Vacaciones de verano
Hoy se abre el verano… y se cierra La Opinión. Nos tomamos vacaciones hasta el lunes 3 de septiembre. Largas vacaciones; pero también ha sido largo el curso. Esperemos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y muchas gracias por su atención. Esperamos también volver en septiembre con fuerzas renovadas y con alguna novedad. Mientras tanto, aquí queda el material publicado para leer y los comentarios abiertos para quien quiera escribir. Buen verano para todos.
Publicado el 21 de junio de 2007 a las 7:00 am en 'Sociedad'.
Hmmm…, el 3 de septiembre estaremos ya cerca de 100 días desde que los nuevos gobiernos hayan ocupado sus cargos… ¿será por eso que cierran La Opinión? ¿Para estar calladitos durante estos cien días de gracia? Seguro que más de uno se alegra.
Gracias por toda la labor que habeís hecho durante todo este tiempo. Que las vacaciones las paseís meramente estupendas, con vuestros familiares o conocidos.
Esperemos que cuando empeceís vuestra nueva singladura las cosas vayan tomando otros derroteros, en fin felicidades por su ardua labor.
Y lo dicho buen verano para todos.
eso buen verano a todos y a comer pescadito fresco a La Graciosa.
FELICES VACACIONES……………
Un saludo para tod@s ,que pacen un buen verano
Un premio a la xenofobia y a la ignorancia
Eustaquio Villalba Moreno
[Canarias Ahora, 22 de junio de 2007]
El pasado viernes 15 dos empresas, una de comunicación y otra hotelera, se pusieron de acuerdo para dar un premio de periodismo. Aunque no creo que figure en las bases de la convocatoria, el objetivo de este galardón era distinguir a los colaboradores y periodistas de El Día que mejor se identifiquen con la línea editorial del periódico de mayor difusión en la provincia. El jurado, presidido por José Rodríguez, dueño-editor-director de El Día, acertó plenamente en su decisión, el premiado, Carlos Lugo, casi podría sustituir, dada las coincidencias, al editorialista del periódico. La primera similitud está en la redacción, ambas no superan el nivel que se exigía a los aspirantes que querían superar el antiguo ingreso a Bachillerato. Frases como ésta justifican la decisión del jurado: “Nunca he visto que el musulmán haya sido un pueblo poblador y un pueblo inmigrante, sino un pueblo conquistador y donde quiera que ha ido a través de la historia ha sido para establecer su doctrina y religión”.
Otro aspecto en el que premiado articulista se equipara al editorialista es en su ignorancia y manipulación de la Historia. Sin complejo alguno, suelta frases como esta: “La rápida expansión se produjo desde la propia península Arábiga hasta el Extremo Oriente. En la Europa de los Balcanes, por el Este, y desde luego España, al Oeste, pronto pusieron su garra, y luego de la conquista e islamización de Egipto y el resto de África del Norte, la de los bereberes llevó a término el proceso de conquista en el espacio de Berbería, donde parece que Canarias no llegó a interesar, y que luego los canarios se defendieron con uñas y dientes”. Otro mérito, y no precisamente el menor, debe ser la total coincidencia ideológica entre en articulista y el dueño, editor, director de la mayor empresa de comunicación de la provincia. Una mezcla de populismo tradicional de la derecha española adobado con un nacionalismo provinciano que tiene como enemigo al vecino: los canariones. Estos, según el editorialista, forman parte de un pueblo fatalmente contaminado por las etnias africanas que les aportó el gen que les obliga a mantener el odio a los tinerfeños, de raza mucho más pura y a robarles los “encantos” que ellos no tienen.
Ignoro por qué la Fiscalía no interviene. En este país no está castigado que los periodistas no sepan escribir correctamente, tampoco es punible ignorar hasta lo más elemental de la historia, pero creo que sí lo está a propalar ideas racistas y xenófobas como las que defienden los patrocinadores del premio y el premiado.
Lo más asombroso del caso es que los partidos, los que dicen defender la Constitución y los valores democráticos respalden este tipo de actos y, con ello, ideologías anticonstitucionales pues, aún en el caso de que no fueran delitos, los partidos no pueden respaldarlas. Por el contrario, su obligación es combatir y tratar de erradicar estas ideas de la sociedad que niegan las bases fundamentales del sistema democrático. Pero, desgraciadamente, los principales partidos en la isla han preferido no molestar a tan poderoso caballero y no sólo no se atreven a denunciar sus proclamas fascistas, -aunque por sus formas, que no por su contenido, haría revolverse en la tumba a Gabriel D´Anunnzio- sino que apoyan su candidatura al Premio Canarias de la Concordia. (¡) El delegado del Gobierno, socialista, y el presidente del Cabildo, nacionalista, estuvieron presentes en el acto, allí oyeron la diatriba xenófoba de un indocumentado en historia y seguro que aplaudieron su discurso.
El caso de los socialistas resulta mucho más incomprensible, al fin y al cabo, el nacionalismo es incompatible con la democracia. Éste pone por encima de los derechos de los individuos su lugar de nacimiento y la pertenencia al grupo; los segundos dicen defender lo contrario e, incluso se han presentado como regeneradores de la vida democrática canaria. Pero su respaldo a actos como éste dejan bien claro que su prioridad no es la democracia sino alcanzar el poder, aunque para ello tengan que aplaudir a personajes que defienden las ideas más casposas del franquismo sociológico: Carlos Lugo, el premiado y su patrocinador, José Rodríguez, presidente del jurado y dueño, editor, director del periódico El Día.
es que no conocían a don pepito el del panfleto ultraprovinciano y ultrapleitista de Tenerife? es un puro disparate tras otro, para mofa de muchos y verguenzas ajenas de otros…entre sus últimas ocurrencias el empeño en querer quitarle a la isla de Gran Canaria el “Gran”, y dejarla solo en isla de Canaria, pues segun nuestro inefable pepito esa isla no se merece llevar ese nombre,…en fin, delirios de demente senil octogenario
Sobre el célebre ‘móvil del periódico’
Arcadi Espada
[El Mundo, 23 de junio de 2007]
Querido J:
Lo sabrás. El Gobierno ha mandado llamar a la prensa para que reduzca sus informaciones sobre la violencia doméstica. El Gobierno al mandar señala: la prensa es culpable de que se hayan torcido los planes mágico/gubernamentales y la violencia doméstica no haya desaparecido. El pettit Zapatero estaba seguro de acabar con ése y otros graves conflictos de la convivencia. No ha sido así. Aunque su única culpa es haberlo creído. Este asunto de la violencia doméstica es un buen ejemplo de la doble moral que exhibe a veces la política, y conviene examinarlo desde el arranque. A eso voy a dedicarme si es que no estropeo demasiado tus lunas de junio.
Una crítica muy lúcida del feminismo a la lengua dominante fue la de poner bajo sospecha la locución crímenes pasionales y descubrir hasta qué punto llevaba en sí misma un atenuante. Entre esos crímenes los había novelizables; nunca hermosos, porque este adjetivo exigiría una consulta a las víctimas; pero sí dotados de los rasgos de desespero enamorado que nutren infinidad de páginas de la literatura universal. Al margen de su carácter atenuante crimen pasional revelaba una cierta igualdad e incluso una cierta complicidad entre víctima y verdugo. El concepto de la igualdad es fundamental, porque ennoblece la sórdida realidad de la gran mayoría de esos crímenes, caracterizados por la dominación terrorífica del agresor. La mujer, último e infimo eslabón del día, acaba pagando las horas arruinadas en el alcohol, el juego, las drogas o la pereza de los varones. El móvil criminal no es el amor (aun enloquecido) sino el fracaso. Y muchas veces la eliminación física de la mujer o de los hijos no es más que la liquidación de molestos testigos.
Bastó eliminar la palabra y con ella las adherencias de la ficción sentimental para que el crimen apareciera mondo, en su mediocridad insufrible. Una nueva locución tomó el relevo: Violencia doméstica. Es un afortunado choque de trenes léxico; porque incrustrar la violencia en el domus (en la casa, en el dulce refugio) es una de las hipótesis más crueles de la vida. Además, en su apariencia técnica, casi burocrática, no admite ninguna perturbación sentimental. La locución se instaló en España a principios de los años ochenta. Curiosamente tuvo que competir con otra acepción: violencia doméstica era el nombre que se daba al terrorismo (como el irlandés o el vasco), que actuaba en su entorno próximo. Dado que ya tenían nombre emergieron muchas historias, escasamente pasionales y vaciadas de cualquier tipo de glamour. La presión feminista y la llegada de las mujeres a las redacciones de los periódicos propiciaron que se destapase la corrupción del hogar. Quizá el péndulo acabó por escorarse demasiado: desaparecieron las excepciones pasionales, se eliminó cualquier mención a los atenuantes (el alcohol, omnipresente) y se propuso, ya en el delirio, calificar estos crímenes de terrorismo, obviando que los asesinos actuaban siempre contra una persona y no contra un género de personas. Se trataba de los excesos consecuentes a la euforia del descubrimiento. El descubrimiento de que las mujeres eran sacrificadas por el mismo mecanismo del que, llevado por el poder y la ira, asesta una formidable patada a la puerta.
Los últimos años del gobierno Aznar se vieron sacudidos por una enfatización de esos crímenes. El áspero carácter de aquel presidente (agravado por su desdichada prosodia) fue el centro de una construcción política y mediática muy interesante. La invasión de Irak, el naufragio del Prestige, los accidentes de tráfico o la violencia contra las mujeres fueron subliminalmente atribuidos a aquel carácter. (Que no en vano se vio sustituido por el talante, sin que cupiera especificar de qué clase de talante se trataba, caso raro donde la variación sustantiva ha incorporado sin más formulismos la adjetiva). La matanza de Madrid refrendó trágicamente la construcción del personaje. Y la imprescriptible evidencia de que en las calles se le gritó antes asesino al presidente del Gobierno que a los terroristas no fue sólo consecuencia de la torpe reacción gubernamental ante el atentado. Fue la conclusión cantada de un largo proceso previo de demonización, donde la soberbia y el desdén del presidente fueron el imprescindible grano de arena veraz que requiere la mentira. Y que, sorprendentemente, interiorizó el mismo Partido Popular. Hay una historia enterrada de aquellos años, finales del 2002, ya con el Prestige petroleando, pero aún sin la invasión de Irak: el PP decidió suspender la mayor parte de las cenas de Navidad. Un extraño luto se había apoderado de la vida pública española. Recordarás que en la composición del paisaje la violencia doméstica tuvo un papel fundamental. Al fin y al cabo Aznar respondía al tipo macho del gobernante. Caracterizado, como repetía a menudo Zapatero, por militar en la triple A de “antiguo, autoritario y antisocial.”
Los socialistas utilizaron políticamente los crímenes contra las mujeres. Y acusaron al Gobierno de pasividad, cuando no de oscura complicidad psicológica. Anunciaron que harían una ley y que sería la primera, y que los crímenes, como tantas cosas, se iban a acabar. No te escribo para volver sobre un asunto tan hecho como el de la diferente actitud que los políticos toman ante los problemas, según estén en el gobierno o en la oposición. Aunque sea importante y una de las causas de la pérdida de calidad de las democracias. Lo que me interesa es vincular aquella actitud ante el Aznar terminal con esta propuesta del ministro Caldera de reducir informativamente los crímenes. Porque, en efecto: ¿qué es lo que permite a los políticos ir diseñando la crítica del presente, sus soluciones de gestión y su agenda de prioridades, y el impacto estadístico de los diferentes problemas ? Obviamente, el debate periodístico. Ésa es una de las razones por las que la realidad (la realidad de setenta mujeres muertas al año) no puede desaparecer de los periódicos. Cuando un político pide la desaparición del debate no sólo incurre en la falacia totalitaria de que basta con silenciar los problemas para que los problemas desaparezcan; como te he avanzado, lo que busca es eludir y limitar sus responsabilidades.
El ministro atribuye un efecto llamada a las noticias sobre crímenes. Fíjate, por cierto, cómo la metáfora revela la importancia que la inmigración juega en este asunto, importancia tan real como oficialmente negada en nombre de la corrección política. La atribución del ministro es una grosería intelectual, que se presenta sin prueba alguna. Todos los estudios que conozco sobre la relación entre la violencia y la exhibición de noticias violentas no pasan de establecer un tembloroso vínculo cronológico. Es decir: los casos aparecen agrupados en el tiempo, a modo de pequeños montones. Lo que induce a pensar que quizá el eco los agrupa. Te ahorro la descripción del salto conceptual que implica sostener que el eco los provoca. Y te ahorro también la especulación de cuántos crímenes ha evitado el conocimiento de muchos crimenes, incluso en lo relativo a los detalles del procedimiento, cuya divulgación ahora también se cuestiona. Basta con recordar las barbas del vecino, el refranero y su ajo. O a la más fina evidencia de que el saber protege.
La imitación es un asunto en verdad fascinante. Muchas cosas se aprenden por imitación. (Aunque no todas: a nadie imita el niño cuando dice rompido). A matar también se aprende, desde luego, aunque como en todo aprendizaje se exige una voluntad previa. Entre las confesiones de los asesinos están algunas muy pintorescas. Pero nunca oí la del que mató porque otro lo había hecho en el periódico.
Sigue con salud
A.
¡MARSÁ, PESAO!
Marsá, no tengo el gusto de conocerte, pero me pareces un tipo interesante, aunque a veces te extiendes demasiado en tus opiniones, me resultan entretenidas tus ideas. Aunque cierre la opinión hasta septiembre, podremos seguir desde este foro. Un saludo y encantado de saludarte.
La Opinión:
Pasó por aquí el servicio de recogida de basuras del blog y se llevó este comentario.
carmelo , no entiendo bién?
Una propuesta justa sobre el cambio climático
PETER SINGER
[El País, 27 de junio de 2007]
El acuerdo sobre el cambio climático logrado recientemente en Heiligendamm por los dirigentes del G-8 no ha hecho más que preparar el terreno para el verdadero debate que se avecina: ¿cómo vamos a repartir la capacidad de la atmósfera, cada vez menor, para absorber nuestros gases de efecto invernadero?
Los líderes del G-8 acordaron buscar recortes “sustanciales” de las emisiones de gases de efecto invernadero y “considerar seriamente” el objetivo de reducir dichas emisiones a la mitad de aquí a 2050, un resultado celebrado como un triunfo por la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro británico, Tony Blair. Pero el acuerdo no compromete a nadie a cumplir objetivos específicos, y menos que a nadie a Estados Unidos, cuyo presidente, George W. Bush, no estará ya en el cargo en 2009, cuando haya que tomar las decisiones difíciles.
Sería razonable preguntar por qué un acuerdo tan vago es un avance. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se celebró en Río de Janeiro en 1992, 189 países, entre ellos EE UU, China, India y todos los países europeos, firmaron el Convenio Marco sobre el Cambio Climático, por el que acordaban estabilizar los gases de efecto invernadero “a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”.
Quince años después, no lo ha hecho ni un solo país. Las emisiones per cápita de gases invernadero en Estados Unidos, que ya eran las más elevadas del mundo cuando Bush tomó posesión, han seguido aumentando. Si éste o su sucesor quieren que la próxima ronda de negociaciones fracase, lo tendrán muy fácil. Para justificar su negativa a firmar el Protocolo de Kioto, el presidente de EE UU siempre se ha referido a que no comprometía a China ni a India a respetar unos límites obligatorios. Ante las sugerencias de Bush y otros líderes del G-8 de que los grandes países emergentes deben contribuir a solucionar el cambio climático, Ma Kai, responsable de la Comisión Nacional de Desarrollo de China, respondió que su país no va a comprometerse a cumplir ningún objetivo cuantificado de reducción de emisiones. También el ministro de Exteriores de India, Navtej Sarna, dijo que su país rechazaría restricciones obligatorias.
¿Están siendo poco razonables China e India? Sus dirigentes han alegado siempre que nuestros problemas actuales son consecuencia de los gases emitidos por las naciones industrializadas a lo largo del último siglo. Es verdad: esos gases, en su mayor parte, están todavía presentes en la atmósfera, y, sin ellos, el problema no necesitaría una atención tan urgente como la que requiere hoy. China e India reivindican el derecho a llevar a cabo un proceso de industrialización como el que tuvieron los países avanzados, sin límites en las emisiones de gas de efecto invernadero.
China, India y otros países emergentes tienen algo de razón; o, mejor dicho, tres razones. En primer lugar, si aplicamos el principio de que quien lo rompe lo arregla, los países desarrollados tienen que asumir la responsabilidad de arreglar nuestra atmósfera rota, que ya no puede absorber más gases de efecto invernadero sin provocar un cambio en el clima mundial. Segundo, aunque olvidemos quién creó el problema, sigue siendo cierto que el ciudadano típico de Estados Unidos causa seis veces más emisiones de gases invernadero que el chino, y hasta 18 veces más que el indio medio. Tercero, los países más avanzados tienen más capacidad que otros no tan ricos de absorber, sin causar perjuicios graves a sus habitantes, los costes que supone resolver este problema.
Pero también es cierto que, si China e India siguen aumentando sus emisiones de gases de efecto invernadero, acabarán por anular todo lo que se consiga con los recortes de las emisiones en los países industrializados. Este año, o el que viene, China superará a Estados Unidos como principal emisor del mundo; a escala nacional, desde luego, no per cápita. En un plazo de 25 años, según Fatih Birol, economista jefe en el Organismo Internacional de la Energía, las emisiones de China pueden duplicar a las de Estados Unidos, Europa y Japón combinados.
Sin embargo, existe una solución a la vez justa y práctica:
- Fijar el volumen total de gases de efecto invernadero que pueden emitirse sin hacer que la temperatura media de la Tierra se eleve más de 3,6 grados Fahrenheit, el punto a partir del cual el cambio climático podría ser extremadamente peligroso.
- Dividir el total por la población del mundo, para calcular qué parte de ese total corresponde a cada persona.
- Asignar a cada país una cuota de emisiones de estos gases equivalente a la población del país multiplicada por la parte correspondiente a cada persona.
- Por último, permitir que los países que necesitan una cuota mayor puedan comprarla a los que emiten por debajo de la suya.
Es innegable que asignar a cada habitante de la Tierra la misma proporción de la capacidad de la atmósfera para absorber nuestras emisiones de gases de efecto invernadero es justo y equitativo. ¿Por qué unos van a tener más derecho que otros a usar la atmósfera terrestre?
Pero, además de ser justo, este plan tiene ventajas prácticas. Ofrecería a los países en vías de desarrollo un sólido incentivo para aceptar las cuotas obligatorias, porque, si son capaces de mantener en un nivel bajo sus emisiones per cápita, tendrán un excedente de derechos de emisión que pueden vender a los países industrializados. Los países ricos también se beneficiarán, porque podrán escoger la combinación que más les gusta, la de reducir emisiones y comprar derechos de emisión a los países en vías de desarrollo.
En el error, erre que erre
FÉLIX OVEJERO LUCAS
[28/06/2007]
Como bien saben los mentirosos y los estafadores, somos una especie bastante confiada. Tenemos una natural disposición a creer en lo que los demás nos dicen o, al menos, a creer que nos lo dicen sin intención de engañarnos. La mentira funciona sobre el horizonte de la confianza. Sin monedas de curso legal no cabrían las falsificaciones. Un elemental compromiso con la verdad, un entramado de creencias sobre la sinceridad de las creencias de los demás, es una de las argamasas que mantienen unidas a las sociedades. Quizá resulte exagerado creer a alguien cuando nos dice “te quiero”, pero estamos convencidos de que cuando nos dice “son las cinco y cuarto” no nos está queriendo decir “me han despedido del trabajo”. Ésa es la confianza mínima, compartida, sin la cual no hay manera. Si, además, experimentamos alguna simpatía o afecto por nuestro interlocutor, la ingenuidad es mayor. Todos pueden engañarnos, pero aquellos con quienes compartimos mayores ámbitos de confianza pueden engañarnos mucho más.
Perder la confianza cuesta. Cuesta, en primer lugar, porque cuesta corregir nuestras opiniones. El proceso de formación de nuestras creencias cotidianas dista de ser un ejemplo de pulcritud epistemológica. En una agria polémica con Steven Pinker, el lingüista y científico cognitivo George Lakoff recordaba que nuestro cerebro opera con estructuras y metáforas conceptuales, imágenes más o menos esquematizadas que nos permiten ordenar nuestras experiencias. Recogemos aquella información que confirma nuestros juicios e ignoramos los datos que no encajan en el bastidor o los interpretamos para acomodarlos.
Por supuesto, cuando siguen goteando las pruebas en contra, resulta difícil mantener el cuadro. Lo común es que, de pronto, cierto día, un dato menor, acaso irrelevante, derrumbe las ficciones. La información encaja reordenada en una nueva composición. Todo se acaba por entender, incluso aquello que no se quería ver. Quienes hayan sido víctimas de una estafa personal o material conocen la experiencia. Lo que nos resistíamos a admitir se impone. También se impone algo más deprimente: éramos unos crédulos. Ésa es la segunda razón para resistirse a perder la confianza: la autoestima está en juego. Es doloroso admitir que somos unos gilipollas. Hay una última razón para el empecinamiento: el empecinamiento mismo. Cuando las creencias no tuvieron otro soporte que las ganas de creer es difícil que ningún hecho nuevo las corrija. Quien siempre prescindió de los hechos para formar sus creencias puede seguir prescindiendo de los hechos para modificarlas. A menos datos, más fe. Se ha invertido mucha carga psicológica o afectiva para estar atentos a la endeblez de hechos y razones. El fenómeno es conocido por los psicoeconomistas. Podemos asistir a un espectáculo que ya ha dejado de interesarnos y al que no asistiríamos si fuera gratis, simplemente porque meses atrás compramos la entrada. Una propuesta que ofrecida hoy no nos interesaría nos sigue atando por pura inercia, porque un día empeñamos en ella dineros o afectos. Si este comportamiento irracional se da hasta en las inversiones en Bolsa, imaginemos lo que sucede cuando lo comprometido es la identidad. Es difícil apearse de la propia biografía. Y el yo que llegará a ser no está en condiciones de tomar decisiones hoy. De poco sirve anticipar que, reconocidos los errores, cierto día se conquistará una mirada limpia, sin auto-engaños. La serenidad futura no se disfruta en el presente. En medio sólo queda un temido tránsito, desamparados, sin los materiales que aseguraron la idea que teníamos de nosotros mismos.
Creo que las consideraciones anteriores ayudan a entender la persistencia en el error de Zapatero, su dificultad para rectificar, para reconocer las señales, y hasta su imagen descompuesta cuando ya no queda ni el clavo ardiendo. Al menos, pueden ayudarnos mejor que la hipótesis de su mala fe, difundida por una parte de la derecha, según la cual su modo de acabar con ETA era dándole la razón, accediendo a sus exigencias. Una hipótesis difícil de sostener. Es cierto que el presidente ha hecho trampas. Una y mil veces negaba hacer lo que hoy sabemos que estaba haciendo. Incluso estiraba las palabras hasta vaciarlas de todo sentido, a veces de un modo particularmente ofensivo, para la inteligencia y para la institución, como sucedió cuando una comparecencia ante el Congreso se convirtió en una comparencia ante los periodistas en una sala del Congreso. No son fullerías menores. Por las que ha pagado dos veces: ante la opinión pública, perdiendo crédito cuando sus énfasis no casaban con los acontecimientos, con las pistolas, los zulos y las extorsiones; y ante los terroristas, que cobran a plazos, dispuestos a contarlo todo cuando les convenga.
Todo eso es verdad pero no es mala fe. Si el Gobierno “se hubiera rendido” no estaríamos donde estamos. En realidad, el problema es el contrario: todo se quería disculpar por la enorme fe del presidente en “el proceso”. Una fe que se aguantaba a pulso. “El proceso” no estaba en el punto de partida, en el programa electoral. Y los resultados a la vista están: la mejor muestra de que faltaban razones. La apelación continua a explotar “la mínima oportunidad” es, desde bastantes puntos de vista, una declaración de disposición a actuar sin razones, sin pruebas. Mejor dicho, a pesar de las pruebas en contra. El único argumento invocado era la confianza: “él sabía”. Pues bien, ahora sabemos que no sabía, que la única razón para creer era la propia voluntad de creer. Cuando se ha comprometido tanta fe, cuesta descreer y apearse. Una inversión psicológica extraordinaria, no muy diferente de la de Aznar y sus armas de destrucción masiva. Zapatero no nos engañó porque se engañó a sí mismo.
Zapatero ha sido muy confiado. Más exactamente, ha confiado más en lo que ETA decía que en lo que mostraban los datos. No es tan raro. Detrás de buena parte de los reproches a ETA hay una enorme demostración de confianza en ETA. Cuando se usan expresiones del tipo “ETA se equivoca”, “ETA tiene que darse cuenta”, “al final, ETA entenderá que tiene que negociar”, además de abaratarle los crímenes, de darle un crédito a fondo perdido a la organización terrorista, a la que se sugiere que siempre podrá poner a cero el contador, que, en el peor de los casos, si abandona la violencia, podrá salir sin gloria pero sin pena, se le otorga la condición de sujeto respetuoso con principios cívicos. A Hitler o a Al Capone nadie les dijo que se equivocaban. Cuando a alguien le decimos que nos ha defraudado lo ponemos frente al espejo del buen comportamiento que esperábamos de él. En todo reproche hay un depósito de confianza moral en el destinatario. Cuando no hay nada que esperar no hay nada que decir.
De modo que no, Zapatero no tenía mala intención. Pero eso no lo hace menos responsable. Lo que no puede, cuando llega la hora de dar explicaciones, es invocar sus buenas intenciones, su “derecho y deber” a intentar la paz. Uno no está obligado a explotar la mínima posibilidad cuando la “mínima posibilidad” tiende a cero. Al contrario, está obligado a no intentar lo que con bastante probabilidad conduce al fracaso. Esto no es un colegio. Es la política. Es la vida.
Minima moralia
J. M. RUIZ SOROA
[El Correo, 29 de junio de 2007]
La nuestra es una sociedad postheroica, como todas las europeas. Los valores implícitos en la inmolación del guerrero en defensa de los demás quedan bien en el cine de las Termópilas, pero han perdido toda vigencia social. Su muerte sólo suscita ya compasión y extrañeza.
La idea del asunto era antes que los soldados estaban ahí para morir, precisamente para eso. Como ahora quienes mueren mayoritariamente en las guerras son los civiles, cuando muere algún soldado se escucha un coro indignado: ¿Eso no vale¿
En Europa sólo hay dos ejércitos dignos del nombre, el inglés y el francés. Los demás valen para desfilar y para ayudar en las desgracias. Convendría no olvidarlo antes de empezar a jugar a los soldaditos.
Olvidable época de nuestra historia política la de la necrofagia, la del convencimiento de que la sangre derramada es la mejor argamasa para el éxito electoral.
Al enviar soldados a Líbano hemos aumentado nuestra vulnerabilidad al terrorismo. Sagacidad: hemos mandado los blancos a casa de los terroristas. Ahora tendremos que enviar a la Guardia Civil para protegerles.
La diferencia entre el albañil que cae del andamio y el soldado muerto en acción es que al segundo se le paga precisamente para arriesgar su vida. Si se escucha al coro, parece lo contrario.
El Estado Mayor corre a informar de que ningún blindado en Líbano posee inhibidor de frecuencias. Nuestros aliados se sorprenden por la táctica empleada. Inolvidable Gila.
Iremos comprobando que, más que soldados, hemos enviado a Líbano a unos rehenes. Y que nuestra política exterior vendrá marcada por la necesidad de protegerles. También sagaz. La nobleza de un propósito no lo convierte en inteligente.
No existen inhibidores para conductores suicidas de coches bombas (véase Irak). La próxima vez va a ser difícil encontrar a quién culpar.
Las suyas son sociedades heroicas: todavía entienden la inmolación y el sacrificio. No se han enterado de que Dios ha muerto. Eso es lo malo.
Tremendo el artículo que nos presentas, Jorge. Da mucho que pensar. No hay nada como salirse de lo políticamente correcto para escribir buenos artículos de opinión.
Lo último de Arcadi Espada sobre la censura de El País a Savater.
El periodismo y el conflicto
1. Casa tomada
Esta primavera se produjo un incidente de interés en las páginas del diario español El País. Uno de sus articulistas más relevantes, el filósofo Fernando Savater, envió un artículo que no fue publicado. Savater lleva treinta años enviando artículos a la misma dirección y jamás le habían rechazado ninguno. El artículo se llamaba “Casa tomada”, como el célebre cuento de Julio Cortázar, y aparte de constatar el fracaso de la estrategia negociadora del presidente del gobierno español respecto a eta contradecía un editorial y un artículo anteriores del propio periódico. Como viene siendo costumbre Savater envió una copia del artículo al diario digital Basta Ya, una empresa política fundada, entre otros, por el propio Savater, y con cualquier ánimo menos el de lucro, que se nutre de la filantropía intelectual de sus socios y amigos y que de inmediato lo colgó en su primera página. Así pasaron unos diez extraños días: el artículo de Savater seguía colgado y a disposición de cualquiera en la web de Basta Ya, pero su destinatario inicial, el periódico El País, no lo publicaba. Me interesé por el asunto y escribí una nota en mi blog contándolo.
Al cabo de tres días el artículo salió finalmente publicado, aunque en las páginas del diario local El Correo Vasco, otro de los lugares donde Savater colabora. La evidencia de que El País había censurado al primer intelectual español me llevó a escribir otra vez sobre ello. Naturalmente cualquier diario tiene el derecho de decidir qué originales publica. Incluso si se trata de originales solicitados, como era en este caso, en virtud del largo contrato intelectual que une a Savater con el que ha sido siempre su periódico. La cuestión importante para mí, sin embargo, era la de constatar un desencuentro algo más que simbólico: por vez primera un artículo de Savater no encontraba sitio en el periódico.
A partir de estas primeras informaciones la discusión se fue extendiendo por internet en los términos fácilmente deducibles; se multiplicó con la confirmación de la censura y llegó hasta el propio diario El País. El canal fueron los comentarios del blog recientemente abierto por el periodista Lluís Bassets, director adjunto del diario. El día en que el diario vasco publicaba el artículo de Savater varios internautas empezaron a interpelar a Bassets por el caso. La interpelación tenía sentido: aunque dedica su blog a la política internacional, Bassets es el responsable en primera instancia de las páginas de opinión del diario. Su reacción inmediata ante la proliferación de comentarios fue dar instrucciones para que se eliminaran todos los que se refiriesen al “Caso de la Casa Tomada”. El sistema de moderación del blog, sin embargo, permitía que la mayoría de comentarios de ese estilo apareciesen fugazmente y que sólo al cabo de pocos minutos se eliminaran.
La nueva censura enfadó a los internautas. Algunos empezaron a dejarme copias de sus mensajes en el correo de mi blog, y yo publiqué algunos de ellos. La inmensa mayoría de los que llegaban eran perfectamente correctos y se limitaban a pedir explicaciones al responsable del periódico. Después de algunas horas de toma y daca, de envío y borrado, y cuando ya bastantes blogs empezaban a dar refugio a los comentarios censurados, Bassets cambió de opinión y ordenó que la discriminación acabara. Algunos internautas aprovecharon la circunstancia para volver a enviar los mensajes anteriormente censurados. El dueño del blog escribió al día siguiente una breve nota embozada sobre el asunto.
2. El desdeñoso perfil
El “Caso de la Casa Tomada” es muy instructivo sobre algunas de las cuestiones que afectan la relación entre el periodismo e internet. Cabe decir, para empezar, que El País no ha publicado hasta ahora (un mes después de que el filósofo Savater enviara su artículo) un solo detalle de esta historia, ni en sus secciones convencionales ni tampoco en la columna de “El Defensor del Lector”. Tampoco el propio Savater hizo mención en el siguiente artículo que publicó en el periódico. Es decir, el diario ha aplicado los habituales criterios del “caso interno”. El problema es que, gracias a internet, el caso ha sido público desde el primer momento, es decir desde la aparición del artículo en la web de Basta Ya. Es fácil imaginarse lo que habría sucedido hace diez años: la censura a Savater habría quedado en uno de esos sucedidos confidenciales que se unta de mano en mano la pomada habitual de periodistas y políticos. El escaso número de miembros de esa corte, pero sobre todo su carácter endogámico, ya habituado a los sobresaltos del doble circuito informativo, justificarían, probablemente, que el periódico se hiciera el sueco, aunque sólo fuera por meras razones de cálculo. Ahora bien: ¿pueden los periódicos seguir ahora con su pose de desdeñoso perfil, aplicando la máxima de que lo que no sale en El País (o en cualquier otro diario de los llamados “de soberbia”) no existe?
No lo parece, con franqueza. Obviamente no tengo datos empíricos que lo justifiquen, pero parece razonable suponer que una sólida cantidad de fieles lectores de El País conoce el “Caso de la Casa Tomada”, aunque no sea por lo menudo. Es muy probable, asimismo, que esa inquietud se haya manifestado en varias cartas al director o al “Defensor del Lector” de las que no han tenido conocimiento el resto de lectores. Tampoco es inverosímil especular sobre la inquietud que debe de producirles el hecho de que su periódico haya reaccionado con un silencio conventual, más hijo de la pacatería que de la sobria meditación. La reacción no parece respetuosa con unos lectores que de alguna manera pueden entonar el lamento del burlado y decirse que han sido los últimos en enterarse. Pero este artículo no quiere insistir en las cuestiones morales, no sólo porque sean obvias.
Mi interés, como he avanzado, es examinar esta historia a la luz de los cambios que el uso de la red ha traído al periodismo. Y de la dificultad en entenderlos. Internet, por poner en solfa el primer cambio, ha acabado con la militarización del lector. Es decir con ese hombre (más que mujer) que se formaba cada mañana ante el kiosco, elegía su periódico y lo recorría disciplinadamente como quien desfila. Algo que en menor grado se ha dado también entre las cadenas de radio, pero ya no entre la televisión. Un lector militarizado habría dado por bueno no sólo el silencio del periódico sino la propia censura del artículo de Savater. Ese lector aún existe, pero cada vez menos. La facilidad que da hoy la red para contrastar las informaciones, y el tono y mesura de las informaciones, vence las estructuras de carácter más rígidas. El periódico como weltanschauung (cosmovisión) ha desaparecido. El lector no puede entender que en nombre de ella (eligiendo, claro está, la hipótesis de censura más noble) desaparezca de sus páginas el artículo de un colaborador habitual y querido. Enseguida volveré (y triunfalmente) a esa melancolía.
La historia tiene otro aspecto clave. Hoy los periódicos se llenan la boca con la interactividad. Ofrecen todo tipo de servicios para estrechar la relación con su público. Juguetean con el ciudadano periodista, se ofrecen para alojarle sus blogs, permiten los comentarios de sus noticias e incluso organizan sus portadas y la jerarquización de las informaciones en razón de la opinión de los lectores. Nunca, aparentemente, un periódico fue más de ellos. Por desgracia, el “Caso de la Casa Tomada” revela hasta qué punto hay que tomarse con una relativa ironía y circunspección este periódico de puertas (y despachos) abiertos que se nos propone.
Sin embargo, no quiero acabar este repaso sin una celebración. Aunque sea (inevitablemente) la celebración de un anacronismo. El “Caso de la Casa Tomada” revela, paradójicamente, un conmovedor respeto a las opiniones. Porque sólo alguien convencido de que un artículo cambia el mundo, sólo alguien formado (aunque perversamente, qué más da) en la retórica y en el ideal del “Yo acuso” o del “No es esto, no es esto” puede tomarse la molestia de censurar un artículo y pensar que los beneficios de hacerlo son mayores que los de publicarlo. Es una muestra de dudoso discernimiento sobre el valor de las opiniones en el mundo moderno que desde luego, y como los que van a morir, yo saludo y honro.
Es difícil, y sobre todo prematuro, listar las transformaciones que internet ha aportado al periodismo. Se piensa normalmente en las transformaciones que experimenta el lector, es decir, si seguirá leyendo en papel, si será capaz de leer en el futuro textos que sobrepasen los diez mil caracteres (que, naturalmente, son los que tendrá este artículo) o si en internet se leen las imágenes y los sonidos, del mismo modo que en la televisión se ven o en la radio se oyen. Menos se piensa en las que está experimentando el propio oficio de periodista y menos aún en las que dentro de ese capítulo son poco espectaculares. Por ejemplo, la importancia que internet ha tenido en la mejora de la precisión del periodismo y en su inteligibilidad. Pero hay algo, estructural, que el “Caso de la Casa Tomada” ilumina, aunque sea con su sombra. Gracias a internet el periodismo ha perdido el monopolio práctico del debate y el conflicto que durante doscientos años ha ejercido en las sociedades modernas*. Ni los libros ni las universidades ni la plaza pública pudieron disputarle al periódico ese monopolio. Pero la situación ha cambiado: foros, webs, blogs son hoy espacios del conflicto social ni organizados ni controlados por el periodismo. Es posible que durante cierto tiempo todavía algunos medios puedan seguir haciendo como que no ven. Pero corren el riesgo de que la costumbre les deje ciegos.
¿Es de izquierdas la política del PSOE?
Félix Ovejero Lucas
[El Noticiero de las Ideas, 3 de julio de 2007]
Con frecuencia, desde las filas del PP, se atribuye a Rodríguez Zapatero la condición de izquierdista radical. La calificación, por lo general, forma parte de la escaramuza política, un gesto simétrico al que desde el PSOE lleva a describir al PP como la “derecha más extrema”. Su sentido último merece pocas dudas: se busca descentrar al rival –o al menos describirlo descentrado— para apropiarse del espacio político así desalojado. La estrategia es rudimentaria, con supuestos intelectuales endebles, pero, por lo común, eficaz.
El caso español presenta una peculiaridad: la etiqueta “derecha” es algo más que una descripción, es un estigma. La derecha, que no lo ignora, evita presentarse como tal. La asimetría es manifiesta. Mientras la derecha tiene problemas para aceptar públicamente su condición política, y de ahí el reproche “de andar con complejos” por parte de sus ideólogos de expresión más contundente, la izquierda no duda en lucir su divisa con orgullo. Incluso el presidente del gobierno dice de sí mismo ser “un rojo”.
Pero, ¿es realmente Rodríguez Zapatero un extremista? ¿Está justificada la calificación de “izquierda radical”? Sin entrar en muchas honduras, hay datos que, cuando menos, dificultan las respuestas urgentes. Desde luego tiene poco que ver con la izquierda tradicional la colusión de intereses entre poderes económicos y grupos de influencia en las instancias de decisión económica del gobierno que ha revelado la polémica en torno a la OPA de Endesa y la CNMV. Tampoco se puede considerar un triunfo de la justicia distributiva el descenso de la participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional hasta un mínimo histórico en el último año. Incluso hay dudas respecto a las afiliaciones electorales cuando, como sucede en Cataluña, la izquierda supuestamente más radical, ICV-EuiA, los comunistas-verdes, han recogido más votos entre las clases acomodadas (10%) que entre las humildes (7,5%). Llamativamente, el orden se invierte en caso del PP: 9,3 y 9,7, respectivamente.
Resultaría precipitado exprimir esos datos, fragmentarios y circunstanciales, para concluir que, en realidad, el PSOE representa los intereses de los poderosos. Sería injusto con su historia y, seguramente, con sus propósitos. Pero en política no siempre los propósitos, y mucho menos las declaraciones, se traducen en realizaciones. Las páginas que siguen intentarán mostrar que algo de eso puede suceder con el PSOE; más exactamente, que si nos atenemos a los valores y propuestas que tradicionalmente se asociaban a la izquierda, hay razones para considerar injusta la calificación de “izquierda radical”, por no decir, la de izquierda sin más.
Vale decir que la responsabilidad no es exclusiva del PSOE. El PSOE es, seguramente, el síntoma más agudizado de un proceso más general de empobrecimiento ideológico y programático de las izquierdas que ha tenido su expresión más decantada en la transición de un discurso atento a “la desigualdad” y “lo económico” a otro centrado en “la diferencia” y “lo cultural”. En ese sentido, buena parte de las reflexiones que siguen tienen un alcance más general. No es menos cierto que, en el caso español, ese nuevo discurso, por lo general plúmbeo, ha encontrado una traducción reconocible: una política territorial legitimada en nombre de “la pluralidad”, “la diversidad”, “el reconocimiento” o “la identidad”. Aprovecharé esa terreno para ejemplificar mi tesis.
La paradoja de la conquista de la democracia
Según el ideal democrático, en su versión más clásica y optimista, acorde con algunas experiencias de la antigua Grecia, todos los ciudadanos deliberan hasta recalar en decisiones acordes con el interés general. Participación, deliberación y compromiso con el interés general constituyen piezas vertebrales de esa idea de democracia. Las decisiones justas, que encontraban su traducción en las leyes, eran la consecuencia práctica del ejercicio público de la razón, del diálogo democrático entre todos los ciudadanos. Las opiniones, cribadas imparcialmente, darían pie a decisiones justas, a leyes que asegurarían que nadie estaría sometido al poder arbitrario de nadie. Los protagonistas de la deliberación modificarían sus juicios a la luz de las mejores razones. Ese era el ideal que inspiró las revoluciones democráticas, el germen ideológico de la izquierda.
Sin embargo, el resultado final, las democracias realmente existentes, resultado en buena medida de las luchas políticas de la izquierda (por la universalización del voto, por el control del poder), se alejan bastante de aquel ideal. La participación, la deliberación y el compromiso con el interés general se han visto sustituidas por la representación, la negociación y las preferencias (los votos) basados en los intereses. La teoría de la elección racional ha descrito bastante bien su funcionamiento. Los políticos profesionales compiten por los votos de unos ciudadanos que basan sus preferencias en sus intereses. Ni políticos ni ciudadanos están preocupados por el interés general. Simplemente, al modo del mercado, los primeros, en aras de su propio beneficio, han de estar atentos a los intereses de los segundos.
Según sus defensores, la moderna democracia liberal, la de la competencia entre partidos, la negociación y los intereses, permite alcanzar buenos resultados, al menos tan buenos los de la democracia ideal y desde luego menos improbables. Por lo menos, dirán, podemos penalizar a quienes lo hacen mal. Los partidos, si quieren mantenerse o conseguir el poder, han de realizar una gestión eficaz o, en el caso de estar en la oposición, denunciar los errores de quienes gobiernan. En el interés de los políticos está denunciar los errores de sus rivales y ofrecer propuestas interesantes. El “aceite del odio” es suficiente para asegurar el día a día: nadie es virtuoso, pero, si quiere mandar, tiene razones para sacar los trapos sucios de quienes mandan. La desconfianza mutua entre los políticos asegura que la maquina democrática marche sin necesidad de ciudadanos informados o vigilantes, sin reclamar vocaciones participativas a los ciudadanos. Los tantas veces, y tan hipócritamente denunciados, intereses partidistas son, en realidad, el combustible del mecanismo democrático.
No son pocos los problemas de esa democracia –entre ellos que hace improbable la selección de los mejores–, pero tampoco es esta la ocasión de recordarlos. Aquí sólo nos interesa ver cómo condiciona los comportamientos políticos, en particular, como ha impuesto, en el caso de la izquierda, una serie de cambios estratégicos derivados todos ellos del propio mecanismo de la competencia electoral y que están en el origen de la descrita evolución (“pragmática”). Si se quiere formular el clave paradójica, se podría decir que la realización (parcial) de los ideales ha conllevado una modificación (adaptativa) de los ideales. Vale la pena recordar algunos de esos cambios:
1. El debilitamiento de la identidad ideológica. En sociedades con profundas y nítidas divisiones sociales, entre ricos y pobres, cabe aspirar a obtener la mayoría con un programa que recoja de modo inequívoco los intereses de los desposeídos. Cuando, las líneas de demarcación social se multiplican, los intereses se diversifican, los programas de perfiles nítidos, claros y distintos siempre acaban por resultar inconvenientes para alguien con capacidad de voto. En esas condiciones, los partidos políticos que aspiran a gobernar se encuentran en un dilema entre identidad y gobierno. El mejor modo de asegurarse el acceso es el poder es prometer a todos sin molestar demasiado a nadie. Una función que cumplen a la perfección los programas con perfiles vagos, sin aristas estridentes, eso que se da en llamar “de centro”.
2. El alto coste de la revolución. En su versión más optimista, los procesos revolucionarios suponían, invirtiendo el refrán, “hambre para hoy, pan para mañana”, un periodo de incertidumbres y sacrificios que encontraban su justificación en un cambio en la distribución del poder que redundaba en una mejor situación futura de los más pobres. La revolución, para aquellos que no tenían nada que perder, “salvo sus cadenas”, no era una inversión arriesgada. Ahora bien, cuando, los que están peores tienen algo que perder, los resultados son inciertos y los ciclos electorales son más cortos que los procesos revolucionarios, ningún partido se embarcará en procesos de cambio radical. Para bien o para mal, las elecciones inmediatas son el único horizonte temporal que los partidos políticos pueden contemplar. Nadie vive hoy de lo que ganará mañana. En muchos sentidos poco discutibles ello incapacita a la democracia para enfrentar retos importantes (ambientales, presupuestarios, demográficos) que requieren cambios radicales, entre ellos renunciar a hábitos asentados. Al final, el refrán se impone en su genuina versión: “pan para hoy, hambre para mañana”.
3. La oligarquización de los partidos. La competencia alienta la aparición de los políticos profesionales con intereses propios que no coinciden necesariamente con los de los votantes y cuya defensa, muchas veces, lleva desatender los principios ideológicos que dieron origen a los partidos. La preservación del poder se impone a cualquier otra consideración. Ello no supone maldad o mendacidad –una disposición “traidora”— de los dirigentes que siempre encuentran una justificación para su “moderación”. Por ejemplo, pueden decirse que, a la luz de nueva información, de la responsabilidad asociada a sus cargos, hay que aplazar la realización de los proyectos, moderar las propuestas para no poner en peligro las tareas iniciadas y su personal gestión.
4. La prioridad de lo propio. Una de las fibras ideológicas más genuinas de la izquierda fue el internacionalismo. También aquí había una frase acuñada: “los obreros no tienen patria”. El internacionalismo era un corolario inmediato del igualitarismo. Para quienes entienden que no están justificadas las desigualdades relacionadas con circunstancias de las que los individuos no son responsables (los orígenes familiares, el sexo, el color de la piel, etc.), el haber nacido de un lado u otro de la frontera no justifica la existencia de privilegios o derechos especiales. En términos clásicos esa idea se expresaba de otro modo. Los trabajadores no luchaban por sus intereses, o, por mejor decir, la lucha por sus intereses se justificaba porque eran el vehículo de materialización histórica de lo verdaderamente importante: la emancipación de la humanidad (en un horizonte –puestos a decirlo todo—de sociedad de la abundancia, de infinitos recursos). Hoy el internacionalismo, tan interesante éticamente, resulta una pésima mercancía electoral. Los otros -o los que vendrán, las futuras generaciones– no votan aquí y ahora. Los ciudadanos, que procuran por sus intereses, siempre encontrarán políticos dispuestos a decirles lo que quieren oír. Basta con pensar lo que sucede con la habitual condena de la izquierda de las “deslocalizaciones”, tan difícil de justificar desde consideraciones impersonales, de justicia, cuando muchas de ellas acaban por beneficiar los pobres de otros países.
El conjunto de esas circunstancias, impuestas por las reglas del juego democrático, ha llevado a un debilitamiento del perfil ideológico de los partidos políticos. Si quieren llegar al poder, han de aguar los proyectos. Sólo excepcionalmente puede resultar interesante hacer propuestas perfiladas o radicales, cuando las reglas de juegos –las electorales, muy fundamentalmente—resultan propicias, se entra por primera vez en la competencia política y se busca crear un mercado propio, o cuando no se aspira a gobernar, pero sí a ejercer la condición de minoría decisiva, de masa crítica para controlar mayorías. Es lo que sucede, sin ir más lejos, con ERC. Ahora bien, cuando aspiran a ser algo más, las cosas cambian y los partidos “radicales” se ven obligados a limar sus aristas.
Las consideraciones anteriores no quieren decir que se disuelvan las coordenadas izquierda-derecha, entendidas como proyectos políticos que realizan propuestas de modificación de las instituciones basadas en ciertos principios normativos. Lo que sí quieren decir es que las reglas del juego de la competencia democrática hacen difícil su mantenimiento para quienes aspiran a gobernar. Un partido que se comprometa con cambios radicales, que exija redistribuciones de la riqueza o que reclame modificaciones importantes de los comportamientos, en nombre los intereses de las futuras generaciones, nunca estará en condiciones de ganar las elecciones. Sucede como con ciertas estrategias futbolísticas, dadas las reglas (del juego, de los sistemas de puntuación), si uno quiere ganar la liga, lo único que puede hacer es jugar de modo conservador. Puede intentar jugar de distinta manera –con la propia identidad—pero en tal caso sus probabilidades de éxito quedan seriamente limitadas. El reglamento ha decidido la táctica, las reglas imponen una ideología. El problema, claro, en política, es que una cosa es el éxito electoral y otra la resolución de problemas y quizá hay que aceptar que la democracia de competencia se muestra incapaz de hacer frente a los retos más graves de las sociedades. Indirectamente esa deprimente conclusión parece admitirse cuando se establecen acuerdos para excluir de la competencia política (pensiones), importantes decisiones sobre la vida colectiva (pensiones) o se dejan en manos instituciones “independientes” (como el BCE).
Las propuestas del socialismo
Podría parecer que la política del PSOE es cualquier cosa menos pragmática. Las frecuentes apelaciones a conceptos de la filosofía política como democracia deliberativa o republicanismo avalarían la conjetura de que su propuesta está basada en sólidos principios normativos. Según esa visión, el PSOE mostraría una saludable disposición a dotar de norte ideológico sus intervenciones políticas. Sus propuestas cobrarían coherencia transformadora en un horizonte regido por ciertas ideas acerca de la buena sociedad.
No estoy seguro de que las cosas sean así. En el terreno de las ideas, parecería más bien que Rodríguez Zapatero camina dando palos de ciego. Al rotular su proyecto, antes de recalar en el republicanismo, hizo uso de otras etiquetas, entre ellas la de “socialismo libertario”. El tránsito en apenas unas semanas entre libertarismo y republicanismo, seguramente las dos filosofías políticas más antitéticas que ofrece el panorama contemporáneo, invita a pensar que, por detrás de las palabras, hay poco más que etiquetas, recubrimiento retórico de decisiones que se explican a partir de la obsesión por las encuestas y el día a día del mercadeo político. Un juicio que no se ve desmentido cuando se observa que, al justificar su política territorial, ha echado mano de una retórica “multicultural”, comunitarista, que no tiene fácil acomodo ni con el liberalismo ni con el republicanismo.
El republicanismo, la filosofía finalmente invocada, lo ilustra muy bien. El socialismo moderno se puede entender sin violencia intelectual como una radicalización de las versiones más democráticas del republicanismo y, más en particular, del ideal de ciudadanía. Para los socialistas, no cabe pensar en una completa realización del ideal republicano de libertad cuando existen profundas disparidades económicas o cuando la propiedad es una fuente de poder que permite a unos decidir sobre la vida de otros. Según ese ideal, no hay libertad si se está sometido a un poder que, cuando le parece, puede interferir en la vida de las personas. El esclavo con un amo bien dispuesto que le permite hacer lo que quiere sigue siendo un esclavo. Pero tampoco es libre aquel que, sin recursos, no puede decir que no al empresario que le ofrece unas condiciones de trabajo miserables.
Desde el punto de vista programático, ese diagnóstico se traducía, muy sumariamente, en aunar el ideal emancipador ilustrado con el de justicia social: sin actuar sobre las fuentes de la desigualdad económica –y de acceso a la propiedad— no cabría pensar en una sociedad plenamente libre, sostendrán los socialistas. Un programa que, con mayor o menor radicalidad, cristalizará en varias líneas de intervención que dotarán de identidad a los distintos socialismos por más de un siglo:
1.Redistribución económica y derechos sociales. Las formas que adoptará esta estrategia son diversas (derechos laborales, educación y sanidad pública, etc.), muchas de ellas asociadas –no sin cierta precipitación— a lo que se ha dado en llamar “Estado del bienestar”. Entre las diversas vinculaciones con el núcleo republicano-socialista hay una fundamental: para poder decir que no, para no estar sometido a la voluntad de los poderosos, es importante que los individuos dispongan de ciertas garantías materiales. Si yo (mujer, joven, emigrante) dependo de ti para vivir, incluso si eres bueno conmigo, no seré libre. En el fondo, la estrategia de argumentación es la misma que sirvió a algunos clásicos del republicanismo para defender ciertas formas de propiedad: quienes dependen económicamente de los otros es más improbable que formen sus juicios autónomamente, que sean ciudadanos plenos.
2.Intervención pública. Para el republicanismo la ley (justa) no es un límite a la libertad, sino su garantía. La ley y, en general, la intervención pública impiden la dominación de los poderosos. Allí donde hay ámbitos posibles de dominación arbitraria hay que asegurar los derechos de los más débiles. Entre ellos, los económicos muy en primer lugar. Para impedir, por ejemplo, que el empresario, bajo amenaza de despido, pueda abusar de sus empleadas (exigirles que vistan de cierta forma, complicarles sus decisiones reproductivas). Cierto es que, en principio, el mercado, en su versión más idealizada, nada tiene que ver con la dominación: en competencia perfecta, con infinitas empresas e infinitos trabajadores, un trabajador siempre puede decir que no a las demandas injustificadas de un empresario porque inmediatamente encuentra otro trabajo en las mismas condiciones. Pero la competencia perfecta es una fábula que sólo existe en los libros de teoría económica, no en nuestras sociedades. Por lo demás, el mercado (“el orden espontáneo”) resulta incapaz de asegurar los bienes públicos, entre ellos las instituciones políticas que garantizan la libertad de los ciudadanos. Sin Estado no hay libertad ni tampoco competencia: el mercado es imposible sin un Estado en condiciones de intervenir, sin una comisión antimonopolios que, por definición, es pública, no un producto del mercado.
3.Un Estado poderoso y con recursos. Para los republicanos es tarea del Estado impedir situaciones de dominación. Una sociedad justa debe garantizar los derechos que protegen esa libertad de sus ciudadanos. Pero los derechos requieren recursos. Todos los derechos. El republicanismo se opone a la tesis liberal que establece un trazo fuerte entre unos derechos (negativos), legítimos, que protegerían su libertad negativa, esto es, que se limitarían a “prohibir” ciertas acciones que interfieran en la vida de los individuos (libertad de opinión, garantía de la propiedad, p.e.), derechos que no requerirían recursos, y otros, positivos (derechos al bienestar), que permiten la realización de ciertos objetivos (educación, sanidad) y que, según los liberales, no hay modo de determinar cuándo están plenamente satisfechos. Los socialistas recordarán que esa distinción resulta insostenible, que todos los derechos requieren recursos. Por ejemplo, asegurar la propiedad –un supuesto derecho negativo– requiere jueces y policías. Finalmente es una decisión política, colectiva, establecer prioridades acerca de qué derechos –y en qué medida cada uno de ellos— deben garantizarse. Por eso mismo, porque requieren recursos y su garantía es una acción colectiva, política, para que los derechos sean efectivos se necesitan Estados poderosos, capaces de impedir las intromisiones de poderes no sometidos a control democrático, entre ellos, los económicos.
4.Derechos universales. La Revolución francesa dramatizó y sintetizó la ruptura con los “derechos” entendidos como “privilegios” especiales vinculados a circunstancias locales (feudos, ciudades), grupos sociales (estamentos) o actividades (clero, artesanos…). Los “derechos” en las sociedades estamentales eran “los derechos” de alguien en su relación particular con el señor feudal o con el rey. Conferían ventajas especiales y, a la vez, dotaban de identidad (estamental, territorial) a sus beneficiarios. Frente a esto, las revoluciones democráticas defenderán la universalidad de los derechos, iguales para todos los ciudadanos. A lo largo del siglo XIX, los socialistas lucharán por que esa universalidad sea algo más que palabras, empezando por el derecho al voto. Incluso cuando hoy en muchos sitios la izquierda apoya medidas como la discriminación positiva, la existencia de cupos de representación que aseguren que ciertos grupos sociales tradicionalmente excluidos tengan una presencia en las instituciones políticas –en el poder público— que se corresponda con su real peso demográfico, el principio al que se apela -o al que se debería apelar— es el de universalidad: el reconocimiento de que su menor probabilidad de acceso a ciertas posiciones deriva de injusticias, de que los principios que valen para todos no valen para ellos, de que arbitrarias razones culturales o sociales impiden la real universalización de los derechos. (Hay que recordar, de todos modos, que la discriminación positiva es una práctica provisional, no un principio –que no puede ser provisional–, y, en este sentido, no carente de peligros y sobre el que debe ejercerse vigilancia. Aun cuando sea con la finalidad de universalizar un derecho, al privilegiar a unos sobre otros que no son el origen de la desigualdad, se está contraviniendo el principio de que no puede aplicarse una norma injusta para un bien justo. Motivo por el que, junto a su provisionalidad, debe ser restringida: no puede interdecir el derecho de todo un grupo. Si lo que se persigue es posibilitar el reflejo estadístico de una realidad social en un ámbito determinado, ya se ve que podrá prescribirse la presencia de un porcentaje de mujeres, pero no vedar el acceso de todos los varones a una actividad. Consideración que no deberemos desatender cuando se apele –injustificadamente—a la “discriminación positiva” de las lenguas: si tras asegurar la igualdad de derechos de los hablantes se conviniera privilegiar una lengua minoritaria en determinados ámbitos, eso no podrá significar convertirla en única, es decir, excluir la mayoritaria, como jamás podrá perseguir el cambio de lengua de los hablantes.)
5.El autogobierno y la profundización democrática. Quien no está sometido a otra ley que la que él mismo se da no puede, por definición, estar sometido a la voluntad de los otros. En una comunidad democrática, sin embargo, ese ideal no puede realizarse plenamente. Allí todos deciden sobre lo que afecta a todos. En ese sentido, todos se someten a la voluntad de todos, cada uno se somete a la voluntad de los demás. En tales circunstancias el mejor modo de garantizar el autogobierno es que todos los afectados puedan participar con igual capacidad de influencia en las decisiones, que todos estén expuestos a las razones de todos y que, por ende, puedan corregir sus juicios a la luz de consideraciones de interés general. Si mis razones han sido consideradas en la gestación de una ley, esa ley será un ejercicio de autogobierno. De ahí el compromiso republicano con un ideal de democracia participativa y deliberativa. Un ideal de democracia que, además, impide que el poder político, que precisamente se justifica porque asegura la libertad, la ausencia de dominación, se convierta él mismo en un poder arbitrario, en fuente de opresión.
La diferencia contra la igualdad
En buen hacer estratégico, cabría pensar que esta doctrina sumariamente descrita debería inspirar el día a día de las intervenciones políticas de la izquierda. Las diversas actuaciones encontrarían justificación en la medida en que contribuyesen a materializarlas. Sólo en ese caso cabría decir que, realmente, la política se corresponde con lo que tradicionalmente identificó a la izquierda.
Pues bien, con esa vara de medir, resulta difícil calificar “de izquierdas” la acción de gobierno del PSOE. Nada lo muestra mejor que lo que ha constituido el eje de su acción política: la reforma de los estatutos. Los problemas del “nuevo Estado de las autonomías” son, por supuesto, de eficacia: mayores costes de transacción y de información, mercados cautivos, inoperancia de la política exterior (diez Luxemburgos pesan menos que una Francia), peores servicios públicos (las barreras lingüísticas impiden la llegada de los mejores profesionales). Pero lo son, y no menores, de igualdad, democracia y libertad. Los diversos estatutos pueden decorar sus preámbulos con proclamas progresistas, pero, cuando esas buenas palabras las intentan traducir en cambios reales, las cosas se complican. Por diversas razones que, en algún grado, debilitan cada una de las líneas estratégicas descritas.
1.Deterioro de la redistribución. El Gobierno catalán ha reclamado al Gobierno central la renuncia de la potestad que éste conserva de regular –y por tanto de impedir–las rebajas fiscales promovidas por los gobiernos autonómicos. Desde una perspectiva de izquierda, la petición era apreciable. Pero inútil. La responsabilidad es, en gran medida, del Gobierno catalán que desató la carrera de los estatutos. El aumento de las competencias de cada uno, en estos asuntos, tiene la paradójica consecuencias de que disminuyen las competencias reales de todos. La competencia entre las autonomías por atraerse las inversiones tiene una herramienta de fácil manejo en la eliminación de los impuestos. Fácil e inevitable. Muchas comunidades autónomas no desearían –quizá por eso reclaman el aumento de sus competencias, o simplemente, por no quedarse atrás— bajar los impuestos pero, ante el temor de que las de al lado lo hagan, la estrategia más racional es anticiparse ellos. Con esa acción confirman a los demás en sus temores y la carrera no tiene fin. Todos la alimentan aunque nadie la quiera. Ha sucedido con los impuestos de sucesiones y donaciones y sucederá con otros. De hecho, ya hay comunidades autónomas que en su publicidad institucional proclaman su “buena” disposición impositiva. Lo de “nuestros impuestos para nosotros” muy bien puede ser los impuestos de todos para nadie. Cuando un privilegio se extiende a todos, nadie tiene privilegios. Si todos llegamos a ser Navarra, Navarra dejará de crecer más que los demás. La batalla perdida de las deslocalizaciones nos lo recuerda. No deja de resultar llamativo que, a la vez que se multiplican los lamentos ante deslocalizaciones sobre las que poco se puede hacer, se configuran diseños institucionales que constituyen incentivos para la deslocalización.
2.Debilitamiento de los instrumentos de intervención. Incluso si aceptamos la –a mi parecer, injustificada— equiparación entre descentralización y política autonómica, la descentralización no asegura soluciones más eficientes o más justas. En muchos casos, los sistemas descentralizados ahondan los problemas. Los retos políticos más importantes que tendremos que abordar (los problemas ambientales, el despilfarro de recursos, el terrorismo, etc.) tienen carácter planetario. Hacer frente, por citar un ejemplo “apolítico”, a la gripe aviar exige capacidad de intervenir y planificar, instituciones en condiciones de controlar desplazamientos humanos, aislar poblaciones, exterminar animales portadores, desplazar equipos, etc. Algo parecido sucede con las acciones terroristas o buena parte de las catástrofes naturales. Aunque presentan diferente naturaleza, todos esos retos comparten una cosa: su solución –o su gestión— necesita mecanismos centralizados de toma de decisiones, instrumentos poderosos capaces de coordinar información y acción. En ese tipo de situaciones, “el carácter residual del Estado” acaba por perjudicar a todos. Y si alguien se salva, si es que alguien puede hacerlo, nunca serán los de abajo, aquellos con menos poder, con menor capacidad de “aislarse” o huir de los problemas.
Aquí la apelación al mercado, como sistema descentralizado, está fuera de lugar. Incluso en aquellos ámbitos en que podríamos pensar en “soluciones de mercado”, en establecer derechos de propiedad que permitieran una gestión eficiente de ciertos recursos naturales, por ejemplo, se necesita una estructura política –un Estado—poderosa capaz de asegurar tales derechos, y eso siempre que las soluciones de mercado sean realmente aplicables, lo que pocas veces sucede en estos casos. (En realidad, el mercado, para cumplir sus (buenas) funciones, resulta incompatible con la dispersión de los poderes públicos y la multiplicación de barreras.)
3.La vaciedad de los derechos. Los derechos son algo más que buenas palabras. Sin capacidad real de ejecución y recursos, los prolijos inventarios de derechos –tan discutibles, por otra parte, desde el punto de vista democrático, en la medida que escamotean territorios de decisión a los ciudadanos— de los estatutos son poco más que pirotécnica verbal. No sólo por los mencionados problemas recaudatorios. Un estatuto puede proclamar el “derecho a la paz mundial” pero no garantizar ese derecho. Dado el ámbito de gestión será un brindis al sol. En otros casos, la propia dinámica de competencia –a la baja— entre comunidades autónomas hace inefectivos los derechos. Un derecho a la jornada de 35 horas –los derechos de los trabajadores en general— o unas leyes ambientales muy exigentes, si no hay instituciones centralizadas que obliguen a todos, acaban por expulsar las inversiones y, al final, resultan irrelevantes. De poco les sirve a los habitantes de un pueblo proclamar su derecho a “un aire respirable” si el ayuntamiento vecino autoriza la instalación de una papelera.
4.La desigualdad de derechos. Resulta difícil entender cómo aquellos que nacieron para luchar contra los privilegios “de origen” han acabado siendo fundamentados en función de “derechos históricos” o, lo que viene a ser lo mismo, condicionados a la existencia de “hechos diferenciales” para justificar tratos privilegiados, para exigir competencias especiales o para reclamar paquetes especiales de derechos. El problema no es que, en virtud de ciertas circunstancias, haya lugar para un conjunto de leyes o de políticas públicas que en otro caso no tendrían lugar. Es razonable que Extremadura no tenga competencias sobre el uso de lenguas públicas del mismo modo que no la tiene sobre las playas ni sobre las estaciones de montaña. En tal caso no se violan los principios generales de justicia, sino que sencillamente no cabe actividad legislativa sobre ello, del mismo modo que ningún país tienen reglamentación sobre cómo deben circular los platillos volantes. No supone ninguna diferencia de principio. Otra cosa es cuando “las diferencias” sirven para aplicar principios especiales. Ésa es la novedad de los derechos asimétricos: justifican un trato privilegiado, esto es, que, por definición, no se debe extender a todos. En la práctica, la apelación a las diferencias –por lo general, insostenibles empíricamente– quiere decir: si algo se generaliza (“el café para todos”), hay que volver a empezar y dar algo más a “los diferentes”.
La insistencia en “las diferencias” ha servido también para justificar desigualdades de derechos entre los ciudadanos del Estado. Es cierto que, como dije, en razón de los principios compartidos de justicia, puede estar justificado aplicar ciertas medidas protectoras para personas pertenecientes a grupos sociales que han sufrido discriminación. Sucede ejemplarmente con mujeres o minorías étnicas. La existencia de barreras institucionales o sociales que hacen que determinados individuos que participan de ciertos rasgos comunes (biológicos, sociales, culturales) vean disminuidas sin razón sus probabilidades de acceso a ciertas posiciones sociales se ha combatido de diversa forma. Además de eliminar las barreras, a través de las medidas de discriminación positiva, se intenta asegurar la presencia de miembros de tales grupos en proporciones tentativamente similares a su presencia estadística en el seno de la población.
Pero no es ese el caso de las propuestas estatutarias. Al revés, en ellas las diferencias se convierten en motivos de discriminación. El caso de los representantes políticos resulta particularmente elocuente. En Cataluña, mientras el 51, 9 % de los ciudadanos tiene como primera lengua el castellano, al lengua franca de todos, y el 39,9 % el catalán, entre los parlamentarios esas proporciones son, respectivamente, del 17, 9 y el 73, 2 %. En tales casos, lo que mandaría la política progresista es modificar los obstáculos, eliminar las circunstancias discriminatorias, los filtros lingüísticos, o, incluso, adoptar medidas de discriminación positiva para otorgar presencia a los excluidos. Pero nada de eso es lo que ha sucedido. Con un uso torticero de la noción, se echa mano de una singular “discriminación positiva de las lenguas minoritarias” para reforzar los filtros. En lugar de modificar las instituciones, para que las personas tengan la misma probabilidad de acceder a las posiciones de poder, se les exige que cambien “de identidad”. Por supuesto, ello se traduce en una refuerzo de la discriminación, no justificada por la tarea a realizar, perfectamente ejecutable en la lengua común de los ciudadanos.
5.La disminución de la calidad democrática. La democracia tiene que ver, muy fundamentalmente, con la igual capacidad de influencia política (“un hombre, un voto”) y con la efectividad del control democrático. Dos exigencias que el nuevo modelo autonómico está lejos de mejorar. El deterioro de la igual capacidad de influencia política se refleja en la violencia del principio de “comunidad relevante”, según el cual, sólo participan en las decisiones aquellos que se ven afectados por las decisiones. Las comunidades autónomas que disponen de competencias legislativas exclusivas –y “blindadas”– que otras no tienen, votan dos veces: lo suyo y lo de todos. Votan sobre decisiones que no les afectan, mientras los demás nada tienen que decir sobre lo de ellos. No sólo eso. Esa doble capacidad de influencia contamina la calidad democrática de todas las decisiones, no sólo de las que atañen a la competencia exclusiva: un voto sobre asuntos que no tiene consecuencias para el que lo ejerce, se convierte en un voto irresponsable –incluso se podrá optar para los otros por propuestas opuestas a las que se creen correctas para sí mismos– que se mercadeará al mejor postor, al que esté dispuesto a ofrecer más.
No andan mejor las cosas en lo que atañe al control democrático, supuestamente ahondado por la “proximidad” al poder político de los ciudadanos en las comunidades autónomas. Algo discutible. La proximidad relevante, y menos en el siglo XXI, no se mide en metros. Que la sede del Gobierno autonómico esté más cerca de mi casa que la del Gobierno central no me asegura un mayor control sobre el primero que sobre el segundo. Sucede con la democracia como con las recetas de cocina: si no están todos los ingredientes, no sirven. La cercanía geográfica no es la política. Es más, sin independencia de poderes o sin trasparencia, deteriora la calidad de la democracia. La proximidad ha producido el caciquismo, la connivencia con los poderosos, la corrupción y la asfixia de los discrepantes. La independencia se dificulta y el sistema de pesos y contrapesos, de mutua vigilancia, se entumece. No es historia antigua. Basta la experiencia catalana de apenas un mes (un presidente del Parlament –entre otros— que amenaza al Tribunal Constitucional con una crisis de Estado si sus resoluciones no le gustan; el rechazo de mociones parlamentarias que piden el cumplimento de la ley; dos propuestas de referéndum ilegales en el Parlamento), para reconocer señales inequívocas de empeoramiento de la democracia, de falta de control, de escrutinio y de responsabilidad. En buen hacer democrático ese tipo de sucesos darían lugar a la exigencia de cuentas políticas y dimisiones o, cuando menos, a la crítica a los poderes públicos por parte de “la sociedad civil”. Nada de eso ha sucedido, ni ahora ni antes, con casos no menos graves. La proximidad del poder tiene mucho que ver con ello. Así, unos medios de comunicación controlados de diversa forma por los poderes públicos –por públicos, por dependencia económica, o por simple trama social– describen la situación política como un “oasis” y tales actuaciones ni siquiera son objeto del debate público, cuando no se descalifica a quienes recuerdan –sobre todo si “son de fuera”– que suceden tales cosas u otras no menos graves, como las diversas formas de penalización (comercios, escolarización) lingüística, hasta el punto de que se considera un problema no lo sucedido, sino la noticia (“crispadora”) sobre lo sucedido.
***
La acción de gobierno del PSOE se ha revestido de grandes palabras. Se ha presentado como resultado de una genuina renovación estratégica y se han invocado tesis de supuesta hondura política (la “España plural”, por ejemplo) o filosófica ( “el multiculturalismo”). Una mirada atenta a la secuencia de los acontecimientos seguramente mostraría que, en realidad, hay menos planificación que improvisación, tanto en el origen (la oferta de la reforma estatutaria busca romper los pactos políticos entre CiU y el PP como en lo que ha venido más tarde (la carrera de los estatutos). Más allá de la hojarasca decorativa, el “proyecto” no parece responder a ninguna consideración estratégica medianamente vertebrada normativamente. Sólo necesidades de supervivencia política, alianzas circunstanciales, ingeniería electoral y mercadotecnia política.
En principio, no hay nada nuevo en ello. En política, como en la vida, es común revestir como decisiones meditadas lo que responde a simple oportunidad. Lo malo es que en ese juego se han tomado decisiones importantes, difícilmente reversibles y que han acabado por debilitar la realización de cualquier proyecto socialista, incluido el más tibio. Con todo, acaso no sea eso lo peor, sino la falta de limpieza intelectual con la que se ha abordado la operación. Uno se puede desviar del camino, pero a sabiendas, sin ignorar lo que en ello hay de resignación o de tregua, sin olvidar adónde quiere ir. Pero eso resulta imposible cuando se recrean y dignifican la debilidad y el desnortamiento. Es lo que ha sucedido con un PSOE para el que los principios no inspiran la política de alianzas sino que los principios se han modificado para justificar las alianzas. No es extraño entonces que, al final, de tanto repetirla acabe por convencerse de su propia fanfarria.
Marsá, se te va la pelota
Vale, PP, ¿pero no se te ocurre algo más?. Puede que a Marsá se le vaya la pelota, pero la pregunta es si tu tienes pelota
Operación de imagen
SANTIAGO GONZÁLEZ
[El Correo, 7 de julio de 2007]
Apenas se había disipado el humo de los últimos fogonazos en el debate sobre el Estado de la Nación cuando compareció el presidente del Gobierno ante la opinión pública, no para dar una explicación necesaria y pendiente sobre lo que se le había preguntado en el Congreso, el fracaso de lo que el propio Zapatero llama ahora «el llamado proceso de paz», sino para subrayar enfáticamente, con una remodelación del Gobierno, su afirmación de que la legislatura no había terminado.
Era perfectamente prescindible, desde el punto de vista de la gestión. Ninguna de las cuatro carteras que cambian de titular tiene en los meses próximos ningún asunto importante que requiera cambiar de ministro y de ministra, lo cual no quita, para que estemos ante una buena operación de imagen, aun a costa de una paridad que nadie echará de menos. Zapatero ha incorporado al Gabinete a dos fichajes, dos hombres avalados por su biografía profesional: el doctor Bernat Soria para Sanidad y César Antonio Molina, que sustituye a Carmen Calvo en Cultura. Supone una cierta justicia poética (y un alivio) que la ministra que dijo: «Un concierto de rock en español hace más por el castellano que el Instituto Cervantes» sea sustituida en el cargo precisamente por el director del Instituto Cervantes y no por Loquillo o por Alaska.
Carmen Calvo ha dado decenas de pruebas de su falta de idoneidad para el cargo que desempeñaba. La primera de ellas, dos días después de que su nombramiento apareciese en el BOE, al anunciar que iba a nombrar a Francisco Rico comisario del IV Centenario de El Quijote: «Será el comisario, aunque creo que tendríamos que cambiar esa palabra, no pega nada con cultura. Ya buscaremos otra, coordinador o responsable». Pobre Corominas. O cuando una semana después dejó esta perla en un discurso escrito para la entrega del premio Cervantes a Gonzalo Rojas: «esa vida que don Gonzalo Rojas ha sabido coger como rábano por las hojas» o en múltiples ocasiones a cuál más aparente. En cualquier caso, habría sido mejor cambiarla antes del estropicio de la Ley del Cine.
El cambio en Vivienda es irrelevante. María Antonia Trujillo ha sido el farolillo rojo del Gobierno desde el comienzo de la legislatura, pero no es suya toda la culpa. La pobre ha tenido que pechar con un Ministerio sin presupuesto y sin competencias, del que ha tenido que tirar a base ocurrencias, como la de las zapatillas o los pisos de 30 metros. Jordi Sevilla ha sido un ministro correcto que no ha podido ejercer porque los asuntos clave de su departamento, la cuestión territorial y especialmente el Estatut, los ha llevado personalmente el jefe.
Zapatero ha hecho una crisis para demostrar que la legislatura no estaba agotada. Pero el reajuste es justamente la prueba del nueve de lo contrario: un reclamo electoral, tal como definía ayer exactamente Antxon Urrosolo: «el presidente ha cambiado titulares de carteras ministeriales por titulares de prensa».
Javier Diaz….¿¿No crees que Marsá es grandito como para defenderse él solito sin que tú tengas que contar alguno de tus “chistes”??.
PD: Me gsutaría saber de donde son tanto tú(Javier) como Marsá, para ir yo también sacando mierda de sus pueblos, ciudades… . ¡¡ Y a ver quién gana !! ¿¿Donde habrá más mierda… mmmmmmmmmmm.
Y ahora censurenme el comentario porque, simplemente, no opino como ustedes. Venga hombre, ignorantes.
¿¿Los dos son Gallegos?? . jaa jaa jaa .
Aritmética para demagogos
Aurelio Arteta
[El País, 9 de julio de 2007]
No hacen falta inmensas dotes de profeta para predecir que el desafío lanzado en Euskadi a propósito de las listas electorales se prolongará en forma de agresión o amenaza cotidianas. Los boicots, intimidaciones e incluso los atentados fingirán legitimarse como respuesta al ultraje gubernamental de haber ilegalizado una coalición o ciertas candidaturas afines. Mejor aún, como la réplica de la verdadera democracia, avalada por un buen número de ciudadanos, frente a nuestra democracia ficticia, que los desprecia.
De modo que sería bueno preguntarse por el papel del número en la política democrática. Entendida ésta como el gobierno de la mayoría, un régimen sometido a los deseos de los más, todo lo que reclame el mayor número merecería sin más la credencial de democrático. Incluso es probable que sea eso lo que suponga el grueso de ciudadanos. Más grave es que lo entiendan así los señores Ibarretxe y Zabaleta, entre muchos de su entorno, para quienes los grupos políticos no se legalizan o ilegalizan por su conformidad con la ley, sino según los votos que obtengan en las urnas. Así lo entiende también el Gobierno Vasco en su Declaración del 9 de mayo, un documento que no traerá gloria inmortal a sus autores. Todos ellos hablan en nombre de partidos democráticos, no faltaba más, pero surten de estímulos y coartadas a los que no lo son.
Cuesta poco probar que tan estimulantes alegatos son fruto de la demagogia, no de la democracia. Pues ni la voluntad de los electores es omnímoda ni ella resulta el único elemento definitorio del régimen democrático, porque tampoco éste se reduce a un mero procedimiento de toma de decisiones. Como sólo fuera eso, la democracia no requeriría ciudadanos, sino simples sujetos de preferencias (igual que clientes en un mercado), y quedaría expuesta a su autodestrucción por simple mayoría. Sobra además cualquier palabra argumental que justifique lo que se solicita, y desaparece el “coto vedado” de derechos en el que está prohibido internarse: para una mayoría con semejante autoconciencia cualquier terreno sería de caza, incluida la caza del oponente.
Otro tanto vale para un número menor. Quienes vienen clamando contra la Ley de Partidos aducen que algo falla en nuestro sistema democrático si tanta gente de Euskadi -una minoría, con todo- queda privada de la que sería su representación política más propia. No se les ocurre preguntar, al revés, qué es lo que falla en tantos ciudadanos vascos para incumplir los requisitos de toda representación democrática. Resulta insensato proclamar que no puede ser injusto lo que tantos desean, en lugar de reconocer que lo injusto no mejora por numerosos (y vociferantes) que sean sus partidarios. Por eso, la virtud de un político demócrata no siempre estriba en acomodarse a la voluntad de la gente, sino en atreverse a contrariarla con razones cuando la ocasión lo requiera. De manera que será duro de admitir, pero una parte importante de la Comunidad Vasca se halla acampada fuera del territorio democrático, a falta de las categorías y disposiciones mínimas para la convivencia civil. ¿Qué ha de cambiar: el concepto y las reglas de la democracia o ese sector de la población de esa Comunidad? Siendo una patología política indudable, ¿nos ponemos a tratar al enfermo o certificamos que goza de una salud (disculpen el chiste) a prueba de bomba?
Algún hombre de leyes prefiere hablar de “liquidación electoral de una minoría”, como si pudiera ensancharse a capricho la idea y el cauce de la representación democrática. Pero el caso es que no todo lo que está presente en una sociedad debe ser políticamente representado. Si algunas realidades (como los gustos culinarios de los ciudadanos) no se representan debido a su irrelevancia política, otras son irrepresentables: tienen una evidente presencia social y relevancia pública, pero no deben tener representación democrática por ser ilegítimas.
La voluntad ciudadana debe hacerse oír en público, claro está, pero no esa que manifiesta un propósito coactivo ni una amenaza criminal de eliminar a sus adversarios. Los portavoces de semejante voluntad pierden inmediatamente su derecho al sufragio pasivo. En democracia no pueden ser elegibles quienes jalean o admiten impertérritos que se atente contra la vida y libertad de otros muchos electores y elegibles.
Por aquí tropezamos con el límite democrático último que acota el poder del número, cuando este número reúne a personas intolerantes. Llamamos así no sólo a quienes proclaman su empeño de obtener un objetivo político por el terror, sino también a sus cómplices. Frente a todos ellos, la intransigencia se convierte en un deber ciudadano. Aquella beatífica fórmula de que entre nosotros hay lugar para “todas las ideas, todos los proyectos y todas las personas” es rechazable por contradictoria: el pluralismo puede acoger todas las creencias o modos de vida, salvo los que suprimen precisamente ese pluralismo. Una tolerancia ilimitada entraña una falsa tolerancia, porque, al consentir lo intolerable, aceptaría lo que acaba con ella misma. Y mal puede invocar tolerancia para sí y los suyos quien la niega a sus adversarios.
Bien mirado, nuestro intolerante comienza por quebrantar la igualdad de partida de los sujetos políticos. Él no se conforma con la misma capacidad de influir en la cosa pública que los demás ciudadanos (mediante su palabra, su voto u otra forma de participación política), sino con una capacidad mucho mayor: la que añade la violencia terrorista que a él le respalda y a los demás paraliza de miedo. Los fanáticos se asignan a sí mismos mayores derechos que al resto. De ahí la gravísima confusión del consejero vasco ¡de Justicia!: la Ley de Partidos no rompe la igualdad ciudadana, como él acusaba, sino que más bien trata de reponer en nuestra sociedad esa igualdad que el recurso al terror hace tiempo ha deshecho.
Pero lo que decimos de los asesinos y sus cómplices inmediatos, ¿por qué no ha de extenderse a los cómplices de los cómplices? ¿Sabría alguien señalar el punto exacto donde se interrumpe la cadena de complicidades? Y si la distancia respecto del asesino no deja ya lugar a la responsabilidad penal, ¿acaso se habrá extinguido también la responsabilidad moral?
Avaros y sin embargo suicidas
Félix de Azúa
[El País, 10 de julio de 2007]
Una vez superado el pueblo mundialmente conocido como La Pera, dejarás a tu izquierda el viejo lupanar amarillo tan chulo como un fotograma de Wim Wenders; entonces tomas a la izquierda por el desvío de Serra de Daró procurando que no te aplaste un tráiler polaco. En el momento de superar la cresta previa al cruce de Foixá, verás que se abre un panorama excelente, sobre todo cuando sopla la tramuntanita y todo luce como en un Memling. Hasta ese momento, el turista ha cruzado poblachones crecidos a velocidad vertiginosa en los últimos diez años, enterrados por naves industriales, almacenes ruinosos, alpendres de Uralita, basura industrial, camionetas oxidadas y chalets de infame construcción para munícipes. Es un tramo abrumador con una vía nacional, la que cruza Celrá y Bordils, siempre atestada gracias a los camiones y a los semáforos impuestos por ayuntamientos que se negaron a permitir circunvalaciones. Son vías de línea continua ideales para el conductor local montado en una moto o en un cochecito con tuning. Te parece estar viendo la publicidad de la tele.
Por el contrario, desde la carretera de Serra, tras el desvío y el descrestar, divisarás un panorama casi intacto, respetable. Los campos ordenados y fértiles se extienden hasta el mar en dameros que sugieren trabajo y riqueza. La línea del horizonte la forman el femenino perfil del Mongrí y las peladas islas corsarias del Estartit. Es un paisaje que da idea de cómo pudo ser el Ampurdán de la invasión napoleónica y de cómo ha sido sistemáticamente machacado por todos los gobiernos (fascistas, nacionalistas, socialistas, conservadores o secesionistas) y por todos los ayuntamientos en sus complicados apareamientos, hasta hacerlo desaparecer. La causa de tan portentosa unanimidad en la destrucción es sencilla y rotunda: el dinero, el parné, la pasta. Aquí no hay ideología que valga, sólo codicia.
Un país raquítico, con una incultura secular, sediento de todo lo que se atribuía a “los europeos”, desde las gabardinas hasta el bidet, y con una clase dirigente que no haría mal papel en Liberia, no ha dado más de sí en los dos últimos siglos. Las costas valencianas, gallegas, catalanas o andaluzas han sido laminadas sin misericordia. Cierto que hay también una cierta matización en el desastre, según sea la región; sin embargo, ese cromatismo lírico es un considerable misterio. De momento, ningún historiador o sociólogo ha sido asaltado por la curiosidad de investigar la España plural de la codicia. Un asunto tan interesante…
¿Ha sido el mayor grado de barbarie lo que ha creado en Murcia esos monstruos que sólo encuentran pareja en los secarrales de La Mancha? ¿El gen morisco? ¿Será la venganza del arroz lo que ataca con flatulencias dolorosas todo el Levante y su urbanismo excremencial? ¿Es el metódico destrozo catalán más sensato que el que asuela la costa asturiana, gracias a la herencia noucentista? ¿A la protección de la Moreneta sobre tanto varón célibe y ahorrativo? ¿Y qué decir del espanto de las rías cocainómanas? ¿Ataques de la gaita paranoica? ¿De la empanada alucinógena? Algún día alguien estudiará el episodio de salvajismo más interesante de la Europa de posguerra, sólo igualado por la Sicilia del cemento y la heroína (inyectable). ¿Cómo fue posible que el franquismo se prolongara tantos decenios hasta dejar el país convertido en una sartén donde hierven de sed los rascacielos vacíos? ¿Quién lo sustentó, a quién enriqueció el caos y el expolio?
Que los ciudadanos apenas cuentan en la política española es bien sabido y explicable dada la peculiar herencia eclesiástico-castrense del país, así como la no menos curiosa biografía de sus dirigentes jamás editada. A pesar de todo, que no se haya producido alguna corrección democrática en nuestro tradicional despotismo, sino quizás todo lo contrario, desconcierta. El equipo que gobierna en el Ayuntamiento de Barcelona, por poner un ejemplo, ha sido elegido por un veintitantos por ciento de la ciudadanía, pero, viendo actuar a los ediles, se diría que lo respalda el ochenta por ciento, como a Sarkozy. Una mayoría de ayuntamientos que han logrado componerse son el hijo putativo de negocios y pactos perfectamente opacos y por completo ajenos a los programas de los partidos. La ciudadanía sabe que tales bastardías son consecuencia de la más cruda codicia, pero no puede oponerse a ella, no tiene medios y sabe que en las próximas elecciones volverán a las andadas. Por eso va dejando de votar. También es cierto que, aunque pudiera oponerse, quizás tampoco lo haría, como han demostrado los protectores de la mafia del ladrillo en las últimas municipales. En España, la ideología política, como la fe religiosa de hace unos años, es el disfraz que dignifica la más cruda explotación económica y el exterminio del insumiso. En este punto, la España plural es una.
La zona geográfica que nos sirvió de entrada y sobre la que Pla escribió algunas de sus mejores páginas ha sido para mí como el hijo de un matrimonio amigo al que has ido viendo crecer sin participar seriamente en su vida. Le has visto pasar del potito de zanahoria al cochinillo asado como en una secuencia de diapositivas. Así que, aunque sus padres lo tengan por un cráneo privilegiado y la flor de Olmedo, uno sabe la verdad y no le ciega ni el sentimiento, ni el interés, ni el orgullo. Cuando lo conocí de niño aún guardaba un aire de criatura rústica, algo bruto, pero de buena madera, un muchacho con ilusión por no morir tan idiota como sus padres y abuelos. En la actualidad es un anciano que no sabe despojarse de la ropa infantil y simula bailar el twist, como en los viejos tiempos, cuando ya le conviene la danza macabra de Saint-Saëns. Dio el primer estirón con la masificación del turismo y las segundas residencias que brotaron como hongos venenosos en los años setenta. Los servicios y la pequeña industria consecuentes lo pusieron en la edad adulta, pero luego ya no hizo nada más y se dispuso a gozar de lo conquistado con aire de galán verbenero, se acomodó a la haraganería nacional. En la actualidad, unas carreteras que construyó Primo de Rivera para las diligencias soportan el paso de millones de vehículos entre los que se cuentan miles de camiones de hasta ocho ejes, pero también ciclistas y tractores, una belleza argelina. Al nene del Ampurdán todo se le ha quedado pequeño, pero persiste en el gesto de estar esperando a que las suecas se sienten a comer una ensalada por ver si liga y les saca unos duros para Varón Dandy.
El viajero que ha constatado cómo las zonas turísticas de Francia, de Inglaterra, ¡incluso de Italia!, mejoraban con el tiempo, eliminaban los restos de barbarie, añadían silencio y verdura a las zonas residenciales, se civilizaban y organizaban racionalmente separando lo industrial de lo turístico, lo agrícola de lo urbano, aunque se perdiera la pátina arcaica y romántica, se pregunta por qué en España el desarrollo y la riqueza han de dar siempre como resultado la hecatombe, el triunfo de lo cafre y de lo cutre. ¿Será por un atávico temor a la miseria acumulada durante siglos de bocio y malaria? ¿Por la inexistencia de una educación sensata, la cual, por cierto, ha ido empeorando de legislatura en legislatura? ¿Será el catolicismo, su desprecio de la vida terrena y su respeto por los depósitos bancarios? ¿O el nacionalismo y el hábito de esconder los billetes de quinientos bajo la bandera? ¿Qué componente de todas las regiones españolas es el que nos condena a vivir peor cuanto más ricos somos?
No todos, por supuesto, no estoy loco. Quienes vivieron en la más completa desesperación durante generaciones ahora gozan de una situación confortable. Las aldeanas ya no visten sayas y tocas negras como en los chistes de Forges, sino que exhiben estupendos piercings ombiliculares y se depilan los artejos pedestres. Los aldeanos ya no arrean la mula, sino que ponen a doscientos por hora el Golf. No obstante, eso también sucedió en la Francia, la Alemania y la Italia de posguerra, el paso de la miseria a la comodidad, pero con resultados opuestos a los nuestros. También allí se produjo un rápido enriquecimiento, pero no dio lugar al desbarajuste del territorio y al desierto de cemento.
El lugar infernal de la carne de cañón lo ocupan en España, ahora, los inmigrantes llegados por millones en los últimos diez años, justo en el momento de la explosión cementera. ¿Será esa la explicación? ¿La mano invisible del Zeitgeist está diseñando nuestro país para acercarlo a Quito, Turquía, el Magreb o Rumania, porque estamos creando un hábitat digamos que “mediterráneo” de igualados caracteres físicos y espirituales? ¿Está la Providencia diseñando un bloque urbano del sur, con un paisaje homogéneo, sin sobresaltos ni transiciones bruscas, desde Ankara hasta Algeciras, lo que explicaría, de paso, las quejas identitarias de los vascongados? ¿Sube Oriente y baja Occidente? En todo caso, me parece que nos ha tocado la china.
¡Qué extravagante, qué inexplicada condena la de los nacidos en el Mediterráneo, y que me perdone Serrat, que es un santo y no tiene la culpa de nada de todo esto!
Final del terrorismo sin diálogo con ETA
ROGELIO ALONSO
[ABC, 14 de julio de 2007]
A pesar del fracaso de la negociación con ETA, todavía se insiste en mantener abierta la vía del diálogo con la organización terrorista, si bien se matiza que sólo tendrá lugar en determinadas circunstancias y sobre aspectos concretos como la disolución de la banda y la situación de sus presos. Sin embargo, la reciente experiencia, y otras anteriores, revelan cómo esa opción facilita a ETA el engaño de dirigentes y ciudadanos predispuestos a aceptar las señales equívocas que sobre su hipotética desaparición los terroristas deseen transmitir. De esa forma el Estado pone a disposición de ETA un instrumento con el que, en momentos de debilidad, la banda genera una notable confusión dividiendo a quienes se encargan de combatirla. En esas condiciones, y tras haber sufrido el terrorismo etarra durante décadas, la ansiedad colectiva derivada del deseo de poner término a la violencia puede ser fácilmente manipulada. Así ha ocurrido en estos tres últimos años, enfatizándose la incompatibilidad de negociación e intimidación pese a la existencia de ambas en condiciones inadmisibles al infringirse la resolución parlamentaria que sólo autorizaba el diálogo si antes los terroristas demostraban una «clara voluntad de poner fin a la violencia». El gobierno ha insistido en que no traspasaría unos límites que, no obstante, ha rebasado, justificando dicha vulneración mediante la relativización de las reglas impuestas al inicio del proceso. Se oculta así que el establecimiento, aparentemente firme, de dichas demarcaiones obedecía a la necesidad de respetar un procedimiento sin el cual la iniciativa carecía de validez.
Consecuentemente, si la resolución del Congreso pretendía dar legitimidad a la negociación, el incumplimiento de dicho mandato evidencia la ausencia de cobertura para una política, por tanto, dañina. Se ha intentado encubrir el éxito que para ETA supone esa cesión gubernamental enmascarando el escenario de negociación bajo un imaginario y positivo «fin dialogado de la violencia» que no era tal. Con esos precedentes la oferta de diálogo para el futuro proporciona a ETA la posibilidad de volver a gestionar a su conveniencia su actividad terrorista, sabedora de que a pesar de sus crímenes dispondrá de otra oportunidad en la que nuevamente podrá debilitar al Estado mediante tácticas similares a las que ya se han revelado eficaces para los terroristas. Así lo avala la pertinaz posición del gobierno presentando como una obligación de todo gobernante el diálogo con terroristas a pesar de que, obviamente, ningún dirigente debe comprometerse con acciones que una y otra vez se demuestran contraproducentes. Por todo ello, parece razonable descartar categóricamente el diálogo y la negociación con la banda en supuestos como los que hoy siguen defendiéndose.
Es precisamente la disuasoria credibilidad que se desprende de tan firme negativa la que garantiza el abandono del terrorismo sin concesiones para el Estado, como ocurrió con el dirigente etarra Francisco Múgica Garmendia y otros presos que en 2004 reclamaron la finalización de la violencia tras concluir que la «estrategia político-militar» de ETA había sido «superada por la represión del enemigo» ante «la imposibilidad de acumular fuerzas que posibiliten la negociación en última instancia con el poder central». Este significativo episodio de desvinculación constata que el abandono del terrorismo es posible sin diálogo con los terroristas, siendo viable dicha salida precisamente como consecuencia de la ausencia de negociación. Por tanto la eliminación de esa expectativa de diálogo se convierte en una condición necesaria para la ansiada desaparición de la violencia. En cambio, la promesa de dialogar con la banda asume implícitamente la progresión hacia una negociación que excede los límites, en apariencia infranqueables, que se fijan con objeto de ensalzar las ventajas de un diálogo que en teoría nunca se realizaría bajo la amenaza de la violencia y que quedaría restringido a la situación de los presos y a la disolución de la banda. El motivo radica en que cuestiones tan concretas ya pueden, y deben, abordarse mediante mecanismos existentes en nuestro sistema democrático, sin que se requiera para ello crear instrumentos ad hoc. Al supeditarse el fin de la violencia al diálogo entre una organización criminal y el Estado, éste asume parte del argumentario terrorista que denuncia la imperfección de la democracia, argumento que resultaría cierto si realmente no fuera posible la salida del terrorismo sin una negociación que, sin embargo, no ha sido precisa para que otros terroristas renunciasen a su militancia.
El implícito reconocimiento de indulgencia penal que conlleva la admisión del diálogo en condiciones como las referidas coadyuva a superar esos límites fijados por el Estado, abocando a éste a una negociación política que pasa a ser justificada en aras de una aspiración tan loable como la erradicación del terrorismo. Bajo pretexto de que el fin último justifica los medios, el Estado alienta así la creencia en la eficacia de la coacción, premiando al terrorista con una favorable distinción cualitativa de la pena y de sus crímenes. En consecuencia, ETA da por descontado que la impunidad para sus presos es una concesión ya conquistada que le induce a plantear su disolución sólo a cambio de otros objetivos más ambiciosos. De ahí que el prometido diálogo sobre «paz por presos» deje de representar un factor de disuasión, incentivando el mantenimiento de la amenaza una vez el terrorista ve confirmado que el Estado relega la aplicación del sistema penal y de procedimientos ordinarios inalterables frente a otros criminales. Por el contrario, la negativa del Estado a establecer dicho diálogo, defendiendo las vías de salida del terrorismo que la democracia ya ofrece, aporta credibilidad a la posición estatal garantizando que la paz y la libertad se antepongan a la política. En esas circunstancias las redenciones serían resultado de la efectiva desaparición de la violencia, favoreciendo la presión sobre ETA desde su propio entorno de acuerdo con la lógica que en 2003 se apreciaba en Gara. En serios momentos de debilidad para ETA simpatizantes del entorno radical señalaban: «Hay algo importantísimo que de primeras ganaríamos sin ETA: no habría seiscientos detenidos al año. Habría treinta y, quizás, tras varios años, nadie». Otro articulista añadía: «La izquierda abertzale ha probado durante treinta años con ETA. Que pruebe ahora sin ella».
Estas críticas confirman que el abandono del terrorismo no exige que el Estado construya una narrativa legitimadora de dicha opción mediante la oferta de diálogo, siendo ese relato explicativo responsabilidad de ETA. Los hechos ratifican que sus dirigentes podrían articularlo si existiera una verdadera voluntad de renuncia. Ésta únicamente parece posible en un escenario de derrota incompatible con una coyuntura de final dialogado como el acometido, pues sólo así se fomenta el cuestionamiento táctico de una violencia que entonces sí resulta contraproducente para ETA. Debe subrayarse que nuestro ordenamiento contempla ya la reinserción de los terroristas, si bien condicionada a la renuncia a la violencia para evitar que el terrorismo extraiga «ventaja o rédito político alguno», tal y como demanda el Pacto por las Libertades, y en contra de lo que supone el fin dialogado propugnado. Las razones aquí expuestas demuestran que el ofrecimiento de diálogo estimula la continuidad de la amenaza al racionalizar los terroristas que su violencia siempre será recompensada, y no penalizada, con otra oportunidad. De ese modo los dirigentes políticos, seducidos por el objetivo último de terminar con el terrorismo, se ven impelidos a ceder a ETA la iniciativa en la política antiterrorista convirtiendo el diálogo en un arma contra el Estado.
Jerónimo Saavedra, alcalde de Las Palmas
“Los de AP de Fraga son unos benditos comparados con la generación que dirige actualmente el partido”
-¿Qué le decidió a volver a la política activa, tras haber abandonado el Senado en 2003?
Lo decidí en un mitin que dio Zapatero en Las Palmas, el verano pasado. Me sorprendió la gran comunicación que había entre Zapatero y la gente del público. Yo no lo había visto, ni con Felipe González ni con Almunia. El clima estaba muy volcado hacia él. Y yo, gratamente sorprendido, le hice una confidencia al Consejero Delegado de un medio de Comunicación. Le dije “la música local empieza a no sonarme mal”. Poco después apareció en la prensa y aquello se convirtió en una realidad imparable. Además, vimos que entre Juan Fernando y yo podíamos hacer un buen equipo en Gran Canaria y conseguir el Ayuntamiento y el Cabildo. La verdad es que tomé la decisión en una semana. Y debo decirle que me enrolé en esta aventura con el equipo de Zapatero sabiendo bien lo que hacía. Hubo una época en la que no entendía la obsesión de algunos compañeros por pasar página y apartar a muchos socialistas muy válidos por una cuestión generacional. Yo fui renovador en los 80 y me di cuenta de que, con esos argumentos que yo defendía, me estaban renovando a mí. Me sentía arrinconado y no me cansaba de decir a la dirección del partido: “utilícennos”. En el PSOE hay mucha gente válida que está siendo desperdiciada.
-¿Esto último es un mensaje a Zapatero, a José Blanco?
No, no. No necesito enviarlos. Todos los compañeros saben perfectamente lo que pienso, porque acostumbro a decirlo en los Comités Federales. Nunca he ocultado mis discrepancias: defendí el marxismo contra Felipe González en el 28º Congreso, apoyé a Izquierda Socialista, la corriente crítica dentro del PSOE…Y ahora digo que el PSOE tiene algunos problemas de falta de humanidad con los compañeros.
-¿Qué otros problemas observa?
Pues mire, me preocupa la desaparición de la Secretaría de Formación del partido, en los últimos tiempos. Esa secretaría es fundamental, porque forma ideológicamente a nuestras gentes. Si no hay una cultura política de fondo, corremos el riesgo de ser un mero aparato de confección de listas. Sino ¿en qué nos diferenciamos de la derecha? Defenderé que se restablezca esa Secretaría en la próxima Ejecutiva.
Otra cosa que echo de menos son las polémicas ideológicas en las reuniones del Comité Federal. En tiempos de Felipe González, teníamos unas polémicas enormes, pero ahora no hay la menor crítica a la dirección. NO sé si es que mi generación se ha desfogado y las siguientes no tienen esa necesidad de desfogarse…
-¿Ha sido un error anunciar que Bono será candidato por Toledo en las elecciones generales y, especialmente, sucesor in pectore de Manuel Marín como presidente del Congreso de los Diputados?
El anuncio de que Bono será Presidente del Congreso ha sido una pasada y un patinazo. No se puede cantar victoria antes de celebradas las elecciones. Y la elección del Presidente se hará en su momento, siempre que se alcancen las mayorías suficientes. Por lo demás, que Bono sea cabeza de lista en Toledo me parece muy bien, porque es un tío muy válido, con una gran experiencia y que representa a un sector muy importante y necesario en el PSOE.
-Cuando usted estuvo en el Gobierno de España, en los ministerios de Educación y en el MAP, a principios de los 90, había mucha crispación y un enfrentamiento desmedido entre Gobierno y oposición ¿Le recuerda a la situación actual?
Hay serias diferencias. En aquellos momentos estaban ocurriendo cosas muy graves, pero ahora el PP está instalado en la crispación por la crispación. No hay ninguna razón para que el PP monte los shows que monta. Yo, que me asombraba ante la obsesión del PP de los 90 por el aplauso y por el abucheo, la descalificación, etc. he llegado a pensar que los de AP de Fraga son unos benditos comparados con la generación que manda en el PP. La actitud del PP es francamente preocupante.
-¿Prevé alguna consecuencia inmediata a causa de esa actitud popular?
Más bien espero que la gente no se deje impresionar por ese tremendismo del PP. Por nuestra parte, los socialistas tenemos que distanciarnos de ese estilo y no entrar en la crispación. Nosotros a lo nuestro: luchar contra el terrorismo, defender el Estado del Bienestar y mejorarlo, además de hacer un esfuerzo por comunicar lo que estamos haciendo. Y, por supuesto, mantener ese “talante” de Zapatero. Todo ello nos permitirá ganar las elecciones.
-Y si gana el PSOE ¿Una legislatura más plagada de crispación y bronca?
Espero que no, que el PP aprenda la lección y que alguien diga “nos hemos equivocado y hay que cambiar de forma de hacer política”. Pero también le digo que yo no había visto jamás algo semejante al miedo que logran imponer desde la dirección del PP a sus militantes. Practican el unanimismo a ultranza y eso no hay militante que lo resista. Yo he llegado a recibir cartas de ciudadanos que me confiesan ser militantes del PP, pero que me han votado porque no podían soportar el estilo autoritario de sus líderes.
-¿Qué opina de la reacción de la Conferencia Episcopal y de su portavoz, Martínez Camino, ante el nombramiento del científico Bernat Soria como ministro de Sanidad?
Me pregunto cómo es posible que los Pirineos sigan existiendo para la Iglesia española. Porque ni la Iglesia Francesa ni la Alemana tienen la actitud que tiene la nuestra. La Iglesia francesa no adopta una actitud antisocial, como en España, y ambas están formadas en la misma doctrina. En Francia la Iglesia no protesta por la laicidad de su Gobierno, pero en España, no podemos tomar ninguna medida en el campo de la investigación, de conductas sexuales saludables sin ponernos en estado de alerta ante la reacción desmedida de la Iglesia. Sé que no es toda la Iglesia española, pero es la parte que manda, precisamente, la que actúa así.
- Usted se ha convertido en alcalde de Las Palmas tras vencer por mayoría absoluta a la candidata del PP, que gobernaba tras ganar por mayoría absoluta, también ¿A qué atribuye este inusual vuelco electoral?
A una buena campaña, un buen equipo y una manera distinta de hacer las cosas. Durante la campaña mis rivales preguntaban ¿dónde está el candidato socialista? Y yo les respondo ahora: estaba en los barrios, reuniéndome con la gente, escuchando sus problemas, sus necesidades y elaborando planes de actuación, de realización de obras, etc. Por otra parte, existe también el lógico desgaste de la anterior alcaldesa, pero es cierto que, aunque ese desgaste venía marcado en las encuestas previas, no se esperaba ese vuelco final.
-La noche del 27-M, al subir al escenario ante la militancia socialista, para celebrar su victoria, usted les dijo “Bueno, ya no tenéis que tener miedo” ¿A qué se refería? ¿A sus rivales?
No. Me refería a una cantinela que sacaron en campaña desde CC. Su candidato, José Carlos Mauricio, que hizo toda la campaña con un gran complejo de superioridad, decía que el día después de las elecciones yo estaría llamándoles por teléfono desesperadamente, pero que su teléfono estaría comunicando. Por eso, lo que quise decir fue que, afortunadamente, no había que llamar a ningún teléfono, porque teníamos mayoría absoluta.
-En el caso del Gobierno de Canarias ¿Cree que el teléfono de Paulino Rivero estuvo comunicando desde siempre y que hubo pacto previo con el PP antes incluso de celebrarse la campaña, como se ha venido diciendo?
Sin ninguna duda. PP y CC ya tenían pactado su acuerdo antes de las elecciones. Nosotros denunciamos incluso que tenían pactados los cargos y apuntamos que José Manuel Soria iba a ser el vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda. Lo dijimos durante la campaña y así ha sido. También es cierto que en la campaña Juan Fernando López Aguilar aludió mucho al tema de la corrupción y eso imposibilitó aún más un acuerdo que, aunque sin entusiasmo, hubiéramos tenido que hacer con CC para poder gobernar en Canarias.
- Juan Fernando López Aguilar se queja amargamente del sistema electoral canario…
Es que este sistema es el que ha permitido que CC, que ha desaparecido, por ejemplo, de la isla de Gran Canaria, se perpetúe en el poder. Desde la Reforma del Estatuto de Autonomía que pactaron en 1996 PP y CC, en la que se elevaron las barreras para acceder al Parlamento, queda eliminada cualquier posibilidad de pacto con otra fuerza política que no sea CC. En estas últimas elecciones, sin ir más lejos, 150.000 votos se han ido directamente a la papelera a consecuencia de esta Ley Electoral. Es un sistema disparatado y el PSOE tiene que apostar fuertísimo para modificarlo en la Reforma estatutaria que está ahora en el Congreso. Creo que el PSOE debería plantearse seriamente el devolver ese Estatuto si siguen estos manejos de PP y CC en contra de lo que decidió el Parlamento y ellos mismos votaron a favor, aunque ahora quieren cambiar.
-¿Qué opina del episodio ocurrido durante el debate de investidura de Paulino Rivero, cuando se descubrió que el Parlamento había certificado esa investidura antes incluso de haberse producido?
Creo que el caribeñismo de CC y de su forma de hacer política llega a límites insospechados. Todo ese lamentable episodio, de intentar comunicar al Rey y al Gobierno antes de tiempo el nombramiento de Paulino Rivero sólo tenía por objeto permitirle asistir al día siguiente, a las cuatro de la tarde, a la inauguración del Telescopio de La Palma, junto al príncipe de Asturias en calidad de presidente de Canarias. Hombre, si su antecesor fuera de otro partido, tal vez lo entendería, pero Adán Martín es su compañero. ¿A qué viene tanta inquina y tanto querer barrerlo del mapa? La verdad es que Martín no lo hizo tan mal, pese a su abulia y su actitud hamletiana.
LOS PRINCIPIOS Y/O EL PODER
Rosa Díez
[Basta Ya, 17 de julio de 2007]
Ayer comentábamos una información publicada en El País y firmada por Anabel Díez según la cual las negociaciones entre el Partido Socialista de Navarra y Nafarroa Bai se habían estancado en el reparto ddel poder. En la misma información Anabel Díez, periodista rigurosa y generalmente bien informada, explicaba que ambas formaciones políticas habían alcanzado ya un acuerdo programático.
Como ya comenté ayer, me llama mucho la atención que haya pasado apenas desapercibida una aseveración de tal calibre; porque de ser cierta resultaría una descarnada negación de la Política, entendida ésta como un instrumento para gestionar lo público en interés y al servicio de la ciudadanía. Desde esa perspectiva, resulta sorprendente que un partido de tradición federalista y socialdemócrata y un conglomerado de partidos anexionistas, separatistas, independentistas, nacionalistas radicales sean capaces de encontrar con relativa facilidad (así se nos ha venido diciendo) un marco de acuerdo político para gobernar los destinos de los ciudadanos de Navarra y proclamen que no se ponen de acuerdo en el reparto del poder. Lo primero me parece un ejercicio de cinismo, porque el acuerdo entre formaciones políticas que se presentaron a las elecciones con proyectos tan antagónicos en lo sustancial requiere de “mucha cintura”, que diría el boss; lo segundo me parece, sencillamente, escandaloso. No sólo que ocurra; sino que ocurra, que se nos diga y que no pase nada. ¿Será cierto que la sociedad está tan harta de nosotros los políticos que ha perdido hasta su capacidad para escandalizarse?
El Partido Socialista de Navarra, Puras, Blanco…, han repetido hasta la saciedad tras las elecciones del 27 de mayo que los navarros votaron cambio, que los navarros votaron para echar a UPN del Gobierno, que los navarros quieren un gobierno “de progreso”, que UPN nunca estaría en un gobierno sin que Puras fuera Presidente. Si todas esas aseveraciones fueran ciertas –ciertas en el sentido de que al menos quien las dice creyera en ellas– el gobierno con NaBai se hubiera formado al margen del reparto de carteras; pues los socialistas que así han hablado no supeditarían el progreso de los navarros a algo tan fútil como una cartera más o menos. Si creyeran en eso que han afirmado, no habrían propuesto ayer mismo, nada más romper las negociaciones con NaBai, un “gobierno de entendimiento” en el que estén todas las fuerzas políticas, pero sin cuestionar ya la presidencia para Puras. O sea, que no nos cuentan la verdad porque quizá la verdad no se sostiene; pero lo que nos cuentan es verdaderamente insostenible. Salvo, insisto, que la sociedad esté tan amordazada, tan harta de nosotros los políticos que acepte como “normal” que un gobierno no se constituya –o lo haga– por únicos y exclusivos cálculos de poder partidario.
El poder, el deseo de desplazar a UPN, de volver a tocar poder, es lo que ha movido todo el proceso de negociación desde la noche del 27. El “programa” lo han podido maquillar; ya dije ayer que el papel lo soporta todo. Pero cuando han llegado a aquello que no se puede disimular, al reparto de carteras, unos y otros han demostrado que son insaciables; y se ha roto la cuerda. Si hubieran estado unidos por algo más que por intereses mercantiles, si la Política, los “intereses de los navarros”, hubieran estado en la cabeza de los negociadores, el final hubiera sido otro. Es tan descarnado, tan obscenamente evidente, que asusta.
Izquierda Unida ha dado cuenta ya de la última conversación que ha tenido con Puras: “el dirigente de Izquierda Unida de Navarra, José Miguel Nuin, que se reunió con Puras después de Nafarroa Bai, ha declarado que su formación seguirá intentando el acuerdo porque hay “un mandato ciudadano” aunque ha admitido que el PSN les había trasladado que en este momento “no está en disposición” de llegar a un acuerdo. Las explicaciones dadas por Puras “es que no pueden mantener ni la propuesta que nos hicieron y que nada de Gobierno de coalición”.
Nuin ha explicado que las razones dadas por Puras a los miembros de Nafarroa Bai se basan en “que hay unas elecciones en ocho meses en el contexto estatal y eso les impide sustanciar el cambio político en los parámetros que nosotros pedimos, que son los lógicos y ellos lo reconocen“.
Siempre creí que el acuerdo entre los socialistas y Nafarroa Bai saldría adelante si no suponía un lastre demasiado fuerte para Zapatero en las Generales. Siempre pensé que la apuesta del PSOE en primera instancia era el pacto con los nacionalistas (muchos datos, muchas declaraciones, muchas intervenciones del Comité Federal y de la Comisión Ejecutiva así lo avalan). Siempre creí que lo único que podía hacer fracasar esa opción política era la demoscopia. Y así parece que ha sido.
Pero permitidme que insista en el fondo de la cuestión: la falta de reacción ciudadana ante el espectáculo y el desenlace. No es que esperara nada de las baronías del PSOE; ya han demostrado lo que son capaces de hacer durante estos tres largos años: callar. Callar ante la ruptura del consenso en política antiterrorista; callar ante la ruptura del consenso sobre el modelo de Estado; callar ante el Estatuto de Cataluña, pieza clave para el descaraje posterior; callar ante los piropos a Otegui; callar ante las consideraciones y el trato con de Juana Chaos; callar ante la legalización de una parte de ETA para que volviera a las instituciones… Ahora bien, se pusieron como lobos cuando el designado a dedo por el boss en Madrid perdió tres concejales; bueno, como lobeznos, porque exigieron la dimisión del que había callado como ellos pero no miraron hacia las alturas, no fuera a ser que el dedo les fulminara a ellos también.
Pero me descorazona que nadie llame la atención sobre todo este tinglado, sobre esta forma priista de hacer política, sobre esta cartelización que les lleva a las estructuras de los partidos a confundir el partido con la institución, el poder con la política. Y luego nos extraña que la gente pase de los partidos políticos y de los políticos en general… En fin, que parece cada vez más cierto que la creciente abstención está llena de huérfanos; de huérfanos y de resignados, que es peor.
LOS 2500
Rosa Díez
[Basta Ya, 19 de julio de 2007]
No son espartanos; son euros. Aunque también con esto se podría hacer una película. Claro que no sería épica, sino más bien costumbrista: se trataría de cómo en la España de Zapatero se recuperó el Premio de Natalidad de rancio abolengo.
No he querido entrar a escribir sobre el asunto esperando a que otras voces, desde la izquierda, llamaran la atención sobre los aspectos más insólitos de esta medida anunciada a bombo y platillo por el Presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación. Pero para mí sorpresa y salvo contadas excepciones los analistas y críticos se han limitado a debatir sobre la cuantía, el plazo de preceptividad y/o el oportunismo del anuncio y del momento en que tal cantidad empezará a pagarse a los felices nuevos padres.
Así que voy a dar mi opinión al respecto. Bueno es que el Partido Popular lleve en su programa electoral una propuesta de dar 3000 euros por cada nuevo hijo sin ningún tipo de instrumento corrector; pero me parece dificilmente explicable que un gobierno que presume de ser el más izquierdoso que ha conocido la historia de España ponga en marcha una iniciativa que es de todo menos igualitaria y cuyos efectos no hacen sido profundizar en las desigualdades de origen. Está en la tradición de todas las políticas que pretenden la justicia social –desde la socialdemocracia hasta el liberalismo político y la democracia cristiana europea, en mayor o menor grado o énfasis– aplicar baremos en las prestaciones económicas que se establezcan, de modo que los recursos públicos, siempre escasos, tengan una distribución más equitativa y ayuden de forma especial a aquellos que más lo necesiten. Las prestaciones económicas nunca se universalizan, pues el efecto sería contrario al pretendido dese la perspectiva social y de justicia. Lo que se universalizan son los servicios sociales –educación, sanidad, etc.– no sólo porque son derechos universales sino porque su universalización evita el establecimiento de categorías de ciudadanos tanto en su prestación como en su recepción. Pero universalizar una prestación económica es algo verdaderamente inaudito; desde las becas de estudios, a las viviendas de protección oficial, a las ayudas para alquileres, para jóvenes, familias numerosas, discapacitados…etc., todas las prestaciones económicas están sometidas a baremos. En España no reciben becas de estudios los hijos de los presidentes de los bancos, los hijos de los altos funcionarios, los que tienen rentas superiores a una media establecida, los personas acaudaladas, los rentistas… Pero todos ellos podrán percibir 2500 euros si tienen un nuevo hijo. No hay quien lo entienda.
Y luego está lo de la entrada en vigor de la norma. Con caracter general las leyes surten efecto desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sólo tienen otra fecha de preceptividad si así lo establece la propia ley ateniéndose a circunstancias extraordinarias que deben ser justificadas también de forma excepcional.¿Qué circunstancia extraordinaria hace que esté previsto que esta ley entre en vigor de forma retroactiva, haciéndola coincidir con la fecha en que el Presidente Zapatero anunció su idea en el Congreso de los Diputados? ¿Cómo justificarán la excepcionalidad? Me temo que no lo harán; y que lo único extraordinariao, verdaderamente extraordinario, es que el Gobierno piense que la palabra de él es la ley.
Pero nada, todo el mundo a callar. Se ve que el dinero es el mejor de los cloroformos. Como solía decir mi madre: “Al toma, todo el mundo asoma”.
Hay tonterías que tienen efecto expansivo, porque sus autores se suelen sentir tentados, cuando se pone en evidencia su estulticia, a profundizar en su torpeza con una clamorosa fuga hacia adelante, como ocurre con el caso del secuestro de la revista El Jueves.
A pesar del período vacacional, echo de menos un pronunciamiento expreso sobre esta estrambótica noticia. Por zafia o grosera que a algunos les pueda parecer la caricatura, el secuestro de un medio de comunicación es en cualquier caso inaceptable, y la Fiscalía General del Estado no puede actuar como un ciudadano malhumorado, ni como el despacho de abogados de don Felipe y doña Leticia para proteger su “honor mancillado”. Menos aún tiene esta fuga hacia adelante, este “de perdidos, al río” que se deduce de la siguiente noticia:
EFE, 22/7/2007:
Desconectan la web de “El Jueves” a instancias de la Fiscalía
La página web de la revista satírica “el jueves” ha quedado desconectada a instancias del fiscal de la audiencia nacional Miguel Ángel Carballo.
“Primero secuestraron los dibujos originales, luego los medios técnicos y después se acordaron de la web y también la clausuran”, ha explicado Óscar Nebreda, dibujante y coeditor de la revista en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Efe.
Según Nebreda, una vez se haya retirado de la web la caricatura de los Príncipes manteniendo relaciones sexuales “supongo que volverá a estar operativa”.
El viernes, nada más conocerse que el juez Juan del Olmo había ordenado el secuestro de la revista por la caricatura de su portada, la página web de “El Jueves” quedó colapsada por las visitas de internautas.
El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo pidió a Del Olmo que adopte las medidas necesarias para cerrar la edición digital de “El Jueves” en la que se reproducía la polémica portada. .
Parece ser que el Fiscal sostiene en su denuncia que la caricatura muestra a los Príncipes de Asturias en posición “claramente denigrante y objetivamente infamante”. Por su parte, el Fiscal General del Estado ha justificado la medida del secuestro porque la caricatura constituye una “grosería innecesaria”, que la ilustración es “manifiestamente injuriosa” y que “el juez debe poner un límite para proteger la libertad, el honor y la dignidad de las personas afectadas”, para concluir señalando que “cualquier observador imparcial verá que la portada es infamente e injuriante y los afectados tienen el derecho fundamental al respeto por su dignidad y honor”.
A pesar de tanta explicación, después de leer el Auto del Juez Del Olmo, no he logrado averiguar las razones por las que se estima que se trata de una posición “claramente denigrante y objetivamente infamante”. A falta de las explicaciones del Juez del Olmo, ¿alguien podría ilustrarme al respecto?
Dos palabras
FERNANDO SAVATER
[Basta Ya, 23 de julio de 2007]
Jean Paul Sartre tituló “Las palabras” el relato cruel y poético de sus primeros años, porque ellas fueron el universo en que se forjó todo lo que había de ser relevante para su personalidad y su carrera. En las vidas más modestas de muchos de nosotros también hay algunas palabras que con el tiempo y el frote social han llegado a ser relevantes, unas por temibles y otras por esperanzadoras. Voy a dedicar esta nota a dos de ellas que encarnan para mí ejemplo de tales sentimientos contrapuestos. Empezaré por la que he aprendido a temer y luego les cuento la que me trae buenas vibraciones.
Hace poco ví un reportaje en ETB sobre un grupo de antropólogos locales que había visitado una remota isla en el sur del Pacífico. Me salto los detalles, irrelevantes para este caso, pero baste decir que uno de ellos se encargaba de contar las investigaciones que llevaron a cabo sobre costumbres de los nativos, yacimientos funerarios en cuevas, etc. Lo hacía con entusiasmo, como es debido, y una palabra se repetía en su crónica, precisamente la palabra de marras, la que me asusta: “ancestral”. El término iba siempre acompañado de una entonación especial, mezcla de admiración y envidia. Aquellos excelentes isleños todo lo tienen ancestral, por lo visto, creencias, formas de vida y de muerte, festejos, etc. Y estar empapados de ancestralidad por todos lados debe ser una gran suerte para ellos… por lo menos en opinión del narrador, según me pareció colegir por su tono.
Vencidos los iniciales recelos ante los visitantes –que por estar recién llegados no podían ser tan ancestrales como ellos, a pesar de su buena disposición– los nativos les invitaron amablemente a una celebración comunal, en plano de fraterna igualdad. Sólo pusieron como lógico requisito que los invitados adoptaran la misma indumentaria que sus huéspedes. “De modo que nos vestimos de modo natural, como ellos”, comentó el agradecido narrador del evento. Sin embargo las imágenes mostraban que ni la cosmética ni la sastrería de los nativos ofrecen nada de mínimamente “natural”, si por ello se entiende simple y espontáneo. Serán muy ancestrales, pero de naturales tienen afortunadamente bastante poco: van pintados con varios colores de la cabeza a los pies, llevan complejos tocados de plumas, unos taparrabos de lo más aparente y danzan con movimientos que supongo exquisitamente codificados. La verdad es que usted o yo salimos todos los días a la calle con unas trazas bastante más sencillitas y naturales que las suyas. De modo que una cosa es lo “ancestral” y otra lo “natural”. Los indígenas –y todos lo somos irremediablemente, cada cual de nuestros lares– ostentan siempre artificios, máscaras, símbolos y aparatos sociales: su carácter más o menos primitivo no los hace más nobles ni más recomendables (¿acaso entre nuestras costumbres y símbolos es siempre la antigüedad signo de excelencia?). La veneración acrítica por lo ancestral es como el embobamiento ante las pirámides: conviene no olvidar nunca que las levantaron esclavos.
La segunda palabra cuyo estudio propongo se la acabo de oír a Joseba Azkarraga: “barbaridad”. Es el calificativo que le merece la opinión expuesta por Josu Jon Imaz de que ETA aprovecharía indudablemente para sus fines de propaganda y legitimación los resultados –cualquiera que fuesen– de un referéndum en el País Vasco, efectuado en las condiciones actuales. A mí esa palabra truculenta, en boca de Azkarraga y aplicada a una consideración expuesta por el máximo dirigente del PNV, me parece sumamente esperanzadora. ¡Por fin empezamos a escuchar a altos responsables nacionalistas barbaridades semejantes a las que tantas veces proferimos o pensamos quienes no lo somos y que tantas descalificaciones nos han granjeado! En efecto, hasta hace bien poco denunciar que no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo, que es inaceptable condenar la violencia y boicotear cualquier medida efectiva contra los violentos, que resulta inadmisible tanto política como éticamente la pretensión de consultar a la población aterrorizada por ETA acerca de si –dejando a un lado las amenazas, pelillos a la mar– aceptan finalmente el precio político que ETA pone al final de la violencia (y éso es lo que supone el referéndum, nos lo cuenten como nos lo cuenten)… todo esto han sido barbaridades. Barbaridades de sentido común y de decencia democrática, pero barbaridades. Que hoy algo parecido a tales barbaridades sea asumido –aunque todavía a medias y con escapulario cauteloso– por destacados nacionalistas puede no ser aún el comienzo de una buena amistad, como en “Casablanca”, pero sin duda es cosa prometedora y estimulante.
En este País Vasco de nuestros pecados, todo lo que va contra el entusiasmo por lo ancestral resulta una barbaridad. Pero una barbaridad que merece la pena. Al comienzo de su “Vida de don Quijote y Sancho”, acepta arriesgadamente Unamuno el programa de aquel mozo que exhortaba así a sus compinches: “¡Vamos a hacer una barbaridad!”. Pues eso, en dos palabras: contra ancestrales modos, manías y prejuicios, unamunámosnos para proclamar barbaridades necesarias…
Fuego amigo
FLORENCIO DOMÍNGUEZ
[El Correo, 31 de julio de 2007]
La izquierda abertzale tiró la primera piedra al difundir amplias informaciones sobre el proceso de negociación mantenido a dos bandas entre el Gobierno y ETA, por un lado, y el PSE, el PNV y Batasuna, por otro. Se trataba de justificar la vuelta al terrorismo alegando que el Gobierno no cumplió los acuerdos previos a la tregua que habían motivado el cese de los atentados y que después ni los socialistas ni el PNV quisieron alcanzar nuevos pactos políticos. Como siempre en estos casos, debía quedar claro entre sus seguidores que la culpa era de los otros.
El Gobierno se limitó a cuestionar el testimonio por proceder de ETA y Batasuna, sin molestarse en entrar en el fondo de la cuestión ni ofrecer su propia versión de los hechos, creyendo que, en caso de duda, el ciudadano daría más valor a la palabra del Ejecutivo que a la de los terroristas. El PNV, el otro interlocutor al que la izquierda abertzale quería ajustar cuentas, ha estado durante meses dudando entre salir al paso de las versiones de ETA y Batasuna y ofrecer su propio relato o mantenerse en silencio. Sabía que si hacía lo primero pondrían en evidencia a Batasuna ante una parte de la comunidad nacionalista, pero al mismo tiempo convertirían a los socialistas en víctimas colaterales. Víctimas del fuego amigo del PNV.
La pugna PNV-Batasuna ha seguido endureciéndose -ahí está el caso de Ondarroa- y, además, el PSE ha jugado a desestabilizar al tripartito vasco de manera que, al final, los nacionalistas han superado sus reparos y han decidido dar a conocer oficiosamente sus propios papeles. Donde Batasuna decía que no había acuerdos, el PNV dice que sí los hubo, pero que ETA obligó a Otegi y los suyos a desdecirse. Y como prueba aporta los textos, igual que ETA difundió en el 2000 los papeles de los pactos firmados con el PNV para poner en evidencia a este partido.
Los nacionalistas se sacan los colores mutuamente, pero de paso dejan en evidencia a los socialistas porque ellos también respaldaron el preacuerdo. Y en esta ocasión ni el Gobierno ni el PSE pueden salirse por la tangente cuestionando la credibilidad del interlocutor porque ahora es el PNV el que dice que los socialistas reconocieron la existencia de una identidad nacional del pueblo vasco que abarcaba a territorios de un país vecino llamado Francia y el que dice que el PSE, entre otras cuestiones, pactó la creación de un «órgano institucional común» entre Navarra y el País Vasco con competencias «ejecutivas y de propuesta legislativa».
Al aceptar ese preacuerdo el PSE fue mucho más lejos de lo que fueron los socialistas navarros en 1995 cuando dieron el visto bueno a un «órgano de cooperación permanente». En realidad, los socialistas fueron en Loyola mucho más lejos de lo que habían ido nunca en todos los terrenos.
El Cupo vasco y navarro, al copo
Carlos Martínez Gorriarán
[Basta Ya, 2 de agosto de 2007]
He esperado unos días para ver cuántas críticas salían a la renovación de la Ley del Cupo, ya saben, ese privilegio que permite a la CAV, y a Navarra (esto suele recordarse más bajito), una sobrefinanciación a costa de los fondos del Estado, a pesar de que ambas son regiones con renta y PIB por encima de la media, lo que debería traducirse en que vascos y navarros ponemos en el montón para ayudar a los más atrasados, en vez de coger del montón de éstos para financiar nuestras instituciones, que así disponen de más dinero para gastar por habitante. Así es la cosa, que no se engañe nadie. Defender el Cupo y el Concierto Económico que lo constituye, basado en los Derechos Históricos preconstitucionales, equivale a defender la desigualdad y privilegios sociales de escasa o nula justificación democrática, si por ello entendemos, como creo, defensa de la igualdad de todos ante ley e igualdad de obligaciones y derechos. Porque es un hecho incontrovertible que las instituciones vascas y navarras se benefician –la ciudadanía es otra cosa; luego entramos en esto– de una desigualdad a su favor difícilmente justificable, salvo porque sí, o invocando antiguallas jurídicas como la foralidad y los derechos históricos.
Como es sabido –o quizás no, así que voy a aburrirles con un pequeño resumen histórico–, el Concierto Económico fue un invento del sistema de la Restauración para compensar a las instituciones vascas y navarras, sobre todo a las primeras, por la supresión de los Fueros en 1868. En sustancia, el arreglo consistió en suprimir los privilegios forales, pero delegando a las Diputaciones de las cuatro provincias afectadas el cobro de los impuestos y su capacidad de gastarlos en las inversiones que prefirieran en su jurisdicción. Luego se calculaba un Cupo, el dinero que las Diputaciones transferían al Estado en concepto de los gastos de éste en las provincias ex forales. Naturalmente, el establishment vasco y navarro, sobre todo el primero, se las arregló para que el “cupo” fuera inferior a la estimación de gastos que hacía el Estado, negociando una financiación adicional para sus propósitos. Pocos se quejaron entonces de este insólito arreglo. Primero, porque el Estado canovista era la casa de tócame roque del caciquismo, de modo que los privilegios y desigualdades eran la norma en vez de la excepción, y segundo porque el Estado se benefició de la concesión vasca (y navarra) gracias a que las inversiones de las diputaciones vascas, especialmente en Vizcaya y después en Guipúzcoa, ayudaron, y mucho, a desarrollar un verdadero tejido industrial en estos benditos territorios, liderando –con Cataluña– la lenta y tardía industrialización de España. Así que salía lo servido por lo comido, más o menos.
Han pasado casi 150 años de aquellos imaginativos arreglos entre cacicatos de distinto ámbito y vocación económica, y el caso es que la restauración del Cupo vasco-navarro, Derechos Históricos mediante, fue ante todo una concesión al nacionalismo vasco, oportunamente explotada en su propio beneficio por la derecha navarra antinacionalista, aunque quizás no tanto… Los constituyentes esperaban que el PNV y compañía se dieran por satisfechos con el arreglo: los españoles de menos ingresos financiarían a los de más a cambio de que se portaran bien y aceptaran la Constitución. Un pronóstico poco acertado, ciertamente.
Como suele pasar en asuntos de dinero, el caso es que hoy ningún partido se atreve a atacar la Ley del Cupo, que hace muy felices a los poderes económicos y sociales vascos y navarros. Ni siquiera el PP, ni mucho menos su franquicia navarra, UPN: el Concierto y el Cupo es tan sagrado para éstos como la jota de la Rivera o el chupinazo de San Fermín. Españoles, sí, pero con privilegios. No está mal, para qué vamos a engañarnos: al fin y al cabo, sus vecinos nacionalistas vascos han conseguido consagrar la fórmula más audaz: de españoles nada, pero los españoles nos pagan la diferencia de no querer serlo, aunque siéndolo para los que nos beneficie. Fantástico. Respecto a la sedicente izquierda, su actitud es todavía más bochornosa. La derecha, al fin y al cabo, puede refugiarse en el burladero de su tradicionalismo: el Concierto, si no procede del origen de los tiempos, llega de Cánovas, que ya es algo. Pero, ¿y la izquierda igualitarista? ¿Cómo justifican los socialistas y alternativos o comunistas de PSOE e IU su apoyo a semejante antigualla del antiguo régimen y su democracia censitaria y turnante?
El argumento que suele esbozarse para justificar el apoyo a tan peregrino como venerable privilegio es que su existencia mejora la calidad de vida de los vascos y las vascas, los navarros y las navarras. En principio debería ser así, pero se silencia que, puesto que el presupuesto del Estado aspira a la suma cero, el plus de gasto de los beneficiados se traduce en menor capacidad para madrileños, andaluces o aragoneses. Así es la cosa, aunque no lo quieran reconocer, amable lector. Pero sigamos, ¿se benefician realmente vascos y vascas de ese maná precipitado de los caprichosos “derechos históricos” que nos asisten en exclusiva a los tataranietos de Túbal? Pues lo dudo. Sostengo, por el contrario, que el sistema es sumamente beneficioso para los partidos, sindicatos, asociaciones y empresas domiciliadas en el País Vasco, pero mucho menos para el ciudadano o contribuyente de a pie. A este le perjudica.
La razón es doble. Por una parte, el maná del Cupo se queda en el copo de las instituciones, que las reparten entre sus clientes, socios y acólitos. ¿Cuánto llega al ciudadano? Es un hecho que las autopistas vascas son malas y viejas pero de pago, que la sanidad ha empeorado mucho su calidad asistencial en estos últimos años, que se reparten enormes cantidades para “políticas lingüísticas” y otras zarandajas identitarias mientras se abandonan las inversiones en educación e investigación universitarias, que la vivienda está carísima sin que haya una política propia significativa de ayuda a los necesitados de techo (sí a Madrazo, que toma su copo del Cupo). Y una larga relación de miserias semejantes. Conclusión: el Cupo financia al nacionalismo y a sus beneficiarios activos y pasivos. Y segunda conclusión: el Cupo que pagan los demás españoles no sólo financia a los nacionalistas que les desprecian y afligen, sino que encima empeora la situación de la ciudadanía vasca al reforzar el poder del nacionalismo corrupto que le oprime.
El partido de Plataforma Pro, si llega formarse, se opondrá al Cupo y pedirá la derogación de los Derechos Históricos en la Constitución reformada que necesitamos. Aunque en Navarra nos voten cuatro por semejante atrevimiento. No lo hacen, ni lo harán, el PSOE ni el PP. ¿Ven por qué es necesario otro partido sin hipotecas que pagar a los poderes locales? Precisamente, porque todos los poderes locales que aspiran a eternizarse aspiran a arramplar con un Cupo como el que copan los poderes vascos y navarros. Los poderes, la ciudadanía no tanto, o bastante menos de lo que dicen.
Esto del cupo vasco y navarro es una pasada. Es de agradecer que un vasco como el señor Gorriarán salga al paso de lo que es, a todas luces, una aberración y una injusticia que sigue en pie únicamente para tener contentos a unos cuantos partidos políticos y al populacho (aquí sí uso la palabra sin comillas y con todas sus letras) que, obviamente, considera perfectamente normal recibir más dinero que el resto de autonomías, por el simple hecho de ser vascos o navarros. No es de extrañar que proliferen los partidos nacionalistas por todas partes, este es un chantaje muy fácil de hacer: O nos das más dinero o nos separamos de España. En el mismo archipiélago canario nos encontramos este tipo de insolidaridades geográficas todos los días. Insolidaridades que han desembocado en independentismos insulares, las más de las veces. Yo me pregunto qué estamos esperando en Argana para plantear nuestra independencia respecto a Arrecife, ¿se imaginan todo lo que podríamos demandar? (esto último era sarcasmo, por si alguien no lo pilló).
Regreso al progreso
FERNANDO SAVATER
[Basta Ya, 4 de agosto de 2007]
Incluso antes de que Leo Strauss cuestionase el término, el progreso había criado mala fama. Sonaba a ingenuidad ilustrada apoyada en un automatismo optimista, que inyectaba en el decurso histórico las funciones salvíficas anteriormente reservadas a la Providencia divina. A trancas y barrancas, todo debe avanzar hacia lo mejor: es una rueda de molino difícil de tragar, sobre todo para quienes han padecido los avatares del siglo XX. Sin duda el conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas mejoran gradualmente, pero tanto en sus logros beneficiosos para la industria y la comodidad humanas como en sus potencialidades destructivas. Los derechos humanos han sido proclamados internacionalmente sobre lo holocaustos de dos atroces totalitarismos, pero siguen careciendo de recursos internacionales de garantía y son más retóricamente predicados que eficazmente defendidos en gran parte del mundo. La noción de “modernidad”, que para algunos equivale a progreso, envuelve en demasiadas ocasiones el simple despliegue arrollador de las conveniencias de un capitalismo que maximiza beneficios pero se desentiende de las efectivas mejoras sociales para la mayoría. Oímos vocear lo que como beneficio de algunos se consigue pero se silencia o minimiza lo que pierden tantos en riqueza de convivencia o de protección ante los abusos plutocráticos. Etc…para qué seguir.
Sin embargo, purgado de automatismos y dotado de voluntad política, el término progreso tiene pertinencia como ideal. El progreso no es un destino en el que se cree sino un objetivo ilustrado al que se aspira y hacia el que se lucha por avanzar, en la incertidumbre de la realidad histórica. Será progreso cuanto favorezca un modelo de organización social en el que mayor número de personas alcancen más efectivas cuotas de libertad: es decir, son progresistas quienes combaten los mecanismos esclavizadores de la miseria, la ignorancia y la supresión autoritaria de procedimientos democráticos. Hablando el lenguaje que hoy resulta más próximo e inteligible, la sociedad progresa cuando amplía y consolida las capacidades de la ciudadanía. Ser progresista es no resignarse ni conformarse con las desigualdades de libertad que hoy existen, sino tratar de superarlas y abolirlas. Y es reaccionario cuanto perpetua o reinventa privilegios sociales, descarta los procedimientos democráticos en nombre de mayor justicia o mayor libertad de comercio, propala mitologías colectivas como si fuesen verdades científicas, etc…
En la interpretación política actual creo que el eje progresista-reaccionario tiene mayor capacidad movilizadora que la tradicional división entre izquierda y derecha. No se trata de que ya no existan izquierdas o derechas, como se dice a veces. Esta división sigue siendo operativa, siempre que no se absolutice, es decir que no se pretenda la hemiplejia social de abolir la mitad complementaria. En el reparto de la intencionalidad política es necesaria la visión que prima los espacios y servicios públicos, la redistribución y la protección social tanto como la que estimula la iniciativa individual junto a los derechos adquiridos de propiedad. De la pugna leal entre ambos polos surge la vitalidad comunitaria. Pero ni los unos ni los otros tienen la exclusiva de las virtudes sociales: ni los unos monopolizan la justicia ni los otros monopolizan la libertad. Y desde luego tanto desde la izquierda como desde la derecha pueden venir propuestas progresistas o esclerotizarse cautelas o imposiciones reaccionarias. Por eso resulta quizá este último índice el más inspirador para quien no se aviene sencillamente a la militancia ciega en las formaciones políticas tradicionales.
Respecto a la noción de progreso existe un acrisolado prejuicio que lo liga a la política de izquierdas (simétrico al que llama “modernización” a cuanto aligera de trabas de protección social para facilitar la extensión del capitalismo internacional). Pero cuando se hace inasumible la vinculación entre progreso e izquierda, como en los totalitarismos comunistas, se decreta que allí no se trata de una izquierda “verdadera”. Sin embargo Stalin era de izquierdas, qué otra cosa podía ser, aunque también profunda y radicalmente reaccionario. Y los jerifaltes del comunismo español que disfrutaban de la hospitalidad de Ceaucescu o Kim Il Sung se portaban como correctos miembros de la izquierda aunque también como cómplices de los gobiernos más reaccionarios de la época. Aún no hace mucho, en nuestro Parlamento, se presentó una moción para solicitar a la dictadura cubana que liberase a sus presos políticos: sólo tres partidos de derechas –PP, PNV y CIU- adoptaron la actitud progresista de apoyarla, mientras que los grupos de izquierda se unían para rechazarla con reaccionario entusiasmo. Etc…
Uno de los más notables enigmas de la actual política española al constituir los consistorios de ayuntamientos o comunidades autónomas es el empeño en llamar “gobierno de progreso” a cualquier combinación que incluya a nacionalistas y partidos de izquierda, con tal de que excluya al PP. Es difícil imaginar por qué regla de tres semejantes contubernios pragmáticos –sin duda muy convenientes para los intereses particulares de quienes los protagonizan- representan un “progreso” para todos los demás. No soy de los que ven el futuro de un radiante color de rosa, pero aceptar que el país “progresa” hacia Javier Madrazo o Joan Tardà me parece francamente un pesimismo excesivo. Y ¿por qué diablos va a ser “progresista” que los socialistas formen gobierno en Navarra con NaBai, ese indudable frente nacionalista, con el que poco deberían tener que ver? A no ser que estén intentando retomar alguna de las cochinadas que tenían medio apalabradas el pasado noviembre con Batasuna y el PNV. Por cierto, ya vamos sabiendo cual era el lema más despótico que ilustrado de las falsamente negadas negociaciones del aún mas falsamente llamado proceso de paz: “todo para ETA pero sin ETA”. Pues bien, de progreso nada. La tradición nacionalista, separatista y disgregadora, es uno de los dos chancros reaccionarios que infectan el desarrollo democrático español desde el siglo XIX (el otro es el tradicionalismo clerical, que también sigue tristemente vigente como demuestra la polémica en torno a la Educación para la Ciudadanía). Nada hay de progresista en romper la igualdad legal o fiscal del Estado de Derecho ni en fórmulas de inmersión lingüistica educativa y social que no sólo atropellan la lengua materna de los castellano hablantes sino que también amenazan la necesaria existencia de una lengua política común (véase Appiah, “La ética de la identidad”, ed. Katz), indispensable para el funcionamiento de una comunidad democrática plural. Este último abuso (negado con desfachatez por los cuentistas de turno, ya saben ustedes) es tan avasallador y dañino que sólo el desinterés de la mayoría de la población por cuestiones educativas y culturales explica que no haya una sublevación cívica masiva contra tales prácticas.
La izquierda devalúa la noción de progreso cuando la esgrime legitimadoramente en casos tan inverosímiles. Lo cual no deja de volverse a veces contra ella: Madrid ha pasado a ser –en su Ayuntamiento y su Comunidad- de “rompeolas de toda las Españas” a rompepelotas de toda las izquierdas, entre otras sutiles razones que los analistas estudian, porque en esta capital se han refugiado muchos de los damnificados por “gobiernos de progreso” periféricos que no están dispuestos a colaborar con su voto en la repetición de nada ni remotamente parecido. En el futuro inmediato, con una situación económica de bonanza decreciente y gran parte de la población acosada por la voracidad del Euribor como Baskerville lo fue por el célebre sabueso infernal, no serán los que llamen progreso a dificultar aún más las cosas segmentando estatutaria e insolidariamente los mercados o estableciendo barreras lingüisticas quienes van a conquistar la simpatía de los votantes…Y si no, al tiempo.
Algunos creemos que un enfoque progresista de la política sigue teniendo hoy sentido: es decir, que no compartimos la pataleta de quienes por indignación con los reaccionarios de izquierda se hacen reaccionarios de derechas o viceversa. Más bien se trata de buscar planteamientos de progreso que escapen al mero maniqueísmo partidista: quizá hoy se esté intentando también algo parecido en el nuevo gobierno francés y en otros espacios de la Unión Europea. Merece la pena intentarlo en España, no como mera cuestión de debate académico sino en el terreno de la representación parlamentaria: en ello estamos.
Navarra y los «gafes del oficio»
Roberto Blanco Valdés
[La Voz de Galicia, 8 de agosto de 2007]
La política es el resultado de combinar principios e intereses. Del acierto en ese difícil equilibrio depende la calidad de la política que desarrollan oposiciones y gobiernos.
La política es mala cuando los intereses arrinconan hasta tal punto a los principios que la acción pública se convierte en mero oportunismo. Y lo es también si ocurre lo contrario: entonces aparece el sectarismo, que no reconoce más principios que los propios. Pero aún puede ser peor: acontece así cuando el descarado oportunismo se disfraza con el rigor moral del sectarismo.
La crisis del socialismo navarro, tras dos meses en que el PSN y el PSOE han dado un auténtico espectáculo, constituye un ejemplo insuperable de ese oportunismo, que pretende venderse al público elector como el resultado de una acción marcada por rígidos principios ideológicos.
Según ellos, el PSOE no podría apoyar en Navarra un Gobierno de coalición con los vasquistas porque esa acción entraría en contradicción con su política. No seré yo quien lo discuta, pues me he cansado de decirlo.
En realidad, quienes lo ponían en duda hasta hace nada eran los propios dirigentes socialistas. Por ejemplo, cuando tras las elecciones navarras cantaron las supuestas excelencias de un cambio sedicentemente progresista que vendría de la mano de los nacionalistas. O cuando cerraron hace unos meses en Loyola un acuerdo secreto con el PNV y Batasuna previendo la creación de un órgano común para las comunidades de Navarra y el País Vasco que ahora les parece inaceptable.
La pura verdad es que los vaivenes del grupo dirigente del PSOE a cuenta del Gobierno de Navarra ponen de relieve nuevamente la naturaleza de una política guiada sólo por el interés de ganar las elecciones generales. Una política en que ese interés se presenta en cada momento como el resultado de principios severísimos, de modo que acaba por haber tantos principios como formas cambiantes de acceder al único objetivo relevante: ganar a toda costa.
No es de extrañar, en tal contexto, que se rebelen los socialistas de Navarra, obligados a hacer lo contrario de lo que antes postulaban los mismos que ahora los fuerzan a cambiar. Ni que Blanco amenace con ser implacable con quien defienda ¡en un partido democrático! una posición distinta a la oficial… que ha ido variando en función de las encuestas. Ni que, al final, todo se traduzca en un fiasco formidable, que demuestra la habilidad de finos estilistas de la pareja dirigente del PSOE, habilidad ya acreditada en la negociación con ETA o en la reforma estatutaria. No es de extrañar, porque todo eso son, como barbarizan los Tonechos en una creación lingüística genial, «gafes del oficio». ¡Menudos gafes!
Ahora, España
Arcadi Espada
[El Mundo, 10 de agosto de 2007]
Los socialistas han redactado después de grandes retrasos la nueva Constitución de Radiotelevisión Española. El diario El País publicaba ayer el borrador, que ya está en manos de los grupos parlamentarios. Se comprende que hayan tardado. El texto es un ejemplo extraordinario de la espeluznante fraseología que maneja el partido gobernante y un backup revelador de todos sus complejos ideológicos, políticos y culturales. Como corresponde al caso, su gramática es abyecta. La incapacidad de la actual dirigencia política, cien veces probada, para redactar textos legales claros, concisos y eficaces resume su gestión. Esta nueva Constitución mediática tiene, además, el valor de anticipar los contenidos de la Educación para la Ciudadanía, la asignatura instructora, que no instructiva. La coincidencia no ha de extrañar a nadie que conozca la formación intelectual de la dirigencia: escuela y medios son eslabones de lo que el obvio y desdichado Althusser llamaba los Aparatos Ideológicos del Estado. Respecto a ellos el discurso socialista es claro. No basta con que Escuela y Medios provean de experiencia: ¿qué cosa vacua sería la experiencia sin (nuestra) ideología!
El fatuo dirigismo y la ridícula cosmoambición de una dirigencia que aprovecharía el manual de funcionamiento de la nevera para establecer el imperativo categórico, cristaliza en la propuesta del citado borrador de que los medios de comunicación públicos contribuyan a la construcción de la identidad de España. El redactado textual es enormemente gracioso, porque añade en seguida que se trata de la identidad de España “como país”, y no como rinoceronte. Por supuesto yo no tengo siquiera una idea mínima de lo que sea la identidad de España. Aunque no soy ejemplo, porque yo, cada mañana, me levanto y me palpo. Pero lo que me asombra del valiente redactor es que declare, primero, que él sí lo sabe, que sabe que está por construir y que se va a poner de inmediato a la tarea, alistando a un tropel de guionistas. Y todo ello en el marco de un documento cuyo máximo enfatismo inútil habría de ser el acatamiento a las leyes vigentes.
Como tantas otras veces, deslumbra el adanismo. A los perezosos, por cierto, se les llama adanes. Tras haber ganado la guerra civil, impuesta la ruptura y resuelta la lucha contra el terrorismo ahora van, televisión mediante, a por el problema de España. Sin saber que son ellos.
(Coda: “La Corporación RTVE asume [sic] el objetivo y la obligación, como [sic] servicio público, de contribuir a la construcción de la identidad y la vertebración de España como [sic] país, asumiendo [sic] la existencia de las diversas nacionalidades y regiones que la integran y que constituyen las Autonomías reconocidas por la Constitución Española.” Borrador del primer Mandato-Marco de RTVE, presentado por el Partido Socialista. Sic nuestros.)
Cosificar la centrifugadora, o la urgente regeneración democrática
Carlos Martínez Gorriarán
[Basta Ya, 17 de agosto de 2007]
Ante la noticia de que UPN pretende grupo parlamentario propio en el Congreso, la representante de NaBai, Uxue Barcos, salió rauda al paso de esta iniciativa, que le disputaría su carácter de “única representante únicamente navarra” (vaya majadería mediática) con este extraño palabro: «Una cosa es hacer una declaración de intenciones y otra es cómo se va a cosificar ésta después». Cosificar, esta es la cuestión según parece. Pero, ¿qué se “cosifica”? Si entiendo bien a la distinguida parlamentaria, es la centrifugadora la que debe cosificarse. La centrifugadora en la que se está convirtiendo el sistema parlamentario español. Si se tomara en serio la pretensión de UPN, y todos los partidos con representación regional necesitaran un grupo parlamentario propio para “sacar cabeza” –en hípica expresión de un portavoz de UPN-, es decir, para hacerse valer en la defensa de los intereses estrictamente locales, el Congreso de los Diputados debería albergar no menos de 34 grupos parlamentarios, quizás hasta 44 o más. Echen cuentas: grupo parlamentario popular de Madrid (¿por qué no?); grupo parlamentario socialista de Madrid (cuando se restablezca el grupo parlamentario socialista catalán y aparezca el vasco); grupo parlamentario socialista andaluz; grupo parlamentario popular de Andalucía, etc. Suma y sigue.
¿De dónde procede esta tendencia? Porque sin duda se trata de una tendencia, aunque en la práctica será difícil que llegue a materializarse la cosa (¿a cosificarse?). Por ejemplo, UPN necesita tres diputados prestados para constituir su propio grupo “navarro” (que lo sería al 40% solamente). ¿Quién se los prestaría? Si el PP accediera, ¿cómo podría rechazar otras peticiones semejantes, tan fundadas como la de su asociado navarro?; ¿quedaría entonces “grupo popular”? Y si un partido tan pequeño como UPN consiguiera su grupo mediante esta marrullería reglamentaria, ¿cuánto tardarían los otros dos diputados socialistas navarros en reclamar lo mismo para ellos? Esta es la dificultad práctica que impedirá la extensión de la centrifugación parlamentaria cual reguero de pólvora, pero lo interesante es el movimiento de fondo, fundado en las siguientes premisas:
1 – El trabajo legislativo y representativo del Congreso de los Diputados ha dejado de ser nacional en sentido clásico para convertirse en regional. Tanto la representación como la legislación tienen por objeto principal a las regiones (naciones, según los nacionalistas y sus corifeos). Los intereses generales desaparecen a favor de los particularismos territoriales.
2 – Lo anterior es consecuencia del éxito y la extensión del “nacionalismo obligatorio”: todo el mundo quiere jugar su propia baza nacionalista o localista, en la convicción de que no hacerlo será castigado por el electorado, ajeno a lo general y cada vez más particularista.
3 – Y el éxito del “nacionalismo obligatorio” es en buena medida consecuencia de una Constitución llena de concesiones al nacionalismo centrífugo, y de la incapacidad de las fuerzas políticas nacionales para sostener una perspectiva, un discurso y una política realmente generales, es decir, que legislan y representan para el conjunto de España, no solamente para las piezas del puzzle territorial. Seguramente, consecuencia también de un Parlamento donde la mayoría de sus señorías no representan a sus electores, sino a siglas y aparatos políticos deslocalizados.
En resumidas cuentas, la petición de UPN es muy congruente con el proceso de vaciamiento político del Estado y de la nación, sustituidas por las autonomías y sus “realidades nacionales”. Que esta vez la iniciativa surja del ámbito del PP, y no del socialista, solamente viene a confirmar algo que irrita sobremanera a la derecha, pero que no es menos cierto por eso: que el PP tampoco ofrece una alternativa democrática a la centrifugación de las instituciones impulsada por el nacionalismo y facilitada por la baja calidad del sistema democrático español. En todo caso, el PP ofrece la “seguridad” de que ellos lo harán todo pensando en el bien de España. Así, el grupo parlamentario de UPN, de existir, no se dedicaría a pedir la desaparición de España, como PNV o ERC, sino solamente a defender la españolidad de Navarra. El problema es que no se trata de “españolidad” ni de “vasquidad”, “catalanidad” o vacuos epítetos étnicos semejantes. De lo que se trata es de otra cosa que está realmente en peligro: la igualdad de los ciudadanos y sus libertades (y obligaciones) personales, con independencia de donde nazcan o vivan. Precisamente porque la democracia sostiene que esos ciudadanos son iguales y libres, existe un Parlamento nacional: para legislar lo mismo para todos en sus asuntos comunes. Y esa es la función que la reclamación de UPN pone en solfa.
Claro que esta cosificación sólo puede cambiarse con un amplio programa de regeneración democrática. Por ejemplo, ¿qué tal si los diputados representan a sus electores, no a partidos ni a territorios abstractos? Habrá que darle una vuelta o dos.
Lúcido artículo de Arcadi Espada sobre el control de la siniestralidad en la carretera.
Puntos
El carnet por puntos ha contribuido a reducir el número de accidentes y es, por tanto, una medida acertada. Cualquier endurecimiento de las sanciones es un acierto. Y contra más duro, más acierto. Sólo hay que deducir lo que sucedería si el que infringiera los límites de velocidad perdiera el carnet de por vida. Los accidentes disminuirían hasta el punto (concédaseme) de que ni falta haría mejorar las carreteras. La pregunta es por qué no se aplican este tipo de endurecimientos, dado que en este año han muerto ya más de dos mil personas en las carreteras españolas. La respuesta, breve y seca, es porque dos mil personas aún no valen la pena, nunca mejor dicho.
Todas las discusiones sobre el tráfico padecen de esta gran hipocresía central. Porque contra lo que se dice un gran número de esas muertes son evitables. Basta que los ciudadanos renuncien al fragmento de feliz libertad que supone infringir escrupulosamente las normas. La libertad es un asunto muy complejo. Hay quien prefiere que otros mueran en un atentado antes de que a él le registren su equipaje en el aeropuerto. Si los ciudadanos no respetan las normas de tráfico es porque, de momento, les sale a cuenta. ¡Ahí es nada, llega antes, reventar de adrenalina en la curva o experimentar la invulnerabilidad, realmente prodigiosa, de conducir borracho! Estas experiencias no son, en absoluto, despreciables y hay muchos hombres dispuestos a pagar por ellas. El precio no es la propia vida, que nunca entra en la subasta por obvias razones psicológicas. El precio es el castigo. Por el momento el castigo transige con dos mil cadáveres.
El número de víctimas del tráfico se ha reducido paulatinamente en los últimos años. No es previsible que la tendencia cambie, aunque la disminución seguirá creciendo, al ojo humano, como la hierba. Cíclicamente, y coincidiendo con repuntes azarosos (plenamente compatibles con la tendencia) los comentaristas exigirán soluciones. ¡Dos mil muertos!, clamarán. Y las autoridades, sobre todo en período electoral, tratarán de hallarlas confiando en el efecto (tan útil para aterrorizar a los prudentes) de la concienciación mediática. Hasta aquí todo normal, y propio del efecto acción-reacción que vincula el periodismo y la política. El problema, sin embargo es que a diferencia del cambio climático o las infraestructuras de la ciudad de Barcelona, en este caso sí existe la solución rápida, concluyente y mágica. Se llama represión. Pero como en otros casos sólo a las víctimas les sale a cuenta.
(Coda: “En 2000, más de 1,2 millones de personas murieron por accidentes de tráfico, la novena causa de muerte en el mundo. A pesar de que los vehículos son ahora cuatro veces más seguros que en 1970 y se han reducido en un 50 % el número de muertes en la UE desde esa fecha (periodo durante el cual el volumen de tráfico se ha triplicado), los accidentes provocan más de 40.000 muertes al año en Europa.
¿De qué sirven las Autonomías?
EDURNE URIARTE
[ABC, 18 de agosto de 2007]
La pregunta está en la mente de muchos españoles. Y cuando en España se acabe la veda para criticar los resultados del sistema autonómico, lo estará en sus manifestaciones públicas. Si los gobiernos autónomos tampoco asumen la más mínima responsabilidad en los problemas de funcionamiento de las sociedades que gobiernan, ¿de qué sirven las autonomías?
Ni se molestó en interrumpir sus vacaciones el presidente del gobierno catalán cuando la sociedad que dirige estaba sumida en el caos. Y los demás le hemos hecho el juego, porque aquí todo el mundo pide la dimisión de Magdalena Álvarez pero ni siquiera la presencia del propio presidente de la comunidad donde nada funciona. Como si la política y la administración autonómica catalana nada tuvieran que ver con el control y funcionamiento diario de las infraestructuras.
Y lo de Cataluña es un pequeño botón de muestra de un vicio generalizado. Los problemas, sean del tipo que sean, se descargan automáticamente en el Gobierno central. Ahora, incluso cuando ambos gobiernos son ocupados por el mismo partido, como ha ocurrido en Cataluña. Y los éxitos, siempre se los atribuye la propia élite política autonómica.
Pero nos habían dicho que una de las dos grandes aportaciones del sistema autonómico era el acercamiento de la administración a los ciudadanos y la corresponsabilidad en la gestión. De eso nada, la posibilidad de control ciudadano de la gestión de las autonomías es un fiasco, porque la élite autonómica, empezando por la nacionalista y acabando por toda la demás, ha conseguido eludir completamente ese control. El control, se lo traga entero el gobierno central.
Y respecto al segundo esperado resultado del sistema autonómico, la resolución de las demandas de identidad, el balance es aún peor. Empezando por Cataluña, siguiendo por el País Vasco y sin dejar de pasar por todas las demás. El conflicto nacionalista es hoy comparable al que existía hace dos décadas. Ni el más elevado grado de descentralización satisface al insaciable nacionalismo. Ni siquiera a la insaciable élite autonómica que ha crecido a imagen y semejanza del modelo nacionalista.
tiene toda la razón la Edurde Uriarte del ABC, conocido por todos como períodico progresista y amigo de la pluralidad estatal, y es que de una vez por todas deberían aniquilarse todas las autonomías y que se ejerza el buen y recto gobierno desde Madrid; lo que hace falta en este país es un centralismo puro y duro, que muchos añoran, y luego cuando las cosas no salgan tan bien nos pondremos las camisetas azules y saldremos a la plaza de Oriente a gritar que lo que se ha montado es un contubernio judeomasónico procedente de Europa…¿ no?
La coyuntura
Santiago González
[El Correo, 20 de agosto de 2007]
Mercedes Gallizo ha explicado que la excarcelación del preso De Juana Chaos y su posterior envío a acabar su condena en la cárcel de Aranjuez, estuvieron influidas por «la coyuntura del momento», valga el pleonasmo. El Gobierno había explicado la primera decisión amparándose en «razones legales y humanitarias». Por las mismas razones envió al recluso a la cárcel el pasado 6 de junio, al día siguiente de que ETA anunciara en un comunicado la ruptura de la tregua.
Las razones legales amparan una decisión y la contraria. La coyuntura determinaba que la voluntad de los navarros quería un Gobierno de coalición de los socialistas con IUN y Na-Bai. Esto fue así entre el 27 de mayo y el 5 de junio. A partir del comunicado la coyuntura cambió y los socialistas pasaron a permitir con su abstención y su actitud vigilante la investidura de Miguel Sanz.
La coyuntura llevaba hace seis meses a denunciar la sobreabundancia de banderas españolas en las manifestaciones de la oposición, en contraste con la ausencia de ellas en los actos convocados por el partido del Gobierno. El cambio de coyuntura ha llevado a que las campañas publicitarias de los ministerios vayan firmadas por el ‘Gobierno de España’. Por la misma razón, el Ejecutivo ha convocado un concurso para buscar un logotipo del Gobierno, con el resultado de que el diseño ganador es un calco de la identidad gráfica del Ejecutivo alemán.
Cualquier observador poco avisado diría que esta sobrecarga de Gobiernos de España en prensa, radio y televisión no guarda una relación muy estricta con el concepto del ‘Estado plurinacional’ que estaba muy en boga hace unos meses, pero todo es cosa de la coyuntura.
Este mismo fin de semana, los socialistas volvían a actuar movidos por las mismas razones legales dentro de la coyuntura, o sea, la proximidad de las legislativas de marzo. El delegado del Gobierno recomendaba a Ibarretxe la observancia del principio de legalidad para todas las instituciones y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales, como la del Supremo sobre la obligatoriedad de izar la bandera española en los edificios autonómicos.
La invitación de Luesma es muy razonable: la ley es de obligado cumplimiento (especialmente) para los poderes públicos y las sentencias son para cumplirlas. Lo que pasa es que a Balza le ha cogido con el pie cambiado y ha replicado que no admite que un representante socialista haga bandera del principio de legalidad, cuando «hasta hace quince días ha estado negociando con el PNV y con la izquierda abertzale cuestiones como las nuevas relaciones con Navarra, las modificaciones estatutarias, el derecho de autodeterminación».
El consejero de Interior sabe de lo que habla. Más, por supuesto, que la representante de la Ejecutiva Federal del PSOE al desmentirle. Es evidente que Balza conoce el paño y Carmeli Hermosín, no. No se trata ya de creer en la versión de Batasuna o la del Gobierno. El tercer interlocutor de las conversaciones de Loyola, el PNV, necesita un desmentido más solvente. De Eguiguren, por ejemplo. O se trata simplemente de que el artífice del proceso de paz dé una explicación sobre el asunto.
La guerra de las banderas, exceso metafórico del periodismo, cumple en estas fiestas 25 años. ¿Es posible que el PNV de Imaz no encuentre una manera de cumplir la Ley de Banderas y la sentencia del Supremo? Todo es coyuntura. El primer gesto simbólico de Ardanza al llegar a Ajuria Enea fue izar la bandera española. Arzalluz defendió su gesto: «Ahora se critica a Ardanza porque en su calidad de ‘representante ordinario del Estado’, fórmula vigente en el Estatuto del 36 y repetida y refrendada por nosotros en el vigente Estatuto, iza en su sede oficial la bandera de ese Estado al que representa. Y se ignora que Aguirre tenía izada la bandera española en el Carlton y la llevaba en su coche junto a la ikurriña. (…) Y se olvida que nuestro anterior lehendakari tuvo que asistir al homenaje a la bandera española en Burgos, junto a las demás autoridades del Estado» (Xabier Arzalluz. Las verdades simples. Entre el Estado y la Libertad. Ed. Iparraguirre, pág. 211).
Así fue. Garaikoetxea asistió, aunque de mala gana, al homenaje a la bandera en 1983. Es asombroso que el buen rollito de este Gobierno no haya obtenido contrapartidas ni siquiera simbólicas. El PSOE puede estar seguro de que el recordatorio de Balza le será hecho muchas más veces. El PP olvidará que en Loyola se negoció sobre Navarra y la autodeterminación, pero los nacionalistas, no. Tendrán que escucharlo durante décadas, como lo de la pancarta de Benegas por la autodeterminación. Lo oirán cuando vuelvan a sentarse a negociar y ése será el punto de partida, no la meta. Todo está ya muy visto, aunque sea coyuntural. Los gobiernos y los partidos viven al día. Todos somos hijos de la coyuntura y del azar.
¿Premio o castigo?
J. M. RUIZ SOROA
[El Correo, 24 de agosto de 2007]
Los recientes sucesos de Navarra en torno a una alianza de gobierno de los socialistas con Na-Bai, coalición esta última en la que se incluye un partido político formado por escindidos de Batasuna, han suscitado interesantes comentarios en torno a un aspecto que, si marginal en ese caso, presenta un alto interés para la política vasca. En concreto, se ha argüido por autorizados observadores que, precisamente por tratarse de una fuerza política que ha abandonado hace poco el apoyo a la violencia terrorista, debe dársele un trato de especial favor y atención. Pues ello serviría como incentivo para que, quienes todavía persisten en su sostén de los violentos, fueran abandonando esta posición y pasándose al campo de los demócratas. En definitiva, según esta visión, convendría premiar políticamente a quienes desertan de la violencia.
Esta idea no puede, desde luego, ser considerada como descabellada; pero sí entraña una llamativa contradicción con la intuición ética más inmediata de que a quien infringe las normas de convivencia le corresponde un castigo, no un premio. Parece que quienes han estado durante años apoyando y sosteniendo el terrorismo criminal deben merecer un castigo político, no la prima de tratarlos como interlocutores preferentes para la política, o incluso como sujetos dotados de una peculiar superioridad moral. Es la misma contradicción que plantea la parábola del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, cuando el padre celebra con agasajo la vuelta al redil del hijo calavera, suscitando el reproche del hijo fiel y cumplidor. ¿Por qué habría de recibir mejor trato el pecador arrepentido que el justo que cumplió siempre con sus obligaciones? Estoy seguro de que a muchos de ustedes el mensaje de esta parábola neotestamentaria les sonó un poco a injusticia, o por lo menos les intrigó en cuanto a su fundamento, en los lejanos tiempos en que todos dominábamos la historia sagrada. Hoy tenemos ante nosotros, aunque sea en versión política profana, un caso similar. Y merece la pena reflexionar un poco sobre él.
Conviene empezar por una distinción básica entre dos tipos de ética, la ética de los principios (deontológica) y la ética de los fines (teleológica), pues utilizar una u otra arroja consecuencias muy distintas para la cuestión que nos ocupa. Para una ética deontológica de tipo kantiano, que aprecia el valor de las acciones consideradas en sí mismas a la luz de los principios morales, es bastante claro que un comportamiento como el seguido durante años por quienes han apoyado la violencia injusta no merece sino castigo, sea cual sea la forma que adopte éste. Premiar a quienes han agredido a sus semejantes, incluso si se arrepienten de ello, carece del más mínimo sentido y es una flagrante violación de la norma de razón práctica.
Por el contrario, para una ética que atiende a los fines y a las consecuencias de las acciones más que a su calidad intrínseca puede tener sentido premiar a los arrepentidos, puesto que ello puede ser socialmente beneficioso. En tanto en cuanto este premio incentive a los delincuentes a abandonar su comportamiento, y consiga así un resultado global positivo para todos, puede ser razonable concederlo. Lo que hay que mirar no es tanto la calidad de la acción como su efecto.
Ni que decir tiene que la sociedad moderna está imbuida, aunque quizás no sea plenamente consciente de ello, de una doctrina de este segundo tipo, en concreto el utilitarismo. La utilidad social de los resultados es hoy el criterio que permite otorgar valor o disvalor a las acciones humanas, máxime en el campo de lo colectivo. Lo que cuenta en la política son los resultados, no la pureza de los principios, como luminosamente estableció Max Weber: el político debe salvar el mundo, no mantener pura su alma. Y, desde este punto de vista, parece a primera vista que premiar a quienes abandonan la violencia puede tener plena justificación ética y política si con ello se induce a los todavía violentos a dar el mismo paso. Así que, por mucho desagrado que sienta su alma, querido lector, habría que aceptar la idea de que Aralar merece ser tratada con favor. La salvación del mundo lo reclama, nos decía hace unos días el presidente del PNV.
Pero, ¿es de verdad tan simple la cuestión? ¿Es tan sencillo el análisis? Mucho me temo que no, incluso si nos mantenemos dentro del ámbito ético y político de las doctrinas consecuencialistas. Verán, sucede que el conocer que existe un premio (no un castigo) para los comportamientos desviados una vez que se abandonan funciona también para los transgresores como un acicate para mantenerse en su actuación. La seguridad de saber que, hagan lo que hagan ahora, serán aceptados gozosamente en el campo político en el futuro, incluso serán premiados si dejan de apoyar la violencia, opera como una red psicológica de seguridad para el infractor: gano en todo caso, si triunfan mis deseos y obtengo lo que quiero -desde luego-, pero también si son derrotados y llego a abandonar la violencia. En cualquier caso, la sociedad me acogerá con júbilo en su redil. Así que, ¿por qué no seguir luchando de momento?
Por otro lado, lo que inicialmente se otorga por la sociedad bienintencionada como un ‘premio’ tiene una fuerte tendencia a convertirse en un ‘precio’. Es decir, que los que apoyan la violencia como forma de hacer política tienden a percibir que su abandono debe ser pagado por la sociedad en moneda política efectiva, consistente en favores, concesiones, primas y demás gajes. Entre el premio graciable y el precio exigible hay un recorrido muy corto, tan corto que no es raro que muchos lo hayan transitado ya. Según el último Euskobarómetro, el 61% de la sociedad vasca se declara favorable a pagar contrapartidas políticas a los violentos si éstos dejan su práctica. Éste y no otro es el auténtico estado de la moralidad social dominante entre nosotros, y probablemente el uso y abuso de proclamas éticas y políticas acerca de ‘premios’ tiene mucho que ver con tamaña confusión.
Y, finalmente, queda la cuestión de cómo afecta este discurso justificativo de los premios al sistema democrático en su conjunto y, sobre todo, a la percepción social de su legitimidad. Punto que arroja perspectivas más bien pesimistas, como lo pone de relieve la rapidez y naturalidad con que nuestra sociedad ha interiorizado la idea de que sólo se obtiene satisfacción a una demanda si los actores concernidos son capaces de generalizarla, ampliarla y dotarla de un componente violento. Y actúan en consecuencia. Premiar ahora a los transgresores políticos no constituiría sino un paso más en este proceso de deslegitimación progresiva del Estado de Derecho que llena de desánimo al ciudadano anónimo de nuestro entorno.
Mucho me temo que las recetas apresuradas y simplistas de una ética de las consecuencias poco reflexionada acaben destruyendo la sociedad misma que buscan mejorar. Y conceder premios políticos a quienes se convierten a la convivencia democrática es una de estas recetas, tan simples como erradas. Fue también un líder nacionalista, creo, quien popularizó la frase de ‘¿Los conversos, a la cola!’. Yo no diría tanto, pero desde luego no me apuntaría a la idea de ‘los conversos, los primeros’.
Bajo coste y el abrazo del oso
Por Juan Jesús Bermúdez Ferrer
En el abrazo del oso, el abrazado tiene pocas opciones. Sabe que si se resiste a ser abrazado, el plantígrado procederá a devorarlo. Si accede al abrazo, el oso podría terminar estrangulándolo, tal es la fuerza del animal. En el bajo coste y la opción de los destinos turísticos, nos encontramos ante el mismo fenómeno. El destino turístico contempla cómo se incorporan al bajo coste sus competidores, dado el crecimiento de la oferta turística. No hay que olvidar que la demanda se ha incrementado, pero sustancialmente sigue centrada en el mismo segmento de población de clase media, media – baja centroeuropea, al que se le han añadido cohortes de nuevos ricos, aunque sospechamos de frugal presencia en el mercado turístico, dado que su riqueza se ha generado a partir de un precario modelo de desarrollo basado, como en Canarias, en sectores de la economía del ocio y el bloque – ladrillo. Entonces, como decimos, el destino turístico en cuestión – en este caso, el canario de turismo de masas -, ante el problema de competencia, abraza al oso del bajo costo, intentando no ser devorado por la mayor competitividad - básicamente a través de la mayor cercanía al destino emisor, los bajos costes salariales y de explotación, y el carácter novísimo de sus infraestructuras – . No se plantea Canarias no acceder al bajo coste: no tiene más remedio, porque así son las reglas de la competitividad; pero, acto seguido, una vez comienza el despliegue del todo incluido y el low cost, el abrazo de esta fórmula de eficiente ahorro de costes para el turista, puede estrangular el destino, arruinando su viabilidad, una viabilidad que, no obstante, ya se encuentra cuestionada por otros tantos factores.
El oso del bajo coste está empezando a abrazar Canarias, en una lógica tendencia de optimización del gasto por parte de la ciudadanía europea. No hay que olvidar que la fracción de gasto destinada al ocio turístico es de una gran volatilidad, de reciente incorporación a los presupuestos familiares, y susceptible de variar ante cualquier alteración que requiera restricciones, cambios en las pautas de gasto y ahorro, etc. El turismo de masas se multiplica especialmente, en el mundo y en Canarias, a partir de los años ochenta, tras la segunda crisis petrolera y económica motivada, entre otros fenómenos, por la guerra entre Irán e Irak. Ese periodo de abundancia energética y relativa paz geoestratégica está dando paso a una era de creciente escasez energética, gran inestabilidad financiera y reapertura de las tensiones por los recursos, especialmente de combustibles fósiles, lo que está rearmando al mundo. Entramos en un periodo histórico esencialmente distinto al que vio nacer la actual configuración socioeconómica y turística insular.
En ese escenario, el bajo coste supone a un tiempo la culminación y comienzo del declive del gasto turístico por parte de la población europea. Se han llegado a mover ingentes cantidades de personas, y se intentará seguir haciéndolo, pero para ello se ha precisado recurrir a colocar al gasto turístico en la peligrosa- para el destino turístico – y reducida parcela del mínimo presupuesto. Para poder mantener el crecimiento, santo y seña del actual modelo económico, se ha procedido a desvestir de gastos al cheque turístico familiar. Entre esta estrategia y el dejar de viajar hay un pequeño paso, que es un abismo para las economías especializadas en el turismo. Es muy dudoso – y, de hecho, ya estamos viendo este fenómeno – que quien ha llegado a pagar menos, quiera pagar más por sustancialmente lo mismo: soy y playa. La cantinela de la diversificación y calidad turística nunca ha demostrado su efectividad real cuando hablamos de millones de turistas. Cada vez más visitantes en las islas están pagando menos por trasladarse a las islas. Sin embargo, suben las hipotecas, los costes del transporte aéreo, los gastos del segmento de alimentación, electricidad, agua, etc. para esos turistas. Para colmo, las expectativas de crecimiento económico en muchas zonas emisoras de turistas son sombrías. Es imposible olvidar que el cenit y declive del petróleo es muy probable que genere tensiones socioeconómicas importantes, unido al fin de la era del crédido fácil, reduciendo la disponibilidad a viajar por motivos de ocio, de forma creciente. Menos energía es igual a menos turismo.
Se han agotado las capacidades de crecimiento del turismo en Canarias, ya que este fenómeno depende de un recurso no renovable – especialmente el petróleo – cada vez más inaccesible. Por lo tanto, lo que viviremos es su declive histórico como fenómeno de fácil traslado de cientos de millones de personas. El turismo, en nuestro entorno, es la lógica primera víctima de la desglobalización progresiva que sufrirá una civilización con creciente escasez de recursos disponibles. Esas sociedades dedicarán más esfuerzos a garantizarse su sustento energético – económico que a hacer ocio. Hoy, esas sociedades ya están empezando a usar el bajo coste para mantener su rutina de privilegiados turistas internacionales, mientras abrazan economías del mundo que se multiplicaron creyendo en la eterna abundancia material, y obviaron la finitud de la aventura del ocio transcontinental. Pero el creciente alto coste del mantenimiento de la misma estructura socioinstitucional de los países ricos les hará reducir incluso, en un complejo proceso lleno de variables, esa disposición a viajar lejos pagando poco. Nuestro difícil dilema de “abrazados por el oso del bajo coste” requiere de algo más que de recetas de la era de la plétora económica. Como se atribuye a Albert Einstein, no pretendamos resolver un problema con los mismos esquemas mentales que los ha creado.
La comparación del señor Juan Jesús Bermúdez me parece de lo más afortunada, y muy bien explicada. Estamos entre ese ser devorados por la competencia o estrangulados por el turismo de bajo coste. Sin duda, cuanto menos dinero gasten los turistas que vienen, mayor será la cantidad en la que tengan que venir para seguir manteniendo unos ingresos similares, esto está claro. Y más turismo representa más mano de obra, más infraestructuras, más viviendas para esa nueva mano de obra, más colegios para sus hijos, más hospitales… es una cadena que pone en grave peligro cualquier equilibrio territorial, especialmente si hablamos de islas pequeñas, como es el caso.
Como algunos llevamos mucho tiempo denunciando, en el turismo está la clave de todo. Mientras señores como Jorge Coll se dedican a defender los intereses de quienes sólo piensan en aumentar la cantidad de turistas, otros pensamos que las consecuencias de tal incremento son absolutamente perjudiciales a muchos niveles.
Lanzarote pudo apostar por ser un destino diferenciado. La peculiar naturaleza de Lanzarote y la genial obra de César Manrique permitieron que nuestra isla pudiera ofrecer algo que no se podía encontrar en ningún otro lugar del mundo. Sin embargo se ha apostado por el turismo de masas, el turismo de borrachera barata y pulserita en la muñeca.
Lanzarote podría ser una isla museo, un lugar al que la gente vendría sin importarle pagar más dinero, igual que a casi nadie de nosotros nos importa pagar un poco más por comprar un producto de más calidad respecto a otros aparentemente similares.
No se trata de que vengan sólo los ricos, sino de que los que vengan lo hagan concienciados de que no van a cualquier sitio, sabedores de que ese privilegio bien merece un esfuerzo económico un poco mayor por su parte. La clase media, e incluso media-baja europea bien puede permitirse ir a un restaurante de lujo muy de cuando en cuando, lo que no podemos hacer es exigirles que desembolsen precios de restaurante de lujo si les ofrecemos un producto del montón. Nosotros podríamos ser ese restaurante de lujo, en vez del bareto cutre en el que nos estamos convirtiendo. Todo es cuestión de elegir qué producto queremos ofrecer. Como bareto cutre necesitaremos cada vez más turistas para obtener los mismos beneficios, y además vendrán con una noción bastante pésima de la isla (es difícil valorar lo que se compra muy barato). Como restaurante de lujo tal vez no venga tanta gente, pero los que vengan sabrán que no van a cualquier sitio, y no les importará invertir un poco más en sus vacaciones.
Y tampoco se trata de campos de golf o de puertos deportivos. Como he dicho no pienso que la solución sea intentar que vengan sólo los ricos, sino convencer a esa clase media de que vale la pena pagar un poco más por venir a Lanzarote.
¿Cómo se consigue eso? Primero limitando las camas. Menos hoteles, pero más caros. Si queremos que venir a Lanzarote sea un lujo no podemos permitirnos ofertar pulseritas. Es como esos restaurante en los que tienes que reservar mesa con meses de antelación. Podrían ampliar su aforo, pero no lo hacen ¿por qué? porque saben que en esa lista de espera también reside parte de su éxito… y no la parte más pequeña. Así, yo opino que también para venir a Lanzarote debería haber lista de espera. ¿Suena excesivamente elitista? Tal vez, pero es que tratándose de una isla tan pequeña como Lanzarote no podemos permitirnos la otra alternativa, porque supondría sumergirnos en una vorágine muy difícil de detener luego, como en estos últimos años ha quedado demostrado.
ETA: la lógica de la negociación y la del desestimiento
ROBERTO L. BLANCO VALDES
[La Voz de Galicia, 29 de agosto de 2007]
¿Qué ha pretendido ETA con el tremendo atentado de Durango? Sin duda, provocar una masacre. Así lo reconocía, horas después de la explosión, el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, quien fijaba con claridad el objetivo terrorista: «causar una carnicería». Como la de 1987 en el cuartel de Zaragoza (12 muertos, seis de ellos niños) o la de 1991 en el de Vic (10 muertos).
Ahora bien, una carnicería ¿para qué?. ¿Quizá para vencer al Estado por la fuerza de las armas? Aunque es posible que quede aun en ETA algún orate que crea que un grupúsculo de pistoleros puede ganarle la mano, en pleno siglo XXI, a un Estado europeo dotado de unas potentes y eficaces fuerzas y cuerpos de seguridad, es seguro que, incluso en su delirio, no es esa la expectativa con la que trabajan los etarras.
ETA sabe, en realidad, lo que sabe en España todo el mundo: que la única posibilidad que tiene para intentar conseguir sus objetivos es lograr que algún Gobierno los negocie con ella a cambio del abandono de las armas. A eso se reducen todas sus opciones de victoria. Por eso cometen los etarras atentados terroristas: porque tienen la esperanza de que, antes o después, algún Gobierno se avendrá a negociar el fin del terrorismo, lo que permitiría a los encapuchados sacar la tajada que llevan casi medio siglo persiguiendo a punta de pistola.
Es la lógica de la negociación: ETA mata con la hipótesis de que, más tarde o más temprano, algún Gobierno se cansará y decidirá sentarse a negociar. Alimentar esa hipótesis es la mejor manera, por lo tanto, de mantener viva la lógica de la negociación y de incentivar objetivamente, en consecuencia, las acciones terroristas que constituyen su inevitable corolario.
Frente a esa lógica perversa, sólo cabe, para darle a ETA la puntilla, la lógica contraria: la del desistimiento. Es decir, la consistente en proclamar con total rotundidad, mediante un acuerdo firme entre los dos grandes partidos con posibilidades de articular mayorías en las Cortes, que gobierne quien gobierne no se negociará nada con ETA. Y que, por tanto, la lógica de la negociación que alienta sus acciones criminales falla por la base. Pues, si nadie está dispuesto a negociar, carece de sentido una estrategia basada desde siempre en esa expectativa.
Anteayer me comentaba un gran dirigente socialista que lo peor del atentado de Durango es que demuestra que ETA ha ganado otra vez la iniciativa. Es verdad. Por eso, el único modo de volver a arrebatársela es cambiar la lógica de la negociación, en la que llevamos muchos meses, por la del desistimiento, que incomprensiblemente Zapatero abandonó cuando había comenzado a producir efectos demoledores sobre ETA.
El mérito de Rosa Díez
M. MARTÍN FERRAND
[ABC, 30 de agosto de 2007]
Afortunadamente para la maragatería, cuando José Luis Rodríguez Zapatero quiso vestirse para salir a la vida pública se disfrazó de socialista. Si, como le venía más cercano, hubiera embutido un atuendo como el de los endogámicos trajinantes que sitúan en Astorga la Estrella Polar, hubiera saltado por los aires una honrada tradición de siglos y hasta es posible que en Castrillo de Polvazares, en lugar de representar nupcias solemnes y comer cocido, se hubiera instalado la costumbre de jugar al cricket y darle al calimocho. Zapatero es un gran demoledor. De su secuestro del PSOE, pasmosamente tolerado por quienes supieron reconstruir en la Transición el sentido de tan histórica sigla, sólo queda una raspa a la que le sobran tres de las cuatro letras clásicas y la superviviente, la «P», lo es a efectos administrativos -la conexión con el Presupuesto- más que en el sentido grupal e ideológico.
Junto al primero de sus bufones, el mínimo y risible José Blanco, Zapatero le ha arrancado el sentido nacional al partido que representa a media España y, al servicio de la misma causa, ha hecho lo imposible por desacreditar al que, por la derecha, es señero de la otra media. Todo ello en traición flagrante a la única Constitución que tenemos y para el bien y el engorde de quienes integran los grupúsculos, representativamente menores, que no explican muy bien lo que pretenden después de dejar bien claro que lo que no quieren es ser lo único que rotundamente son, españoles.
En ese ambiente tenía que producirse una diáspora. No todo el mundo acepta el sueldo a cambio de un ronzal. Rosa Díez, abnegada y veterana pregonera socialista en el País Vasco, se dispone a dar el paso de la huida. No quiere asumir el cambio ajeno y se declara fiel a sus propias ideas y convicciones, a las que le llevaron a la militancia, y se dispone a integrarse en el partido que, derivado del movimiento cívico «Basta Ya», inspira Fernando Savater en compañía de otros notables vascos con sentido común y de la Historia.
La operación catalana de «Ciutadans-Ciudadanos», en parte disminuida por la vocación estelar de su galán-presidente Albert Rovira, ya fue un aviso de que, en el centro, la sociedad española busca una nueva expresión; en la derecha, más libertad y, por la izquierda, menos anacronismos y demagogias baratas. La creación de nuevos partidos políticos es algo titánico y, en el marco de nuestro sistema electoral, también temerario; pero es de celebrar que existan personas dispuestas a renunciar a lo que tienen como precio para conseguir lo que quieren tener. Ya veremos si la pirueta de Rosa Díez como imagen de un nuevo póster electoral, ejemplar en su intención, es posible y fecunda en sus resultados; pero es evidente que, tras los destrozos de Zapatero, alguien tiene que intentar la salvación del Estado y buscar el punto final a un debate territorial que frena y empobrece nuestro desarrollo común.
La prensa está hoy preñada de noticias y opiniones sobre la dimisión de Rosa Díez y el nuevo partido. Hasta el punto de que un periódico canario como La Provincia publica 4 artículos de opinión sobre el asunto. Ante tanto material, cuelgo aquí los editoriales que sobre la cuestión han publicado los tres principales periódicos nacionales.
El de ABC:
Un nuevo partido para la izquierda
EL adiós de Rosa Díez al PSOE, no por previsible, deja de ser un acontecimiento importante e ilustrativo del momento que vive la izquierda española. La eurodiputada socialista ha dado el paso que tanto se deseaba en su partido y que tanto ha evitado ella misma, porque al darlo confirmaría lo irreversible de las causas que lo motivan. En efecto, Rosa Díez se va del PSOE, como otras destacadas personalidades de la izquierda, harta y engañada. La política de Rodríguez Zapatero hacia ETA y el nacionalismo, en su conjunto, ha sido una fuente constante de discordias y enfrentamientos con las víctimas del terrorismo, el Partido Popular y amplios sectores de la sociedad española, perplejos ante el viraje suicida impuesto por el presidente del Gobierno en asuntos de Estado. Pero, además, Rodríguez Zapatero es el primer responsable de que el PSOE haya dejado de ser un partido de izquierda nacional para convertirse en una suma de franquicias socialistas locales, dispuestas a pactar con los nacionalismos más extremistas. Cataluña y Galicia son los ejemplos más incontestables de esta mutación del socialismo, y si en el País Vasco no se ha producido un fenómeno similar se debe a que no cuajó el proceso de «paz» en el que una Batasuna blanqueada -y lista para posibles pactos que un esperanzado Patxi López no descartaba en noviembre de 2005- estaba llamada a desempeñar un papel como el de ERC en Cataluña. Y en Navarra se impuso en el último segundo un cálculo electoral antes que un ejercicio de responsabilidad.
Más allá de ser meros pactos para mancomunar el poder político, los acuerdos con los nacionalismos han impuesto en el PSOE una visión del Estado incompatible con el principio de igualdad. El peaje pagado a los nacionalistas es la admisión de una inaceptable discriminación entre españoles, según el lugar donde vivan. La cesión a ETA -porque negociar con ETA una tregua y fijar un guión político es una cesión en toda regla-, el debilitamiento del Estado y la promoción de unos nacionalismos más radicales y menos leales son los motivos principales por los que Rosa Díez y otras personalidades de la izquierda, como el filósofo Fernando Savater y el profesor Carlos Martínez Gorriarán, han decidido constituir un nuevo partido político a partir de la plataforma cívica «Basta Ya». Podrían haber optado por promover un movimiento político no partidario que, a semejanza de lo ocurrido en Francia con Sarkozy, encauzara apoyos de la izquierda a un proyecto político nacional liderado por Rajoy. Legítimamente han optado por constituir un grupo político que dispute con los demás la confianza de los electores.
Obviamente, será un partido de izquierda, aunque el PSOE tratará de presentarlo como una filial del PP, pasando por encima de la consideración debida a intelectuales y políticos que, como los citados, tienen acreditada una militancia mucho más coherente y solvente que la de aquellos que, cómodamente instalados en su mediocridad pasada, presente y futura, ahora cargan contra ellos desde las filas socialistas. Por tanto, aquellos ciudadanos españoles que por ser de izquierdas no votan al PP y por sentirse ante todo españoles no secundan la política sin principios de Rodríguez Zapatero, pueden contar en el futuro con una nueva formación que responda a sus exigencias de alternativas. Es en este contexto donde el nuevo partido tiene asegurada su viabilidad, en el caladero de los múltiples ciudadanos de izquierda que se sienten engañados y hastiados por Zapatero y que quieren una política de izquierda y nacional. Por eso no es extraño que algunas de las propuestas que ya se conocen de esta nueva formación -que debe evitar ser un ilusión efímera- tengan un carácter integrador y sin adscripción ideológica: reforma constitucional para la defensa del Estado, cambio en la legislación electoral para evitar el sobrepeso parlamentario de las minorías nacionalistas y política de unidad y firmeza frente a ETA. La coincidencia de estas propuestas con las del PP no hace sino confirmar que derecha e izquierda aún tienen amplios terrenos de consenso en lo fundamental y que es el actual PSOE el que ha decidido jugar en las canchas embarradas de los nacionalismos.
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El de El Mundo:
UN PARTIDO ENTRE DOS AGUAS Y REMANDO CONTRA CORRIENTE
Tal y como adelantó EL MUNDO, la eurodiputada del PSOE Rosa Díez confirmó ayer que abandona su partido y su escaño para trabajar «a tiempo completo» en la nueva formación auspiciada por la plataforma ¡Basta Ya! para las próximas elecciones. De ésta sólo supo decir que expondrá «con absoluta claridad» cuál es su posición «en las cuestiones fundamentales». Pero si de algo adolece de momento este embrión de partido es precisamente de una gran indefinición.
El único «banderín de enganche», calificativo que ayer utilizó Fernando Savater para referirse a la incorporación de Díez, es hasta el momento la personalidad de quienes lo avalan. Se supone que aquellos ciudadanos que habitualmente estén de acuerdo con las opiniones de Savater o Díez podríanse sentir atraídos por el nuevo partido. Pero no es lo mismo predicar en los medios de comunicación que dar trigo en forma de compromisos electorales. Además, el filósofo ya ha aclarado que él no tendrá un cargo dentro de la formación, siguiendo así la estela de los intelectuales que capitanearon el proyecto de Ciutadans en Cataluña.
El nuevo partido, aún sin nombre, parece destinado a ocupar el espacio que en un tiempo fue del CDS o, mejor aún, de aquel PSP de Tierno Galván, con un corte izquierdista e intelectual pero cuya españolidad estaba fuera de toda duda.
Con su calculada ambigüedad, los promotores pretenden apelar al mayor número posible de ciudadanos, pero su definición «progresista» y sus previas afinidades políticas indican que su ambicionado vivero de votantes está en la izquierda desilusionada con la gestión del Gobierno Zapatero pero incapaz de votar al Partido Popular. Sin embargo, podrían encontrarse con la sorpresa de encontrar apoyos entre los desencantados del PP, como es el caso del diputado popular vasco Fernando Maura, quien ayer barajaba el cambio por lo que considera la «deriva a posturas derechistas» de su actual formación.
Por eso, el surgimiento de este partido es indicativo tanto de la debilidad del PSOE para articular un proyecto claro de izquierda constitucional para toda España como de la incapacidad del PP para ampliar de forma convincente su espacio hacia el centro izquierda. Además, el comportamiento de los populares respecto a los Estatutos valenciano y andaluz podría dar a algunos ciudadanos motivos para inclinarse por un partido menos dispuesto a las concesiones con la estrategia del PSOE y su visión fragmentaria del Estado.
En un sistema proporcional como el nuestro, no debe resultar extraño que surjan partidos bisagra, y por una vez es de agradecer que lo haga uno con perspectiva nacional y no nacionalista, una vez que IU ha renunciado a ese papel. Ahora bien, es precisamente también nuestro sistema electoral el que pone muy difícil a esta nueva fuerza obtener un espacio representativo en el Parlamento. Quizá su principal papel sea servir de acicate pasajero para que los dos grandes partidos nacionales reflexionen sobre sus debilidades. Pero incluso para eso tendrá que dejar de limita
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El de El País:
Una salida lógica
A nadie podía sorprender que Rosa Díez fuera a anunciar, como hizo ayer en una conferencia de prensa en Bilbao, su salida del PSOE. Eran tantas las discrepancias con el partido, acrecentadas durante la tregua de ETA, que lo chocante era que el abandono no se hubiera producido mucho antes. La actitud de la aguerrida política vasca es coherente y consecuente con sus actuales posicionamientos, al tiempo que evita a los dirigentes socialistas una siempre desagradable medida de expulsión con el consiguiente perjuicio. Díez, que además de entregar el carné renuncia a su acta de eurodiputada, ha decidido sumarse al proyecto del filósofo Fernando Savater de crear un nuevo partido con acento abiertamente antinacionalista. Dicha formación tiene previsto presentar sus listas en las elecciones generales de marzo de 2008.
Si un afiliado de la relevancia de Rosa Díez choca tanto con la línea de su formación como le sucedió a ella, sobre todo desde la llegada de Zapatero a La Moncloa, lo natural es que se marche. Si hay que poner alguna reserva a su decisión es que la haya demorado tanto. Díez aprovechó cualquier instancia para criticar contundentemente la política antiterrorista del jefe del Gobierno y para advertir del peligro de entablar negociaciones con ETA porque, decía, la banda no tenía intención de deponer las armas. También fue muy dura con la presunta benevolencia del PSOE con la izquierda abertzale, una opinión que no pocos compartirían. La realidad vino a confirmar alguna de sus palabras, pero fue exagerado, inexacto y, por tanto, injusto acusar al Gobierno de estar cediendo a las maximalistas reivindicaciones de la banda y su entorno. Ayer dijo que se marchaba para poder defender sus ideas “con más libertad”. Es una opinión respetable, aunque también es cierto que su partido, inteligentemente, nunca trató de silenciarla durante todo este tiempo.
El discurso de Díez y Savater enlaza con el sentir de muchos ciudadanos. Tienen, pues, todo el derecho del mundo a buscar espacios políticos a través de un nuevo partido que plantee sus propias fórmulas sobre la lucha contra el terrorismo o el modelo territorial “sin complejos”. Otra cosa es que triunfe. La mala experiencia de Ciutadans en las pasadas elecciones municipales tras el éxito en las autonómicas catalanas refleja las dificultades que entraña sobrevivir entre los grandes partidos sin reproducir sus vicios. En cualquier caso, hay que saludar la llegada a la arena de nuevos grupos si con ellos se refuerza el músculo y la cercanía a los ciudadanos de nuestra democracia.
Entrevista con Rosa Díez publicada hoy en ABC.
Rosa Díez:«Zapatero ha cambiado el rumbo hacia un Estado confederal sin contar con los ciudadanos ni con el PSOE»
BLANCA TORQUEMADA
Conserva intacto el empuje y se muestra serena -radiante, casi- a pesar de la intensa carga emocional de estos últimos días, en los que la primicia publicada por ABC sobre su «salto» al proyecto político auspiciado por la plataforma «Basta Ya» ha trastocado, según admite, los tiempos que se había fijado para hacer público este cambio de «equipo», que no de rumbo.
-¿En qué se ha convertido en esta última legislatura el Partido Socialista para que usted lo abandone después de treinta años
-No quiero calificar en qué se puede haber convertido, cada uno puede juzgar. Simplemente, me voy cuando veo que para defender las ideas en las que creo, que en lo sustancial superan las siglas, ya no es útil ni eficaz permanecer en el PSOE. En el PSOE nunca se ha planteado en los últimos tres años cambiar la política antiterrorista o el modelo de Estado. Esta Ejecutiva no ha ido nunca a un Comité Federal a decir «vamos a cambiar las alianzas para la política antiterrorista porque vamos a hacer otra política distinta». No. Ha mantenido el discurso de que hacía la misma. Muchos dirigentes del PSOE en privado se han quejado de esto mismo.
-¿Y por qué no han salido a la palestra?
-Eso habría que preguntárselo a ellos.
-En alguna ocasión ha dicho usted que ningún secretario general del PSOE, ni siquiera Felipe González, ha tenido jamás tanto poder en el partido como el que ahora ejerce Rodríguez Zapatero…
-Por supuesto. Pero no es sólo que lo opine yo, el propio Felipe González lo ha comentado y hay hemeroteca sobre ello.
-¿Y cómo se ha llegado a ese punto?
-No lo sé, sería muy complejo explicarlo. Lo único que sí es cierto y es indiscutible es que éste es el único periodo del Partido Socialista Obrero Español en el que no hay corrientes, ni organizadas ni no organizadas pero conocidas. ¿Significa eso que el cien por cien de los militantes están de acuerdo en todo? Hombre, eso sería un empobrecimiento.
-¿Cuándo decide usted que se va del PSOE?
-Este verano, por la actitud del partido tras las municipales y tras el fracaso del «proceso» de negociación con ETA. Después de las elecciones vi cómo se alzaban las voces para pedir cabezas porque en Madrid se habían perdido tres concejales cuando previamente no se había oído absolutamente nada en lo referido al Estatuto de Cataluña, la excarcelación de De Juana o la vuelta de ETA a las instituciones. No ha habido ninguna capacidad de reacción en los debates políticos de calado. Hoy los demócratas estamos mucho más débiles y los terroristas más fuertes, y esto no ha ocurrido por circunstancias sobrevenidas que no hayamos podido controlar, sino por una apuesta política equivocada y tomada autónomamente.
-¿En qué momento perdió usted, si es que alguna vez la tuvo, la confianza en José Luis Rodríguez Zapatero?
-El presidente tiene mi confianza en lo personal, pero confianza no significa obediencia. Le supongo las mejores intenciones, y si hubiera acertado en el camino emprendido en ese «proceso» yo habría sido la primera en reconocer que estaba equivocada. Pero el tiempo me da la razón y no ha habido absolutamente ninguna autocrítica en la actual dirección. Se ha dicho una cosa y se ha hecho la contraria. Zapatero ha optado por un modelo de Estado confederal que no se les había planteado a los ciudadanos en el programa electoral, que no hemos votado en el partido y que es inviable.
-¿Por qué se embarca en la aventura de «Basta Ya»?
-Me ha convencido lo sustancial de su planteamiento de por qué hace falta en España un partido político que sustente esas cosas que yo he defendido desde el PSOE y otros desde el liberalismo político o desde las ideas conservadoras. Me refiero a las cuestiones que requieren un pacto de Estado, como la política antiterrorista, el modelo territorial o la política exterior. La plataforma propone un partido inequívocamente nacional, que defienda el mismo proyecto para toda España, que sea capaz de plantear una reforma de la Constitución para garantizar más libertad y más igualdad para el conjunto de los ciudadanos. La gente no está preocupada por la reforma de la Constitución, pero sí por un modelo de Estado que cada vez resulta más inviable y que, de profundizarse en la línea emprendida por el Estatuto de Cataluña, llevaría a una mayor desigualdad entre los ciudadanos. Y en vista de que el Partido Socialista ha renunciado a un proyecto común y de que el Partido Popular demuestra en la práctica que tiene demasiadas hipotecas en sus propios liderazgos regionales, es necesario un partido nacional que plantee un debate sobre el modelo de Estado y sobre la regeneración democrática y una reforma electoral que fomente la igualdad de los ciudadanos en el peso de su voto para que vayamos a la proporcionalidad real. Hay que evitar que un partido que tiene quinientos mil votos en la única comunidad autónoma donde se presenta tenga más influencia en la política nacional que uno que tiene dos millones de votos en toda España, porque eso distorsiona la voluntad de los ciudadanos. No se trata de hacer una reforma electoral para echar a los nacionalistas, sino para que el voto de todos los ciudadanos se equipare.
-Ese discurso, en todo caso, está mucho más cerca del Partido Popular que de los socialistas.
-De momento, nuestro discurso como partido no existe. Cuando lo hagamos, espero que se juzgue el discurso y no si está más cerca de uno o de otro. Rechazo esta manía que existe en España de pensar que los votos son de alguien y que un nuevo partido quita a otro, como si los ciudadanos no tuvieran libre albedrío.
-En política parece inevitable plantearlo así…
-Es evitable. Todos los partidos tienen un suelo electoral, pero ese suelo supone el 30 por ciento de los votos de unas elecciones. Luego hay en España, como en el resto de Europa, un 50 por ciento de gente que no vota a nadie.
-O sea, que van a apelar ustedes a los desafectos de la política, a la abstención.
-No, vamos a apelar a que nos voten en función de lo que nosotros defendemos. El debate que se ha generado alrededor de la creación del nuevo partido demuestra hasta qué punto hace falta en España un proyecto que apueste por la regeneración democrática. Esto lo van a decir los ciudadanos. ¿Por qué le vas a negar a la gente su derecho a creer que hay un espacio que no ocupa nadie y para el que hay una demanda? De ese 50 por ciento de votantes que se queda en casa, sólo un 30 corresponde al abstencionismo natural. Por tanto, hay un 20 por ciento que se puede movilizar. Y, además, si se gana, se gana, y si no, no se renuncia a lo sustancial por la necesidad de pactar con otro. Eso es engañar a los ciudadanos.
-¿Qué le parece la cuestión navarra y el cambio de criterio dictado por la dirección socialista, impidiendo ahora el pacto con Nafarroa Bai?
-Yo creo que ha cambiado de táctica, que no de estrategia, porque la demoscopia indicaba que la otra táctica era suicida ante unas elecciones. Es evidente que el PSOE optó por hacer el acuerdo con Nafarroa Bai en un Comité Federal, o sea que no fue cosa de dos del Partido Socialista de Navarra. También el PSOE tiene ahora un comportamiento interno de estructura cuasi confederal, no en el discurso, pero sí en los hechos, como lo demuestra el Estatuto de Cataluña y esa relación de bilateralidad que establece con el Estado. Eso no está en la Constitución. Así, mientras el Partido Socialista ha tomado un rumbo que obedece a una decisión previa por el que pacta con quien sea y donde sea (aunque no lo asumen públicamente y siempre negarán la mayor), el Partido Popular está en desacuerdo con eso, pero a la hora de la verdad se comporta como si así fuera, salvo en la política antiterrorista. Pone en marcha reformas estatutarias en Valencia sin necesidad objetiva, o entra al trapo en Baleares y Andalucía. Ahora dice que si gana las elecciones pactará con CiU o con el PNV. Ni el PSOE ni el PP, el uno porque ha renunciado y el otro porque no se atreve, se comportan hoy como partidos de Estado.
-¿Qué pasará con la fusión con Ciudadanos? Parece que había un gran entusiasmo inicial en aunar esfuerzos y que ahora se ha enfriado.
-En España hay mucha gente que vio el nacimiento de Ciudadanos de Cataluña con una expectativa muy positiva y que coincide con otras personas que ahora ven este nuevo partido con la misma expectativa positiva. Pero Ciudadanos es ya un partido político que tiene su propia autonomía. La Plataforma Pro, cuando cree el suyo, seguro que tenderá a hablar con Ciudadanos. Pero si pensara que Ciudadanos es su partido, no promovería otro.
-¿Alguna vez se ha planteado que quizá debería haber dejado antes el Parlamento Europeo?
-No, cuando he decidido irme del PSOE he decidido dejar el escaño. Lo que no me he planteado nunca es irme del partido y quedarme con el acta de diputada. Va unido. No va unido por ley, pero sí en conciencia.
-¿Cuándo envió a Rodríguez Zapatero la carta de baja en el PSOE?
-El mismo día en que ABC publicó la noticia. Mi decisión estaba tomada, pero su salida a la luz pública me obligó a adelantar la rueda de prensa que tenía prevista para el 6 de septiembre.
-En campaña algunos le reprocharán inevitablemente los años en los que fue consejera en un Gobierno vasco de coalición con el PNV.
-El PSOE hizo gobiernos de coalición en el pasado en el País Vasco obedeciendo a una apuesta de Estado. Ya sabíamos que al PSE le iba a penalizar electoralmente, como así ocurrió, pues entramos con 19 diputados y terminamos con 12. El objetivo era constitucionalizar al nacionalismo vasco. Fue un objetivo correcto, y también lo creyó la derecha. Nadie criticó aquellos gobiernos, que nos hicieron comprender que al PNV sólo le constitucionalizará ir a la oposición. Para llegar a determinadas conclusiones, tienes que hacer el recorrido.
-¿No estamos otra vez en el mismo punto con la aparición de la figura «moderada» de Josu Jon Imaz?
-Sería absurdo perseverar en el error de algo ya probado.