José Luis Hernández Hernández
[La Opinión de Tenerife, 29 de noviembre de 2007]
Hace unos meses, un grupo de gomeros desplegó en varios puntos de la isla de Tenerife una pancarta pidiendo que la Fiscalía Anticorrupción viajase a La Gomera. Era un grito de impotencia que se tenía que expresar lejos de esa isla, pero que estaba lleno de sustento.
En La Gomera se decía, no con poca ironía, que hasta que alguno de los fiscales no aprendiese a silbar, no cruzarían el charco. Ahora, con la imputación de Javier Trujillo Bernal, consejero del Cabildo Insular y con la llamada a declarar de Manuel Ramón Plasencia, alcalde de Alajeró y de Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo Insular, parece que en la Fiscalía se han aplicado y no sólo han aprendido el lenguaje silbado, sino que, si de verdad se toman el asunto en serio, tendrán que residenciarse en La Gomera por un largo periodo.
El consejero imputado por tráfico de influencias y prevaricación, al que en la isla se le conoce como “Javier el de los caballos” por su pedante afición a pasearse a lomos de un equino, no deja de ser un peón de segunda línea en esta trama de corrupción política, pero en los 41 folios de la denuncia de la judicatura hay suficientes indicios para que la hilacha lleve al corazón de la madeja. Si a Trujillo Bernal lo dejan a los pies de los caballos de la justicia, ésta podrá acelerar sus conclusiones.
Los jueces tienen datos de reuniones en las que participaron el imputado y los dos cargos públicos citados a declarar, junto con un empresario de la construcción, que hace las veces de “el pocero” gomero, para amañar el Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico (PTE) y el propio PGO de Alajeró, para beneficiar ilegalmente a quienes en buena lid deberían vigilar por la defensa de los intereses públicos.
El asunto tiene muchas más ramificaciones, que podrían dar pie a los fiscales incluso a investigar el trapicheo que hay en La Gomera con las concesiones para la explotación de la energía eólica y con un posible trato de favor hacia la empresa que pretende construir un hotel en la Playa de la Rajita, desde cuya sede en Gran Canaria se envío un fax de un particular gomero presentando falsas alegaciones al PTE que beneficiaban directamente a los imputados.
Sin lugar a dudas La Gomera hace años que huele a Marbella, pero ahora los neocaciques gomeros responsables de este hedor se sienten menos todopoderosos y se ven vulnerables ante la labor de la justicia.
Si López Aguilar, ante este evidente caso de corrupción política en sus filas, echara la vista hacia otro lado, sería visto como un enorme farsante y pondría mucha tierra sobre su prestigio. Además, ayudado por la justicia, está ante una inmejorable ocasión para sanear la podredumbre que sacude a su partido en La Gomera.
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