Jorge Marsá
Soy consciente, aunque no replique, de que Raúl García Brink acostumbra a establecer relaciones entre mis opiniones sobre la educación y el franquismo en cuanto se le presenta la oportunidad. Y en las raras ocasiones en las que no lo hace, como en su comentario del miércoles, no es que baje el volumen: “eugenesia social”, “una cámara de gas”. Pues bien, mi artículo “La enseñanza obligatoria” parece haberle disgustado especialmente, así que, sin olvidar la habitual referencia al franquismo, ha entrado a matar directamente: “eres un ‘impostor”, “un lobo con piel de cordero”, y “la visión que defiendes es excluyente, elitista y poco comprometida con los valores progresistas que afirmas defender”. Y a tono, y en qué tono, termina su artículo “Muerto el perro (de Pavlov), muerta la rabia”:
Por la misma regla de tres, sería entonces verdad lo que dicen algunos psicólogos norteamericanos: que los negros son menos inteligentes que los blancos. Que no debemos tener en cuenta el contexto social y económico en el que se desenvuelven. Lo mejor sería expulsarlos en la preadolescencia del sistema educativo para que trabajen en los campos de algodón, porque no dan para más. Es lo mismo, pero dicho de otra manera, Jorge.
Me permitirán ustedes que no tome la salida en esta carrera a ver quién es más progresista o quién menos. Y que me limite a dejar constancia de mi sorpresa por el tono y vocabulario empleados. Cuestión de formas; no le demos mayor importancia.
A lo que íbamos. El artículo de Raúl me trajo a la memoria el reportaje a doble página que el diario El País publicó el mismo día que el mío que contesta: “No todos tienen que ir a la universidad”. Al titular le seguían dos subtítulos clarificadores: “La FP se consolida como una opción de calidad con gran salida laboral”; “Pero aún es víctima de prejuicios elitistas en la familia”.
Uno es conocedor de la existencia de esos prejuicios con respecto la formación profesional en España. Sin embargo, jamás se me hubiera ocurrido que el descrédito de esos estudios pudiera llegar al extremo que muestra Raúl. ¿Cómo esperar que alguien piense que proponer que los alumnos que no quieren estudiar en la escuela comiencen a cursar la formación profesional antes de los 16 años –lo que hacen en Alemania a partir de los 11– “es lo mismo, pero dicho de otra manera”, que condenarlos a la esclavitud “para que trabajen en los campos de algodón”?
Lo cierto es que me gustaría saber por qué a Raúl le resulta tan indignante la propuesta. Por qué debe la Administración empecinarse en mantener atados a los pupitres a los pibes que no tienen ningún interés en estudiar. Por qué es tan terrible que se les proponga que, si no son esos los estudios que quieren cursar, sigan otros para formarse profesionalmente. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, porque Raúl no nos lo dice. Entre tantas generalidades, sólo se me ocurre entresacar esta idea:
Si alguien cree que la obligación del Estado no es intentar por todos los medios que “los que no quieren estudiar” adquieran una formación e incluso que puedan reorientar su fracaso escolar, entonces, desde mi punto de vista, defiende valores que no comparto.
Pues yo no creo, desde luego, que la obligación del Estado sea forzar a estudiar a los que se niegan a estudiar, ni a trabajar a los que se niegan a trabajar, ni a dejar de fumar a los que se niegan a dejarlo… No, yo creo que la obligación del Estado es poner las condiciones que hagan más factible la igualdad de oportunidades para todos… los que estén dispuestos a aprovecharlas, pero no obcecarse en buscar la igualdad de resultados. Y en la cuestión que nos ocupa, pienso que la primera y fundamental obligación del Estado es poner los medios para que todos los que quieren estudiar lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles y, por lo tanto, obtener los mejores resultados posibles –lo que resulta harto difícil cuando se baja el nivel y en la clase hay un grupo numeroso cuyo interés es bien distinto–.
Por otra parte, y al contrario de lo que se deduce de los párrafos citados, soy de la opinión de que la formación profesional es también “formación”, o sea, que a los que la cursan no se les manda a “los campos de algodón”. Y sí creo, y lo dije, que debe existir la posibilidad de “reorientar” el fracaso, de volver a la vía académica si así se quiere, y que se deben poner también todos los medios posibles para la formación profesional. Pero lo que me parece una estupidez es que se obligue a muchos a fracasar primero en la escuela antes de dejarles entrar en la FP y que se les niegue la oportunidad de llegar a la edad de trabajar preparados convenientemente para ello.
En fin, que por brindis al sol no quede, que comparto plenamente el anhelo de Raúl: “Lo que realmente echo de menos es una sociedad más igualitaria y más justa”. Pero en tanto llega, o la vamos forzando a llegar, hay que afrontar los problemas nuestros de cada día, como él mismo dice, “buscar estrategias para solucionarlos”. Ya sé que estrategias hay unas cuantas (por ejemplo, los laborista británicos e IU en España plantean extender la enseñanza obligatoria hasta los 18 años). Pero mi opinión –la que se califica de “destructiva y provocadora”– es que hay cambiar de estrategia, que la de la LOGSE, la de obligar a todos los pibes a permanecer en la misma escuela hasta los 16 de años ha resultado una mala estrategia. A las pruebas me remito.
Robaina I
11:26 | 21 Diciembre 2007 | Permalink
Le doy la enhorabuena Marsá, porque su respuesta es una lección elegante que le ha dado al malcriado de Raúl Brink, que lo que escribió ayer fue de verguenza. No tnego nada en contra de las discusiones, pero no se debe discutir con insultos.
Javier Díaz Reixa
12:00 | 21 Diciembre 2007 | Permalink
Comparto plenamente el comentario de Robaina, y me voy a permitir expresar una discrepancia con Jorge Marsá. Dice que es una “cuestión de formas; no le demos mayor importancia”.
Yo sí, Jorge, yo le doy mucha importancia a las formas, y en este blog siempre hemos hecho el esfuerzo de guardar las formas, y yo mismo he hecho comentarios, a veces muy duros, reprobando ese tipo de prácticas. Cuando se discute verbalmente, puede ocurrir que se nos caliente el pico, y en medio del fragor de la discusión, digamos alguna inconveniencia. Pero cuando se escribe es distinto, y uno está obligado a un necesario ejercicio de autocontención, porque se supone que es el resultado de una reflexión (y más aún si pretende ser “argumentativa”). Incluso en un correo electrónico se le puede a uno ir la olla, pero en un artículo, que se tarda cierto tiempo en elaborar, no caben los exabruptos, menos si se trata de una supuesta “aportación al debate”.
Que sepa el señor García Brink que La Opinion de Lanzarote tiene un “consejo de redacción” que decide lo que se publica y lo que no, y que implacablemente aplica los criterios de “guardar las formas” a cualquier propuesta de publicación. En este caso, imagino que solo la elegancia y la deferencia de Jorge Marsá han permitido que ese texto supere el filtro. Si, además, hablamos de educación …
digo yo
12:34 | 21 Diciembre 2007 | Permalink
yo comparto plenamente los dos comentarios y la enhorabuena a marsá por sus formas. además de que estoy de acuerdo con lo que dice.
Pepe
8:09 | 24 Diciembre 2007 | Permalink
“El desprestigio de la FP” (Opinión en El País)
Jorge Marsá
19:48 | 30 Diciembre 2007 | Permalink
El silencio de los realquilados
J. M. Ruiz Soroa
[Publicado hoy en El Correo]
Regresa la polémica de los símbolos a la actualidad vasca: por un lado, los tribunales van poco a poco exigiendo coactivamente a las instituciones locales o autonómicas el cumplimiento de la obligación legal de exhibir la bandera española, generando la predecible resistencia nacionalista. Por otro, salta la controversia sobre ‘el nombre de la cosa’, y nacionalistas de distinto pelaje partidista disputan sobre si ese nombre es el de ‘Euskadi’ o el de ‘Euskal Herria’. No es mi intención tomar posición en la polémica, sino más bien comentar la anómala reacción que provoca en algunos políticos vascos, una reacción que yo describiría como la ‘filosofía del realquilado’.
Y es que, aparte de los políticos que adoptan posturas tajantes a favor o en contra de los símbolos en cuestión, como son la mayoría de los nacionalistas o los del Partido Popular, aparece entre nosotros una actitud peculiar, la de los que se dedican a quitar hierro al asunto declarándose, si se me permite la analogía, algo así como ‘agnósticos’ en materia simbólica. Son los políticos socialistas y, en general, la sedicente progresía de izquierdas. Todos ellos coinciden en proclamar que la querella simbólica no va con ellos, porque ellos están al margen de esa cuestión tan inflamable.
La primera línea argumentativa de estos regidores públicos (escúchese por ejemplo a los alcaldes de Bilbao, Vitoria o San Sebastián) es que las preocupaciones reales de los ciudadanos atañen a cosas pragmáticas, tales como las calles, los servicios públicos o las hipotecas. Les preocupan las aceras, no las banderas, afirman. Es un argumento que, si algo dice, es que los ciudadanos somos bastante cortitos de entendederas, puesto que sólo podríamos preocuparnos de una cosa. En el fondo es un argumento insultante para nuestra habilidad como seres humanos: los ciudadanos somos perfectamente capaces de preocuparnos a la vez por las calles, la hipoteca, los hijos, las banderas, el hambre en el mundo, la marcha del equipo de fútbol y un montón de asuntos más. No somos tan pobres de espíritu como creen nuestros alcaldes cuando les conviene: por ejemplo, somos capaces de apreciar el aspecto funcional de la pasarela sobre la ría (tenemos piernas y los puentes son para transitar) pero también su valor artístico y expresivo (tenemos ojos y lo que han hecho con la pasarela es un atentado a los derechos estéticos de la ciudadanía). Pues asimismo guardamos un nicho en nuestro almario para la cuestión de las banderas que ondean o no en la balconada, sin que por ello deje de afanarse nuestro espíritu en más trascendentes cuestiones.
Entre en juego entonces la segunda trinchera de quienes no quieren entrar en el meollo de la cuestión: la de despojar de todo valor positivo a los símbolos, condenarlos a todos como los verdaderos culpables de los males del mundo. «Yo quitaría todas las banderas», «son emblemas que sólo sirven para enfrentar», «son la fuente de la violencia sectaria», etcétera. Es la misma receta que los progresistas de salón usan con las religiones, a las que achacan ser la fuente de todas las guerras: suprimirlas todas. Esta postura tiene su versión cínica (la de aquellos alcaldes que dicen que ellos no ponen ninguna bandera en el ayuntamiento, aunque nos plantan una enorme a unas decenas de metros de la casa consistorial), y también su versión acomplejada, la de quienes prefieren renunciar a todos los símbolos antes que ser tildados de ‘aliens’ en la comunidad en la que viven por defender uno inapropiado.
No hace falta decir que la realidad social la construyen los seres humanos en forma simbólica, que los símbolos no son sino los ladrillos con los que edificamos el marco en que habitamos. Da igual que se trate del dinero o del fútbol, del Estado o de la familia, de la vida personal o del más allá, todo lo social, absolutamente todo, son mundos que construimos por convención con elementos simbólicos. Renunciar a los símbolos es, por ello, una postura absurda que sólo puede entenderse como afectación forzada; en realidad, nadie renuncia a los símbolos sino que simplemente ‘hace como que no le importan’. Como el zorro con las uvas.
Por eso, cuando nuestros políticos progresistas declaran que ‘ellos pasan de banderas’ están en realidad amputándose de su propia matriz simbólica. Y, lo que es peor, con ese gesto aparentemente excelso están abandonando el campo a los nacionalistas, les están cediendo el protagonismo absoluto en la construcción simbólica de la realidad social vasca. Lo nuestro, dicen con impostada seriedad, es construir calles y ferrocarriles, ocuparnos de las necesidades materiales de los ciudadanos, eso de los símbolos no sirve para nada y se lo dejamos a los señores nacionalistas. Hace ya años que éstos sacudieron la cabeza asombrados ante tamaño regalo y se pusieron afanosos a la tarea de edificar ellos solos la realidad pública vasca. Y tanto han avanzado en la materia que en la actualidad consideran que es su derecho adquirido hacerlo solos. Lo mismo sucede cuando se abandona al mundo nacionalista la discusión sobre cómo se llama este país, Euskadi o Euskal Herria. No es cosa nuestra, dicen algunos, aceptamos lo que diga la ley. Es la actitud del que se siente un realquilado, un extraño metido en casa ajena: a nosotros nos da igual, susurran, es cosa suya dar nombre a este país. Singular abdicación. Nombrar es embrujar, es crear, es inventar las cosas. ¿Cómo entonces podríamos abstenernos de ello? Sólo por represión autoinducida.
Manuel Montero ha destacado más de una vez el asombroso proceso que comenzó en la Transición, un proceso en el que los partidos no nacionalistas asumieron voluntariamente el papel de actor secundario, el rol de sujeto paciente de «la construcción nacional de los nacionalistas». Desde entonces, más de la mitad de la población asume la filosofía del realquilado y sublima su frustración invocando la prudencia. Porque es cierto, no lo niego, que en la filosofía del realquilado late también un noble espíritu de prudencia, de búsqueda de la paz social. Se renuncia a agitar las cuestiones que pueden encrespar los ánimos porque lo importante es la convivencia de todos. Prudente postura, sin duda, pero sobre cuya efectividad real para el fin que persigue cabe ser un tanto escéptico, visto lo visto durante estos años. Porque esa asunción unilateral y resignada por los no nacionalistas de su papel de masa ’simbólicamente inerte’ no parece haber amortiguado el frenesí nacionalista, sino que más bien lo ha excitado.
Y lo ha excitado por dos razones: primero, porque al cederles ese campo de juego se les ha hecho creer que es de su exclusiva propiedad. Y segundo, y más importante, porque se les ha concedido una bula de irresponsabilidad. ¿En qué sentido? En el de que los nacionalistas pueden adoptar cualquier posición político-simbólica que deseen, por extremosa e hiriente que sea, con la seguridad de que tal conducta no les pasará factura política ninguna. Pueden rechazar las normas constitucionales, las instituciones comunes, la pertenencia compartida y todos sus símbolos, que no por ello dejarán de ser aceptados como interesantes ‘partners’ políticos, ni se interrumpirá el amable diálogo con ellos. Ellos tienen libertad total para hacer alegres ‘bilbiriketas’ con los símbolos, los demás somos tan responsables y prudentes que guardamos silencio, hacemos de tripas corazón por la convivencia y les echamos una mano en pro de la gobernabilidad del país. E incluso esperamos que se moderen gracias a nuestro ejemplo. Quizás algún día sea así, pero lo dudo mucho.