Carmen Merino
[Canarias7, 20 de diciembre de 2007]
Qué suerte que vivamos bien a pesar de las instituciones. Que nuestro bienestar, si un 6,5 sobre 10 de calidad de vida cabe ser entendido como bueno y suficiente, no depende del buen hacer de esos representantes políticos de los que nos dotamos y a los que, al tiempo de declararnos satisfechos con nuestra vida, suspendemos sin miramientos. Que con el solo rodar de la máquina nos demos por íntimamente satisfechos sin dejar de mostrarnos socialmente reivindicativos pero igualmente desesperanzados.
Si la sociedad canaria fuera una sociedad anónima, se estaría replanteando ya una remodelación en profundidad de la plantilla política. La última auditoría realizada por el CES indica que su actual formulación no alcanza los mínimos exigibles –el suficiente raspado– ni en el nivel local ni en el insular ni en el estatal y, mucho menos, en el autonómico.
Al Gobierno canario se le ha ocurrido así a bote pronto que el rotundo suspenso de la sociedad a sus representantes políticos invita a reflexionar. No a cambiar ya. No a modificar los malos hábitos de forma radical. No a comprometerse moralmente a dignificar la actividad política. No a respetar el mandato que han recibido del ciudadano y no tener otro norte que el interés general. Se trata de reflexionar. Como si las reflexiones no estuvieran ya más que hechas por unos ciudadanos que sentencia con un penoso 4,22 la situación política y, lo que es peor, no tiene ninguna esperanza en que se produzcan metamorfosis que le inviten a mejorar su puntuación.
El juicio popular opta por repartir cachetadas en todas las direcciones, lo que da entender el hartazgo profundo que le provoca su clase política, a la que el 83% no presta el menor interés. Suspende el Gobierno de CC y PP, con un nota del 4,38, pero también lo hace la Oposición, con un nada reconfortante 4,69.
Suspende y con nota el Ejecutivo autonómico que culpabiliza a Madrid y suspende, aunque con una pizca más de dignidad, el Gobierno central que reclama mayor colaboración y responsabilidad de las autoridades canarias. No se salva aquí ni el gato, motivo por el cual el CES ha tenido la precaución de no preguntar sobre sí mismo.
Si, como su presidente ha recordado, el CES hace este tipo de encuestas dos veces al año al objeto de guiar al Gobierno en su toma de decisiones, cabe preguntarse ahora qué es lo que va a hacer el Gabinete autonómico a efectos prácticos con estos datos, además de seguir reflexionando hondamente.
¿Un haraquiri ejemplarizante, proceder a archivarlos en la papelera de reciclaje, deprimirse, culpar de nuevo a Juan Fernando López Aguilar? Difícil papeleta para un Gobierno que carece de la confianza de los ciudadanos.
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