Hoy se abre el verano… y se cierra La Opinión. Nos tomamos vacaciones hasta el lunes 3 de septiembre. Largas vacaciones; pero también ha sido largo el curso. Esperemos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y muchas gracias por su atención. Esperamos también volver en septiembre con fuerzas renovadas y con alguna novedad. Mientras tanto, aquí queda el material publicado para leer y los comentarios abiertos para quien quiera escribir. Buen verano para todos.
alfil
14:21 | 21 Junio 2007 | Permalink
Hmmm…, el 3 de septiembre estaremos ya cerca de 100 días desde que los nuevos gobiernos hayan ocupado sus cargos… ¿será por eso que cierran La Opinión? ¿Para estar calladitos durante estos cien días de gracia? Seguro que más de uno se alegra.
DESDE LA GRACIOSA
16:04 | 21 Junio 2007 | Permalink
Gracias por toda la labor que habeís hecho durante todo este tiempo. Que las vacaciones las paseís meramente estupendas, con vuestros familiares o conocidos.
Esperemos que cuando empeceís vuestra nueva singladura las cosas vayan tomando otros derroteros, en fin felicidades por su ardua labor.
Y lo dicho buen verano para todos.
uno más
18:36 | 21 Junio 2007 | Permalink
eso buen verano a todos y a comer pescadito fresco a La Graciosa.
FELICES VACACIONES……………
Uno mas
20:53 | 21 Junio 2007 | Permalink
Un saludo para tod@s ,que pacen un buen verano
Jorge Marsá
10:08 | 22 Junio 2007 | Permalink
Un premio a la xenofobia y a la ignorancia
Eustaquio Villalba Moreno
[Canarias Ahora, 22 de junio de 2007]
El pasado viernes 15 dos empresas, una de comunicación y otra hotelera, se pusieron de acuerdo para dar un premio de periodismo. Aunque no creo que figure en las bases de la convocatoria, el objetivo de este galardón era distinguir a los colaboradores y periodistas de El Día que mejor se identifiquen con la línea editorial del periódico de mayor difusión en la provincia. El jurado, presidido por José Rodríguez, dueño-editor-director de El Día, acertó plenamente en su decisión, el premiado, Carlos Lugo, casi podría sustituir, dada las coincidencias, al editorialista del periódico. La primera similitud está en la redacción, ambas no superan el nivel que se exigía a los aspirantes que querían superar el antiguo ingreso a Bachillerato. Frases como ésta justifican la decisión del jurado: “Nunca he visto que el musulmán haya sido un pueblo poblador y un pueblo inmigrante, sino un pueblo conquistador y donde quiera que ha ido a través de la historia ha sido para establecer su doctrina y religión”.
Otro aspecto en el que premiado articulista se equipara al editorialista es en su ignorancia y manipulación de la Historia. Sin complejo alguno, suelta frases como esta: “La rápida expansión se produjo desde la propia península Arábiga hasta el Extremo Oriente. En la Europa de los Balcanes, por el Este, y desde luego España, al Oeste, pronto pusieron su garra, y luego de la conquista e islamización de Egipto y el resto de África del Norte, la de los bereberes llevó a término el proceso de conquista en el espacio de Berbería, donde parece que Canarias no llegó a interesar, y que luego los canarios se defendieron con uñas y dientes”. Otro mérito, y no precisamente el menor, debe ser la total coincidencia ideológica entre en articulista y el dueño, editor, director de la mayor empresa de comunicación de la provincia. Una mezcla de populismo tradicional de la derecha española adobado con un nacionalismo provinciano que tiene como enemigo al vecino: los canariones. Estos, según el editorialista, forman parte de un pueblo fatalmente contaminado por las etnias africanas que les aportó el gen que les obliga a mantener el odio a los tinerfeños, de raza mucho más pura y a robarles los “encantos” que ellos no tienen.
Ignoro por qué la Fiscalía no interviene. En este país no está castigado que los periodistas no sepan escribir correctamente, tampoco es punible ignorar hasta lo más elemental de la historia, pero creo que sí lo está a propalar ideas racistas y xenófobas como las que defienden los patrocinadores del premio y el premiado.
Lo más asombroso del caso es que los partidos, los que dicen defender la Constitución y los valores democráticos respalden este tipo de actos y, con ello, ideologías anticonstitucionales pues, aún en el caso de que no fueran delitos, los partidos no pueden respaldarlas. Por el contrario, su obligación es combatir y tratar de erradicar estas ideas de la sociedad que niegan las bases fundamentales del sistema democrático. Pero, desgraciadamente, los principales partidos en la isla han preferido no molestar a tan poderoso caballero y no sólo no se atreven a denunciar sus proclamas fascistas, -aunque por sus formas, que no por su contenido, haría revolverse en la tumba a Gabriel D´Anunnzio- sino que apoyan su candidatura al Premio Canarias de la Concordia. (¡) El delegado del Gobierno, socialista, y el presidente del Cabildo, nacionalista, estuvieron presentes en el acto, allí oyeron la diatriba xenófoba de un indocumentado en historia y seguro que aplaudieron su discurso.
El caso de los socialistas resulta mucho más incomprensible, al fin y al cabo, el nacionalismo es incompatible con la democracia. Éste pone por encima de los derechos de los individuos su lugar de nacimiento y la pertenencia al grupo; los segundos dicen defender lo contrario e, incluso se han presentado como regeneradores de la vida democrática canaria. Pero su respaldo a actos como éste dejan bien claro que su prioridad no es la democracia sino alcanzar el poder, aunque para ello tengan que aplaudir a personajes que defienden las ideas más casposas del franquismo sociológico: Carlos Lugo, el premiado y su patrocinador, José Rodríguez, presidente del jurado y dueño, editor, director del periódico El Día.
you el indio
17:43 | 22 Junio 2007 | Permalink
es que no conocían a don pepito el del panfleto ultraprovinciano y ultrapleitista de Tenerife? es un puro disparate tras otro, para mofa de muchos y verguenzas ajenas de otros…entre sus últimas ocurrencias el empeño en querer quitarle a la isla de Gran Canaria el “Gran”, y dejarla solo en isla de Canaria, pues segun nuestro inefable pepito esa isla no se merece llevar ese nombre,…en fin, delirios de demente senil octogenario
Jorge Marsá
10:49 | 23 Junio 2007 | Permalink
Sobre el célebre ‘móvil del periódico’
Arcadi Espada
[El Mundo, 23 de junio de 2007]
Querido J:
Lo sabrás. El Gobierno ha mandado llamar a la prensa para que reduzca sus informaciones sobre la violencia doméstica. El Gobierno al mandar señala: la prensa es culpable de que se hayan torcido los planes mágico/gubernamentales y la violencia doméstica no haya desaparecido. El pettit Zapatero estaba seguro de acabar con ése y otros graves conflictos de la convivencia. No ha sido así. Aunque su única culpa es haberlo creído. Este asunto de la violencia doméstica es un buen ejemplo de la doble moral que exhibe a veces la política, y conviene examinarlo desde el arranque. A eso voy a dedicarme si es que no estropeo demasiado tus lunas de junio.
Una crítica muy lúcida del feminismo a la lengua dominante fue la de poner bajo sospecha la locución crímenes pasionales y descubrir hasta qué punto llevaba en sí misma un atenuante. Entre esos crímenes los había novelizables; nunca hermosos, porque este adjetivo exigiría una consulta a las víctimas; pero sí dotados de los rasgos de desespero enamorado que nutren infinidad de páginas de la literatura universal. Al margen de su carácter atenuante crimen pasional revelaba una cierta igualdad e incluso una cierta complicidad entre víctima y verdugo. El concepto de la igualdad es fundamental, porque ennoblece la sórdida realidad de la gran mayoría de esos crímenes, caracterizados por la dominación terrorífica del agresor. La mujer, último e infimo eslabón del día, acaba pagando las horas arruinadas en el alcohol, el juego, las drogas o la pereza de los varones. El móvil criminal no es el amor (aun enloquecido) sino el fracaso. Y muchas veces la eliminación física de la mujer o de los hijos no es más que la liquidación de molestos testigos.
Bastó eliminar la palabra y con ella las adherencias de la ficción sentimental para que el crimen apareciera mondo, en su mediocridad insufrible. Una nueva locución tomó el relevo: Violencia doméstica. Es un afortunado choque de trenes léxico; porque incrustrar la violencia en el domus (en la casa, en el dulce refugio) es una de las hipótesis más crueles de la vida. Además, en su apariencia técnica, casi burocrática, no admite ninguna perturbación sentimental. La locución se instaló en España a principios de los años ochenta. Curiosamente tuvo que competir con otra acepción: violencia doméstica era el nombre que se daba al terrorismo (como el irlandés o el vasco), que actuaba en su entorno próximo. Dado que ya tenían nombre emergieron muchas historias, escasamente pasionales y vaciadas de cualquier tipo de glamour. La presión feminista y la llegada de las mujeres a las redacciones de los periódicos propiciaron que se destapase la corrupción del hogar. Quizá el péndulo acabó por escorarse demasiado: desaparecieron las excepciones pasionales, se eliminó cualquier mención a los atenuantes (el alcohol, omnipresente) y se propuso, ya en el delirio, calificar estos crímenes de terrorismo, obviando que los asesinos actuaban siempre contra una persona y no contra un género de personas. Se trataba de los excesos consecuentes a la euforia del descubrimiento. El descubrimiento de que las mujeres eran sacrificadas por el mismo mecanismo del que, llevado por el poder y la ira, asesta una formidable patada a la puerta.
Los últimos años del gobierno Aznar se vieron sacudidos por una enfatización de esos crímenes. El áspero carácter de aquel presidente (agravado por su desdichada prosodia) fue el centro de una construcción política y mediática muy interesante. La invasión de Irak, el naufragio del Prestige, los accidentes de tráfico o la violencia contra las mujeres fueron subliminalmente atribuidos a aquel carácter. (Que no en vano se vio sustituido por el talante, sin que cupiera especificar de qué clase de talante se trataba, caso raro donde la variación sustantiva ha incorporado sin más formulismos la adjetiva). La matanza de Madrid refrendó trágicamente la construcción del personaje. Y la imprescriptible evidencia de que en las calles se le gritó antes asesino al presidente del Gobierno que a los terroristas no fue sólo consecuencia de la torpe reacción gubernamental ante el atentado. Fue la conclusión cantada de un largo proceso previo de demonización, donde la soberbia y el desdén del presidente fueron el imprescindible grano de arena veraz que requiere la mentira. Y que, sorprendentemente, interiorizó el mismo Partido Popular. Hay una historia enterrada de aquellos años, finales del 2002, ya con el Prestige petroleando, pero aún sin la invasión de Irak: el PP decidió suspender la mayor parte de las cenas de Navidad. Un extraño luto se había apoderado de la vida pública española. Recordarás que en la composición del paisaje la violencia doméstica tuvo un papel fundamental. Al fin y al cabo Aznar respondía al tipo macho del gobernante. Caracterizado, como repetía a menudo Zapatero, por militar en la triple A de “antiguo, autoritario y antisocial.”
Los socialistas utilizaron políticamente los crímenes contra las mujeres. Y acusaron al Gobierno de pasividad, cuando no de oscura complicidad psicológica. Anunciaron que harían una ley y que sería la primera, y que los crímenes, como tantas cosas, se iban a acabar. No te escribo para volver sobre un asunto tan hecho como el de la diferente actitud que los políticos toman ante los problemas, según estén en el gobierno o en la oposición. Aunque sea importante y una de las causas de la pérdida de calidad de las democracias. Lo que me interesa es vincular aquella actitud ante el Aznar terminal con esta propuesta del ministro Caldera de reducir informativamente los crímenes. Porque, en efecto: ¿qué es lo que permite a los políticos ir diseñando la crítica del presente, sus soluciones de gestión y su agenda de prioridades, y el impacto estadístico de los diferentes problemas ? Obviamente, el debate periodístico. Ésa es una de las razones por las que la realidad (la realidad de setenta mujeres muertas al año) no puede desaparecer de los periódicos. Cuando un político pide la desaparición del debate no sólo incurre en la falacia totalitaria de que basta con silenciar los problemas para que los problemas desaparezcan; como te he avanzado, lo que busca es eludir y limitar sus responsabilidades.
El ministro atribuye un efecto llamada a las noticias sobre crímenes. Fíjate, por cierto, cómo la metáfora revela la importancia que la inmigración juega en este asunto, importancia tan real como oficialmente negada en nombre de la corrección política. La atribución del ministro es una grosería intelectual, que se presenta sin prueba alguna. Todos los estudios que conozco sobre la relación entre la violencia y la exhibición de noticias violentas no pasan de establecer un tembloroso vínculo cronológico. Es decir: los casos aparecen agrupados en el tiempo, a modo de pequeños montones. Lo que induce a pensar que quizá el eco los agrupa. Te ahorro la descripción del salto conceptual que implica sostener que el eco los provoca. Y te ahorro también la especulación de cuántos crímenes ha evitado el conocimiento de muchos crimenes, incluso en lo relativo a los detalles del procedimiento, cuya divulgación ahora también se cuestiona. Basta con recordar las barbas del vecino, el refranero y su ajo. O a la más fina evidencia de que el saber protege.
La imitación es un asunto en verdad fascinante. Muchas cosas se aprenden por imitación. (Aunque no todas: a nadie imita el niño cuando dice rompido). A matar también se aprende, desde luego, aunque como en todo aprendizaje se exige una voluntad previa. Entre las confesiones de los asesinos están algunas muy pintorescas. Pero nunca oí la del que mató porque otro lo había hecho en el periódico.
Sigue con salud
A.
PP
12:58 | 23 Junio 2007 | Permalink
¡MARSÁ, PESAO!
sergio
19:47 | 23 Junio 2007 | Permalink
Marsá, no tengo el gusto de conocerte, pero me pareces un tipo interesante, aunque a veces te extiendes demasiado en tus opiniones, me resultan entretenidas tus ideas. Aunque cierre la opinión hasta septiembre, podremos seguir desde este foro. Un saludo y encantado de saludarte.
Carmelo
18:55 | 25 Junio 2007 | Permalink
La Opinión:
Pasó por aquí el servicio de recogida de basuras del blog y se llevó este comentario.
amigos
19:27 | 25 Junio 2007 | Permalink
carmelo , no entiendo bién?
Jorge Marsá
11:17 | 27 Junio 2007 | Permalink
Una propuesta justa sobre el cambio climático
PETER SINGER
[El País, 27 de junio de 2007]
El acuerdo sobre el cambio climático logrado recientemente en Heiligendamm por los dirigentes del G-8 no ha hecho más que preparar el terreno para el verdadero debate que se avecina: ¿cómo vamos a repartir la capacidad de la atmósfera, cada vez menor, para absorber nuestros gases de efecto invernadero?
Los líderes del G-8 acordaron buscar recortes “sustanciales” de las emisiones de gases de efecto invernadero y “considerar seriamente” el objetivo de reducir dichas emisiones a la mitad de aquí a 2050, un resultado celebrado como un triunfo por la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro británico, Tony Blair. Pero el acuerdo no compromete a nadie a cumplir objetivos específicos, y menos que a nadie a Estados Unidos, cuyo presidente, George W. Bush, no estará ya en el cargo en 2009, cuando haya que tomar las decisiones difíciles.
Sería razonable preguntar por qué un acuerdo tan vago es un avance. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se celebró en Río de Janeiro en 1992, 189 países, entre ellos EE UU, China, India y todos los países europeos, firmaron el Convenio Marco sobre el Cambio Climático, por el que acordaban estabilizar los gases de efecto invernadero “a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”.
Quince años después, no lo ha hecho ni un solo país. Las emisiones per cápita de gases invernadero en Estados Unidos, que ya eran las más elevadas del mundo cuando Bush tomó posesión, han seguido aumentando. Si éste o su sucesor quieren que la próxima ronda de negociaciones fracase, lo tendrán muy fácil. Para justificar su negativa a firmar el Protocolo de Kioto, el presidente de EE UU siempre se ha referido a que no comprometía a China ni a India a respetar unos límites obligatorios. Ante las sugerencias de Bush y otros líderes del G-8 de que los grandes países emergentes deben contribuir a solucionar el cambio climático, Ma Kai, responsable de la Comisión Nacional de Desarrollo de China, respondió que su país no va a comprometerse a cumplir ningún objetivo cuantificado de reducción de emisiones. También el ministro de Exteriores de India, Navtej Sarna, dijo que su país rechazaría restricciones obligatorias.
¿Están siendo poco razonables China e India? Sus dirigentes han alegado siempre que nuestros problemas actuales son consecuencia de los gases emitidos por las naciones industrializadas a lo largo del último siglo. Es verdad: esos gases, en su mayor parte, están todavía presentes en la atmósfera, y, sin ellos, el problema no necesitaría una atención tan urgente como la que requiere hoy. China e India reivindican el derecho a llevar a cabo un proceso de industrialización como el que tuvieron los países avanzados, sin límites en las emisiones de gas de efecto invernadero.
China, India y otros países emergentes tienen algo de razón; o, mejor dicho, tres razones. En primer lugar, si aplicamos el principio de que quien lo rompe lo arregla, los países desarrollados tienen que asumir la responsabilidad de arreglar nuestra atmósfera rota, que ya no puede absorber más gases de efecto invernadero sin provocar un cambio en el clima mundial. Segundo, aunque olvidemos quién creó el problema, sigue siendo cierto que el ciudadano típico de Estados Unidos causa seis veces más emisiones de gases invernadero que el chino, y hasta 18 veces más que el indio medio. Tercero, los países más avanzados tienen más capacidad que otros no tan ricos de absorber, sin causar perjuicios graves a sus habitantes, los costes que supone resolver este problema.
Pero también es cierto que, si China e India siguen aumentando sus emisiones de gases de efecto invernadero, acabarán por anular todo lo que se consiga con los recortes de las emisiones en los países industrializados. Este año, o el que viene, China superará a Estados Unidos como principal emisor del mundo; a escala nacional, desde luego, no per cápita. En un plazo de 25 años, según Fatih Birol, economista jefe en el Organismo Internacional de la Energía, las emisiones de China pueden duplicar a las de Estados Unidos, Europa y Japón combinados.
Sin embargo, existe una solución a la vez justa y práctica:
- Fijar el volumen total de gases de efecto invernadero que pueden emitirse sin hacer que la temperatura media de la Tierra se eleve más de 3,6 grados Fahrenheit, el punto a partir del cual el cambio climático podría ser extremadamente peligroso.
- Dividir el total por la población del mundo, para calcular qué parte de ese total corresponde a cada persona.
- Asignar a cada país una cuota de emisiones de estos gases equivalente a la población del país multiplicada por la parte correspondiente a cada persona.
- Por último, permitir que los países que necesitan una cuota mayor puedan comprarla a los que emiten por debajo de la suya.
Es innegable que asignar a cada habitante de la Tierra la misma proporción de la capacidad de la atmósfera para absorber nuestras emisiones de gases de efecto invernadero es justo y equitativo. ¿Por qué unos van a tener más derecho que otros a usar la atmósfera terrestre?
Pero, además de ser justo, este plan tiene ventajas prácticas. Ofrecería a los países en vías de desarrollo un sólido incentivo para aceptar las cuotas obligatorias, porque, si son capaces de mantener en un nivel bajo sus emisiones per cápita, tendrán un excedente de derechos de emisión que pueden vender a los países industrializados. Los países ricos también se beneficiarán, porque podrán escoger la combinación que más les gusta, la de reducir emisiones y comprar derechos de emisión a los países en vías de desarrollo.
Jorge Marsá
11:02 | 28 Junio 2007 | Permalink
En el error, erre que erre
FÉLIX OVEJERO LUCAS
[28/06/2007]
Como bien saben los mentirosos y los estafadores, somos una especie bastante confiada. Tenemos una natural disposición a creer en lo que los demás nos dicen o, al menos, a creer que nos lo dicen sin intención de engañarnos. La mentira funciona sobre el horizonte de la confianza. Sin monedas de curso legal no cabrían las falsificaciones. Un elemental compromiso con la verdad, un entramado de creencias sobre la sinceridad de las creencias de los demás, es una de las argamasas que mantienen unidas a las sociedades. Quizá resulte exagerado creer a alguien cuando nos dice “te quiero”, pero estamos convencidos de que cuando nos dice “son las cinco y cuarto” no nos está queriendo decir “me han despedido del trabajo”. Ésa es la confianza mínima, compartida, sin la cual no hay manera. Si, además, experimentamos alguna simpatía o afecto por nuestro interlocutor, la ingenuidad es mayor. Todos pueden engañarnos, pero aquellos con quienes compartimos mayores ámbitos de confianza pueden engañarnos mucho más.
Perder la confianza cuesta. Cuesta, en primer lugar, porque cuesta corregir nuestras opiniones. El proceso de formación de nuestras creencias cotidianas dista de ser un ejemplo de pulcritud epistemológica. En una agria polémica con Steven Pinker, el lingüista y científico cognitivo George Lakoff recordaba que nuestro cerebro opera con estructuras y metáforas conceptuales, imágenes más o menos esquematizadas que nos permiten ordenar nuestras experiencias. Recogemos aquella información que confirma nuestros juicios e ignoramos los datos que no encajan en el bastidor o los interpretamos para acomodarlos.
Por supuesto, cuando siguen goteando las pruebas en contra, resulta difícil mantener el cuadro. Lo común es que, de pronto, cierto día, un dato menor, acaso irrelevante, derrumbe las ficciones. La información encaja reordenada en una nueva composición. Todo se acaba por entender, incluso aquello que no se quería ver. Quienes hayan sido víctimas de una estafa personal o material conocen la experiencia. Lo que nos resistíamos a admitir se impone. También se impone algo más deprimente: éramos unos crédulos. Ésa es la segunda razón para resistirse a perder la confianza: la autoestima está en juego. Es doloroso admitir que somos unos gilipollas. Hay una última razón para el empecinamiento: el empecinamiento mismo. Cuando las creencias no tuvieron otro soporte que las ganas de creer es difícil que ningún hecho nuevo las corrija. Quien siempre prescindió de los hechos para formar sus creencias puede seguir prescindiendo de los hechos para modificarlas. A menos datos, más fe. Se ha invertido mucha carga psicológica o afectiva para estar atentos a la endeblez de hechos y razones. El fenómeno es conocido por los psicoeconomistas. Podemos asistir a un espectáculo que ya ha dejado de interesarnos y al que no asistiríamos si fuera gratis, simplemente porque meses atrás compramos la entrada. Una propuesta que ofrecida hoy no nos interesaría nos sigue atando por pura inercia, porque un día empeñamos en ella dineros o afectos. Si este comportamiento irracional se da hasta en las inversiones en Bolsa, imaginemos lo que sucede cuando lo comprometido es la identidad. Es difícil apearse de la propia biografía. Y el yo que llegará a ser no está en condiciones de tomar decisiones hoy. De poco sirve anticipar que, reconocidos los errores, cierto día se conquistará una mirada limpia, sin auto-engaños. La serenidad futura no se disfruta en el presente. En medio sólo queda un temido tránsito, desamparados, sin los materiales que aseguraron la idea que teníamos de nosotros mismos.
Creo que las consideraciones anteriores ayudan a entender la persistencia en el error de Zapatero, su dificultad para rectificar, para reconocer las señales, y hasta su imagen descompuesta cuando ya no queda ni el clavo ardiendo. Al menos, pueden ayudarnos mejor que la hipótesis de su mala fe, difundida por una parte de la derecha, según la cual su modo de acabar con ETA era dándole la razón, accediendo a sus exigencias. Una hipótesis difícil de sostener. Es cierto que el presidente ha hecho trampas. Una y mil veces negaba hacer lo que hoy sabemos que estaba haciendo. Incluso estiraba las palabras hasta vaciarlas de todo sentido, a veces de un modo particularmente ofensivo, para la inteligencia y para la institución, como sucedió cuando una comparecencia ante el Congreso se convirtió en una comparencia ante los periodistas en una sala del Congreso. No son fullerías menores. Por las que ha pagado dos veces: ante la opinión pública, perdiendo crédito cuando sus énfasis no casaban con los acontecimientos, con las pistolas, los zulos y las extorsiones; y ante los terroristas, que cobran a plazos, dispuestos a contarlo todo cuando les convenga.
Todo eso es verdad pero no es mala fe. Si el Gobierno “se hubiera rendido” no estaríamos donde estamos. En realidad, el problema es el contrario: todo se quería disculpar por la enorme fe del presidente en “el proceso”. Una fe que se aguantaba a pulso. “El proceso” no estaba en el punto de partida, en el programa electoral. Y los resultados a la vista están: la mejor muestra de que faltaban razones. La apelación continua a explotar “la mínima oportunidad” es, desde bastantes puntos de vista, una declaración de disposición a actuar sin razones, sin pruebas. Mejor dicho, a pesar de las pruebas en contra. El único argumento invocado era la confianza: “él sabía”. Pues bien, ahora sabemos que no sabía, que la única razón para creer era la propia voluntad de creer. Cuando se ha comprometido tanta fe, cuesta descreer y apearse. Una inversión psicológica extraordinaria, no muy diferente de la de Aznar y sus armas de destrucción masiva. Zapatero no nos engañó porque se engañó a sí mismo.
Zapatero ha sido muy confiado. Más exactamente, ha confiado más en lo que ETA decía que en lo que mostraban los datos. No es tan raro. Detrás de buena parte de los reproches a ETA hay una enorme demostración de confianza en ETA. Cuando se usan expresiones del tipo “ETA se equivoca”, “ETA tiene que darse cuenta”, “al final, ETA entenderá que tiene que negociar”, además de abaratarle los crímenes, de darle un crédito a fondo perdido a la organización terrorista, a la que se sugiere que siempre podrá poner a cero el contador, que, en el peor de los casos, si abandona la violencia, podrá salir sin gloria pero sin pena, se le otorga la condición de sujeto respetuoso con principios cívicos. A Hitler o a Al Capone nadie les dijo que se equivocaban. Cuando a alguien le decimos que nos ha defraudado lo ponemos frente al espejo del buen comportamiento que esperábamos de él. En todo reproche hay un depósito de confianza moral en el destinatario. Cuando no hay nada que esperar no hay nada que decir.
De modo que no, Zapatero no tenía mala intención. Pero eso no lo hace menos responsable. Lo que no puede, cuando llega la hora de dar explicaciones, es invocar sus buenas intenciones, su “derecho y deber” a intentar la paz. Uno no está obligado a explotar la mínima posibilidad cuando la “mínima posibilidad” tiende a cero. Al contrario, está obligado a no intentar lo que con bastante probabilidad conduce al fracaso. Esto no es un colegio. Es la política. Es la vida.
Jorge Marsá
11:36 | 29 Junio 2007 | Permalink
Minima moralia
J. M. RUIZ SOROA
[El Correo, 29 de junio de 2007]
La nuestra es una sociedad postheroica, como todas las europeas. Los valores implícitos en la inmolación del guerrero en defensa de los demás quedan bien en el cine de las Termópilas, pero han perdido toda vigencia social. Su muerte sólo suscita ya compasión y extrañeza.
La idea del asunto era antes que los soldados estaban ahí para morir, precisamente para eso. Como ahora quienes mueren mayoritariamente en las guerras son los civiles, cuando muere algún soldado se escucha un coro indignado: ¿Eso no vale¿
En Europa sólo hay dos ejércitos dignos del nombre, el inglés y el francés. Los demás valen para desfilar y para ayudar en las desgracias. Convendría no olvidarlo antes de empezar a jugar a los soldaditos.
Olvidable época de nuestra historia política la de la necrofagia, la del convencimiento de que la sangre derramada es la mejor argamasa para el éxito electoral.
Al enviar soldados a Líbano hemos aumentado nuestra vulnerabilidad al terrorismo. Sagacidad: hemos mandado los blancos a casa de los terroristas. Ahora tendremos que enviar a la Guardia Civil para protegerles.
La diferencia entre el albañil que cae del andamio y el soldado muerto en acción es que al segundo se le paga precisamente para arriesgar su vida. Si se escucha al coro, parece lo contrario.
El Estado Mayor corre a informar de que ningún blindado en Líbano posee inhibidor de frecuencias. Nuestros aliados se sorprenden por la táctica empleada. Inolvidable Gila.
Iremos comprobando que, más que soldados, hemos enviado a Líbano a unos rehenes. Y que nuestra política exterior vendrá marcada por la necesidad de protegerles. También sagaz. La nobleza de un propósito no lo convierte en inteligente.
No existen inhibidores para conductores suicidas de coches bombas (véase Irak). La próxima vez va a ser difícil encontrar a quién culpar.
Las suyas son sociedades heroicas: todavía entienden la inmolación y el sacrificio. No se han enterado de que Dios ha muerto. Eso es lo malo.
Eduardo Ruíz
12:21 | 29 Junio 2007 | Permalink
Tremendo el artículo que nos presentas, Jorge. Da mucho que pensar. No hay nada como salirse de lo políticamente correcto para escribir buenos artículos de opinión.
Luis
14:33 | 3 Julio 2007 | Permalink
Lo último de Arcadi Espada sobre la censura de El País a Savater.
El periodismo y el conflicto
1. Casa tomada
Esta primavera se produjo un incidente de interés en las páginas del diario español El País. Uno de sus articulistas más relevantes, el filósofo Fernando Savater, envió un artículo que no fue publicado. Savater lleva treinta años enviando artículos a la misma dirección y jamás le habían rechazado ninguno. El artículo se llamaba “Casa tomada”, como el célebre cuento de Julio Cortázar, y aparte de constatar el fracaso de la estrategia negociadora del presidente del gobierno español respecto a eta contradecía un editorial y un artículo anteriores del propio periódico. Como viene siendo costumbre Savater envió una copia del artículo al diario digital Basta Ya, una empresa política fundada, entre otros, por el propio Savater, y con cualquier ánimo menos el de lucro, que se nutre de la filantropía intelectual de sus socios y amigos y que de inmediato lo colgó en su primera página. Así pasaron unos diez extraños días: el artículo de Savater seguía colgado y a disposición de cualquiera en la web de Basta Ya, pero su destinatario inicial, el periódico El País, no lo publicaba. Me interesé por el asunto y escribí una nota en mi blog contándolo.
Al cabo de tres días el artículo salió finalmente publicado, aunque en las páginas del diario local El Correo Vasco, otro de los lugares donde Savater colabora. La evidencia de que El País había censurado al primer intelectual español me llevó a escribir otra vez sobre ello. Naturalmente cualquier diario tiene el derecho de decidir qué originales publica. Incluso si se trata de originales solicitados, como era en este caso, en virtud del largo contrato intelectual que une a Savater con el que ha sido siempre su periódico. La cuestión importante para mí, sin embargo, era la de constatar un desencuentro algo más que simbólico: por vez primera un artículo de Savater no encontraba sitio en el periódico.
A partir de estas primeras informaciones la discusión se fue extendiendo por internet en los términos fácilmente deducibles; se multiplicó con la confirmación de la censura y llegó hasta el propio diario El País. El canal fueron los comentarios del blog recientemente abierto por el periodista Lluís Bassets, director adjunto del diario. El día en que el diario vasco publicaba el artículo de Savater varios internautas empezaron a interpelar a Bassets por el caso. La interpelación tenía sentido: aunque dedica su blog a la política internacional, Bassets es el responsable en primera instancia de las páginas de opinión del diario. Su reacción inmediata ante la proliferación de comentarios fue dar instrucciones para que se eliminaran todos los que se refiriesen al “Caso de la Casa Tomada”. El sistema de moderación del blog, sin embargo, permitía que la mayoría de comentarios de ese estilo apareciesen fugazmente y que sólo al cabo de pocos minutos se eliminaran.
La nueva censura enfadó a los internautas. Algunos empezaron a dejarme copias de sus mensajes en el correo de mi blog, y yo publiqué algunos de ellos. La inmensa mayoría de los que llegaban eran perfectamente correctos y se limitaban a pedir explicaciones al responsable del periódico. Después de algunas horas de toma y daca, de envío y borrado, y cuando ya bastantes blogs empezaban a dar refugio a los comentarios censurados, Bassets cambió de opinión y ordenó que la discriminación acabara. Algunos internautas aprovecharon la circunstancia para volver a enviar los mensajes anteriormente censurados. El dueño del blog escribió al día siguiente una breve nota embozada sobre el asunto.
2. El desdeñoso perfil
El “Caso de la Casa Tomada” es muy instructivo sobre algunas de las cuestiones que afectan la relación entre el periodismo e internet. Cabe decir, para empezar, que El País no ha publicado hasta ahora (un mes después de que el filósofo Savater enviara su artículo) un solo detalle de esta historia, ni en sus secciones convencionales ni tampoco en la columna de “El Defensor del Lector”. Tampoco el propio Savater hizo mención en el siguiente artículo que publicó en el periódico. Es decir, el diario ha aplicado los habituales criterios del “caso interno”. El problema es que, gracias a internet, el caso ha sido público desde el primer momento, es decir desde la aparición del artículo en la web de Basta Ya. Es fácil imaginarse lo que habría sucedido hace diez años: la censura a Savater habría quedado en uno de esos sucedidos confidenciales que se unta de mano en mano la pomada habitual de periodistas y políticos. El escaso número de miembros de esa corte, pero sobre todo su carácter endogámico, ya habituado a los sobresaltos del doble circuito informativo, justificarían, probablemente, que el periódico se hiciera el sueco, aunque sólo fuera por meras razones de cálculo. Ahora bien: ¿pueden los periódicos seguir ahora con su pose de desdeñoso perfil, aplicando la máxima de que lo que no sale en El País (o en cualquier otro diario de los llamados “de soberbia”) no existe?
No lo parece, con franqueza. Obviamente no tengo datos empíricos que lo justifiquen, pero parece razonable suponer que una sólida cantidad de fieles lectores de El País conoce el “Caso de la Casa Tomada”, aunque no sea por lo menudo. Es muy probable, asimismo, que esa inquietud se haya manifestado en varias cartas al director o al “Defensor del Lector” de las que no han tenido conocimiento el resto de lectores. Tampoco es inverosímil especular sobre la inquietud que debe de producirles el hecho de que su periódico haya reaccionado con un silencio conventual, más hijo de la pacatería que de la sobria meditación. La reacción no parece respetuosa con unos lectores que de alguna manera pueden entonar el lamento del burlado y decirse que han sido los últimos en enterarse. Pero este artículo no quiere insistir en las cuestiones morales, no sólo porque sean obvias.
Mi interés, como he avanzado, es examinar esta historia a la luz de los cambios que el uso de la red ha traído al periodismo. Y de la dificultad en entenderlos. Internet, por poner en solfa el primer cambio, ha acabado con la militarización del lector. Es decir con ese hombre (más que mujer) que se formaba cada mañana ante el kiosco, elegía su periódico y lo recorría disciplinadamente como quien desfila. Algo que en menor grado se ha dado también entre las cadenas de radio, pero ya no entre la televisión. Un lector militarizado habría dado por bueno no sólo el silencio del periódico sino la propia censura del artículo de Savater. Ese lector aún existe, pero cada vez menos. La facilidad que da hoy la red para contrastar las informaciones, y el tono y mesura de las informaciones, vence las estructuras de carácter más rígidas. El periódico como weltanschauung (cosmovisión) ha desaparecido. El lector no puede entender que en nombre de ella (eligiendo, claro está, la hipótesis de censura más noble) desaparezca de sus páginas el artículo de un colaborador habitual y querido. Enseguida volveré (y triunfalmente) a esa melancolía.
La historia tiene otro aspecto clave. Hoy los periódicos se llenan la boca con la interactividad. Ofrecen todo tipo de servicios para estrechar la relación con su público. Juguetean con el ciudadano periodista, se ofrecen para alojarle sus blogs, permiten los comentarios de sus noticias e incluso organizan sus portadas y la jerarquización de las informaciones en razón de la opinión de los lectores. Nunca, aparentemente, un periódico fue más de ellos. Por desgracia, el “Caso de la Casa Tomada” revela hasta qué punto hay que tomarse con una relativa ironía y circunspección este periódico de puertas (y despachos) abiertos que se nos propone.
Sin embargo, no quiero acabar este repaso sin una celebración. Aunque sea (inevitablemente) la celebración de un anacronismo. El “Caso de la Casa Tomada” revela, paradójicamente, un conmovedor respeto a las opiniones. Porque sólo alguien convencido de que un artículo cambia el mundo, sólo alguien formado (aunque perversamente, qué más da) en la retórica y en el ideal del “Yo acuso” o del “No es esto, no es esto” puede tomarse la molestia de censurar un artículo y pensar que los beneficios de hacerlo son mayores que los de publicarlo. Es una muestra de dudoso discernimiento sobre el valor de las opiniones en el mundo moderno que desde luego, y como los que van a morir, yo saludo y honro.
Es difícil, y sobre todo prematuro, listar las transformaciones que internet ha aportado al periodismo. Se piensa normalmente en las transformaciones que experimenta el lector, es decir, si seguirá leyendo en papel, si será capaz de leer en el futuro textos que sobrepasen los diez mil caracteres (que, naturalmente, son los que tendrá este artículo) o si en internet se leen las imágenes y los sonidos, del mismo modo que en la televisión se ven o en la radio se oyen. Menos se piensa en las que está experimentando el propio oficio de periodista y menos aún en las que dentro de ese capítulo son poco espectaculares. Por ejemplo, la importancia que internet ha tenido en la mejora de la precisión del periodismo y en su inteligibilidad. Pero hay algo, estructural, que el “Caso de la Casa Tomada” ilumina, aunque sea con su sombra. Gracias a internet el periodismo ha perdido el monopolio práctico del debate y el conflicto que durante doscientos años ha ejercido en las sociedades modernas*. Ni los libros ni las universidades ni la plaza pública pudieron disputarle al periódico ese monopolio. Pero la situación ha cambiado: foros, webs, blogs son hoy espacios del conflicto social ni organizados ni controlados por el periodismo. Es posible que durante cierto tiempo todavía algunos medios puedan seguir haciendo como que no ven. Pero corren el riesgo de que la costumbre les deje ciegos.
Jorge Marsá
19:11 | 3 Julio 2007 | Permalink
¿Es de izquierdas la política del PSOE?
Félix Ovejero Lucas
[El Noticiero de las Ideas, 3 de julio de 2007]
Con frecuencia, desde las filas del PP, se atribuye a Rodríguez Zapatero la condición de izquierdista radical. La calificación, por lo general, forma parte de la escaramuza política, un gesto simétrico al que desde el PSOE lleva a describir al PP como la “derecha más extrema”. Su sentido último merece pocas dudas: se busca descentrar al rival –o al menos describirlo descentrado— para apropiarse del espacio político así desalojado. La estrategia es rudimentaria, con supuestos intelectuales endebles, pero, por lo común, eficaz.
El caso español presenta una peculiaridad: la etiqueta “derecha” es algo más que una descripción, es un estigma. La derecha, que no lo ignora, evita presentarse como tal. La asimetría es manifiesta. Mientras la derecha tiene problemas para aceptar públicamente su condición política, y de ahí el reproche “de andar con complejos” por parte de sus ideólogos de expresión más contundente, la izquierda no duda en lucir su divisa con orgullo. Incluso el presidente del gobierno dice de sí mismo ser “un rojo”.
Pero, ¿es realmente Rodríguez Zapatero un extremista? ¿Está justificada la calificación de “izquierda radical”? Sin entrar en muchas honduras, hay datos que, cuando menos, dificultan las respuestas urgentes. Desde luego tiene poco que ver con la izquierda tradicional la colusión de intereses entre poderes económicos y grupos de influencia en las instancias de decisión económica del gobierno que ha revelado la polémica en torno a la OPA de Endesa y la CNMV. Tampoco se puede considerar un triunfo de la justicia distributiva el descenso de la participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional hasta un mínimo histórico en el último año. Incluso hay dudas respecto a las afiliaciones electorales cuando, como sucede en Cataluña, la izquierda supuestamente más radical, ICV-EuiA, los comunistas-verdes, han recogido más votos entre las clases acomodadas (10%) que entre las humildes (7,5%). Llamativamente, el orden se invierte en caso del PP: 9,3 y 9,7, respectivamente.
Resultaría precipitado exprimir esos datos, fragmentarios y circunstanciales, para concluir que, en realidad, el PSOE representa los intereses de los poderosos. Sería injusto con su historia y, seguramente, con sus propósitos. Pero en política no siempre los propósitos, y mucho menos las declaraciones, se traducen en realizaciones. Las páginas que siguen intentarán mostrar que algo de eso puede suceder con el PSOE; más exactamente, que si nos atenemos a los valores y propuestas que tradicionalmente se asociaban a la izquierda, hay razones para considerar injusta la calificación de “izquierda radical”, por no decir, la de izquierda sin más.
Vale decir que la responsabilidad no es exclusiva del PSOE. El PSOE es, seguramente, el síntoma más agudizado de un proceso más general de empobrecimiento ideológico y programático de las izquierdas que ha tenido su expresión más decantada en la transición de un discurso atento a “la desigualdad” y “lo económico” a otro centrado en “la diferencia” y “lo cultural”. En ese sentido, buena parte de las reflexiones que siguen tienen un alcance más general. No es menos cierto que, en el caso español, ese nuevo discurso, por lo general plúmbeo, ha encontrado una traducción reconocible: una política territorial legitimada en nombre de “la pluralidad”, “la diversidad”, “el reconocimiento” o “la identidad”. Aprovecharé esa terreno para ejemplificar mi tesis.
La paradoja de la conquista de la democracia
Según el ideal democrático, en su versión más clásica y optimista, acorde con algunas experiencias de la antigua Grecia, todos los ciudadanos deliberan hasta recalar en decisiones acordes con el interés general. Participación, deliberación y compromiso con el interés general constituyen piezas vertebrales de esa idea de democracia. Las decisiones justas, que encontraban su traducción en las leyes, eran la consecuencia práctica del ejercicio público de la razón, del diálogo democrático entre todos los ciudadanos. Las opiniones, cribadas imparcialmente, darían pie a decisiones justas, a leyes que asegurarían que nadie estaría sometido al poder arbitrario de nadie. Los protagonistas de la deliberación modificarían sus juicios a la luz de las mejores razones. Ese era el ideal que inspiró las revoluciones democráticas, el germen ideológico de la izquierda.
Sin embargo, el resultado final, las democracias realmente existentes, resultado en buena medida de las luchas políticas de la izquierda (por la universalización del voto, por el control del poder), se alejan bastante de aquel ideal. La participación, la deliberación y el compromiso con el interés general se han visto sustituidas por la representación, la negociación y las preferencias (los votos) basados en los intereses. La teoría de la elección racional ha descrito bastante bien su funcionamiento. Los políticos profesionales compiten por los votos de unos ciudadanos que basan sus preferencias en sus intereses. Ni políticos ni ciudadanos están preocupados por el interés general. Simplemente, al modo del mercado, los primeros, en aras de su propio beneficio, han de estar atentos a los intereses de los segundos.
Según sus defensores, la moderna democracia liberal, la de la competencia entre partidos, la negociación y los intereses, permite alcanzar buenos resultados, al menos tan buenos los de la democracia ideal y desde luego menos improbables. Por lo menos, dirán, podemos penalizar a quienes lo hacen mal. Los partidos, si quieren mantenerse o conseguir el poder, han de realizar una gestión eficaz o, en el caso de estar en la oposición, denunciar los errores de quienes gobiernan. En el interés de los políticos está denunciar los errores de sus rivales y ofrecer propuestas interesantes. El “aceite del odio” es suficiente para asegurar el día a día: nadie es virtuoso, pero, si quiere mandar, tiene razones para sacar los trapos sucios de quienes mandan. La desconfianza mutua entre los políticos asegura que la maquina democrática marche sin necesidad de ciudadanos informados o vigilantes, sin reclamar vocaciones participativas a los ciudadanos. Los tantas veces, y tan hipócritamente denunciados, intereses partidistas son, en realidad, el combustible del mecanismo democrático.
No son pocos los problemas de esa democracia –entre ellos que hace improbable la selección de los mejores–, pero tampoco es esta la ocasión de recordarlos. Aquí sólo nos interesa ver cómo condiciona los comportamientos políticos, en particular, como ha impuesto, en el caso de la izquierda, una serie de cambios estratégicos derivados todos ellos del propio mecanismo de la competencia electoral y que están en el origen de la descrita evolución (“pragmática”). Si se quiere formular el clave paradójica, se podría decir que la realización (parcial) de los ideales ha conllevado una modificación (adaptativa) de los ideales. Vale la pena recordar algunos de esos cambios:
1. El debilitamiento de la identidad ideológica. En sociedades con profundas y nítidas divisiones sociales, entre ricos y pobres, cabe aspirar a obtener la mayoría con un programa que recoja de modo inequívoco los intereses de los desposeídos. Cuando, las líneas de demarcación social se multiplican, los intereses se diversifican, los programas de perfiles nítidos, claros y distintos siempre acaban por resultar inconvenientes para alguien con capacidad de voto. En esas condiciones, los partidos políticos que aspiran a gobernar se encuentran en un dilema entre identidad y gobierno. El mejor modo de asegurarse el acceso es el poder es prometer a todos sin molestar demasiado a nadie. Una función que cumplen a la perfección los programas con perfiles vagos, sin aristas estridentes, eso que se da en llamar “de centro”.
2. El alto coste de la revolución. En su versión más optimista, los procesos revolucionarios suponían, invirtiendo el refrán, “hambre para hoy, pan para mañana”, un periodo de incertidumbres y sacrificios que encontraban su justificación en un cambio en la distribución del poder que redundaba en una mejor situación futura de los más pobres. La revolución, para aquellos que no tenían nada que perder, “salvo sus cadenas”, no era una inversión arriesgada. Ahora bien, cuando, los que están peores tienen algo que perder, los resultados son inciertos y los ciclos electorales son más cortos que los procesos revolucionarios, ningún partido se embarcará en procesos de cambio radical. Para bien o para mal, las elecciones inmediatas son el único horizonte temporal que los partidos políticos pueden contemplar. Nadie vive hoy de lo que ganará mañana. En muchos sentidos poco discutibles ello incapacita a la democracia para enfrentar retos importantes (ambientales, presupuestarios, demográficos) que requieren cambios radicales, entre ellos renunciar a hábitos asentados. Al final, el refrán se impone en su genuina versión: “pan para hoy, hambre para mañana”.
3. La oligarquización de los partidos. La competencia alienta la aparición de los políticos profesionales con intereses propios que no coinciden necesariamente con los de los votantes y cuya defensa, muchas veces, lleva desatender los principios ideológicos que dieron origen a los partidos. La preservación del poder se impone a cualquier otra consideración. Ello no supone maldad o mendacidad –una disposición “traidora”— de los dirigentes que siempre encuentran una justificación para su “moderación”. Por ejemplo, pueden decirse que, a la luz de nueva información, de la responsabilidad asociada a sus cargos, hay que aplazar la realización de los proyectos, moderar las propuestas para no poner en peligro las tareas iniciadas y su personal gestión.
4. La prioridad de lo propio. Una de las fibras ideológicas más genuinas de la izquierda fue el internacionalismo. También aquí había una frase acuñada: “los obreros no tienen patria”. El internacionalismo era un corolario inmediato del igualitarismo. Para quienes entienden que no están justificadas las desigualdades relacionadas con circunstancias de las que los individuos no son responsables (los orígenes familiares, el sexo, el color de la piel, etc.), el haber nacido de un lado u otro de la frontera no justifica la existencia de privilegios o derechos especiales. En términos clásicos esa idea se expresaba de otro modo. Los trabajadores no luchaban por sus intereses, o, por mejor decir, la lucha por sus intereses se justificaba porque eran el vehículo de materialización histórica de lo verdaderamente importante: la emancipación de la humanidad (en un horizonte –puestos a decirlo todo—de sociedad de la abundancia, de infinitos recursos). Hoy el internacionalismo, tan interesante éticamente, resulta una pésima mercancía electoral. Los otros -o los que vendrán, las futuras generaciones– no votan aquí y ahora. Los ciudadanos, que procuran por sus intereses, siempre encontrarán políticos dispuestos a decirles lo que quieren oír. Basta con pensar lo que sucede con la habitual condena de la izquierda de las “deslocalizaciones”, tan difícil de justificar desde consideraciones impersonales, de justicia, cuando muchas de ellas acaban por beneficiar los pobres de otros países.
El conjunto de esas circunstancias, impuestas por las reglas del juego democrático, ha llevado a un debilitamiento del perfil ideológico de los partidos políticos. Si quieren llegar al poder, han de aguar los proyectos. Sólo excepcionalmente puede resultar interesante hacer propuestas perfiladas o radicales, cuando las reglas de juegos –las electorales, muy fundamentalmente—resultan propicias, se entra por primera vez en la competencia política y se busca crear un mercado propio, o cuando no se aspira a gobernar, pero sí a ejercer la condición de minoría decisiva, de masa crítica para controlar mayorías. Es lo que sucede, sin ir más lejos, con ERC. Ahora bien, cuando aspiran a ser algo más, las cosas cambian y los partidos “radicales” se ven obligados a limar sus aristas.
Las consideraciones anteriores no quieren decir que se disuelvan las coordenadas izquierda-derecha, entendidas como proyectos políticos que realizan propuestas de modificación de las instituciones basadas en ciertos principios normativos. Lo que sí quieren decir es que las reglas del juego de la competencia democrática hacen difícil su mantenimiento para quienes aspiran a gobernar. Un partido que se comprometa con cambios radicales, que exija redistribuciones de la riqueza o que reclame modificaciones importantes de los comportamientos, en nombre los intereses de las futuras generaciones, nunca estará en condiciones de ganar las elecciones. Sucede como con ciertas estrategias futbolísticas, dadas las reglas (del juego, de los sistemas de puntuación), si uno quiere ganar la liga, lo único que puede hacer es jugar de modo conservador. Puede intentar jugar de distinta manera –con la propia identidad—pero en tal caso sus probabilidades de éxito quedan seriamente limitadas. El reglamento ha decidido la táctica, las reglas imponen una ideología. El problema, claro, en política, es que una cosa es el éxito electoral y otra la resolución de problemas y quizá hay que aceptar que la democracia de competencia se muestra incapaz de hacer frente a los retos más graves de las sociedades. Indirectamente esa deprimente conclusión parece admitirse cuando se establecen acuerdos para excluir de la competencia política (pensiones), importantes decisiones sobre la vida colectiva (pensiones) o se dejan en manos instituciones “independientes” (como el BCE).
Las propuestas del socialismo
Podría parecer que la política del PSOE es cualquier cosa menos pragmática. Las frecuentes apelaciones a conceptos de la filosofía política como democracia deliberativa o republicanismo avalarían la conjetura de que su propuesta está basada en sólidos principios normativos. Según esa visión, el PSOE mostraría una saludable disposición a dotar de norte ideológico sus intervenciones políticas. Sus propuestas cobrarían coherencia transformadora en un horizonte regido por ciertas ideas acerca de la buena sociedad.
No estoy seguro de que las cosas sean así. En el terreno de las ideas, parecería más bien que Rodríguez Zapatero camina dando palos de ciego. Al rotular su proyecto, antes de recalar en el republicanismo, hizo uso de otras etiquetas, entre ellas la de “socialismo libertario”. El tránsito en apenas unas semanas entre libertarismo y republicanismo, seguramente las dos filosofías políticas más antitéticas que ofrece el panorama contemporáneo, invita a pensar que, por detrás de las palabras, hay poco más que etiquetas, recubrimiento retórico de decisiones que se explican a partir de la obsesión por las encuestas y el día a día del mercadeo político. Un juicio que no se ve desmentido cuando se observa que, al justificar su política territorial, ha echado mano de una retórica “multicultural”, comunitarista, que no tiene fácil acomodo ni con el liberalismo ni con el republicanismo.
El republicanismo, la filosofía finalmente invocada, lo ilustra muy bien. El socialismo moderno se puede entender sin violencia intelectual como una radicalización de las versiones más democráticas del republicanismo y, más en particular, del ideal de ciudadanía. Para los socialistas, no cabe pensar en una completa realización del ideal republicano de libertad cuando existen profundas disparidades económicas o cuando la propiedad es una fuente de poder que permite a unos decidir sobre la vida de otros. Según ese ideal, no hay libertad si se está sometido a un poder que, cuando le parece, puede interferir en la vida de las personas. El esclavo con un amo bien dispuesto que le permite hacer lo que quiere sigue siendo un esclavo. Pero tampoco es libre aquel que, sin recursos, no puede decir que no al empresario que le ofrece unas condiciones de trabajo miserables.
Desde el punto de vista programático, ese diagnóstico se traducía, muy sumariamente, en aunar el ideal emancipador ilustrado con el de justicia social: sin actuar sobre las fuentes de la desigualdad económica –y de acceso a la propiedad— no cabría pensar en una sociedad plenamente libre, sostendrán los socialistas. Un programa que, con mayor o menor radicalidad, cristalizará en varias líneas de intervención que dotarán de identidad a los distintos socialismos por más de un siglo:
1.Redistribución económica y derechos sociales. Las formas que adoptará esta estrategia son diversas (derechos laborales, educación y sanidad pública, etc.), muchas de ellas asociadas –no sin cierta precipitación— a lo que se ha dado en llamar “Estado del bienestar”. Entre las diversas vinculaciones con el núcleo republicano-socialista hay una fundamental: para poder decir que no, para no estar sometido a la voluntad de los poderosos, es importante que los individuos dispongan de ciertas garantías materiales. Si yo (mujer, joven, emigrante) dependo de ti para vivir, incluso si eres bueno conmigo, no seré libre. En el fondo, la estrategia de argumentación es la misma que sirvió a algunos clásicos del republicanismo para defender ciertas formas de propiedad: quienes dependen económicamente de los otros es más improbable que formen sus juicios autónomamente, que sean ciudadanos plenos.
2.Intervención pública. Para el republicanismo la ley (justa) no es un límite a la libertad, sino su garantía. La ley y, en general, la intervención pública impiden la dominación de los poderosos. Allí donde hay ámbitos posibles de dominación arbitraria hay que asegurar los derechos de los más débiles. Entre ellos, los económicos muy en primer lugar. Para impedir, por ejemplo, que el empresario, bajo amenaza de despido, pueda abusar de sus empleadas (exigirles que vistan de cierta forma, complicarles sus decisiones reproductivas). Cierto es que, en principio, el mercado, en su versión más idealizada, nada tiene que ver con la dominación: en competencia perfecta, con infinitas empresas e infinitos trabajadores, un trabajador siempre puede decir que no a las demandas injustificadas de un empresario porque inmediatamente encuentra otro trabajo en las mismas condiciones. Pero la competencia perfecta es una fábula que sólo existe en los libros de teoría económica, no en nuestras sociedades. Por lo demás, el mercado (“el orden espontáneo”) resulta incapaz de asegurar los bienes públicos, entre ellos las instituciones políticas que garantizan la libertad de los ciudadanos. Sin Estado no hay libertad ni tampoco competencia: el mercado es imposible sin un Estado en condiciones de intervenir, sin una comisión antimonopolios que, por definición, es pública, no un producto del mercado.
3.Un Estado poderoso y con recursos. Para los republicanos es tarea del Estado impedir situaciones de dominación. Una sociedad justa debe garantizar los derechos que protegen esa libertad de sus ciudadanos. Pero los derechos requieren recursos. Todos los derechos. El republicanismo se opone a la tesis liberal que establece un trazo fuerte entre unos derechos (negativos), legítimos, que protegerían su libertad negativa, esto es, que se limitarían a “prohibir” ciertas acciones que interfieran en la vida de los individuos (libertad de opinión, garantía de la propiedad, p.e.), derechos que no requerirían recursos, y otros, positivos (derechos al bienestar), que permiten la realización de ciertos objetivos (educación, sanidad) y que, según los liberales, no hay modo de determinar cuándo están plenamente satisfechos. Los socialistas recordarán que esa distinción resulta insostenible, que todos los derechos requieren recursos. Por ejemplo, asegurar la propiedad –un supuesto derecho negativo– requiere jueces y policías. Finalmente es una decisión política, colectiva, establecer prioridades acerca de qué derechos –y en qué medida cada uno de ellos— deben garantizarse. Por eso mismo, porque requieren recursos y su garantía es una acción colectiva, política, para que los derechos sean efectivos se necesitan Estados poderosos, capaces de impedir las intromisiones de poderes no sometidos a control democrático, entre ellos, los económicos.
4.Derechos universales. La Revolución francesa dramatizó y sintetizó la ruptura con los “derechos” entendidos como “privilegios” especiales vinculados a circunstancias locales (feudos, ciudades), grupos sociales (estamentos) o actividades (clero, artesanos…). Los “derechos” en las sociedades estamentales eran “los derechos” de alguien en su relación particular con el señor feudal o con el rey. Conferían ventajas especiales y, a la vez, dotaban de identidad (estamental, territorial) a sus beneficiarios. Frente a esto, las revoluciones democráticas defenderán la universalidad de los derechos, iguales para todos los ciudadanos. A lo largo del siglo XIX, los socialistas lucharán por que esa universalidad sea algo más que palabras, empezando por el derecho al voto. Incluso cuando hoy en muchos sitios la izquierda apoya medidas como la discriminación positiva, la existencia de cupos de representación que aseguren que ciertos grupos sociales tradicionalmente excluidos tengan una presencia en las instituciones políticas –en el poder público— que se corresponda con su real peso demográfico, el principio al que se apela -o al que se debería apelar— es el de universalidad: el reconocimiento de que su menor probabilidad de acceso a ciertas posiciones deriva de injusticias, de que los principios que valen para todos no valen para ellos, de que arbitrarias razones culturales o sociales impiden la real universalización de los derechos. (Hay que recordar, de todos modos, que la discriminación positiva es una práctica provisional, no un principio –que no puede ser provisional–, y, en este sentido, no carente de peligros y sobre el que debe ejercerse vigilancia. Aun cuando sea con la finalidad de universalizar un derecho, al privilegiar a unos sobre otros que no son el origen de la desigualdad, se está contraviniendo el principio de que no puede aplicarse una norma injusta para un bien justo. Motivo por el que, junto a su provisionalidad, debe ser restringida: no puede interdecir el derecho de todo un grupo. Si lo que se persigue es posibilitar el reflejo estadístico de una realidad social en un ámbito determinado, ya se ve que podrá prescribirse la presencia de un porcentaje de mujeres, pero no vedar el acceso de todos los varones a una actividad. Consideración que no deberemos desatender cuando se apele –injustificadamente—a la “discriminación positiva” de las lenguas: si tras asegurar la igualdad de derechos de los hablantes se conviniera privilegiar una lengua minoritaria en determinados ámbitos, eso no podrá significar convertirla en única, es decir, excluir la mayoritaria, como jamás podrá perseguir el cambio de lengua de los hablantes.)
5.El autogobierno y la profundización democrática. Quien no está sometido a otra ley que la que él mismo se da no puede, por definición, estar sometido a la voluntad de los otros. En una comunidad democrática, sin embargo, ese ideal no puede realizarse plenamente. Allí todos deciden sobre lo que afecta a todos. En ese sentido, todos se someten a la voluntad de todos, cada uno se somete a la voluntad de los demás. En tales circunstancias el mejor modo de garantizar el autogobierno es que todos los afectados puedan participar con igual capacidad de influencia en las decisiones, que todos estén expuestos a las razones de todos y que, por ende, puedan corregir sus juicios a la luz de consideraciones de interés general. Si mis razones han sido consideradas en la gestación de una ley, esa ley será un ejercicio de autogobierno. De ahí el compromiso republicano con un ideal de democracia participativa y deliberativa. Un ideal de democracia que, además, impide que el poder político, que precisamente se justifica porque asegura la libertad, la ausencia de dominación, se convierta él mismo en un poder arbitrario, en fuente de opresión.
La diferencia contra la igualdad
En buen hacer estratégico, cabría pensar que esta doctrina sumariamente descrita debería inspirar el día a día de las intervenciones políticas de la izquierda. Las diversas actuaciones encontrarían justificación en la medida en que contribuyesen a materializarlas. Sólo en ese caso cabría decir que, realmente, la política se corresponde con lo que tradicionalmente identificó a la izquierda.
Pues bien, con esa vara de medir, resulta difícil calificar “de izquierdas” la acción de gobierno del PSOE. Nada lo muestra mejor que lo que ha constituido el eje de su acción política: la reforma de los estatutos. Los problemas del “nuevo Estado de las autonomías” son, por supuesto, de eficacia: mayores costes de transacción y de información, mercados cautivos, inoperancia de la política exterior (diez Luxemburgos pesan menos que una Francia), peores servicios públicos (las barreras lingüísticas impiden la llegada de los mejores profesionales). Pero lo son, y no menores, de igualdad, democracia y libertad. Los diversos estatutos pueden decorar sus preámbulos con proclamas progresistas, pero, cuando esas buenas palabras las intentan traducir en cambios reales, las cosas se complican. Por diversas razones que, en algún grado, debilitan cada una de las líneas estratégicas descritas.
1.Deterioro de la redistribución. El Gobierno catalán ha reclamado al Gobierno central la renuncia de la potestad que éste conserva de regular –y por tanto de impedir–las rebajas fiscales promovidas por los gobiernos autonómicos. Desde una perspectiva de izquierda, la petición era apreciable. Pero inútil. La responsabilidad es, en gran medida, del Gobierno catalán que desató la carrera de los estatutos. El aumento de las competencias de cada uno, en estos asuntos, tiene la paradójica consecuencias de que disminuyen las competencias reales de todos. La competencia entre las autonomías por atraerse las inversiones tiene una herramienta de fácil manejo en la eliminación de los impuestos. Fácil e inevitable. Muchas comunidades autónomas no desearían –quizá por eso reclaman el aumento de sus competencias, o simplemente, por no quedarse atrás— bajar los impuestos pero, ante el temor de que las de al lado lo hagan, la estrategia más racional es anticiparse ellos. Con esa acción confirman a los demás en sus temores y la carrera no tiene fin. Todos la alimentan aunque nadie la quiera. Ha sucedido con los impuestos de sucesiones y donaciones y sucederá con otros. De hecho, ya hay comunidades autónomas que en su publicidad institucional proclaman su “buena” disposición impositiva. Lo de “nuestros impuestos para nosotros” muy bien puede ser los impuestos de todos para nadie. Cuando un privilegio se extiende a todos, nadie tiene privilegios. Si todos llegamos a ser Navarra, Navarra dejará de crecer más que los demás. La batalla perdida de las deslocalizaciones nos lo recuerda. No deja de resultar llamativo que, a la vez que se multiplican los lamentos ante deslocalizaciones sobre las que poco se puede hacer, se configuran diseños institucionales que constituyen incentivos para la deslocalización.
2.Debilitamiento de los instrumentos de intervención. Incluso si aceptamos la –a mi parecer, injustificada— equiparación entre descentralización y política autonómica, la descentralización no asegura soluciones más eficientes o más justas. En muchos casos, los sistemas descentralizados ahondan los problemas. Los retos políticos más importantes que tendremos que abordar (los problemas ambientales, el despilfarro de recursos, el terrorismo, etc.) tienen carácter planetario. Hacer frente, por citar un ejemplo “apolítico”, a la gripe aviar exige capacidad de intervenir y planificar, instituciones en condiciones de controlar desplazamientos humanos, aislar poblaciones, exterminar animales portadores, desplazar equipos, etc. Algo parecido sucede con las acciones terroristas o buena parte de las catástrofes naturales. Aunque presentan diferente naturaleza, todos esos retos comparten una cosa: su solución –o su gestión— necesita mecanismos centralizados de toma de decisiones, instrumentos poderosos capaces de coordinar información y acción. En ese tipo de situaciones, “el carácter residual del Estado” acaba por perjudicar a todos. Y si alguien se salva, si es que alguien puede hacerlo, nunca serán los de abajo, aquellos con menos poder, con menor capacidad de “aislarse” o huir de los problemas.
Aquí la apelación al mercado, como sistema descentralizado, está fuera de lugar. Incluso en aquellos ámbitos en que podríamos pensar en “soluciones de mercado”, en establecer derechos de propiedad que permitieran una gestión eficiente de ciertos recursos naturales, por ejemplo, se necesita una estructura política –un Estado—poderosa capaz de asegurar tales derechos, y eso siempre que las soluciones de mercado sean realmente aplicables, lo que pocas veces sucede en estos casos. (En realidad, el mercado, para cumplir sus (buenas) funciones, resulta incompatible con la dispersión de los poderes públicos y la multiplicación de barreras.)
3.La vaciedad de los derechos. Los derechos son algo más que buenas palabras. Sin capacidad real de ejecución y recursos, los prolijos inventarios de derechos –tan discutibles, por otra parte, desde el punto de vista democrático, en la medida que escamotean territorios de decisión a los ciudadanos— de los estatutos son poco más que pirotécnica verbal. No sólo por los mencionados problemas recaudatorios. Un estatuto puede proclamar el “derecho a la paz mundial” pero no garantizar ese derecho. Dado el ámbito de gestión será un brindis al sol. En otros casos, la propia dinámica de competencia –a la baja— entre comunidades autónomas hace inefectivos los derechos. Un derecho a la jornada de 35 horas –los derechos de los trabajadores en general— o unas leyes ambientales muy exigentes, si no hay instituciones centralizadas que obliguen a todos, acaban por expulsar las inversiones y, al final, resultan irrelevantes. De poco les sirve a los habitantes de un pueblo proclamar su derecho a “un aire respirable” si el ayuntamiento vecino autoriza la instalación de una papelera.
4.La desigualdad de derechos. Resulta difícil entender cómo aquellos que nacieron para luchar contra los privilegios “de origen” han acabado siendo fundamentados en función de “derechos históricos” o, lo que viene a ser lo mismo, condicionados a la existencia de “hechos diferenciales” para justificar tratos privilegiados, para exigir competencias especiales o para reclamar paquetes especiales de derechos. El problema no es que, en virtud de ciertas circunstancias, haya lugar para un conjunto de leyes o de políticas públicas que en otro caso no tendrían lugar. Es razonable que Extremadura no tenga competencias sobre el uso de lenguas públicas del mismo modo que no la tiene sobre las playas ni sobre las estaciones de montaña. En tal caso no se violan los principios generales de justicia, sino que sencillamente no cabe actividad legislativa sobre ello, del mismo modo que ningún país tienen reglamentación sobre cómo deben circular los platillos volantes. No supone ninguna diferencia de principio. Otra cosa es cuando “las diferencias” sirven para aplicar principios especiales. Ésa es la novedad de los derechos asimétricos: justifican un trato privilegiado, esto es, que, por definición, no se debe extender a todos. En la práctica, la apelación a las diferencias –por lo general, insostenibles empíricamente– quiere decir: si algo se generaliza (“el café para todos”), hay que volver a empezar y dar algo más a “los diferentes”.
La insistencia en “las diferencias” ha servido también para justificar desigualdades de derechos entre los ciudadanos del Estado. Es cierto que, como dije, en razón de los principios compartidos de justicia, puede estar justificado aplicar ciertas medidas protectoras para personas pertenecientes a grupos sociales que han sufrido discriminación. Sucede ejemplarmente con mujeres o minorías étnicas. La existencia de barreras institucionales o sociales que hacen que determinados individuos que participan de ciertos rasgos comunes (biológicos, sociales, culturales) vean disminuidas sin razón sus probabilidades de acceso a ciertas posiciones sociales se ha combatido de diversa forma. Además de eliminar las barreras, a través de las medidas de discriminación positiva, se intenta asegurar la presencia de miembros de tales grupos en proporciones tentativamente similares a su presencia estadística en el seno de la población.
Pero no es ese el caso de las propuestas estatutarias. Al revés, en ellas las diferencias se convierten en motivos de discriminación. El caso de los representantes políticos resulta particularmente elocuente. En Cataluña, mientras el 51, 9 % de los ciudadanos tiene como primera lengua el castellano, al lengua franca de todos, y el 39,9 % el catalán, entre los parlamentarios esas proporciones son, respectivamente, del 17, 9 y el 73, 2 %. En tales casos, lo que mandaría la política progresista es modificar los obstáculos, eliminar las circunstancias discriminatorias, los filtros lingüísticos, o, incluso, adoptar medidas de discriminación positiva para otorgar presencia a los excluidos. Pero nada de eso es lo que ha sucedido. Con un uso torticero de la noción, se echa mano de una singular “discriminación positiva de las lenguas minoritarias” para reforzar los filtros. En lugar de modificar las instituciones, para que las personas tengan la misma probabilidad de acceder a las posiciones de poder, se les exige que cambien “de identidad”. Por supuesto, ello se traduce en una refuerzo de la discriminación, no justificada por la tarea a realizar, perfectamente ejecutable en la lengua común de los ciudadanos.
5.La disminución de la calidad democrática. La democracia tiene que ver, muy fundamentalmente, con la igual capacidad de influencia política (“un hombre, un voto”) y con la efectividad del control democrático. Dos exigencias que el nuevo modelo autonómico está lejos de mejorar. El deterioro de la igual capacidad de influencia política se refleja en la violencia del principio de “comunidad relevante”, según el cual, sólo participan en las decisiones aquellos que se ven afectados por las decisiones. Las comunidades autónomas que disponen de competencias legislativas exclusivas –y “blindadas”– que otras no tienen, votan dos veces: lo suyo y lo de todos. Votan sobre decisiones que no les afectan, mientras los demás nada tienen que decir sobre lo de ellos. No sólo eso. Esa doble capacidad de influencia contamina la calidad democrática de todas las decisiones, no sólo de las que atañen a la competencia exclusiva: un voto sobre asuntos que no tiene consecuencias para el que lo ejerce, se convierte en un voto irresponsable –incluso se podrá optar para los otros por propuestas opuestas a las que se creen correctas para sí mismos– que se mercadeará al mejor postor, al que esté dispuesto a ofrecer más.
No andan mejor las cosas en lo que atañe al control democrático, supuestamente ahondado por la “proximidad” al poder político de los ciudadanos en las comunidades autónomas. Algo discutible. La proximidad relevante, y menos en el siglo XXI, no se mide en metros. Que la sede del Gobierno autonómico esté más cerca de mi casa que la del Gobierno central no me asegura un mayor control sobre el primero que sobre el segundo. Sucede con la democracia como con las recetas de cocina: si no están todos los ingredientes, no sirven. La cercanía geográfica no es la política. Es más, sin independencia de poderes o sin trasparencia, deteriora la calidad de la democracia. La proximidad ha producido el caciquismo, la connivencia con los poderosos, la corrupción y la asfixia de los discrepantes. La independencia se dificulta y el sistema de pesos y contrapesos, de mutua vigilancia, se entumece. No es historia antigua. Basta la experiencia catalana de apenas un mes (un presidente del Parlament –entre otros— que amenaza al Tribunal Constitucional con una crisis de Estado si sus resoluciones no le gustan; el rechazo de mociones parlamentarias que piden el cumplimento de la ley; dos propuestas de referéndum ilegales en el Parlamento), para reconocer señales inequívocas de empeoramiento de la democracia, de falta de control, de escrutinio y de responsabilidad. En buen hacer democrático ese tipo de sucesos darían lugar a la exigencia de cuentas políticas y dimisiones o, cuando menos, a la crítica a los poderes públicos por parte de “la sociedad civil”. Nada de eso ha sucedido, ni ahora ni antes, con casos no menos graves. La proximidad del poder tiene mucho que ver con ello. Así, unos medios de comunicación controlados de diversa forma por los poderes públicos –por públicos, por dependencia económica, o por simple trama social– describen la situación política como un “oasis” y tales actuaciones ni siquiera son objeto del debate público, cuando no se descalifica a quienes recuerdan –sobre todo si “son de fuera”– que suceden tales cosas u otras no menos graves, como las diversas formas de penalización (comercios, escolarización) lingüística, hasta el punto de que se considera un problema no lo sucedido, sino la noticia (“crispadora”) sobre lo sucedido.
***
La acción de gobierno del PSOE se ha revestido de grandes palabras. Se ha presentado como resultado de una genuina renovación estratégica y se han invocado tesis de supuesta hondura política (la “España plural”, por ejemplo) o filosófica ( “el multiculturalismo”). Una mirada atenta a la secuencia de los acontecimientos seguramente mostraría que, en realidad, hay menos planificación que improvisación, tanto en el origen (la oferta de la reforma estatutaria busca romper los pactos políticos entre CiU y el PP como en lo que ha venido más tarde (la carrera de los estatutos). Más allá de la hojarasca decorativa, el “proyecto” no parece responder a ninguna consideración estratégica medianamente vertebrada normativamente. Sólo necesidades de supervivencia política, alianzas circunstanciales, ingeniería electoral y mercadotecnia política.
En principio, no hay nada nuevo en ello. En política, como en la vida, es común revestir como decisiones meditadas lo que responde a simple oportunidad. Lo malo es que en ese juego se han tomado decisiones importantes, difícilmente reversibles y que han acabado por debilitar la realización de cualquier proyecto socialista, incluido el más tibio. Con todo, acaso no sea eso lo peor, sino la falta de limpieza intelectual con la que se ha abordado la operación. Uno se puede desviar del camino, pero a sabiendas, sin ignorar lo que en ello hay de resignación o de tregua, sin olvidar adónde quiere ir. Pero eso resulta imposible cuando se recrean y dignifican la debilidad y el desnortamiento. Es lo que ha sucedido con un PSOE para el que los principios no inspiran la política de alianzas sino que los principios se han modificado para justificar las alianzas. No es extraño entonces que, al final, de tanto repetirla acabe por convencerse de su propia fanfarria.
PP
21:21 | 3 Julio 2007 | Permalink
Marsá, se te va la pelota
Javier Díaz Reixa
23:39 | 3 Julio 2007 | Permalink
Vale, PP, ¿pero no se te ocurre algo más?. Puede que a Marsá se le vaya la pelota, pero la pregunta es si tu tienes pelota
Jorge Marsá
10:24 | 7 Julio 2007 | Permalink
Operación de imagen
SANTIAGO GONZÁLEZ
[El Correo, 7 de julio de 2007]
Apenas se había disipado el humo de los últimos fogonazos en el debate sobre el Estado de la Nación cuando compareció el presidente del Gobierno ante la opinión pública, no para dar una explicación necesaria y pendiente sobre lo que se le había preguntado en el Congreso, el fracaso de lo que el propio Zapatero llama ahora «el llamado proceso de paz», sino para subrayar enfáticamente, con una remodelación del Gobierno, su afirmación de que la legislatura no había terminado.
Era perfectamente prescindible, desde el punto de vista de la gestión. Ninguna de las cuatro carteras que cambian de titular tiene en los meses próximos ningún asunto importante que requiera cambiar de ministro y de ministra, lo cual no quita, para que estemos ante una buena operación de imagen, aun a costa de una paridad que nadie echará de menos. Zapatero ha incorporado al Gabinete a dos fichajes, dos hombres avalados por su biografía profesional: el doctor Bernat Soria para Sanidad y César Antonio Molina, que sustituye a Carmen Calvo en Cultura. Supone una cierta justicia poética (y un alivio) que la ministra que dijo: «Un concierto de rock en español hace más por el castellano que el Instituto Cervantes» sea sustituida en el cargo precisamente por el director del Instituto Cervantes y no por Loquillo o por Alaska.
Carmen Calvo ha dado decenas de pruebas de su falta de idoneidad para el cargo que desempeñaba. La primera de ellas, dos días después de que su nombramiento apareciese en el BOE, al anunciar que iba a nombrar a Francisco Rico comisario del IV Centenario de El Quijote: «Será el comisario, aunque creo que tendríamos que cambiar esa palabra, no pega nada con cultura. Ya buscaremos otra, coordinador o responsable». Pobre Corominas. O cuando una semana después dejó esta perla en un discurso escrito para la entrega del premio Cervantes a Gonzalo Rojas: «esa vida que don Gonzalo Rojas ha sabido coger como rábano por las hojas» o en múltiples ocasiones a cuál más aparente. En cualquier caso, habría sido mejor cambiarla antes del estropicio de la Ley del Cine.
El cambio en Vivienda es irrelevante. María Antonia Trujillo ha sido el farolillo rojo del Gobierno desde el comienzo de la legislatura, pero no es suya toda la culpa. La pobre ha tenido que pechar con un Ministerio sin presupuesto y sin competencias, del que ha tenido que tirar a base ocurrencias, como la de las zapatillas o los pisos de 30 metros. Jordi Sevilla ha sido un ministro correcto que no ha podido ejercer porque los asuntos clave de su departamento, la cuestión territorial y especialmente el Estatut, los ha llevado personalmente el jefe.
Zapatero ha hecho una crisis para demostrar que la legislatura no estaba agotada. Pero el reajuste es justamente la prueba del nueve de lo contrario: un reclamo electoral, tal como definía ayer exactamente Antxon Urrosolo: «el presidente ha cambiado titulares de carteras ministeriales por titulares de prensa».
No soy PP, pero....
13:05 | 7 Julio 2007 | Permalink
Javier Diaz….¿¿No crees que Marsá es grandito como para defenderse él solito sin que tú tengas que contar alguno de tus “chistes”??.
PD: Me gsutaría saber de donde son tanto tú(Javier) como Marsá, para ir yo también sacando mierda de sus pueblos, ciudades… . ¡¡ Y a ver quién gana !! ¿¿Donde habrá más mierda… mmmmmmmmmmm.
Y ahora censurenme el comentario porque, simplemente, no opino como ustedes. Venga hombre, ignorantes.
No soy PP, pero....
19:40 | 7 Julio 2007 | Permalink
¿¿Los dos son Gallegos?? . jaa jaa jaa .
Jorge Marsá
9:59 | 9 Julio 2007 | Permalink
Aritmética para demagogos
Aurelio Arteta
[El País, 9 de julio de 2007]
No hacen falta inmensas dotes de profeta para predecir que el desafío lanzado en Euskadi a propósito de las listas electorales se prolongará en forma de agresión o amenaza cotidianas. Los boicots, intimidaciones e incluso los atentados fingirán legitimarse como respuesta al ultraje gubernamental de haber ilegalizado una coalición o ciertas candidaturas afines. Mejor aún, como la réplica de la verdadera democracia, avalada por un buen número de ciudadanos, frente a nuestra democracia ficticia, que los desprecia.
De modo que sería bueno preguntarse por el papel del número en la política democrática. Entendida ésta como el gobierno de la mayoría, un régimen sometido a los deseos de los más, todo lo que reclame el mayor número merecería sin más la credencial de democrático. Incluso es probable que sea eso lo que suponga el grueso de ciudadanos. Más grave es que lo entiendan así los señores Ibarretxe y Zabaleta, entre muchos de su entorno, para quienes los grupos políticos no se legalizan o ilegalizan por su conformidad con la ley, sino según los votos que obtengan en las urnas. Así lo entiende también el Gobierno Vasco en su Declaración del 9 de mayo, un documento que no traerá gloria inmortal a sus autores. Todos ellos hablan en nombre de partidos democráticos, no faltaba más, pero surten de estímulos y coartadas a los que no lo son.
Cuesta poco probar que tan estimulantes alegatos son fruto de la demagogia, no de la democracia. Pues ni la voluntad de los electores es omnímoda ni ella resulta el único elemento definitorio del régimen democrático, porque tampoco éste se reduce a un mero procedimiento de toma de decisiones. Como sólo fuera eso, la democracia no requeriría ciudadanos, sino simples sujetos de preferencias (igual que clientes en un mercado), y quedaría expuesta a su autodestrucción por simple mayoría. Sobra además cualquier palabra argumental que justifique lo que se solicita, y desaparece el “coto vedado” de derechos en el que está prohibido internarse: para una mayoría con semejante autoconciencia cualquier terreno sería de caza, incluida la caza del oponente.
Otro tanto vale para un número menor. Quienes vienen clamando contra la Ley de Partidos aducen que algo falla en nuestro sistema democrático si tanta gente de Euskadi -una minoría, con todo- queda privada de la que sería su representación política más propia. No se les ocurre preguntar, al revés, qué es lo que falla en tantos ciudadanos vascos para incumplir los requisitos de toda representación democrática. Resulta insensato proclamar que no puede ser injusto lo que tantos desean, en lugar de reconocer que lo injusto no mejora por numerosos (y vociferantes) que sean sus partidarios. Por eso, la virtud de un político demócrata no siempre estriba en acomodarse a la voluntad de la gente, sino en atreverse a contrariarla con razones cuando la ocasión lo requiera. De manera que será duro de admitir, pero una parte importante de la Comunidad Vasca se halla acampada fuera del territorio democrático, a falta de las categorías y disposiciones mínimas para la convivencia civil. ¿Qué ha de cambiar: el concepto y las reglas de la democracia o ese sector de la población de esa Comunidad? Siendo una patología política indudable, ¿nos ponemos a tratar al enfermo o certificamos que goza de una salud (disculpen el chiste) a prueba de bomba?
Algún hombre de leyes prefiere hablar de “liquidación electoral de una minoría”, como si pudiera ensancharse a capricho la idea y el cauce de la representación democrática. Pero el caso es que no todo lo que está presente en una sociedad debe ser políticamente representado. Si algunas realidades (como los gustos culinarios de los ciudadanos) no se representan debido a su irrelevancia política, otras son irrepresentables: tienen una evidente presencia social y relevancia pública, pero no deben tener representación democrática por ser ilegítimas.
La voluntad ciudadana debe hacerse oír en público, claro está, pero no esa que manifiesta un propósito coactivo ni una amenaza criminal de eliminar a sus adversarios. Los portavoces de semejante voluntad pierden inmediatamente su derecho al sufragio pasivo. En democracia no pueden ser elegibles quienes jalean o admiten impertérritos que se atente contra la vida y libertad de otros muchos electores y elegibles.
Por aquí tropezamos con el límite democrático último que acota el poder del número, cuando este número reúne a personas intolerantes. Llamamos así no sólo a quienes proclaman su empeño de obtener un objetivo político por el terror, sino también a sus cómplices. Frente a todos ellos, la intransigencia se convierte en un deber ciudadano. Aquella beatífica fórmula de que entre nosotros hay lugar para “todas las ideas, todos los proyectos y todas las personas” es rechazable por contradictoria: el pluralismo puede acoger todas las creencias o modos de vida, salvo los que suprimen precisamente ese pluralismo. Una tolerancia ilimitada entraña una falsa tolerancia, porque, al consentir lo intolerable, aceptaría lo que acaba con ella misma. Y mal puede invocar tolerancia para sí y los suyos quien la niega a sus adversarios.
Bien mirado, nuestro intolerante comienza por quebrantar la igualdad de partida de los sujetos políticos. Él no se conforma con la misma capacidad de influir en la cosa pública que los demás ciudadanos (mediante su palabra, su voto u otra forma de participación política), sino con una capacidad mucho mayor: la que añade la violencia terrorista que a él le respalda y a los demás paraliza de miedo. Los fanáticos se asignan a sí mismos mayores derechos que al resto. De ahí la gravísima confusión del consejero vasco ¡de Justicia!: la Ley de Partidos no rompe la igualdad ciudadana, como él acusaba, sino que más bien trata de reponer en nuestra sociedad esa igualdad que el recurso al terror hace tiempo ha deshecho.
Pero lo que decimos de los asesinos y sus cómplices inmediatos, ¿por qué no ha de extenderse a los cómplices de los cómplices? ¿Sabría alguien señalar el punto exacto donde se interrumpe la cadena de complicidades? Y si la distancia respecto del asesino no deja ya lugar a la responsabilidad penal, ¿acaso se habrá extinguido también la responsabilidad moral?
Jorge Marsá
10:54 | 10 Julio 2007 | Permalink
Avaros y sin embargo suicidas
Félix de Azúa
[El País, 10 de julio de 2007]
Una vez superado el pueblo mundialmente conocido como La Pera, dejarás a tu izquierda el viejo lupanar amarillo tan chulo como un fotograma de Wim Wenders; entonces tomas a la izquierda por el desvío de Serra de Daró procurando que no te aplaste un tráiler polaco. En el momento de superar la cresta previa al cruce de Foixá, verás que se abre un panorama excelente, sobre todo cuando sopla la tramuntanita y todo luce como en un Memling. Hasta ese momento, el turista ha cruzado poblachones crecidos a velocidad vertiginosa en los últimos diez años, enterrados por naves industriales, almacenes ruinosos, alpendres de Uralita, basura industrial, camionetas oxidadas y chalets de infame construcción para munícipes. Es un tramo abrumador con una vía nacional, la que cruza Celrá y Bordils, siempre atestada gracias a los camiones y a los semáforos impuestos por ayuntamientos que se negaron a permitir circunvalaciones. Son vías de línea continua ideales para el conductor local montado en una moto o en un cochecito con tuning. Te parece estar viendo la publicidad de la tele.
Por el contrario, desde la carretera de Serra, tras el desvío y el descrestar, divisarás un panorama casi intacto, respetable. Los campos ordenados y fértiles se extienden hasta el mar en dameros que sugieren trabajo y riqueza. La línea del horizonte la forman el femenino perfil del Mongrí y las peladas islas corsarias del Estartit. Es un paisaje que da idea de cómo pudo ser el Ampurdán de la invasión napoleónica y de cómo ha sido sistemáticamente machacado por todos los gobiernos (fascistas, nacionalistas, socialistas, conservadores o secesionistas) y por todos los ayuntamientos en sus complicados apareamientos, hasta hacerlo desaparecer. La causa de tan portentosa unanimidad en la destrucción es sencilla y rotunda: el dinero, el parné, la pasta. Aquí no hay ideología que valga, sólo codicia.
Un país raquítico, con una incultura secular, sediento de todo lo que se atribuía a “los europeos”, desde las gabardinas hasta el bidet, y con una clase dirigente que no haría mal papel en Liberia, no ha dado más de sí en los dos últimos siglos. Las costas valencianas, gallegas, catalanas o andaluzas han sido laminadas sin misericordia. Cierto que hay también una cierta matización en el desastre, según sea la región; sin embargo, ese cromatismo lírico es un considerable misterio. De momento, ningún historiador o sociólogo ha sido asaltado por la curiosidad de investigar la España plural de la codicia. Un asunto tan interesante…
¿Ha sido el mayor grado de barbarie lo que ha creado en Murcia esos monstruos que sólo encuentran pareja en los secarrales de La Mancha? ¿El gen morisco? ¿Será la venganza del arroz lo que ataca con flatulencias dolorosas todo el Levante y su urbanismo excremencial? ¿Es el metódico destrozo catalán más sensato que el que asuela la costa asturiana, gracias a la herencia noucentista? ¿A la protección de la Moreneta sobre tanto varón célibe y ahorrativo? ¿Y qué decir del espanto de las rías cocainómanas? ¿Ataques de la gaita paranoica? ¿De la empanada alucinógena? Algún día alguien estudiará el episodio de salvajismo más interesante de la Europa de posguerra, sólo igualado por la Sicilia del cemento y la heroína (inyectable). ¿Cómo fue posible que el franquismo se prolongara tantos decenios hasta dejar el país convertido en una sartén donde hierven de sed los rascacielos vacíos? ¿Quién lo sustentó, a quién enriqueció el caos y el expolio?
Que los ciudadanos apenas cuentan en la política española es bien sabido y explicable dada la peculiar herencia eclesiástico-castrense del país, así como la no menos curiosa biografía de sus dirigentes jamás editada. A pesar de todo, que no se haya producido alguna corrección democrática en nuestro tradicional despotismo, sino quizás todo lo contrario, desconcierta. El equipo que gobierna en el Ayuntamiento de Barcelona, por poner un ejemplo, ha sido elegido por un veintitantos por ciento de la ciudadanía, pero, viendo actuar a los ediles, se diría que lo respalda el ochenta por ciento, como a Sarkozy. Una mayoría de ayuntamientos que han logrado componerse son el hijo putativo de negocios y pactos perfectamente opacos y por completo ajenos a los programas de los partidos. La ciudadanía sabe que tales bastardías son consecuencia de la más cruda codicia, pero no puede oponerse a ella, no tiene medios y sabe que en las próximas elecciones volverán a las andadas. Por eso va dejando de votar. También es cierto que, aunque pudiera oponerse, quizás tampoco lo haría, como han demostrado los protectores de la mafia del ladrillo en las últimas municipales. En España, la ideología política, como la fe religiosa de hace unos años, es el disfraz que dignifica la más cruda explotación económica y el exterminio del insumiso. En este punto, la España plural es una.
La zona geográfica que nos sirvió de entrada y sobre la que Pla escribió algunas de sus mejores páginas ha sido para mí como el hijo de un matrimonio amigo al que has ido viendo crecer sin participar seriamente en su vida. Le has visto pasar del potito de zanahoria al cochinillo asado como en una secuencia de diapositivas. Así que, aunque sus padres lo tengan por un cráneo privilegiado y la flor de Olmedo, uno sabe la verdad y no le ciega ni el sentimiento, ni el interés, ni el orgullo. Cuando lo conocí de niño aún guardaba un aire de criatura rústica, algo bruto, pero de buena madera, un muchacho con ilusión por no morir tan idiota como sus padres y abuelos. En la actualidad es un anciano que no sabe despojarse de la ropa infantil y simula bailar el twist, como en los viejos tiempos, cuando ya le conviene la danza macabra de Saint-Saëns. Dio el primer estirón con la masificación del turismo y las segundas residencias que brotaron como hongos venenosos en los años setenta. Los servicios y la pequeña industria consecuentes lo pusieron en la edad adulta, pero luego ya no hizo nada más y se dispuso a gozar de lo conquistado con aire de galán verbenero, se acomodó a la haraganería nacional. En la actualidad, unas carreteras que construyó Primo de Rivera para las diligencias soportan el paso de millones de vehículos entre los que se cuentan miles de camiones de hasta ocho ejes, pero también ciclistas y tractores, una belleza argelina. Al nene del Ampurdán todo se le ha quedado pequeño, pero persiste en el gesto de estar esperando a que las suecas se sienten a comer una ensalada por ver si liga y les saca unos duros para Varón Dandy.
El viajero que ha constatado cómo las zonas turísticas de Francia, de Inglaterra, ¡incluso de Italia!, mejoraban con el tiempo, eliminaban los restos de barbarie, añadían silencio y verdura a las zonas residenciales, se civilizaban y organizaban racionalmente separando lo industrial de lo turístico, lo agrícola de lo urbano, aunque se perdiera la pátina arcaica y romántica, se pregunta por qué en España el desarrollo y la riqueza han de dar siempre como resultado la hecatombe, el triunfo de lo cafre y de lo cutre. ¿Será por un atávico temor a la miseria acumulada durante siglos de bocio y malaria? ¿Por la inexistencia de una educación sensata, la cual, por cierto, ha ido empeorando de legislatura en legislatura? ¿Será el catolicismo, su desprecio de la vida terrena y su respeto por los depósitos bancarios? ¿O el nacionalismo y el hábito de esconder los billetes de quinientos bajo la bandera? ¿Qué componente de todas las regiones españolas es el que nos condena a vivir peor cuanto más ricos somos?
No todos, por supuesto, no estoy loco. Quienes vivieron en la más completa desesperación durante generaciones ahora gozan de una situación confortable. Las aldeanas ya no visten sayas y tocas negras como en los chistes de Forges, sino que exhiben estupendos piercings ombiliculares y se depilan los artejos pedestres. Los aldeanos ya no arrean la mula, sino que ponen a doscientos por hora el Golf. No obstante, eso también sucedió en la Francia, la Alemania y la Italia de posguerra, el paso de la miseria a la comodidad, pero con resultados opuestos a los nuestros. También allí se produjo un rápido enriquecimiento, pero no dio lugar al desbarajuste del territorio y al desierto de cemento.
El lugar infernal de la carne de cañón lo ocupan en España, ahora, los inmigrantes llegados por millones en los últimos diez años, justo en el momento de la explosión cementera. ¿Será esa la explicación? ¿La mano invisible del Zeitgeist está diseñando nuestro país para acercarlo a Quito, Turquía, el Magreb o Rumania, porque estamos creando un hábitat digamos que “mediterráneo” de igualados caracteres físicos y espirituales? ¿Está la Providencia diseñando un bloque urbano del sur, con un paisaje homogéneo, sin sobresaltos ni transiciones bruscas, desde Ankara hasta Algeciras, lo que explicaría, de paso, las quejas identitarias de los vascongados? ¿Sube Oriente y baja Occidente? En todo caso, me parece que nos ha tocado la china.
¡Qué extravagante, qué inexplicada condena la de los nacidos en el Mediterráneo, y que me perdone Serrat, que es un santo y no tiene la culpa de nada de todo esto!
Jorge Marsá
10:32 | 14 Julio 2007 | Permalink
Final del terrorismo sin diálogo con ETA
ROGELIO ALONSO
[ABC, 14 de julio de 2007]
A pesar del fracaso de la negociación con ETA, todavía se insiste en mantener abierta la vía del diálogo con la organización terrorista, si bien se matiza que sólo tendrá lugar en determinadas circunstancias y sobre aspectos concretos como la disolución de la banda y la situación de sus presos. Sin embargo, la reciente experiencia, y otras anteriores, revelan cómo esa opción facilita a ETA el engaño de dirigentes y ciudadanos predispuestos a aceptar las señales equívocas que sobre su hipotética desaparición los terroristas deseen transmitir. De esa forma el Estado pone a disposición de ETA un instrumento con el que, en momentos de debilidad, la banda genera una notable confusión dividiendo a quienes se encargan de combatirla. En esas condiciones, y tras haber sufrido el terrorismo etarra durante décadas, la ansiedad colectiva derivada del deseo de poner término a la violencia puede ser fácilmente manipulada. Así ha ocurrido en estos tres últimos años, enfatizándose la incompatibilidad de negociación e intimidación pese a la existencia de ambas en condiciones inadmisibles al infringirse la resolución parlamentaria que sólo autorizaba el diálogo si antes los terroristas demostraban una «clara voluntad de poner fin a la violencia». El gobierno ha insistido en que no traspasaría unos límites que, no obstante, ha rebasado, justificando dicha vulneración mediante la relativización de las reglas impuestas al inicio del proceso. Se oculta así que el establecimiento, aparentemente firme, de dichas demarcaiones obedecía a la necesidad de respetar un procedimiento sin el cual la iniciativa carecía de validez.
Consecuentemente, si la resolución del Congreso pretendía dar legitimidad a la negociación, el incumplimiento de dicho mandato evidencia la ausencia de cobertura para una política, por tanto, dañina. Se ha intentado encubrir el éxito que para ETA supone esa cesión gubernamental enmascarando el escenario de negociación bajo un imaginario y positivo «fin dialogado de la violencia» que no era tal. Con esos precedentes la oferta de diálogo para el futuro proporciona a ETA la posibilidad de volver a gestionar a su conveniencia su actividad terrorista, sabedora de que a pesar de sus crímenes dispondrá de otra oportunidad en la que nuevamente podrá debilitar al Estado mediante tácticas similares a las que ya se han revelado eficaces para los terroristas. Así lo avala la pertinaz posición del gobierno presentando como una obligación de todo gobernante el diálogo con terroristas a pesar de que, obviamente, ningún dirigente debe comprometerse con acciones que una y otra vez se demuestran contraproducentes. Por todo ello, parece razonable descartar categóricamente el diálogo y la negociación con la banda en supuestos como los que hoy siguen defendiéndose.
Es precisamente la disuasoria credibilidad que se desprende de tan firme negativa la que garantiza el abandono del terrorismo sin concesiones para el Estado, como ocurrió con el dirigente etarra Francisco Múgica Garmendia y otros presos que en 2004 reclamaron la finalización de la violencia tras concluir que la «estrategia político-militar» de ETA había sido «superada por la represión del enemigo» ante «la imposibilidad de acumular fuerzas que posibiliten la negociación en última instancia con el poder central». Este significativo episodio de desvinculación constata que el abandono del terrorismo es posible sin diálogo con los terroristas, siendo viable dicha salida precisamente como consecuencia de la ausencia de negociación. Por tanto la eliminación de esa expectativa de diálogo se convierte en una condición necesaria para la ansiada desaparición de la violencia. En cambio, la promesa de dialogar con la banda asume implícitamente la progresión hacia una negociación que excede los límites, en apariencia infranqueables, que se fijan con objeto de ensalzar las ventajas de un diálogo que en teoría nunca se realizaría bajo la amenaza de la violencia y que quedaría restringido a la situación de los presos y a la disolución de la banda. El motivo radica en que cuestiones tan concretas ya pueden, y deben, abordarse mediante mecanismos existentes en nuestro sistema democrático, sin que se requiera para ello crear instrumentos ad hoc. Al supeditarse el fin de la violencia al diálogo entre una organización criminal y el Estado, éste asume parte del argumentario terrorista que denuncia la imperfección de la democracia, argumento que resultaría cierto si realmente no fuera posible la salida del terrorismo sin una negociación que, sin embargo, no ha sido precisa para que otros terroristas renunciasen a su militancia.
El implícito reconocimiento de indulgencia penal que conlleva la admisión del diálogo en condiciones como las referidas coadyuva a superar esos límites fijados por el Estado, abocando a éste a una negociación política que pasa a ser justificada en aras de una aspiración tan loable como la erradicación del terrorismo. Bajo pretexto de que el fin último justifica los medios, el Estado alienta así la creencia en la eficacia de la coacción, premiando al terrorista con una favorable distinción cualitativa de la pena y de sus crímenes. En consecuencia, ETA da por descontado que la impunidad para sus presos es una concesión ya conquistada que le induce a plantear su disolución sólo a cambio de otros objetivos más ambiciosos. De ahí que el prometido diálogo sobre «paz por presos» deje de representar un factor de disuasión, incentivando el mantenimiento de la amenaza una vez el terrorista ve confirmado que el Estado relega la aplicación del sistema penal y de procedimientos ordinarios inalterables frente a otros criminales. Por el contrario, la negativa del Estado a establecer dicho diálogo, defendiendo las vías de salida del terrorismo que la democracia ya ofrece, aporta credibilidad a la posición estatal garantizando que la paz y la libertad se antepongan a la política. En esas circunstancias las redenciones serían resultado de la efectiva desaparición de la violencia, favoreciendo la presión sobre ETA desde su propio entorno de acuerdo con la lógica que en 2003 se apreciaba en Gara. En serios momentos de debilidad para ETA simpatizantes del entorno radical señalaban: «Hay algo importantísimo que de primeras ganaríamos sin ETA: no habría seiscientos detenidos al año. Habría treinta y, quizás, tras varios años, nadie». Otro articulista añadía: «La izquierda abertzale ha probado durante treinta años con ETA. Que pruebe ahora sin ella».
Estas críticas confirman que el abandono del terrorismo no exige que el Estado construya una narrativa legitimadora de dicha opción mediante la oferta de diálogo, siendo ese relato explicativo responsabilidad de ETA. Los hechos ratifican que sus dirigentes podrían articularlo si existiera una verdadera voluntad de renuncia. Ésta únicamente parece posible en un escenario de derrota incompatible con una coyuntura de final dialogado como el acometido, pues sólo así se fomenta el cuestionamiento táctico de una violencia que entonces sí resulta contraproducente para ETA. Debe subrayarse que nuestro ordenamiento contempla ya la reinserción de los terroristas, si bien condicionada a la renuncia a la violencia para evitar que el terrorismo extraiga «ventaja o rédito político alguno», tal y como demanda el Pacto por las Libertades, y en contra de lo que supone el fin dialogado propugnado. Las razones aquí expuestas demuestran que el ofrecimiento de diálogo estimula la continuidad de la amenaza al racionalizar los terroristas que su violencia siempre será recompensada, y no penalizada, con otra oportunidad. De ese modo los dirigentes políticos, seducidos por el objetivo último de terminar con el terrorismo, se ven impelidos a ceder a ETA la iniciativa en la política antiterrorista convirtiendo el diálogo en un arma contra el Estado.
lopez
16:23 | 14 Julio 2007 | Permalink
Jerónimo Saavedra, alcalde de Las Palmas
“Los de AP de Fraga son unos benditos comparados con la generación que dirige actualmente el partido”
-¿Qué le decidió a volver a la política activa, tras haber abandonado el Senado en 2003?
Lo decidí en un mitin que dio Zapatero en Las Palmas, el verano pasado. Me sorprendió la gran comunicación que había entre Zapatero y la gente del público. Yo no lo había visto, ni con Felipe González ni con Almunia. El clima estaba muy volcado hacia él. Y yo, gratamente sorprendido, le hice una confidencia al Consejero Delegado de un medio de Comunicación. Le dije “la música local empieza a no sonarme mal”. Poco después apareció en la prensa y aquello se convirtió en una realidad imparable. Además, vimos que entre Juan Fernando y yo podíamos hacer un buen equipo en Gran Canaria y conseguir el Ayuntamiento y el Cabildo. La verdad es que tomé la decisión en una semana. Y debo decirle que me enrolé en esta aventura con el equipo de Zapatero sabiendo bien lo que hacía. Hubo una época en la que no entendía la obsesión de algunos compañeros por pasar página y apartar a muchos socialistas muy válidos por una cuestión generacional. Yo fui renovador en los 80 y me di cuenta de que, con esos argumentos que yo defendía, me estaban renovando a mí. Me sentía arrinconado y no me cansaba de decir a la dirección del partido: “utilícennos”. En el PSOE hay mucha gente válida que está siendo desperdiciada.
-¿Esto último es un mensaje a Zapatero, a José Blanco?
No, no. No necesito enviarlos. Todos los compañeros saben perfectamente lo que pienso, porque acostumbro a decirlo en los Comités Federales. Nunca he ocultado mis discrepancias: defendí el marxismo contra Felipe González en el 28º Congreso, apoyé a Izquierda Socialista, la corriente crítica dentro del PSOE…Y ahora digo que el PSOE tiene algunos problemas de falta de humanidad con los compañeros.
-¿Qué otros problemas observa?
Pues mire, me preocupa la desaparición de la Secretaría de Formación del partido, en los últimos tiempos. Esa secretaría es fundamental, porque forma ideológicamente a nuestras gentes. Si no hay una cultura política de fondo, corremos el riesgo de ser un mero aparato de confección de listas. Sino ¿en qué nos diferenciamos de la derecha? Defenderé que se restablezca esa Secretaría en la próxima Ejecutiva.
Otra cosa que echo de menos son las polémicas ideológicas en las reuniones del Comité Federal. En tiempos de Felipe González, teníamos unas polémicas enormes, pero ahora no hay la menor crítica a la dirección. NO sé si es que mi generación se ha desfogado y las siguientes no tienen esa necesidad de desfogarse…
-¿Ha sido un error anunciar que Bono será candidato por Toledo en las elecciones generales y, especialmente, sucesor in pectore de Manuel Marín como presidente del Congreso de los Diputados?
El anuncio de que Bono será Presidente del Congreso ha sido una pasada y un patinazo. No se puede cantar victoria antes de celebradas las elecciones. Y la elección del Presidente se hará en su momento, siempre que se alcancen las mayorías suficientes. Por lo demás, que Bono sea cabeza de lista en Toledo me parece muy bien, porque es un tío muy válido, con una gran experiencia y que representa a un sector muy importante y necesario en el PSOE.
-Cuando usted estuvo en el Gobierno de España, en los ministerios de Educación y en el MAP, a principios de los 90, había mucha crispación y un enfrentamiento desmedido entre Gobierno y oposición ¿Le recuerda a la situación actual?
Hay serias diferencias. En aquellos momentos estaban ocurriendo cosas muy graves, pero ahora el PP está instalado en la crispación por la crispación. No hay ninguna razón para que el PP monte los shows que monta. Yo, que me asombraba ante la obsesión del PP de los 90 por el aplauso y por el abucheo, la descalificación, etc. he llegado a pensar que los de AP de Fraga son unos benditos comparados con la generación que manda en el PP. La actitud del PP es francamente preocupante.
-¿Prevé alguna consecuencia inmediata a causa de esa actitud popular?
Más bien espero que la gente no se deje impresionar por ese tremendismo del PP. Por nuestra parte, los socialistas tenemos que distanciarnos de ese estilo y no entrar en la crispación. Nosotros a lo nuestro: luchar contra el terrorismo, defender el Estado del Bienestar y mejorarlo, además de hacer un esfuerzo por comunicar lo que estamos haciendo. Y, por supuesto, mantener ese “talante” de Zapatero. Todo ello nos permitirá ganar las elecciones.
-Y si gana el PSOE ¿Una legislatura más plagada de crispación y bronca?
Espero que no, que el PP aprenda la lección y que alguien diga “nos hemos equivocado y hay que cambiar de forma de hacer política”. Pero también le digo que yo no había visto jamás algo semejante al miedo que logran imponer desde la dirección del PP a sus militantes. Practican el unanimismo a ultranza y eso no hay militante que lo resista. Yo he llegado a recibir cartas de ciudadanos que me confiesan ser militantes del PP, pero que me han votado porque no podían soportar el estilo autoritario de sus líderes.
-¿Qué opina de la reacción de la Conferencia Episcopal y de su portavoz, Martínez Camino, ante el nombramiento del científico Bernat Soria como ministro de Sanidad?
Me pregunto cómo es posible que los Pirineos sigan existiendo para la Iglesia española. Porque ni la Iglesia Francesa ni la Alemana tienen la actitud que tiene la nuestra. La Iglesia francesa no adopta una actitud antisocial, como en España, y ambas están formadas en la misma doctrina. En