino incluso chiscándose encima de las mínimas normas medioambientales y de salud pública. Vamos bien, sí señor.
En canariasaahora.com, sección Top Secret, 1.4.2008
O nos hemos vuelto definitivamente locos o las dos noticias que siguen, apenas separadas por un día, revelan una manifiesta contradicción, que deja a cualquier ciudadano en la más absoluta perplejidad, especialmente si reside en el municipio de Yaiza y paga puntualmente sus impuestos:
Yaiza, en busca del millón de euros para las nóminas
Este martes es día 1 de abril y a diferencia de la mayoría de trabajadores, los empleados del Ayuntamiento de Yaiza no han visto incrementada su cuenta bancaria con la correspondiente nómina por su trabajo durante el pasado mes de marzo. Y es que el Ayuntamiento sigue sin dinero para cubrir el millón de euros de los salarios de las casi 300 personas que trabajan para la institución.
“Está complicado, pero bueno, tenemos hasta el día 5 para pagar”, cuenta el concejal de Economía y Hacienda, Leonardo Rodríguez. El mes pasado consiguieron ingresar el dinero a los trabajadores pocos días después de que se cumpliera el plazo establecido para ello, comprendido en los días 5 de cada mes. ¿Cómo lo hicieron? Pues según Leonardo Rodríguez les “costó”, pero lo consiguieron “mejorando y agilizando la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento para que el dinero llegara lo antes posible. Mejoramos la gestión de la recaudación de impuestos, que antes no se cobraban a todo el mundo y ahora se están cobrando”, explica el concejal. Pero además solicitaron adelantos a las instituciones de las que reciben ingresos.
Para este mes, además de “hacer gestiones para sacar dinero de donde no hay”, puntualiza Rodríguez, el Ayuntamiento está intentando tramitar operaciones de créditos con distintas entidades bancarias y según los cálculos del edil de Economía y Hacienda, “pronto se cerrarán dos operaciones”. El concejal confía en que “tal y como se está trabajando y las gestiones que se están haciendo, esperamos que el pago de las nóminas se haga efectivo antes de este viernes”.
Los concejales, los últimos en cobrar
Según el teniente de alcalde de Yaiza, “la comprensión de los trabajadores es total”. El mes pasado ya se reunieron con ellos para explicarles la situación y “lo comprendieron perfectamente porque de donde no hay, no se puede sacar. Saben que estamos llevando otro tipo de política muy diferente y a quien nos lo pida, le enseñamos las cuentas porque no tenemos nada que ocultar”, considera
Rodríguez.
Por otra parte y según el concejal, no es la primera vez que los trabajadores del Ayuntamiento de Yaiza tienen que esperar varios días para cobrar. “Con la anterior Corporación a veces cobraban el día 6 o el 7, e incluso, en alguna ocasión han cobrado el día 18”, asegura Leonardo Rodríguez, quien aclara que los miembros del equipo de Gobierno son “los últimos en cobrar, primero va el resto de trabajadores del Ayuntamiento”.
Gema Maldonado Cantero en La Voz de Lanzarote, 1.2.2008
Yaiza tiene “grandes edificaciones” que no tributan el IBI
El concejal de Urbanismo y Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Yaiza, Leonardo Rodríguez, compara la situación del Consistorio con un “coche cuesta abajo, de culo y sin frenos”. Según Rodríguez, así lo dejó el Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), pero está convencido de que reflotará. De momento, destacó, “en 60 días que tenemos en el gobierno ya le hemos puesto el freno de mano y está parado”. El concejal sostiene que han dado un giro absoluto a la política económica y urbanística que llevaba el ex alcalde José Francisco Reyes. El recorte de gastos en todas las áreas es uno de los logros que ya desataca Rodríguez e insiste en la necesidad de recuperar la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento. “Las formas de conseguir el dinero ahora no tienen nada que ver con las del anterior grupo de gobierno”,comenta el edil, quien subraya que “antes las licencias de obras entraban como churros”.
Con la soga al cuello
Rodríguez dice cumplir a rajatabla la normativa y en esa premisa entra el cobro de los impuestos. De hecho, reconoce que el principal problema es la iliquidez, lo que hace que el Ayuntamiento viva “con la soga al cuello”. El Ayuntamiento se ha propuesto reorganizar el catastro para dejar debidamente inscritos inmuebles que no vienen tributando, sobre todo en el núcleo de Playa Blanca. “Hay grandes edificaciones que nunca han tributado el Impuesto de Bienes Inmuebles”, asegura. Aunque luzca paradójico, la falta de pago es una luz de esperanza para el Ayuntamiento porque, en palabras de Rodríguez, si el municipio cobra las contribuciones que ha dejado de percibir, estaría salvado económicamente. El concejal cree que actualmente está pagando sólo la mitad de los contribuyentes pero admite que hasta que no se reorganice el catastro será difícil cuantificar la fuga. En 2009 promete que la recaudación superará con creces ese 50 por ciento estimado. Entre tanto, el Ayuntamiento tiene que pagar sus obligaciones y es tarea del grupo de gobierno “buscarse la vida” para cumplir. Rodríguez agradece el comportamiento de los proveedores que han sabido entender la situación y que, según expresa, confían en la recuperación del Ayuntamiento para empezar a cobrar sin incertidumbre.
En Crónicas de Lanzarote,• 2.4.2008
Leyendo ambas noticias, no me extraña que se ande rumoreando por ahí que algún gran empresario, siempre presto a tomar una posición ventajosa (o ventajista, según se mire) en sus relaciones con las instituciones públicas, ha ofrecido un millón de euros para pagar las nóminas de algún Ayuntamiento de la isla. No sé si es una casualidad o una coincidencia, pero no se puede descartar que ese Ayuntamiento sea el que todos nos imaginamos.
¡Qué contradicción!, ¿no?, un Ayuntamiento que cobra millonadas por otorgar licencias ilegales, pero no tiene dinero para pagar las nóminas, y además no cobra el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de “grandes edificaciones”. Y aparte de los hoteles, ¿qué otras grandes edificaciones hay en el municipio de Yaiza?. Tengan en cuenta que los colegios y los demás edificios públicos no pagan IBI, de modo que slo quedan los hoteles y grandes complejos de apartamentos como candidatos al apelativo de “grandes edificaciones” que no pagan el IBI.
La oposición en el Ayuntamiento de Yaiza está tardando en averiguar cuáles son esas grandes edificaciones, y hasta donde alcanza la afirmación del Concejal de Hacienda de que en ese municipio unos pagaban y otros no. Téngase en cuenta que el Impuesto de Bienes Inmuebles es un capítulo muy importante de los ingresos municipales. Y si los actuales regidores municipales no tienen interés alguno en ocultar las cuentas, están tardando en difundir lo que ha pasado, es decir, las razones que han provocado que el Ayuntamiento esté al borde de la quiebra.
Además, a alguien debiera preocuparle enormemente que el Ayuntamiento de Yaiza esté en tal situación de fragilidad y vulnerabilidad que pueda surgir en algún momento la tentación de plegarse a alguien con el suficiente poder económico y la consiguiente capacidad para torcer voluntades y condicionar futuras decisiones municipales.
El Fariones Playa y la “ceremonia de la confusión”
Javier Sánchez
En estos días, con motivo del debate sobre la ejecución de las sentencias que han declarado ilegales las licencias concedidas para la construcción de numerosos hoteles y complejos turísticos en Yaiza y Teguise, ha vuelto a salir a la palestra el ilustre letrado don Felipe Fernández Camero, en un incesante carrusel por los medios de comunicación afines a los empresarios más directamente afectados, pontificando e impartiendo doctrina sobre la imposibilidad de llevar a cabo dicha ejecución.
Sostiene Camero que, en amor y compaña con su hija, ha llevado la dirección legal de tantos pleitos perdidos, que las irregularidades apreciadas por los Tribunales son simples “errores” formales fácilmente subsanables, sin más trámite que obtener los informes preceptivos omitidos y volver a otorgar las licencias “bien dadas” (o sea, que estaban “mal dadas”), y que se está orquestando en torno a este asunto una “ceremonia de la confusión”.
Se trata, además de una suicida fuga hacia adelante, de un monumental ejercicio de cinismo y desfachatez, porque el apelativo de la “ceremonia de la confusión” se lo espetó la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias precisamente al señor Fernández Camero, que entonces defendía al Ayuntamiento de Tías en uno de los pleitos sobre el apartotel Los Fariones, el buque insignia del grupo empresarial presidido por Juan Francisco Rosa, mientras otro letrado afín defendía los intereses de Playa Blanca S.A., copiando literalmente los escritos de don Felipe.
Durante muchos años, don Felipe ha dado el pego en algunos juzgados y tribunales, pero se le ha ido acabando el crédito, sobre todo a partir de su desafío a Carlota Gutiérrez y Cuadernos del Sureste, y de la estocada final de Pepe Díaz.
Puede haber letrados que crean tener facultades mágicas, porque a veces hay jueces o fiscales amigos, incluso demasiado amigos, que son más comprensivos o más receptivos a sus tesis. Pero ya saben, se puede mantener engañados a algunos todo el tiempo, y a todos durante algún tiempo, pero no se puede mantener engañados a todos todo el tiempo.
En el Fariones Playa, la jugada le salió bien, por algunas truculentas razones sobre las que no nos atrevemos a elucubrar, pero que saltan a la vista para cualquier lector medianamente avisado que lea el resumen cronológico y documental adjunto. Pueden comprobar cómo a partir del momento en que los Tribunales declararon que no había lugar a declarar la “imposibilidad legal y material de ejecutar la sentencia”, además de formular recurso ante el Tribunal Supremo, el señor Rosa y el Ayuntamiento de Tías, asistidos del señor Fernández Camero, se movilizan y activan todos los mecanismos de presión política y social para impedir la demolición del apartotel Fariones Playa.
Entonces, todas las instituciones públicas canarias (Ayuntamiento de Tías, Cabildo Insular de Lanzarote y Gobierno de Canarias) sucumbieron a tales presiones y se plegaron a los intereses del promotor, mientras la Dirección General de Costas miraba para otro lado.
Seguidamente, el Tribunal Supremo suspende en el último momento, sin motivo aparente alguno, el señalamiento para votación y fallo del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Tías y por Playa Blanca S.A., con todas las papeletas en contra de sus pretensiones, y encarga al Colegio de Arquitectos de Canarias la elaboración de un dictamen sobre la posibilidad de volver a edificar un edificio de idénticas características, al amparo de la normativa urbanística de las Normas Subsidiarias de Tías, una vez se hubiera ejecutado la sentencia y demolido el apartotel.
A pesar de que el Colegio de Arquitectos dijo en su dictamen que el problema radicaba en que la citada normativa urbanística había sido configurada con la finalidad de legalizar el apartotel, ajustándose “como un guante a la mano” a las pretensiones del promotor de evitar la demolición, el Tribunal Supremo acabó aceptando que la sentencia se ejecutara mediante el abono de una indemnización económica a una comunidad de propietarios de un complejo turístico que había sido perjudicado en sus vistas al mar por la construcción del apartotel.
Pero dicha indemnización no sirve de cobertura a los daños producidos por la ejecución del apartotel a los intereses públicos, ni satisface las exigencias de restablecimiento de la legalidad urbanística, sino que por el contrario admite pacíficamente que un promotor imponga por la vía de los hechos una modificación de planeamiento y manipule la normativa urbanística en su propio beneficio, logrando que el Ayuntamiento de Tías y el Gobierno de Canarias acepten que una ordenanza se redacte con la descarada finalidad de legalizar una construcción ilegal, solución que resulta ser radicalmente contradictoria con la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, por consistir en un evidente fraude de ley, que precisamente se resuelve en derecho aplicando la norma que se ha tratado de eludir con la actuación fraudulenta.
De una u otra forma, el conjunto de la sociedad lanzaroteña y todas las instituciones públicas se retrataron en aquel empeño, y de aquellos polvos, vienen estos lodos. Y en ese lodazal inmundo vuelven a revolcarse y refocilarse el señor Rosa y el señor Fernández Camero, con el insoportable cinismo de acusar a los demás de orquestar la “ceremonia de la confusión”.
En estos días atribulados, vemos que en los medios de comunicación se dice que antes de acometer la demolición de los hoteles y complejos turísticos ilegales, hay que empezar por derribar el apartotel Fariones Playa. Tienen razón, y creemos que se puede defender ante el Tribunal la ejecución de la sentencia o que, al menos, se debe intentar por quienes tengan la legitimación para hacerlo.
El problema radica en que, en principio, y salvo mejor criterio, únicamente estarían legitimados para pedir la ejecución de la sentencia quienes hayan sido parte en el proceso. En ese procedimiento intervinieron dos particulares (una comunidad de propietarios y una persona física) y El Guincho, que siempre tuvo entre sus objetivos irrenunciables la demolición del apartotel Fariones. Lo que no sabemos es si la actual Junta Directiva de El Guincho estará por la labor y dispone de los medios adecuados para ello.
Recuperando el hilo del discurso, parece evidente que quien incurre en una clamorosa “ceremonia de la confusión” es el señor Fernández Camero, que cree posible articular para los hoteles ilegales, con los que tanto tiene que ver, la misma solución chapucera empleada en el sangrante caso del apartotel Fariones. Su fuga hacia delante es comprensible, porque tiene una enorme responsabilidad en todo lo que ha ocurrido con las licencias otorgadas para la construcción de los complejos turísticos ilegales. Quizá no alcanza a entender que algunos de sus clientes pudieran estarse planteando si no será precisamente él quien les ha metido en semejante berenjenal.
Por eso conviene realizar un aviso a navegantes: si entre el empresariado queda alguien con vida inteligente, que creo de veras que sí, harían bien en empezar a desmarcarse rápidamente de terrenos resbaladizos, como aquellos por los que habitualmente transitan el señor Rosa o don Felipe y sus adláteres. Existe una preocupante coincidencia entre los dirigentes empresariales más significados y los propietarios o gestores de la mayoría de estos complejos. Y esto no es nada sano, pero sobre todo no es conveniente para el bolsillo. De ahí que los directivos y gestores de algunas cadenas hoteleras de prestigio internacional, debieran empezar a plantearse si conviene a su bien ganada fama, seguir permitiendo que sus intereses sigan siendo amenazados por los delirios jurídicos del señor Fernández Camero y su “ceremonia de la confusión”. Y queda poco tiempo, señores, que va a empezar el baile.
En Diario de Lanzarote, 3.4.2008
Cacas de cinco estrellas
No se lo van a creer. ¿Se acuerdan del hotel Princesa Yaiza, ese que citó el País por no tener licencia? Sí, ese mismo hotel que mandó un comunicado de prensa hace unos días exigiendo la dimisión del consejero de Centros Turísticos del Cabildo por haber contribuido a dar una mala imagen de la isla.
Pues resulta que el hotel, propiedad de la archiconocida Rosa Nostra, ha sido denunciado porque lleva años vertiendo porquerías al mar, o dicho en las refinadas palabras del técnico inspector de Salud Pública del Área de Salud de Lanzarote, “continúan existiendo graves problemas de vertidos a pozos muy próximos a la costa y sometidos a la influencia de las mareas, así como en abundantes ocasiones vertidos directos a los barrancos, a la costa y que en ocasiones desembocan en las playas”.
Por su parte, la inspectora de Salud Pública del Gobierno de Canarias en Lanzarote alertó del “peligro sanitario debido a la existencia de numerosos pozos de captación para producción de agua para consumo humano y numerosos pozos de vertidos de aguas, que en muchos casos son aguas residuales brutas”, por lo que requería la actuación urgente de los organismos competentes.
Así que seguimos recopilando datos sobre el hotel Princesa Yaiza:
- Se construyó con una licencia ilegal, hoy anulada.
- El 25% del coste de su construcción lo pagamos entre todos, a través de las subvenciones que recibió de la Unión Europea para “zonas deprimidas”.
- Tiene contratado a Alejandro Morales, “el fantoche de la noche”, para invitar a famosetes al hotel y vender “reportajes periodísticos imparciales” con mucho glamour.
- Y su propietario es socio mayoritario de una televisión local en la que sus peleles mediáticos defienden sus vergüenzas y que, casualidades de la vida, al igual que el hotel también se dedica a echar mierda por los cuatro costados.
En El Agitador, 3.4.2008.
Vea la noticia en su contexto original aquí: .
Me parece una extraordinaria noticia la que publica La Voz de Lanzarote:
http://www.lavozdelanzarote.com/spip.php?article17355
Un fiscal especializado en temas medioambientales, que se salte la figura de Miguel Pallarés es justo lo que hacía falta. Este es un buen ejemplo de por qué a veces es necesario que ciertos poderes se encuentren fuera del ámbito local. Para los que tanto se llenan la boca con el autogobierno y esas cosas… que me digan por qué en Lanzarote se han dejado hacer las cosas que se han dejado hacer desde la fiscalía.
hola de nuevo.
rebuscando en las hemerotecas, me salen 165 años de condena a prisión en los juicios donde se dice que ha intervenido. eso dice algo, mucho o nada.
me pregunto si como mínimo no son esos años los que le sacan felipito camero y compañía de ventaja, en una materia en la que llevan manejando todo el cotarro mucho mucho tiempo, de la que viven y se enriquecen a destajo, porque no nos engañemos que lo deben tener muy bien montado y son muchos y poderosos….
yo confío, y me alegro de que parezca que algo se mueve, pero se le presenta un panorama algo chungo, pero desde luego, si ha aceptado el papelón, y se lo han dado los que saben…en fin…..
[...] el artículo publicado por Javier Díaz Reixa en este mismo blog, es imposible no sumar dos más dos y deducir [...]
[...] No me parece muy acertado el término utilizado: “La Fiscalía de Medio Ambiente lamenta ‘la pasividad total’ de los ayuntamientos para perseguir los delitos urbanísticos” (La Voz de Lanzarote). Por lo que sabemos en Lanzarote, no puede decirse que los ayuntamientos muestren pasividad ante los delitos urbanísticos. Por el contrario, son muy activos. De hecho, son los coautores de buena parte de los grandes delitos urbanísticos. Por lo tanto, más apropiado me resulta referirse a los ayuntamientos, como hacía la Fiscalía del TSJC en su memoria de 2001, como “verdaderos delincuentes medioambientales”. Y sigue habiendo quien se pregunta: “Y a todas estas, ¿qué hacen los fiscales?”. [...]