Corrupción tendremos
Jorge Marsá
[Publicado también en Basta Ya]
La semana pasada, los dos grandes partidos dieron otra muestra más de su falta de grandeza. Después del lamentable espectáculo al que asistimos en el Congreso a cuenta de la política antiterrorista, el PP y el PSOE rompieron la negociación para alcanzar un acuerdo que permitiera arbitrar una política de Estado contra la corrupción urbanística que asola el ámbito municipal español.
Pero la realidad es tozuda, y raro es el día en que los medios de comunicación no dan cuenta de la aparición de un nuevo caso de corrupción en algún ayuntamiento. Hasta el punto de que, según leíamos en la portada de El País de el lunes: “La corrupción altera la elaboración de candidaturas municipales”. Por si cabía alguna duda, al día siguiente llegaba la enésima confirmación, de la que los medios informaban en consonancia con la filiación partidaria que se les supone: “Detenidos el alcalde y la teniente de alcalde de Mogán por presunta corrupción” (edición electrónica de El Mundo); “Detenido el alcalde del PP de Mogán, Gran Canaria, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho” (Cadena Ser).
Pese a todo, es cierto que la renuncia del PP y el PSOE a pactar la política contra la corrupción urbanística –si es que existiera algo digno de tal nombre en este país– no reviste la misma gravedad que en el caso de la lucha contra el terrorismo. Entre otras cosas, porque ninguna de las medidas propuestas en los últimos tiempos para hacer frente a la corrupción en los municipios españoles servirán para frenar significativamente el fenómeno. Y es que difícilmente podrá contenerse la corrupción urbanística cuando nadie quiere plantearse el fondo de la cuestión: la apropiación privada de plusvalías que se producen por mor de decisiones públicas. Mientras no vayamos al fondo, corrupción tendremos por toda la superficie.
No se trata, por supuesto, de conculcar los derechos de los propietarios del suelo. La cuestión es que ese suelo vale lo que vale mientras no se puede urbanizar. Por lo tanto, la revalorización del suelo es consecuencia directa de su recalificación urbanística por parte de las instituciones públicas, esto es, que sus propietarios no son los responsables de las enormes plusvalías que obtienen (a no ser, claro está, que se las hayan trabajado; pero sólo hay una forma de trabajárselas: corrupción).
Así que estamos ante un inmenso negocio cuyos beneficios genera la Administración y entrega en su casi totalidad a promotores privados. Si a ello le añadimos el hecho de que los ayuntamientos gozan de una notable discrecionalidad a la hora de beneficiar a unos u otros propietarios de suelo, la conclusión resulta obvia: la corrupción es inevitable. En realidad, la corrupción forma parte estructural del sistema urbanístico.
¿Qué hacer? La idea es sencilla, aunque su puesta en práctica comporte dificultades: buena parte de la plusvalía cosechada debe recaer en quien la genera, en la Administración pública. Se trataría de que los ayuntamientos reciban, por concurso o subasta públicos, las ofertas de los propietarios de suelo: ¿cuántas viviendas o locales comerciales de los que vamos a autorizar ofrece a la institución cada uno de ellos a cambio de la recalificación? Y después no hay más que elegir la propuesta más provechosa para el municipio.
¿Propiedad privada? Por supuesto. Pero a cada cual lo que es suyo. Y algunos se están llevando ahora lo suyo y lo de todos. Y además, resulta francamente difícil convencer, con cuatro medidas políticas marginales y un catálogo de buenas prácticas, a quien quiera llevárselo de que renuncie a la forma más práctica de hacerlo, a la corrupción. En fin, que corrupción tendremos.
Pues ya podría haber hablado un poco de Lanzarote, que tenemos aquí cuatro alcaldes imputados, y hay quien dice que no están todos los que son, aunque todos los que están… bastante pringaditos.
En esta Isla es que estar imputado por corrupción es un mérito, sobre todo en CC que te pone inmediatamente encabezando una plancha electoral. Y su mérito la cara que le echan y con la que se lo llevan.
Para mí que lo que dice Marsá es irrebatible.
De acuerdo con Ricardo salvo en una cosa: ¿Propiedad privada? Por supuesto. Salvo eso el artículo es muy bueno y original. Esta vez estoy de acuerdo con Marsa.
YO NO SE , PERO SIEMPRE QUE LEO Y OIGO LA PALABRA CORRUPCION SE ,E REVULEVEN LAS ENTRAÑAS PERO BUENO, EN ESTE ARTICULO NADA MAS FALTA PONER UNA FOTO QUE PUEDE SER PERFECTAMENTE LA QUE VIENE HOY EN LA VOZ DE LANZAROTE EN LA CUAL SE VE A NUESTRA ILUSTRISIMA ALCALDESA ENSEÑANDOLE UN MAPA O PROYECTO A VARIAS PERSONAS MIENTRAS ESTAS ESTAN TODAS DESCOJONADAS DE RISA Y SE VE A UNO DE ELLOS FROTANDOSE LAS MANOS NOS SE SI POR FRIO O POR EL CACHO DE CHOLLO QUE SE VA A HACER O ALGO.
No, no es sencilla la solución. El otro día fui a una jornada de participación en la que se explicaba el plan general de san bartolomé y los únicos que hablaron era para protestar porque el ayuntamiento no se hacía cargo de los gastos de asfaltado y demás. El alcalde les contestó que el ayuntamiento bastante había hecho recalificando los terrenos y permitiendo construir en ellos, pero esta gente se creía que encima de no tener que pagar un euro por tal recalificación el ayuntamiento tenía que hacerse cargo de todos los gastos. Aquí quien más quien menos está metido en el ajo, no solo los políticos. Los políticos son solo la cabeza de turco gracias a los cuales todos podemos desahogarnos, pero la realidad es que existe un porcentaje muy grande de población, al menos en lanzarote, que ha hecho fortuna gracias al boom inmobiliario. Aquí el más tonto hace relojes o tiene cuatro llanos sobre los que está construyendo o ha construido hace poco. Y me refiero a los que son de aquí de toda la vida, que los otros está claro que no tienen tierras ni nada de nada.
bien Marsá, pero..una duda…¿no correriamos el peligro de que recalificasen los ayuntamientos ?
¡Esto con Pancho Bahamonde no pasaba!. Los chollos urbanísticos deberían ser como antes, un derecho de unos pocos. Desde que el proletariado metió la mano, todo se a ido al carajo.