La Opinión de Lanzarote

Luis Arencibia Verdú

Hay dos o tres ayuntamientos en el país que pueden presumir de un certificado global de calidad ISO. Se trata de ejemplos excepcionales, siendo lo más frecuente en otras administraciones la posesión de este certificado en alguna de sus áreas, no en su totalidad. Así como no se podrá nunca otorgar un certificado de calidad a una acción política –la política es, por definición, siempre discutible–, sí es posible avalar el funcionamiento de una administración, y en ello se han embarcado numerosos ayuntamientos y gobiernos de este país con afán modernizador.

Un certificado ISO asegura que el producto o procedimiento evaluado cumple con un conjunto de normas establecidas por la Sociedad Internacional para la Estandarización. Como las normas establecidas por este organismo abarcan infinidad de campos, éstas se agrupan en familias, siendo las correspondientes a velar por el funcionamiento de las organizaciones las denominadas ISO 9000.

Embarcarse en la obtención de un certificado ISO no es moco de pavo, exige un montón de trabajo. El trabajo que separa a lo mediocre de lo excelente. Las entidades que deseen aspirar a él deben estudiar detenidamente su funcionamiento y llevar a cabo una serie de pasos que, a la postre, las convertirá en más eficientes y de fiar. Además, no hay trampa ni cartón posibles: no se pueden maquillar los resultados y no valen de nada las excusas. Un día viene una empresa auditora –la cual a su vez está supervisada– y dice a la entidad y a sus usuarios si se han cumplido o no los deberes, y punto. Incluso Goliats como Microsoft se han llevado algún chasco que otro…

Las administraciones públicas han sido de las últimas en apuntarse a este sistema para mejorar su gestión. Con el resto de organizaciones comparten algunas de sus ventajas: la reducción de incidencias en el servicio; el aumento de la productividad; el mayor compromiso con los usuarios y la facilitación de la mejora continua. Pero además en este caso el proceso se convierte en una manera de promover hojas de ruta en la acción institucional más allá de los avatares políticos, al promoverse una serie de objetivos en plazos concretos, supervisados por una entidad externa e imparcial.

Entre los que pueden presumir de certificados ISO está el Ayuntamiento de Irún. En su página web expone los procesos que son más susceptibles de mejorar apuntándose a procesos de este tipo: básicamente aquellos en los que lo principal sea acatar el procedimiento, y los que regulan el tráfico de dineros y la relaciones con las empresas.

Concretamente, las áreas que dicho ayuntamiento considera prioritarias al respecto son Hacienda –procedimientos de gestión tributaria–, Policía Local –gestión de multas–, Urbanismo –planeamiento y disciplina–, Medio Ambiente –procedimientos de autorización de actividades clasificadas–, Contratación y Compras y Servicios Municipales –acreditación de proveedores–. Como se ve, áreas en las que las instituciones de la isla tienen todo un mundo de mejoras por descubrir… Cuando cuenten con el liderazgo necesario para ello.