Jueves, 1 de Marzo de 2007

¡Allá vamos! ¡A los «cochitos»!

Roberto L. Blanco Valdés

[La Voz de Galicia, 28 de febrero de 2007]

El día que se escriba la historia de esta segunda descentralización en la que estamos, alguien habrá de explicar cómo fue que muchas personas razonables acabaron haciendo, al parecer plenamente convencidas, cosas insensatas. Por ejemplo, la que ayer tuvo a Madrid por escenario.

¿Y que pasó ayer en nuestra capital? Pues pasó que se constituyó la comisión del Estado y la Generalitat de Cataluña que debe decidir las inversiones en infraestructuras del primero en la segunda. Para entendernos: la comisión que acordará cómo habrá de gastarse el Estado el dinero de sus presupuestos en una de las comunidades españolas.

Ustedes, que son sabios y juiciosos, se preguntarán cómo es posible que el Estado deba consultar con las autoridades catalanas la forma en que deberá distribuir sus presupuestos en el conjunto del país. Alguien quizá llegue incluso a imaginar que tan fantástica ocurrencia ha sido el fruto de una noche de cubatas entre los responsables de los Gobiernos español y catalán, quienes, en el arrebato de una pasión territorial irrefrenable, habrían perdido la razón.

Pero no. La constitución de la citada comisión es la consecuencia de una previsión del nuevo Estatuto catalán que, además de resultar inconstitucional, supone una locura. El Estatuto dispone, en efecto, los criterios con arreglo a los cuales deberán gastarse los dineros de los presupuestos del Estado, dineros que, como su propio nombre indica, son del Estado y que, por serlo, han de ser administrados por el Gobierno del Estado y por las Cortes y no por las autoridades catalanas.

¿Se imaginan, por un minuto, que a algún valiente se le ocurriera proponer que el Estado debería meter los fociños en el modo en que Cataluña dispone de sus presupuestos autonómicos? No, seguro que no se lo imaginan, pues ya no quedan en España valientes de temeridad tan portentosa.

En todo caso, no acaban ahí nuestras desgracias. Si el sistema que prevé el Estatut se restringiera a Cataluña, el resultado sería injusto, desde luego, pero resultaría practicable. ¡Abandonen toda esperanza! El sistema catalán lo ha previsto ya también el Estatuto de Andalucía recientemente refrendado en fantasmal consulta popular y lo establecerán, antes o después, todas las restantes comunidades españolas que, con razón, no querrán ser menos que las dos adelantadas.

Cuando llegue tal momento, con diecisiete comisiones funcionando, España será un constante ir y venir de comisionados estatales y autonómicos. Será, por supuesto, una completa chaladura. Algo así como las pistas de aquellos coches de choques que se llamaban en mi pueblo los cochitos.