Es probable que ése sea el destino de la carta que solicita el PP: “El Grupo Popular presentará una moción en el Cabildo para que éste solicite al Gobierno de Canarias la ‘remisión urgente’ del informe que aclare cuáles fueron las razones por las que en su momento el Consejo del Gobierno de Canarias dejó sobre la mesa el expediente sobre la delimitación del BIC del Castillo de San José” (La Voz).
Y es de esperar que el Gobierno devuelva la carta porque las razones que el PP quiere que le aclaren están más que claras: el Gobierno no hizo más que lo que le solicitó que hiciera la presidenta del Cabildo de Lanzarote. Y bueno estaría que no hubieran atendido la petición de la primera representante de los ciudadanos de Lanzarote.
Por lo tanto, parece más lógico que el PP se dirija a la causante de la paralización del expediente, a Inés Rojas, para que les aclare las razones que la impulsaron a estimar, por su cuenta y riesgo, las alegaciones de la Autoridad Portuaria que había desechado previamente el área de Patrimonio. O dicho de otra manera, que la presidenta del Cabildo les explique cuál fue la razón que le llevó a desautorizar de forma tan rotunda a su consejero y a los técnicos del Servicio de Patrimonio y, que si razones tenía para desautorizarlos, que les cuente a los populares por qué no fue cesado el consejero y expedientados los técnicos que la obligaron a tomar las riendas del asunto para evitar las consecuencias de lo que, suponemos, consideraría un trabajo mal hecho.
Claro que si la chapuza no fue de la consejería de Patrimonio y de los técnicos, Inés Rojas tiene un problema, otro más.
Una explicación que la presidenta del Cabildo debería tener la obligación de ofrecer a todos los habitantes de Lanzarote.