La Opinión de Lanzarote

Miguel Gallardo

Así se titulaba el artículo que publiqué el 29 de marzo; “Sospechas”. Y de este modo comenzaba: “Las sospechas a cuenta de la aprobación, en el último momento y por sorpresa, de las 5.500 camas de excepción son de envergadura”. La noticia de ayer provoca de nuevo las suspicacias: “Política Territorial y Turismo paran dos hoteles de Lopesan” (Canarias7).

Me refería en aquel texto a la declaración de Adán Martín de que había que “alejar toda sospecha de ilegalidad”. Y me preguntaba: ¿se alejaría toda sospecha de trato de favor o de tráfico de influencias?

Nos dicen ahora que “los informes que están elaborando sus departamentos no son favorables a que puedan acogerse [los nuevos hoteles] al interés general”. Sin embargo, no fueron impedimento los tres informes contrarios de los técnicos de la propia Administración para que se declararan de interés general aquellas 5.500 camas turísticas. ¿Por qué no las que ahora se solicitan? ¿Cuál es el criterio que justifica que unas lo sean y otras no?

Lo cierto es que ese criterio, en realidad, no existe. Por lo tanto, estamos ante una decisión discrecional del Gobierno. Y cuando la decisión de la Administración es discrecional y los beneficios que de esa decisión se obtienen son cuantiosos, las sospechas resultan inevitables. Con mayor razón, además, en un caso que nada tiene que ver con lo que se proclama, con el interés general de la sociedad y de su economía, necesitada precisamente de todo lo contrario: que no se construya ni una cama más.