Miércoles, 9 de Enero de 2008

Y a todas estas, ¿qué hacen los fiscales?

Javier Díaz Reixa

En los Juzgados de Arrecife se vienen ventilando varios asuntos en los que están implicados cargos públicos, funcionarios y técnicos de varios Ayuntamientos de la isla por la supuesta comisión de delitos en el ejercicio de funciones públicas. Se trata de asuntos de enorme relevancia pública que han causado una notable alarma social, tanto por la importancia de las personas implicadas, como por el contenido de las imputaciones, relacionadas con la violación consciente, deliberada y reiterada de los límites jurídicos y éticos de la acción pública.

En esta tesitura, hay quienes sostienen que estamos ante muestras muy representativas de la colusión entre la política y los negocios, mientras que otros sostienen que se trata de manifestaciones de la judicialización de la política. Pues bien, una de dos: o hay quienes han delinquido en el ejercicio de funciones públicas, o hay quienes están realizando denuncias falsas, injuriando y calumniando a representantes de la soberanía popular; y sobre unos u otros, indistintamente, debiera caer todo el peso de la ley. Y en uno como en otro caso, la Fiscalía debiera cumplir con las obligaciones que le impone su norma estatutaria, que consisten en promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.

Por lo que concierne a los asuntos que se vienen investigando en los Juzgados de Arrecife, hay quienes dudan de que la Fiscalía esté actuando de acuerdo con ese mandato estatutario, y siguiendo las directrices de sus órganos jerárquicos superiores en relación con la lucha contra la corrupción urbanística. Veamos si los hechos autorizan a plantearse tales dudas:

1º) En el Juzgado de Instrucción nº Dos de Arrecife se siguen las Diligencias Previas nº 1734/2006, en las que se investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística relacionados con el otorgamiento de diecisiete licencias de edificación en el municipio de Yaiza y otras cinco en el municipio de Teguise, siendo denunciados don José Francisco Reyes Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, don Juan Pedro Hernández Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Teguise en el momento en que ocurrieron los hechos denunciados, y don Vicente Bartolomé Fuentes, secretario del Ayuntamiento de Yaiza.

Hasta la fecha, entre otras actividades de investigación, se ha tomado declaración a los tres denunciados, habiendo comparecido la Fiscalía en dichas diligencias, siendo su intervención correcta y ajustada a las exigencias del caso.

2º) Ante el Juzgado de Instrucción nº Tres de Arrecife se siguen las Diligencias Previas nº 975/00, en las que se investigan presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, siendo denunciados doña Mª Isabel Déniz, y don Felipe Fernández Camero, alcaldesa y secretario General del Ayuntamiento de Arrecife, respectivamente, en el momento en que ocurrieron los hechos.

Hasta la fecha, además de otras actividades de investigación, se ha tomado declaración a los denunciados, sin que la Fiscalía haya intervenido en ninguna de las diligencias practicadas, a pesar de haberlo solicitado expresamente los propios imputados.

3º) En el Juzgado de Instrucción nº Ocho de Arrecife se siguen las Diligencias Previas nº 802/2007, en las que se investiga un presunto delito de prevaricación urbanística en relación con el otorgamiento de una licencia para la construcción del denominado Complejo Residencial Costa Roja (1.008 viviendas, 220 locales comerciales y garajes), figurando como denunciados don José Francisco Reyes Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, don Vicente Bartolomé Fuentes, secretario del Ayuntamiento de Yaiza, y don Antonio Lorenzo Tejera, jefe de la Oficina Técnica del mismo Ayuntamiento.

Hasta la fecha, además de otras actividades de investigación, se ha tomado declaración a los tres denunciados y a algunos testigos de gran importancia para la averiguación de los hechos y de sus presuntos responsables, sin que la Fiscalía haya intervenido en ninguna de las diligencias practicadas.

A la vista de estos hechos, a la gente normal y corriente le cuesta entender tan escandalosa diferencia de criterio. ¿Por qué interviene la Fiscalía en un caso y se abstiene en los otros dos? ¿Por qué en un caso el Fiscal apreció la oportunidad de intervenir, y encontró tiempo en su apretada agenda para acudir a las diligencias, y en los otros dos no? Y, claro está, a la gente le da por hacerse preguntas, porque en algún caso se dan extrañas coincidencias, y en otros están trascendiendo en el curso de las investigaciones asuntos de extrema gravedad, que muestran claramente el grado de metástasis generalizada a que ha llegado la corrupción en la isla de Lanzarote.

Así, en el caso de Arrecife, uno de los propietarios afectados por la actuación delictiva denunciada ha realizado tenebrosas insinuaciones relacionadas con el hecho de que una de las viviendas denunciadas es propiedad del fiscal don Miguel Pallarés, que figura en documentación oficial como “Fiscal Coordinador de la Adscripción Permanente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”. En este caso, el señor Pallarés parece que ha encontrado hueco en su apretada agenda para interponer una querella contra el propietario que ha realizado tales insinuaciones, pero el señor fiscal no parece haber encontrado tiempo para asistir a las diligencias de averiguación practicadas. Claro que en este caso, el señor Pallarés no podría intervenir, ni impartir instrucciones o formular sugerencias al fiscal adscrito al caso o al juzgado, puesto que parece tener interés directo en el asunto. Pero que las cosas sean o no como parecen, no elimina las dudas, ni suprime las preguntas que tiene derecho a hacerse la gente normal y corriente…

En los restantes supuestos, de las actividades de investigación se deduce que estamos ante casos de extrema gravedad, que no suponen la existencia de actuaciones delictivas aisladas, sino que apuntan a la existencia de una trama organizada para el otorgamiento de licencias urbanísticas ilegales: alguien, un cerebro jurídico, con nombre y apellidos, decidió hace muchos años echar un pulso al Estado de Derecho, y se concertó con responsables políticos y técnicos, y con algunos empresarios, para otorgar licencias de edificación ilegales. Y esto es algo que nadie hace por deporte… Sea como fuere, la Fiscalía debiera estar interesada en aclarar la verdad de todo este entramado, y actuar con algo más de diligencia de la mostrada con el caso Forelan, en el que la sentencia parece sugerir que alguien en la Fiscalía no hizo su trabajo como es debido.

Además de ser jurista, mi padre fue juez, y tengo una hermana que es fiscal, de modo que tiendo a respetar escrupulosamente la actuación de jueces y fiscales, a suponer que actúan movidos exclusivamente por el imperio de la ley y por la imparcialidad, y a dar por supuesto que actúan con todo rigor y profesionalidad. Pero, como decía Ortega, los hechos, son los hechos; y en este caso los indicios son pavorosos, y las dudas inquietantes. Pese a todos mis esfuerzos, y por mucha buena voluntad que le eche, no entiendo lo que está pasando. Por eso pregunto: a todas estas, con la que está cayendo, ¿qué hacen los fiscales?

Publicado el Miércoles, 9 de Enero de 2008, a las 10:00 am, y archivado en la sección Sociedad.

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