La Opinión de Lanzarote

Jorge Marsá

El respeto a la independencia judicial no es, desde luego, un comportamiento habitual en el ámbito político español. Mucho menos aún en el País Vasco, donde los nacionalistas han intentado siempre politizar las sentencias judiciales que consideraban adversas, y a esa práctica se han unido en los últimos tiempos, aunque con menos estridencia, los socialistas vascos. Pero, ¿qué esperar en un país donde el presidente del Gobierno afirmaba hace tres semanas, a raíz de la condena a De Juana Chaos (desmesurada en mi opinión), que algunas actuaciones de la Justicia “pueden ser factores que dificulten el proceso de paz”?

Pues que la oposición haga lo mismo. Y bien que lo hicieron también cuando lamentaron que se condenara a De Juana Chaos a “sólo” doce años por artículos publicados en un periódico. Sin embargo, el PP ha subido el listón un peldaño en Valencia: “El PP se rebela contra el Supremo. Los populares valencianos arropan y mantienen en el cargo al alcalde de Vila-real, condenado por un delito de prevaricación” (El País de ayer).

El paso lo marcó Carlos Fabra, el presidente provincial del PP y de la diputación de Castellón imputado por varios delitos, que afirmó que “el fallo es una sentencia política”. A continuación, cargó contra el ponente de la sentencia, el magistrado José Antonio Martín Pallín, y dejó claro que su postura está avalada por el PP que dirige Mariano Rajoy: “No he hablado con él directamente, pero sí con altos cargos que han dejado la decisión a nuestro criterio”. Y el criterio de Fabra fue apoyado por el presidente de la Generalidad valenciana y del PP de Valencia, Francisco Camps.

Si así se las gastan algunos políticos, poco puede extrañarnos el comportamiento de quienes se consideran por encima del bien y del mal, de los guardianes de las esencias religiosas. La semana pasada el arzobispo de Granada saltaba a los medios de comunicación por su llamamiento a la desobediencia civil contra la asignatura de Enseñanza para la Ciudadanía; ayer, era noticia por otra cuestión más directamente relacionada con la Justicia: “Los obispos critican las decisiones judiciales que les afectan porque los jueces ‘no deben gobernar a la Iglesia”. Así lo explicaba la Cadena Ser:

El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, consideró hoy que los jueces no pueden ni deben gobernar a la Iglesia. Martínez Camino, que presentó hoy a los medios de comunicación la Instrucción Pastoral “Orientaciones morales ante la situación actual de España”, respondió así al ser preguntado sobre el proceso abierto al arzobispo de Granada, Javier Martínez, por supuestas coacciones, acoso moral, lesiones, injurias y calumnias.

Pero en la relación de la Iglesia con la Ley hay otro conflicto que viene de lejos: “Los obispos despiden por sexta vez a una docente que ya ganó cinco pleitos”. Esta era la entradilla de la noticia publicada ayer por El País:

El episcopado parece no tomar en serio las sentencias, que, una y otra vez, le condenan por “vulneración de derechos fundamentales” de sus profesores de religión. Esta vez, el reproche judicial alcanza al Obispado de Canarias, por despedir por quinto año consecutivo a Nereida del Pino Díaz Mederos. Motivo: haber participado en una huelga legal en 1999. El Tribunal Superior de Justicia canario ha planteado ya ante el Constitucional cuatro cuestiones de inconstitucionalidad por ese caso. Del Pino se enfrenta el 12 de diciembre al sexto juicio por el mismo motivo.

Y habrá que seguir planteando cuestiones de inconstitucionalidad, porque el Gobierno socialista no sólo ha incrementado la aportación de fondos públicos a la Iglesia católica, sino que mantiene la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas y continúa pagando para darla a profesores que elige y controla la Iglesia. Cierto que parece mentira que esto ocurra en un Estado que se define como aconfesional, pero así están las cosas.