[La Provincia, 18 de diciembre de 2007]
Asombra que a estas alturas Paulino Rivero crea que en las sociedades libres puede la política condicionar sustancialmente la economía, la demografía o lo social. El consenso sirve para evitar la crispación, no para frenar el IPC. Claro que a lo peor lo que ocurre es que Rivero cree que el consenso es tan importante y tan útil para resolver los grandes problemas económicos, demográficos o sociales que por eso no lo utiliza nunca en asuntos tan banales como la reforma de la Ley Electoral, la elaboración de los Presupuestos, la creación de la Policía canaria y cosas así. Que para eso sirve el consenso, además de para evitar que el Parlamento se convierta en una jaula de grillos dónde los más radicalizados van a insultarse y los menos a ver (y oír) cómo se insultan los demás.
Rivero no usa nunca el consenso, quizá porque lo intentó siendo presidente de la Comisión parlamentaria que investigó el 11-M, cuando se propuso “poner de acuerdo a los grandes partidos”, y ya se ve cómo le salió. Ahora, metido en faena presidencial, Rivero no se plantea resolver asuntos de gestión de su competencia, como la calidad de la enseñanza en Canarias, o la duración de las listas de espera en Sanidad, o la mejora de la planta hotelera caduca, asuntos –en fin– que corresponde resolver al Gobierno de Canarias. No, a Rivero esas cuestiones le parecen muy poca cosa. El hombre quiere grandes retos, problemas hercúleos, soluciones adecuadas a la inmensa talla del gigante político que está seguro de ser, ese hombre al que no le tiembla nunca el pulso: Rivero quiere acabar con los flujos migratorios que pasan por Canarias, votando contra la reducción de tarifas aéreas a los extranjeros; quiere reducir la población del Archipiélago, articulando medidas imposibles para favorecer la contratación de residentes; quiere redefinir la condición legal de residente, sin caer siquiera en la cuenta de que viene determinada por leyes españolas y comunitarias que él no puede cambiar. Y ahora quiere articular medidas para contener los precios en el Archipiélago –”ante el fracaso de la política económica de Zapatero”, dice–, como si él, su Gobierno, su consejero de Economía y Hacienda, su partido o cualquiera a quien él mande, pudiera realmente hacer algo para reducir la inflación.
Rivero debería saber que los precios no van a bajar (ni a subir) por mucho que él reúna a los partidos, los sindicatos y los empresarios y les sirva un café. La tendencia inflacionista de los últimos meses es europea, cuando no hemisférica, y más pronunciada –es de receta– en los países que durante años han tenido un mayor crecimiento. No existe política alguna del Gobierno de Canarias, consenso posible que pueda urdir nuestro presidente supermán, que sea capaz de lograr que la inflación retroceda siquiera una misérrima décima de punto. Debería saberlo esto, Rivero. Y si no, debería haber alguien a su lado que lo sepa, se lo diga y le evite el ridículo.
Prohibiendo las tiendas de saldos o los supermercados de descuento duro seguro que bajan los precios. Se dice una cosa y luego se legisla de otra, como siempre. Que tengan que venir de Europa para salvarnos de nuestros propios políticos es vergonzoso.