La educación a debate VII. Una visión reformista
Jorge Marsá
Ya me había avisado Raúl García Brink de que su respuesta tardaría un poco en llegar, de que asuntos laborales y familiares le impedían contestar con la prontitud que le gustaría. Pero lo que no me esperaba es que el debate propuesto sobre la educación se complicara de tal modo. La verdad, no sé muy bien cómo darle recorrido a la polémica a partir del artículo publicado ayer.
Comenzaré por reconocer mi dificultad para entender la dicotomía que se plantea entre una visión “internalista” de la enseñanza y otra “externalista” –la que al parecer él defiende–. Y, puesto que no encuentro esos términos en el diccionario, me atrevo a deducir de su texto que lo que Raúl afirma es que carece de sentido el intento de reformar la escuela sin transformar simultáneamente la sociedad en la que se inserta. Así interpreto su idea de que hay que “estructurar un continuum entre el sistema educativo y las condiciones sociales en que se desenvuelve”, y su recomendación de que “debemos ser capaces de hacer sociología de la educación, de preocuparnos por las causas de lo que está ocurriendo en el alumnado, en las familias, en el profesorado o en los centros para intentar proponer soluciones a medio y largo plazo”.
Pues si lo he entendido bien, el planteamiento no deja de recordarme un poco a la vieja contraposición que hacían algunos entre reforma y revolución, para defender la inutilidad de las reformas en una sociedad esencialmente injusta como la capitalista. En efecto, el texto me trae a la memoria la posición de quienes sostenían que la ingeniería social, las reformas, no provocaban más que el retraso de la única solución auténtica: la utopía.
Por el contrario, yo soy de los que creo que la ingeniería social, por seguir con el término de Karl Popper, constituye el mejor camino para solucionar los problemas de la sociedad, o el que menos males provoca. Es cierto que esos problemas están interrelacionados, pero se pueden ir paliando algunos de ellos aunque permanezcan otros. No se consigue así el paraíso, pero se van arreglando cositas: estaría de acuerdo en que no parece realista que el fracaso escolar desaparezca de nuestras escuelas de la noche a la mañana, que consiguiéramos lo que los finlandeses (un 0,5% de fracaso escolar), pero estoy seguro de que no hace falta que pasen generaciones para que nuestro lamentable 30% descienda significativamente.
Desde ese punto de vista –quizá “internalista”, quién sabe– es desde el que defiendo que resulta pertinente abordar la reforma del sistema educativo, y que se puede hacer sin que sea obligado acometer a la par una transformación radical de la sociedad (por supuesto que los éxitos serán parciales, pero largo me lo fiáis si tenemos que esperar a que otra sociedad sea posible). De hecho, ya se ha hecho, y la enseñanza ha cambiado en nuestro país.
El problema para algunos es que pensamos que se ha hecho mal, que las soluciones arbitradas no funcionan –las de la LOGSE y las siguientes– y que a veces han sido incluso contraproducentes, en suma, que hay que hacerlo de otra manera. Pero de lo que estoy convencido es de que el sistema educativo de este país es francamente mejorable y de que para reformarlo no resulta imprescindible esperar a que nuestra economía sea un paradigma de igualdad, a que las familias semejen pozos de sabiduría, a que de la universidad española salgan excelsos profesores o a que la inversión en los centros se equipare a la de los países más avanzados. No, creo que es posible conseguir resultados, poco a poco, pero sin tardar mucho: en el anterior Informe PISA, por ejemplo, se destacaba la sustancial mejora de los resultados del sistema educativo polaco como consecuencia de una reforma aplicada tan sólo hacía cinco años.
Como se ve, la respuesta de Raul García Brink no termina de convencerme y también a mí, por decirlo con sus mismas palabras, “se me antoja ardua y difícil la tarea de discutir sobre este asunto en un contexto tan viciado desde sus inicios”.
¿Y tenemos que esperar a cambiar la sociedad para cambiar la educación?. ¿Se ha leido el artículo?
Arrecia la polémica sobre el canon de los productos digitales para pagar a las sociedades de gestión de derechos de autor. Valga para aclarar los conceptos el mejor artículo que he leído últimamente sobre la cuestión, el que publicó el domingo Enrique Dans en su blog:
Canon: seamos serios en la argumentación
Desde el principio de los tiempos, una de las recomendaciones más interesantes para reducir la complejidad de las cosas es separarlas en sus componentes fundamentales. En este caso, los componentes fundamentales de la discusión son los conceptos de propiedad intelectual y derechos de autor, las descargas a través de Internet, el derecho de copia privada, y el canon como tal. Y dado que mañana lunes el Partido Popular definirá de una vez por todas su postura con respecto al canon digital, adelantada en las declaraciones de Mariano Rajoy desde Buenos Aires, creo que puede ser positivo intentar un cierto análisis al respecto de todos estos temas, sin acogerse a la tentación de vincularlos todos ellos en un “entorno tremendista”, como hacen de manera tendenciosa las entidades de gestión cuando hablan con los políticos:
1. Los derechos de autor y la propiedad intelectual existen, son conceptos importantes, y deben defenderse dentro de los límites de lo posible. Un creador es propietario de lo que crea, y su propiedad debe ser reconocida. Sin embargo, no deben confundirse los derechos del creador, con los supuestos derechos de las industrias que pretenden explotar las creaciones de éste. El desarrollo de industrias y modelos de negocio que explotan dicha propiedad no puede ser defendida por más ley que la del mercado. Durante la historia de la Humanidad, cientos de modelos de negocio han entrado en crisis y se han visto abocados a la redefinición o a la desaparición: dicho proceso supone una evolución perfectamente saludable en la economía, aunque en el momento en que ocurra provoque efectos obviamente negativos para quienes participaban en dichos negocios.
2. La piratería existe, pero no como se ha intentado tendenciosamente definir por parte de las entidades de gestión: pirata es quien se apropia de bienes ajenos con ánimo de lucro, entendido éste como la pretensión de obtener un beneficio económico mediante el uso de dichos bienes. No puede ser definido como ánimo de lucro ni el interés por acceder a dichos bienes para el disfrute personal, ni la provisión de enlaces hacia sitios donde dichos bienes pueden ser obtenidos. Son piratas quienes venden discos en el top-manta, quienes comercian con obras que no son suyas sin licencia ni permiso del propietario de sus derechos, o quienes utilizan dichas obras en sus actividades con ánimo de lucro. Los usuarios que utilizan dichas obras para su consumo personal no lo son. Lo contrario supone la criminalización de un segmento enorme de la sociedad por un comportamiento completamente lógico: obtener los bienes donde más sencillo y económico resulta hacerlo. Si la tecnología pudiese hacer que del grifo de tu cocina saliese CocaCola, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por CocaCola embotellada?
3. Las descargas de Internet no son ni un problema ni un fallo del sistema, son una característica del mismo. Están ahí, y la única alternativa de la industria es aprender a hacer negocio y crear valor en un entorno en el que éstas existen. Ninguna industria debe ser “compensada” en modo alguno por la aparición de un avance tecnológico. Lo que dicha industria debe hacer es preocuparse por adaptarse a la situación que dicho avance genera. Luchar contra las descargas de Internet, intentar perseguir a los que las realizan o dificultarles el acceso a la red es la lucha más estúpida en la que un Gobierno podría tomar parte: es técnicamente imposible a medio plazo, es tremendamente impopular, y sobre todo, es completamente injusto. Ningún Gobierno debe entrometerse en lo que sus ciudadanos hacen en la red si no existen indicios flagrantes de delito, y la descarga de contenidos sin ánimo de lucro no lo es.
4. El derecho de copia privada asiste a los particulares a la hora de reproducir sobre cualquier soporte un producto al que han tenido acceso, siempre que dicha reproducción se haga sin ánimo de lucro. Es un derecho que no forma parte de ninguna negociación, ha existido siempre, independientemente de que el desarrollo de la tecnología haya convertido su ejecución en mas sencilla. Por el sólo hecho de existir ese derecho o por el de haberse dado una evolución tecnológica, ningún autor ni derechohabiente alguno está autorizado a reclamar o percibir compensación alguna. El progreso tecnológico nos afecta a todos. Es como si los fabricantes de paraguas reclamasen una compensación por la disminución de la pluviosidad.
5. El canon es injusto, indiscriminado y absurdo. Pretende compensar de manera equivocada e injusta por algo que no debe ser compensado, el avance tecnológico. Al hacerlo, se provoca una ineficiencia económica: el que recibe la compensación, que ademas es repartida de manera completamente arbitraria, no percibe la necesidad de evolucionar en su modelo de negocio, ni mucho menos de incrementar la calidad de sus creaciones para competir por la atención de los clientes. El canon genera un entorno de “sopa boba” que perjudica al desarrollo del arte y de la cultura, y sólo beneficio a quienes injustamente lo reciben, el “arte y la cultura oficial”. En España, este fenómeno es especialmente patente, con una fortísima politización de los “artistas” y una negociación evidente de éstos con determinadas fuerzas políticas de cara a sus manifestaciones públicas en períodos electorales.
6. Proclamar que “la ausencia de canon supone automáticamente convertir la descarga en un delito” es una falacia absoluta. Ni el canon es razonable, ni la descarga es un delito si no media ánimo de lucro. La relación entre ambos fenómenos es inexistente. El desarrollo de una Agencia Española de la Propiedad Intelectual sólo es razonable si su papel sustituye al que deberían tener las entidades de gestión: defender a los creadores cuando sus obras sean utilizadas por terceros con ánimo de lucro.
7. La cultura no está en peligro. Existen ahora más creadores que nunca, más canales para acceder a ella que nunca, y los creadores pueden seguir encontrando modelos de negocio adecuados que compensen los esfuerzos invertidos en la creación. Así lo han demostrado múltiples casos, varios ejecutivos que dejaron las discográficas al no compartir su obcecación, numerosos espectáculos musicales, infinidad de conciertos, discos lanzados directamente por los propios artistas, etc. Existe mucho valor que los creadores pueden capturar y que no está relacionado con la venta de copias. De hecho, muchos artistas suben sus propias creaciones a Internet para beneficiarse de la difusión que Internet puede producir para sus obras.
8. Los escritos firmados por un puñado de “artistas” para mostrar a los políticos su malestar no tienen valor alguno. Se trata de simples ciudadanos, sin más derechos ni obligaciones que todos los demás, que reclaman un privilegio que a otros se nos caería la cara de vergüenza si intentásemos reclamar. En su contra hay más de millón y medio de firmas reclamando precisamente lo contrario. Por ser “artistas” o decir que lo son, sus firmas no son más importantes, aunque en su distorsionada visión de la realidad así lo pretendan.
Espero, con estos puntos, aportar de alguna manera un desarrollo argumental más claro al tema del canon digital, que ilustre y permita el debate de una manera adecuada y en términos coherentes.