Fernando Marcet Manrique
“Deben entender el Ayuntamiento como una gran empresa en la que los vecinos son los clientes a los que satisfacer”. De estas palabras, cuando un alcalde las pronuncia, se desprende entre todas las posibles una interesante cuestión. Y es que concibiendo el Ayuntamiento como una empresa, en lugar de como un mero órgano de gestión, se está apelando a la maximización de beneficios, algo de lo que me temo están muy necesitados todos los consistorios insulares. Es decir, ya no se trata tanto de hacer un buen trabajo para tener a la gente contenta, que también, sino sobre todo de hacer un buen trabajo para optimizar los recursos y que con menos se pueda lograr lo mismo o incluso más de lo que se conseguía antes.
Y no es que yo esté en desacuerdo con esta idea, que ya digo me parece interesante. En efecto, un Ayuntamiento no deja de ser una empresa. Están los que la dirigen, los que trabajan en ella y los clientes de los que ésta depende. Hay una balanza de ganancias y de pérdidas, hay un producto que se ofrece y un precio que se paga por él. Pero se me ocurre que, de todos modos, existe una diferencia sustancial respecto a las empresas.
¿Alguién concibiría una empresa en la que hay unos señores, directamente vinculados a quienes han de regirla, que ponen todo su empeño en dificultar la labor de estos, reprochando constantemente sus resoluciones, sean cuales fuera, con el único objetivo de llegar ellos a sucederles en el mando? Ni mucho menos. No hay empresa en el mundo que tenga nada parecido a una oposición política como las que tienen los ayuntamientos.
Las empresas normalmente encuentran la motivación para superarse en la lucha competitiva contra otras empresas, en su constante relación con la clientela real y potencial, pero jamás han de batallar contra ellas mismas de ese modo que lo hacen los grupos de gobierno contra su oposición. Y otro tanto cabe decir respecto a ámbitos políticos mayores.
¿Quiénes se equivocan, las empresas o los Ayuntamientos? ¿Deberían los grandes empresarios insulares buscarse unos cuantos enemigos (seguro que los encuentran) y ponerlos en puestos relevantes para que se dediquen a entorpecer su trabajo un día sí y otro también? Me parece a mí que no.
Pedro G
19:19 | 20 Junio 2007 | Permalink
En las empresas, como en los partidos, no resulta imprescindible la oposición, porque son una parte que no se representa más que a sí misma. Pero los ayuntamientos no representan a una parte sino a toda una comunidad. Esa es la gran diferencia que explica porque hay oposición en un ámbito y no en el otro.
Fernando Marcet Manrique
12:51 | 21 Junio 2007 | Permalink
Me vi obligado a dejar este artículo inconcluso, debido a ciertas urgencias que no admitían postergación. Así que me dispongo a colocar aquí lo que sería el final de texto con el que abro la entrada “Los ayuntamientos empresa”.
En estas fechas, en las que tanto se habla (a parte de que el Madrid ganó la liga y de ETA, que en eso las cosas no han cambiado mucho en los últimos treinta años) de la necesidad de reformar las leyes electorales y de incluso introducir algún que otro cambio constitucional, no he oído ni leído a nadie tocar este tema. Y pienso que habría que hacerlo. La noción de los ayuntamientos como empresas viene que ni pintada.
Imaginemos una situación inverosímil. La privatización de los ayuntamientos. Es decir, la ciudad, a través de sus representantes electos, decide delegar la gestión de todas y cada una de las áreas municipales a una empresa que a partir de ese momento se ocuparía de ello. Deportes lo llevaría un departamento de esa empresa, obras públicas lo llevaría otro, festejos otro, etc…, ¿sería plausible? ¿sería deseable?
En principio, la respuesta obvia sería que no. Ni plausible, ni deseable. Para argumentar esta postura contraria se podría decir que una empresa con tal poder decisorio seguramente cometería las mayores tropelías con absoluta impunidad. Por ejemplo, recalificaría todos los terrenos habidos y por haber para beneficiar a sus directivos o familiares de estos, contrataría a los empleados que se le antojara, por el tradicional método del enchufe directo, trabajaría exclusivamente con otras empresas asociadas, creadas incluso para la ocasión…
Y yo me pregunto, todo lo mencionado en el anterior párrafo, ¿no les suena a ustedes de nada?
Esos hechos vienen sucediendo desde hace mucho en los ayuntamientos de toda España, especialmente aquellos en los que han entrado grandes cantidades de dinero gracias al boom inmobiliario.
Desde mi punto de vista, la oposición política debería ser un órgano desde el que sobre todo se hiciera un seguimiento minucioso de las actividades llevadas a cabo por el grupo de gobierno. Yo lo entiendo como un ente casi inquisidor, y está bien que sea así. Lo que ya no me parece tan bien es que una función tan importante sea ejercida desde el partidismo inevitable. Inevitable, pues lo llevan a cabo personas especialmente interesadas en que los asuntos planteados por el gobierno salgan lo peor posible. Y si no salen mal, da igual, ellos seguirán diciendo que salieron mal. E inevitable, porque esos mismos puestos probablemente los ocupen ellos algún día, por lo que tal vez les convenga hacer la vista gorda de cuando en cuando, en previsión de lo que pueda ocurrir.
Si me piden mi opinión esta sería mi propuesta:
Fuera oposición. Ni más ni menos. Nada de privatizar los ayuntamientos, los partidos políticos son perfectamente capaces de cumplir estos cometidos. Digo más, los partidos políticos son ya empresas especializadas. Empresas especializadas en cuestiones políticas. ¿Quién mejor que ellos para acometer estas tareas, si llevan años enfrentándose a los problemas cotidianos que surgen ante la gestión de un colectivo de personas numeroso? Tanto el PSOE como el PP, por citar los más significativos, son partidos empresa que tienen tras de sí lustros de experiencia en el sector.
¿Y por qué digo fuera oposición? Digo fuera oposición porque esa trascendental función controladora la debería ejercer un ente estrictamente neutral. Debería ser un órgano judicial creado específicamente para ello. Un órgano independiente y con potestad para acceder a todo tipo de información. Un órgano auditor al que no se le pudiera escapar nada y al que no le temblara el pulso a la hora de actuar y de denunciar, sabedor de que no necesita hacer favores porque jamás estará en el poder, porque nunca se verá en la tesitura de pedir favores en correspondencia a los que pudieron hacer en el pasado. Un órgano cuyas acusaciones o denuncias jamás estarían estigmatizadas por proceder de individuos o partidos con intereses mediante. Es de perogrullo.
Estoy harto de escuchar por ahí que la legislación española es de las más completas que existen. Contempla todos los casos y todas las circunstancias. Pero no se cumple. No se cumple porque no hay quien vele por su cumplimiento. Pedir al PP que vigile al PSOE cuando gobierna es como pedir a la Pepsi que vigile a la Coca Cola… lo más normal es que, o bien se tiren los trastos a la cabeza por los motivos más nimios, o bien se pongan de acuerdo entre ellos y que, salvo en casos demasiado flagrantes, se hagan favores mutuos, que beneficien a ambos (hoy por ti, mañana por mí). Con una oposición neutra de carácter fiscal buena parte de la corrupción existente en los Ayuntamientos de toda España desaparecería de un plumazo.