La Opinión de Lanzarote

Miguel Gallardo

Quizás recuerden ustedes que el Parlamento español, a instancias del Gobierno, aprobó hace un año y medio una ley para evitar que sucediera lo que acaba de suceder en Lanzarote: que la presidenta del Cabildo se dedique a gastarse el dinero de los contribuyentes en una campaña personal de publicidad de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, pese al bombo que los socialistas le dieron a aquella ley, parece que va a servir de poco. O se lo parece al diario El País, que comenzaba así su reportaje de ayer:

La buena noticia es que el Ejecutivo ha puesto por fin en marcha la comisión que vigilará que las campañas de publicidad institucional no deriven en autobombo de los gobiernos pagado con dinero público. La mala es que esa comisión se declara incompetente para controlar y, en su caso, suspender los anuncios de ayuntamientos y comunidades autónomas. Y eso que la ley que dio lugar a la comisión, aprobada hace año y medio, extiende expresamente a todas las Administraciones la prohibición de hacer publicidad de autobombo.

El Gobierno de Zapatero se conforma, en ésto como en otras cosas, con hacer la ley. De la trampa, de lo que ocurra después, no se sienten responsables. Y en consonancia, la declaración del portavoz del Ministerio de Presidencia: “Vamos a ser muy exigentes con nuestras propias campañas, las del Gobierno central, pero en cuanto al resto no podemos hacer nada. Es cierto que la prohibición afecta a todos, pero el grueso de la ley, incluida la comisión de control, sólo es de ámbito estatal”. Y la pregunta es obvia: ¿qué ley hicieron para que ahora nos digan que no pueden hacer nada?

A la vista de que nada pueden hacer, quizá se anime Inés Rojas a contratar otra campaña publicitaria para mejorar su imagen. A lo mejor piensa que después de que hayamos pagado su campaña, qué menos que votarla.