La Opinión de Lanzarote

Luis Arencibia Verdú

La noticia ha ocupado gran cantidad de espacio en los medios de comunicación: el pasado 9 de diciembre, el responsable de seguridad de una conocida familia de joyeros de Manresa, alertado por un subalterno de que un coche sospechoso merodeaba el lugar, acudió a la mansión de sus jefes, y a la postre también suegros. Presuntamente, nada más toparse con los intrusos, sacó su arma y mató a uno de ellos.

Entre otras cosas, por las grabaciones de video recogidas, la juez no se ha creído que a los ocupantes del coche les diese materialmente tiempo de efectuar algún gesto que pudiera ser interpretado por el vigilante como una amenaza para su vida. Y por ello lo ha enviado a prisión acusado de homicidio.

Días después, el jueves de la semana pasada, se convocó vía sms una manifestación en Manresa para protestar por esta encarcelación, y en unas de las pancartas que esgrimían algunos de los manifestantes se podía leer la siguiente leyenda: “Quiero poder vivir con los mismos derechos que los que vienen de fuera”. Hay que decir que para el único integrante del grupo de merodeadores que logró ser capturado –los cuales, también presuntamente, efectivamente pretendían asaltar la mansión– la juez decretó la misma medida: ingreso en prisión.

Lo que los portadores de dichas pancartas querían decir, de forma bastante explícita en vista de los hechos acaecidos y las consecuencias para sus protagonistas, viene a ser lo siguiente: dado que los españoles hacemos el esfuerzo de tener bárbaros entre nosotros –el muerto y el detenido eran albanokosovares–, estos deberían tener menos derechos que nosotros, para que de esta forma lográsemos establecer un equilibrio justo. Porque parece claro que en este caso a ambos, al presunto homicida y al presunto ladrón, le han sido otorgados idénticos derechos: el derecho a un abogado, el derecho a ser tratado dignamente durante la detención, el derecho a mentir en defensa propia…

Por si hacía falta alguna más, ésta es otra prueba de un hecho bastante evidente: gran cantidad de personas albergan profundos sentimientos xenófobos, y sólo es necesario que salte una chispa para que estos salgan a relucir. El cómputo total de estas personas podría ser alarmantemente elevado si nos atenemos a la lista de los principales problemas percibidos por los españoles, en la cual la inmigración se ha aupado al primer lugar. No parece probable que el origen de esta preocupación sea la precaria situación de gran parte de los inmigrados, ni siquiera la experiencia del trato personal con algunos de ellos. Ni, obviamente, el hecho de que estos hayan sido decisivos en el crecimiento de nuestra economía.

Por otra parte, de las reacciones y las pancartas surgidas tras la detención del presunto homicida, cabe obtenerse otra conclusión, también conocida: gran número de personas estarían a favor de usar dobles varas de medir, en alguna ocasión. O de hacer un poquito la vista gorda, en según que delitos. O de dejar a un lado los remilgos legalistas, para perseguir otros. En definitiva, a favor de meterle unos cuantos tajos al sistema de garantías que nos ofrece nuestra actual constitución. Quizás no debiéramos perder esto de vista cuando miremos por encima del hombro a otras sociedades –como la estadounidense tras el 11-S– que en determinado momento llegaron a justificar cualquier medio para llegar a los fines.