escribe Ángela García

Durante los últimos años las pateras, los cayucos, las piraguas y lanchas originariamente usadas por los pescadores han protagonizado una lamentable aplicación. Parten de Senegal, Guinea, Malí, Marruecos, Argelia, Cabo Verde, Mauritania con grupos de personas desde tres docenas a medio centenar, sin comida ni agua suficiente, recorren entre 130 y 960 kilómetros para llegar a las costas españolas de Gran Canaria, Cádiz, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, convertidos en una versión “moderna de tráfico negrero”. Nunca llegan todos los que parten, y los que arrivan vienen deshidratados o moribundos. Estamos hablando de la inmigración africana, pues por otros caminos y medios llega la de Latinoamérica (Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana) y la de Europa del Este (Rumanía, Ucrania, Bulgaria).

El número de inmigrantes en España hoy es igual a la tercera parte de los habitantes suecos y la mitad de éstos (1.647.011) son ilegales. Todo lo cual se enfrenta en el momento de forma desesperada. Las consideraciones sobre integración, asimilación o no asimilación ya no tienen preponderancia. Las noticias de cada día son reiterativas: “nubes de cayucos”, “alud de pateras” “peste de cayucos”. Los emigrantes que han llegado en el verano, han recibido ayuda humanitaria de los turistas y de la Cruz Roja. Luego son remitidos a Centros de Acogida que en Canarias ya están desbordados, y en las últimas semanas se han enviado a Centros de Internamiento para Extranjeros en Valencia, Murcia, Madrid y Málaga. Luego estarán sujetos a repatriaciones masivas, las cuales empezaron a finales de mayo cuando en cumplimiento del llamado “Plan Africa” se repatriaron cerca de un centenar de senegaleses, por lo cual hubo airadas protestas de jóvenes en Dakar. Otros métodos que se empiezan a aplicar son las vallas anti-inmigrantes como las de Ceuta y Melilla, con cadenas de detectores, radares, cámaras de visión nocturna y diurna que rastrean la llegada masiva de personas a 2000 metros de distancia, vallas con sistemas antidisturbios homologados y siergas de acero trenzado. Son como plagas, se los espera con miedo, como un fenómeno irracional que activa el rechazo frontal. Los que logran quedarse se someten a verdaderas torturas sociales que van desde el racismo y la discriminación a la explotación abominable de mafias de prostitución y de la economía sumergida o se hacinan en los también llamados “pisos pateras”.

Unos dicen que la avalancha migratoria se debe a la regularización de inmigrantes ilegales en España que funge como invitación del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y los que se defienden de éste señalamiento introducen el planteamiento, no menos cierto, que la inmigración clandestina no es un problema de índole nacional, sino una cuestión que debe abordarse desde una perspectiva europea. Y como siempre la sensación de que los partidos quieren extraer dividendos políticos de la masacre humana con las mutuas acusaciones. La verdad es que nadie ha planteado una forma clara de abordar el problema que apenas empieza pese a las alarmantes dimensiones actuales. El gobierno español habla de más seguridad y control, más cooperación diplomática, sólo en tercer lugar sitúa la ayuda humanitaria y “más Europa” concluye. Pero la perspectiva debe ser esencialmente humana e histórica y esto es lo que plantean las instituciones solidarias con los inmigrantes, que están alentando una reflexión, no sólo desde el punto de vista antropológico y sociológico, sino artístico, para que la comunidad civil se despabile frente al fenómeno.

De España a América

Ejemplo de ello es la película “Un franco y 14 pesetas” del director Carlos Iglesias, el libro “Inmenso estrecho” (25 escritores escriben relatos o cuentos sobre la inmigración) y la exposición “De la España que emigra a la España que acoge” en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Esta exposición que luego será llevada a otras ciudades españolas es una muestra de la historia de la emigración española a América y Europa en contraste con el éxodo actual hacia este país. Sobrecoge al comienzo la instalación de Fernando Clavería, escaleras rudimentarias recostadas en un muro y otras caídas, que se topa con el panel que cierra la muestra, hecho con objetos personales abandonados por inmigrantes en las playas de Cádiz bajo el título: “el cuerpo del náufrago el único continente”.

En total son alrededor de cuatrocientas piezas originales, (fotografías, audiovisuales, documentos y objetos provenientes de archivos españoles, europeos, americanos y de colecciones particulares) organizadas en ocho áreas temáticas que ilustran la emigración española a América; los períodos de exilio desde 1939, cuando fue derrotada la República española, hasta la de 1950 cuando atravesaron los Pirineos a la Europa del desarrollo; el profundo conflicto del retorno o la permanencia y finalmente España, país de acogida. Cuatro millones de españoles llegaron a América para enriquecerse. Distinta fue la emigración en 1939 y sobre todo en 1950 pues los países de acogida tenían una economía organizada que racionalizó la mano de obra calificada sin menoscabo de la dignidad de los recién llegados. De estos movimientos humanos se nutrió España para la modernización de su economía.

Se pueden ver los contrastes que golpean la conciencia: Saqueo o intercambio de la fuerza de trabajo; ascenso en la escala social o capitalización de la fragilidad humana y xenofobia. Y se puede ver en detalle la compleja disyuntiva entre quedarse o regresar, definida en una frase lapidaria: “Estoy cansada de no saber dónde morirme”. Es una visión humana que se propone restablecer los lazos sensibles de la comunidad oriunda hacia los extranjeros, fugitivos de la miseria, el hambre y los conflictos bélicos.

Sin embargo, me parece que excluir a todos esos totalitarios, como el articulista sugiere, separar aun más la brecha entre ellos y los demás, no conducirá a nada bueno. Y efectivamente, la razón no es otra que porque son muchos. ¿qué tenemos que hacer? ¿los exterminamos a todos? ¿los metemos en una caja? Están ahí y urge encontrar puntos de acuerdo. Me da igual que no condenen la violencia, si nos negamos a que haya comunicación entre las distintas posturas, jamás podrá haber acercamiento entre estas. La brecha se hará más grande, ellos se pondrán el traje de víctimas incomprendidas y se radicalizarán aun más. Ese no creo que sea el camino. Quienes se empecinan en que no haya diálogo, porque son terroristas, no saben que también se están empecinando en que la herida jamás cicatrice… o puede que incluso algunos lo sepan. Cuando uno se pone a pensar en lo que pasaría si esos totalitarios de izquierdas desaparecieran, no puede evitar deducir que entonces su contrapeso en el otro lado de la balanza, los de la derecha más rancia, tampoco podrían justificar su existencia. Ambos opuestos se necesitan y no dejarán que nadie les fastidie el ventorrillo.

Juana de Bengoechea Estrade
[Basta Ya, 1 de septiembre de 2006]

En estos días, una se pregunta si la postura a adoptar frente al totalitarismo debe tomar más en cuenta su cualidad de intrínseca perversión, o al contrario, la cantidad de sus fervorosos seguidores; o sea, si es una cuestión cualitativa o cuantitativa. Y se lo pregunta porque una de las “disculpas” que más se oye respecto de las negociaciones con los terroristas asesinos y totalitarios de ETA es: “ya, pero tienen 150.000 seguidores ¡algo habrá que hacer con ellos!”.

Bueno, es una realidad innegable; a por lo menos el 12% de los ciudadanos del censo electoral de Euskadi no les parece condenable asesinar al vecino por pensar diferente; eso se llama totalitarismo; tenemos que concluir que como un 10% de los vascos son totalitarios. Una realidad tristísima.

Cuando se pone esta cuestión negro sobre blanco, en seguida vienen los “redentores” a decirte: “pero no… ¡qué barbaridad! Muchos de ellos no están de acuerdo…”; y te los presentan como pobres cautivos de no se sabe qué decisión transcendental, y como desprotegidos menores de edad que no se dan cuenta de lo que hacen cuando introducen una papeleta (legal o ilegal) en la urna; ergo, ¡hay que rescatarlos!

Los nacionalismos que llamamos democráticos, son los más fervorosos entre estos redentores de jaleadores de asesinos. La razón que se da más frecuentemente para comprender este afán misionero respecto de los pro-etarras, es la vocación de “recogenueces” del nacionalismo democrático. Pero yo no acabo de estar de acuerdo; cierto que la tentación de recoger las nueces era casi invencible (un poco de verdadera convicción humanista hubiera ayudado a vencerla, sin duda); pero cierto también que fue ejercida “de tapadillo”, de forma vergonzante, por una reducida cúpula política; y cierto que, pese a los abundantes testimonios y documentos que acreditan esa labor de comisionistas de la sangre, hoy todavía es negada.

Yo creo que la razón del redentorismo hay que buscarla en la misma definición del nacionalismo; en su definición de laica –aunque litúrgica- religión; religión a la búsqueda de un paraíso terrenal perdido por los creyentes, por el PUEBLO, pueblo que tras una larga expiación de no se sabe qué histórico pecado común y colectivo, volverá a recobrar ese Edén; una definición del nacionalismo que lo desborda del ámbito político, para convertirlo en un movimiento que abarca todos los ámbitos de la existencia. Nada puede ser más revelador que el lema actual del Gobierno Vasco: “Aurrera doan HERRIA (con mayúsculas)”: Un PUEBLO en marcha”; en la traducción al castellano, suavizan lo de “pueblo” transformándolo en “país”. (Son frecuentes las diferencias de matiz entre lo que los nacionalistas escriben en euskera y lo que escriben en castellano; constituye una prostitución del euskera que, en sus manos, deja de ser lo que debe de ser todo lenguaje: comunicación, para convertirse en una contraseña: una forma de reconocerse los miembros de ese movimiento, supuestamente inaccesible para los excluídos; pero ése es tema para otro artículo).

Para el nacionalismo, los etarras son parte de ese Pueblo, protagonista colectivo de la Historia. Prescindir de ellos supondría mutilar y empequeñecer al Protagonista, al Pueblo que por definición –como todos los “protas”- es bueno, noble, y merecedor de recuperar el Paraíso. Desde un punto de vista nacionalista, los etarras son necesarios porque son vascos, porque son parte del sujeto colectivo; por ello, hay que creer que la bondad colectiva también anida en ellos, y bucear buscándola contra todas las evidencias; y por ello, deben de ser redimidos, contra viento y marea, entre la violencia y el chantaje, aguantando lo que sea, ofreciendo inacabables oportunidades y mendigando diminutas complacencias…; todo ello en medio del dolor de ciudadanos vascos individuales, y todo ello para mantener al Pueblo intacto. Un Pueblo intacto en la Historia, bien vale el sacrificio de un ciudadano en el día a día.

Todo ello muy decimonónico y muy Antiguo Régimen; es algo sabido y repetido. Lo que es una novedad de los últimos tiempos es que el argumento: “ya, pero tienen 150.000 seguidores ¡algo habrá que hacer con ellos!”, lo empezamos a escuchar de voces no nacionalistas. El argumento cuantitativo, el de que la cantidad nos disculpa de enfrentarnos a la perversión cualitativa, lo escuchamos ahora de personas no nacionalistas. Tiene su lógica, en realidad; siempre ha sido el argumento, la justificación, del que, sea nacionalista o no lo sea, negocia con el totalitarismo.

Yo, a ese argumento cuantitativo le opondría la tesis de que, muchos o pocos, por razones cualitativas, no se puede sentar a totalitarios en la mesa de la Democracia; en ésta ya se sientan, en plenitud de derechos, los que piden la Independencia de Euskadi, la creación de una Euskal Herria política, o el monolingüismo en euskera. Si 150.000 personas no eligen a estos últimos como opción política y prefieren a ETA, es por que se decantan por el único factor diferenciador: el totalitarismo junto con sus instrumentos: la violencia, la extorsión, y la sangre. Todos somos ya mayorcitos y cada uno es responsable de su elección. Cualitativamente, ETA no se puede sentar a la mesa de la Democracia, sean los que sean sus seguidores. Si eso supone que en vez de un 75% de participación ciudadana vamos a tener un 63%, pues habrá que asumirlo como una triste realidad y tendremos que reflexionar sobre la forma de hacer más pedagogía democrática entre los ciudadanos. Y desde luego, es en esa mesa democrática, en la única, donde se deben debatir los distintos proyectos políticos.

¡Qué absurdo resulta hablar a estas alturas sobre la inaceptable cualidad del totalitarismo! Y peor, qué necesario es cuando se alzan nuevas voces redentoras, no nacionalistas, que -atendiendo a la cantidad: “porque son muchos”- disculpan la necesidad de entenderse, de llegar a acuerdos, con los totalitarios. Comprendíamos los mecanismos de esa pulsión en el caso de los nacionalistas, pero en el caso de los que no lo son y que ahora se unen a ese coro “redentor”, son incomprensibles; o quizá, inconfesables. Sea como sea, los que defendemos que por su cualidad totalitaria ETA –se disfrace como se disfrace- no puede ser interlocutora democrática, cada vez somos menos; ahora bien, hay que recordarlo, no es un problema de cantidad, sino de calidad democrática.

Publicado hoy en La Provincia.

EL PNV Y LOS PRESOS

ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA

Mientras el PP sigue rechazando de plano cualquier forma de negociación con ETA, casi en el otro extremo el PNV saca la cabeza tras un prolongado margullo y Josu Jon Imaz plantea la necesidad de que el Gobierno proceda a un acercamiento de los presos al País Vasco “por una cuestión de derechos humanos” y para encarrilar el proceso. Pero el caso es que conviene aprender del pasado: José María Aznar se precipitó al ordenar el acercamiento de los terroristas detenidos a Euskadi, antes de que las negociaciones con la banda llegaran a algo sólido. Cuando la dirección etarra consideró finalizada la tregua… ¿para qué sirvió la medida que ahora reclama un PNV que de manera constante viene pidiendo árnica para aliviar las penas de los violentos? Con el antecedente del intento negociador que protagonizó el Partido Popular quedó claro que ni el acercamiento ni las excarcelaciones pueden producirse ´antes de´ sino ´después de´. En otras palabras: no son mercadería para demostrar buena voluntad sino que deben constituir uno de los objetivos de la negociación, descartado el pago de un precio político. ¿Qué puede obtener ETA al final del camino? Pues precisamente el acercamiento de los presos y una política responsable de excarcelaciones.

Lo que ocurre es que el PNV se ha fijado el objetivo de aprovechar la negociación impulsada por el presidente Zapatero con la organización terrorista para hacer caminar por el atajo el ideario nacionalista de ´máximos´, aunque ya no sea el Plan Ibarretxe, pero que tampoco deja de serlo. El Partido Nacionalista Vasco, loro viejo no aprende idiomas, no ha arrinconado su intención de avanzar políticamente como consecuencia del fin del terrorismo. Por eso pretende que el Gobierno entregue ahora, antes de cualquier acuerdo, los ases que tiene en su mano. Si se desprende de medidas como el acercamiento de los presos y un programa de excarcelaciones… ¿qué le queda para negociar con ETA?

Justo lo que quiere el PNV. Se tendría que hablar del ´modelo´: se pondría sobre la mesa la autodeterminación, el futuro de esa pretenciosa y gaseosa Euskalerría con trozos de España y de Francia, y otros aspectos relativos a la soberanía que ya han sido reiteradamente rechazados por las instituciones constitucionales.

Para que no exista un “pago político” - que rechazan tanto el PP como el PSOE- las discusiones sobre la reforma estatutaria han de avanzar conforme a las pautas que han significado los debates parlamentarios sobre el nuevo Estatut de Catalunya y los demás que ya han finalizado su tramitación o están aún en fase de debate. Pero este es un tema que incumbe a los partidos implicados, con la premisa, enunciada por destacados dirigentes socialistas, de que la mejora no puede hacerse sin el consentimiento de alguno de los grandes partidos nacionales. Es decir, ni la ´mesa de partidos´ ni el Parlamento vasco conseguirían nada con sacar adelante a las bravas, como pretendió hacer con el desquiciado Plan Ibarretxe, algo que no satisfaga a la parte no nacionalista (PSOE y PP), que no sólo representa casi a la mitad de los ciudadanos vascos, sino al resto de los ciudadanos de la Nación.

Tras el fracaso de la solución voluntarista y mesiánica impulsada por el lehendakari como si se tratara de un ´fin de la historia´ que consagraría el nacionalismo mediante la fórmula de apagar el incendio con más gasolina, la pelota quedó en el tejado del Gobierno. A partir de entonces el equipo de Zapatero consideró que la forma de acabar con la violencia no era mediante el mercadeo con el PNV sino consiguiendo la rendición formal de la banda armada, para lo que habría que negociar con ella si se daban las condiciones oportunas. Ello implicó una pérdida del protagonismo y el liderazgo de Ajuria Enea. El lehendakari y el PNV se fueron difuminando, se fueron retirando de la primera línea del debate nacional, hasta quedar situados en un segundo plano, como oyentes.

Así las cosas, han aprovechado el malestar de la cúpula etarra por la intransigencia del Gobierno, que insiste en que se cumplan las insalvables condiciones constitucionales, que Batasuna renuncie a la violencia, que ETA inicie la fase que conduzca a la entrega de las armas, para tratar de meter un gol y recuperar las fotos en las portadas: es cuando Josu Jon Imaz saca a relucir el tema recurrente de los presos, su vuelta al entorno familiar y un goteo pautado de medidas de gracia. Pero cada cosa tiene su tiempo. (tristan@epi.es)

Publicado hoy en La Provincia

QUÉ DURO ES TODO

JUAN JOSÉ MILLÁS

En algunos despachos de gente muy seria se ha calculado ya el valor económico de la historia de Natascha Kampusch, la niña que ha permanecido secuestrada desde los 10 hasta los 18 años en un zulo practicado debajo de un garaje. Un periódico ha ofrecido doscientos mil euros por ser el primero en entrevistarla. Pero la puja no ha hecho más que empezar. Habrá que ver lo que valen sus memorias para hacernos una idea de lo que ha supuesto su cautiverio. Cada vez hay menos distancia entre los conflictos morales y su reflejo económico. No comprendemos el valor sentimental de una noticia hasta que no se convierte en euros. Y todas son convertibles. Si usted no puede vender su divorcio a una publicación, su divorcio es irrelevante desde cualquier punto de vista que se mire. A lo mejor ni le compensa llevarlo a cabo. Piénseselo, no vaya a comenzar el curso con el pie equivocado.

En los cayucos llegan todos los días menores secuestrados por el hambre. Son sus propios padres quienes los depositan en las balsas sin saber siquiera a qué costa arribarán. Han leído bien: sus progenitores los conducen hasta la frágil embarcación, le pagan a Caronte el precio de la travesía y los abandonan a su suerte tras recordarles que deben enviar cuanto antes una remesa de dinero europeo a la familia. Si lo piensas, ahí hay una historia.

- ¿Qué tal una entrevista con uno de esos niños de diez o doce años que se juegan la vida para llegar a Canarias? -le preguntas al redactor jefe.

- Hay demasiados niños en esa situación. A ver si encuentras en Internet algo de interés sobre Natascha Kampush, aunque sea mentira.

La niña austriaca se ha convertido en una industria. No sabemos si conoce el valor del dinero. Quizá sí, porque veía la tele. No habrá ejército de psicólogos ni de padres ni de policías capaz de frenar la maquinaria económica que ha empezado a moverse en torno a ella. Hay muy poca oferta de casos como el suyo y muchísima demanda, sorprendentemente. Niños senegaleses tenemos a punta de pala, ya empiezan a cansar. Además, nadie los ha violado durante la travesía. Qué duro es todo.

ARCADI ESPADA
[El Mundo, 26 de agosto de 2006]

Querido J:

Uno de los libros que más quiero empieza diciendo: «Siéntate, relájate, estás a punto de empezar a leer el nuevo libro de Italo Calvino». Si una noche de invierno, un viajero. Siéntate, relájate, amigo mío, que estás a punto de leer a Carod-Rovira. Hace unos días quisieron saber su opinión sobre el voto de los inmigrantes. Apenas podía disimular su malhumor y su rechazo. Dijo que sí, porque no se atreve a decir otra cosa, pero de inmediato estableció las condiciones que debían de cumplir los peticionarios: «Una voluntad de integración en el país, y en sus derechos democráticos, su cultura, su lengua y su sistema de vida». Esos mismos días hubo otras palabras sobre el asunto de diversos líderes nacionalistas, los señores Felip Puig, de Convergència, y Duran Lleida, de Unió Democràtica. Todos coincidieron con Carod, aunque fuera con otras palabras.

Hemos hablado alguna vez sobre este asunto. Y creo que coincides conmigo, aunque más educadamente, en un aspecto crucial: la necesidad de eliminar la putrefacta hipocresía de la discusión. Todo se ve mejor, clarísimo yo diría, cuando se asume que el inmigrante es un empleado y el país que lo acoge una empresa. Las razones de la inmigración son abrumadoramente económicas, y es desde este punto de vista como cabe analizar los problemas. En este sentido, me parece un gran avance la formulación del vínculo entre los inmigrantes y Cataluña que Convergència Democràtica propone. Quizá la hayas ya leído: un contrato con Cataluña. Que esa formulación sea un acto de inmoralidad, y que incluya la confusión entre costumbres y valores de la que luego te hablaré, es lo de menos. Su gracia crucial es la transparencia, el hecho de que refleje con tan notable economía la esencia de la relación entre un inmigrante y su empresa. No conozco un solo país que enfoque la inmigración como un acto de caridad. Y, al mismo tiempo, no conozco una sola razón, una sola y minúscula razón ética, que pueda impedir a un ser humano moverse por la tierra e instalarse allá donde quiera. Por desgracia no hay todavía una ley universal y ese movimiento del hombre ha de acomodarse a leyes cambiantes. Aunque esas leyes sean de justicia desigual, un elemental principio de la realidad obliga al inmigrante a cumplirlas. Lo que me solivianta, y me pone entre la arcada y la pared, es la exigencia de plusvalía. Esto que Carod llama la integración en el país, su cultura, su lengua y demás zarandajas. Me pregunto por qué no me lo pide a mí, esto. Yo, que soy un desintegrado y además lucho por la desintegración de Cataluña: ¿por qué no se atreve a exigírmelo, dime?

La actitud del nacionalismo catalán (y holandés, por ejemplo) de convertir en valores lengua, cultura y costumbres es tan falaz y ridícula como el nacionalismo tout court. Pero es que tampoco cabe exigir a un hombre sometimiento a los valores. Basta con exigirle que cumpla la ley, y la ley debe ser igual para todos. Los ingleses se lamentaban del considerable porcentaje de ciudadanos islámicos que anteponen Mahoma a Inglaterra. Y bien, ¿cuál es el problema? Como el nacionalismo, la religión es muy poco saludable. Pero basta con la ley para impedirle que atufe a la sociedad con su incienso y que extienda más allá de lo privado su influjo perverso. El asunto clave, sin embargo, es que nuestros hipocritones no quieren legislar. Prefieren los contratos, la mano izquierda (y blanda), que no se diga. Una amiga holandesa me explica que en la ciudad de Rotterdam hay 45 mezquitas. ¡45 mezquitas en una ciudad de 700.000 habitantes! ¿Acaso la ley no puede invocarse contra esta usurpación del espacio público? ¿Es que la ley, detallada y con sus reglamentos, no puede ilegalizar la poligamia si es que los gobernantes de un Estado consideran que la poligamia atenta contra los Derechos Humanos? Cada vez que abren los ojos, después de exhalados sus discursos, nuestros hipocritones se sorprenden del aspecto que ofrece el mundo: es impresionante, pero una vez más sus epístolas no han transformado la naturaleza humana. Las derivas religiosas y las derivas nacionalistas siguen congregando adhesiones y, lo que es peor, adhesiones independientes del grado de alfabetización o de renta de las víctimas.

A ningún inmigrante se le puede exigir algo más que la ley. Mucho menos el totalitarismo sentimental que los nacionalistas pretenden imponer y que, por obvias razones, no puede traducirse en la ley. Los nacionalistas quieren inmigrantes. Claro que sí. En todas partes y a lo largo de la Historia, y salvo épocas muy cortas de crisis, los inmigrantes son necesarios. En el caso concreto catalán, los inmigrantes se quieren y se temen como en todos lados. Pero hay un temor que sobresale de la balanza: la posibilidad de que los inmigrantes desfiguren el proyecto nacionalista. Todos los nacionalistas saben que la fuerza de su proyecto es al mismo tiempo su debilidad: si Cataluña tiene alguna importancia demográfica, económica, cultural y política se lo debe, en gran medida, a los inmigrantes; pero los nacionalistas saben que los aluviones inmigratorios afectan a la cohesión de su proyecto y retardan el alba esperada. Los nacionalistas pretenden así una negociación difícil. Te voy a traer unas palabras de un libro interesante, aunque a ratos demasiado convencido de que la clase obrera va al paraíso. Se llama La lucha por Barcelona, y lo ha escrito Chris Ealham. En muchos de sus capítulos se alude a la política nacionalista respecto a la inmigración de los años 20 y 30. Entonces gobernaba el catalanismo de Esquerra Republicana. «Otro rasgo constante de los pronunciamientos de ERC sobre el paro fue su énfasis en las nefastas consecuencias de la inmigración. Esquerra atribuía el desempleo a una oferta excesiva de mano de obra (obreros que habían ido a trabajar a Barcelona antes de la Exposición Universal de 1929), y abogaba por la repatriación de los inmigrantes no catalanes. En otras palabras, ERC interpretaba el desempleo en términos nacionalistas. Resulta irónico que con la izquierda liberal por primera vez en el poder en 1930, el partido gobernante definiese la inmigración como ‘una ofensiva contra Cataluña’ y explotase el tema políticamente, pese a que Barcelona llevase recibiendo a trabajadores no catalanes desde la década de 1880. El discurso de ERC formaba parte de una estrategia deliberada para dividir a la clase obrera en términos étnicos y entre los que trabajaban y los que no trabajaban».

Lo que se infiere del retrato de Ealham, de las condiciones estipuladas por Carod y del contrato convergente es uno y lo mismo: la exigencia de inmigrantes «sanos». Es decir, de aquellos que aseguren su adhesión al proyecto catalanista. No difiere tampoco de las intenciones morales de los patronos de las antiguas colonias fabriles. Allí se encerraba a los obreros para que trabajasen en la sal o en el textil; pero también para que adquiriesen una cosmovisión inofensiva. Se exigen sus manos y su espíritu.

Está bien, está bien. Pero yo creo que pagan poco.

La carta es ya muy larga. Habrá una segunda sobre el asunto.

Sigue con salud

A.

Al margen de esto, quisiera quedarme con esta frase:

“…nadie toleraría que se le instalase un desconocido en casa bajo pretexto que es mejor que su propia casa.”

Porque está claro que en torno a ella se posiciona gran número de gente, más o menos veladamente, más o menos descaradamente. La idea de contemplar un territorio como “mi casa”, una casa sin paredes, una casa a la que no puede entrar nadie más que yo o los míos, una casa que procuro mantener limpia, pero sin preocuparme por las demás casas, es la causa última de los dos grandes males en torno a la inmigración. Primero su existencia, pues está claro que si todos distribuyéramos mejor la riqueza, sin mirar tanto a esa casa nuestra invisible, la emigración ni siquiera tendría razón de ser. Existirían los viajeros, no los emigrantes. Y segundo el rechazo a esa inmigración previamente generada. Vienen de fuera de mi casa a invadir mi casa, así que tengo que hacer todo lo posible por mantenerlos fuera de mi casa.

Ante esto me imagino dos posibles soluciones. No digo que sean las únicas, solo que son las que se me ocurren a mí. Una sería eliminar esas casas imaginarias, la otra sería ensanchar sus paredes hasta que abarcasen al planeta entero, en lugar de solo nuestro pedazo de terruño. Así seguro que acabábamos con la emigración y sus inconvenientes.

En el blog de Arcadi Espada el periodista extrae estas declaraciones de Carod Rovira, el líder de Esquerra, y propone un delicioso artículo con respecto a cómo se abordó el fenómeno migratorio en Cataluña con extranjeros, con andaluces y murcianos principalmente.

Ahí va, por si resulta de interés.

23 de agosto
“Carod-Rovira insistió en la necesidad de que haya, por parte de los inmigrantes, ‘una voluntad de integración en el país y en sus derechos democráticos, su cultura, su lengua y su sistema de vida”.

(De los periódicos)

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“Otro rasgo constante de los pronunciamientos de ERC sobre el paro fue su énfasis en las nefastas consecuencias de la inmigración. Esquerra atribuía el desempleo a una oferta excesiva de mano de obra (obreros que habían ido a trabajar a Barcelona antes de la Exposición Universal de 1929), y abogaba por la repatriación de los inmigrantes no catalanes. En otras palabras, ERC interpretaba el desempleo en términos nacionalistas. Resulta irónico que con la izquierda liberal por primera vez en el poder en 1930, el partido gobernante definiese la inmigración como «una ofensiva contra Cataluña» y explotase el tema políticamente, pese a que Barcelona llevase recibiendo a trabajadores no catalanes desde la década de 1880. El discurso de ERC formaba parte de una estrategia deliberada para dividir a la clase obrera en términos étnicos y entre los que trabajaban y los que no.

Por más que pueda sonar a teoría de la conspiración, la política llevada a cabo por ERC en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se basó en esta estrategia divisoria. En un principio, Esquerra planeó recurrir el paro a través de la repatriación voluntaria de inmigrantes. Poco después de proclamarse la República, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona alquilaron un tren para llevar a los inmigrantes de vuelta al sur de España. Por toda la ciudad aparecieron carteles anunciando el viaje y prometiendo comida y bebida gratis para el trayecto completo de más de un día de duración. El gran interés que despertó la operación complació enormemente a las autoridades y un tren repleto de pasajeros dejó Barcelona rumbo al sur. Sin embargo, en lo que pudo ser un acto de sabotaje, el tren fue obligado a parar en La Bordeta, el punto más cercano a La Torrassa de la línea ferroviaria. Cuando volvió a ponerse en marcha, casi todos los inmigrantes habían huido llevándose consigo la comida y bebida gratuita 86. Tras esta farsa, ERC optó por la repatriación forzosa, una iniciativa más cara que tampoco tuvo éxito. No es de extrañar que los obreros se opusiesen a la repatriación, en especial porque un inmigrante del sur rural podía fácilmente haberse pasado un año ahorrando para poder pagar el pasaje del barco o las 40 horas de viaje en autobús a Barcelona. Era bastante habitual que los inmigrantes deportados regresasen casi inmediatamente después de ser deportados a su casa adoptiva, conscientes de que las fábricas de Barcelona ofrecían más posibilidades de encontrar trabajo que la agricultura del sur de España, en plena crisis. En ocasiones, obreros en paro repatriados dos veces en una misma semana como supuestos «mendigos», estaban de vuelta en Barcelona ese mismo fin de semanas.

Sin embargo, ERC no pareció inmutarse y a cambio instituyó nuevos controles espaciales, ignorando el hecho de que éstos contravenían su compromiso anterior de respetar «la libertad de movimiento y selección de residencia», consagrado en los estatutos del partido. Pese a no tener autoridad para regular el acceso de los ciudadanos españoles a Cataluña, Esquerra estaba decidida a cambiar el estatus de Barcelona como «ciudad abierta» y detener la «invasión» de inmigrantes: como diría L’Opinió, nadie toleraría que se le instalase un desconocido en casa «bajo pretexto que es mejor que su propia casa.» ERC quería establecer por todos los medios un «cordón sanitario» de controles de inmigración, que sería impuesto por una nueva fuerza policial de inmigración ubicada en las estaciones de trenes y puertos barceloneses, y en las principales entradas de carretera a la ciudad. Esquerra también era partidaria de un sistema de «pasaportes» que obligase a los inmigrantes a demostrar que contaban con una oferta de trabajo o ahorros. La idea era que todas estas medidas, «duras pero justas», reducirían el paro al menos en un 50 por ciento y lograrían «evitar [la llegada de] aquellos que vendrían a crear conflictos»”.

Para justificar esta política, se puso en marcha una ofensiva propagandística contra los inmigrantes, que continuaría a lo largo de toda la República y que crecería en proporción directa a la crisis económica y el conflicto social; poco importaban los indicios del voto en tropel de los obreros inmigrantes a ERC en las elecciones de abril y junio de 1931, y su apoyo al logro de una autonomía catalana. El ataque a los inmigrantes coincidió con el ascenso del ala nacionalista racista de ERC, coalición todavía muy inestable. Una ola antiinmigratoria repentina y violenta estigmatizó a los obreros de fuera de Cataluña, evocando imágenes de una «inundación» «sistemática» de «forasteros» en «nuestra casa» (casa nostra): «La llegada de trenes llenos de gente que vienen [a Barcelona] a estar parados», formando «enjambres» y «plagas virulentas» de pobres «indignos» y un «ejército» de mendigos. La prensa de Esquerra solía describir a los parados en castellano («los sin empleo» o «los parados»), en vez de en catalán, («els sense feina» o «els parats»), un contraste que reflejaba la visión nacionalista de una sociedad catalana unida y armoniosa a cuya capital los inmigrantes «acudían» a «estar
desempleados».

Los murcianos eran el principal blanco de estas críticas, pese a representar tan sólo un porcentaje pequeño de la población inmigrante de Barcelona. Se les vilipendiaba de forma muy parecida a los irlandeses durante la Inglaterra victoriana, acusándoles de ser fuente de crimen, enfermedad y conflicto. Según el estereotipo del «murciano inculto», los inmigrantes eran una tribu inferior de degenerados, como los miembros «retrasados» y «salvajes» de las tribus africanas. Esta mentalidad de tipo colonial podía vislumbrarse en las viñetas de hombres y mujeres murcianos, donde aparecían como feos seres infrahumanos. Carles Sentís, un periodista republicano que publicó una serie de informes sobre La Torrassa («La pequeña Murcia») en 1′Hospitalet, promocionó este tipo de actitud, resaltando las prácticas moralmente aborrecibles y la indisciplina general de los inmigrantes. Para Sentís, los inmigrantes eran una raza primitiva con una cultura «previa», que vivían en estado de naturaleza. En concreto, atribuía el origen de todos los problemas sanitarios y sociales de La Torrassa, como el tracoma y la delincuencia juvenil, a la promiscuidad de la mujer murciana y un «régimen de amor libre». Desgraciadamente, para el resto de los parados, estos inmigrantes «vegetantes» eran una carga «asfixiante» sobre unos recursos de asistencia social ya de por sí al límite de sus posibilidades: «Cuando llegan a la ciudad lo primero que preguntan es dónde está la oficina de beneficencia», «robando el pan a nuestros niños catalanes» y convirtiendo Barcelona en un enorme «asilo para pobres». De hecho, Esquerra afirmó querer hacer más por los parados, pero que temía que sólo lograría con ello «atraer a Barcelona a los parados de toda España».

La política de desempleo de ERC se basaba en la premisa de un juicio Final secular, diseñado para ayudar a los «pobres meritorios» y reprimir al mismo tiempo a los parados «poco honrados» y «viciosos» en asilos para pobres. Como explicó un republicano local, el Departamento de Asistencia Social del Ayuntamiento de Barcelona era el que valoraba «quién necesitaba ayuda y quién debía ser reprimido». En muchos aspectos, esta política representaba la continuación de la distinción decimonónica entre los pobres «meritorios» y los «indignos»: se consideraba a los primeros capaces de superarse y, por tanto, meritorios de recibir asistencia oficial, mientras que los segundos eran unos «indeseables», «pobres profesionales», un peligro para la sociedad que había que reprimir. Según este argumento, para optar a las ayudas de la Comissió Pro-Obrers sense Treball, los «sin empleo» tenían que empezar por demostrar que eran «obreros verdaderos» y no «vagos», comprometiéndose a aceptar cualquier trabajo que les ofreciesen. También debían satisfacer una serie de condiciones rigurosas, como acreditar su residencia en Barcelona al menos durante cinco años, una cláusula que excluía al número sustancial de inmigrantes llegados a la ciudad para trabajar en los programas de obras públicas de Primo de Rivera después de 1926, así como a los miles de obreros que volvieron a Barcelona tras el colapso de la economía europea en 1929, o que habían pasado la dictadura en el exilio. Asimismo, la Comissió exigía que los parados demostrasen su «buena conducta» en el pasado, una condición que en realidad servía para excluir a todos aquellos que hubiesen jugado un papel activo en la CNT. No es de sorprender que se acusase a la bolsa de trabajo de la Generalitat, dedicada a los parados «meritorios», de ignorar la suerte de los obreros que habían caído víctimas de sus patronos debido a su participación en actividades sindicales.

Como resultado de la política de ERC, el acoso diario de los parados en las calles aumentó considerablemente. La persecución de obreros «indocumentados» es un buen ejemplo. De la noche a la mañana, desapareció la tolerancia de la que había hecho gala la policía en su trato con los obreros en paro que no podían permitirse mantener sus papeles al día. Además, el Ayuntamiento de Barcelona expidió una nueva Tarjeta d’Obrer Parat que básicamente era un sistema de documentos de identidad en el que constaba el historial laboral del individuo: el que no lo llevase consigo se exponía a ser enviado a un asilo para pobres o a ser repatriado. También se organizó en los municipios una «fuerza policial especial» como parte de la Guàrdia Urbana para lidiar con los parados, equipos especializados en la «laboriosa tarea» de «purificar» a los «sin empleo». En palabras de L’Opinió, el objetivo del Ayuntamiento no era dar asistencia a los pobres sino «repatriar forasteros y aislar a los vagos [...] separar el problema del paro de la «vagancia». Dada la naturaleza represiva y exclusiva de las organizaciones oficiales a cargo del desempleo, los obreros inmigrantes lógicamente preferían mantenerse alejados de éstas, de tal forma que, a mediados de 1931, el número de parados registrados en la bolsa de trabajo de la Generalitat no llegaba a los 10.000. Más revelador aún era el hecho de que en el sector de la construcción, tan sólo 3.593 obreros estuviesen registrados en la bolsa de trabajo, cuando el número de desempleados en esta industria, principal fuente de empleo para los inmigrantes en Barcelona, estaba cerca de los 15.000.

A medida que se abría el abismo entre las instituciones republicanas y los parados, crecía la paranoia de las autoridades respecto al tema del orden público, susceptibilidad aplicable a toda muestra de jaleo popular, ya fuesen discusiones de borrachos o invasiones del campo de juego en los partidos de fútbol. Incluso se describía el crimen contra la propiedad y el crimen callejero como conspiraciones antigubernamentales de los «llamados sin trabajo», al tiempo que se expresaba inquietud ante las pandillas de «enemigos de la República» cuya misión consistía «en cometer atracos para desacreditar el nuevo régimen». El gobernador civil Companys advirtió que los «maleantes» y los «elementos indeseables» estaban «haciéndose pasar por parados» y «provocando» a los «sin empleo» a cometer «actos criminales» y «atrocidades» en nombre de «subversivos anónimos» y otros «enemigos armados del pueblo», que querían convertirse en los «dueños de las calles.» En círculos republicanos, el sentimiento generalizado era que los parados estaban abusando de las libertades democráticas de forma «intolerable», pues se «sentían valientes» para protestar con «arrebato», mientras que «no habían dicho una palabra durante siete espaciados años de dictadura» cuando «era más peligroso». Como la lógica de la «república del orden» negaba a los parados el derecho legítimo a quejarse sobre su situación, cualquiera que lo hiciese se convertía en un «enemigo de la democracia». Así, Esquerra insistía en que el principal problema del paro era la protesta que traía consigo.”

La lucha por Barcelona
Chris Ealham
Alianza 2005
(Cortesía de Manuel Trallero)

Zapatero, la reforma y el estado residual

Javier Zarzalejos

Informa “El Correo” que el Presidente Rodríguez Zapatero “hará en otoño un ultimo intento de pactar la reforma constitucional”. El titular que acabo de reproducir es de una generosidad notable. Hablar de “un último intento” presupone que ha habido otros anteriores; sugiere que el empeño pactista del Gobierno en asunto de tanta envergadura ha sido despreciado por la oposición, es decir, el Partido Popular; retrata a Zapatero como varón de virtudes frente a sus intratables y frustrados interlocutores.

Sin embargo, el registro de la actuación de Rodríguez Zapatero en este tema indica todo lo contrario. El Presidente del Gobierno ni ha intentado ni, con toda probabilidad, va a intentar pactar con el PP la reforma constitucional. Es verdad que un día ya lejano de enero, en 2005, más atento a la carta en la que Otegui cebaba la “oferta de Anoeta” que a la conversación con Rajoy en Moncloa, Zapatero acordó constituir una comisión bilateral con el PP para articular el diálogo sobre las reformas constitucionales y estatutarias. Hasta hoy. Más recientemente, a cuenta del alto el fuego de ETA, también se comprometió con el líder del PP a convocar la comisión de seguimiento del pacto antiterrorista. Tampoco. Unas semanas después también se acordó que el terrorismo no sería materia de discusión en el debate sobre el estado de la nación lo que no fue obstáculo para que mientras Rajoy cumplía escrupulosamente el compromiso, el PSE hacía saltar la banca con su decisión de intercambiar miradas con Batasuna. Si, además, el PP quema Galicia y si, al decir de Ramón Jáuregui, entre apretar el botón de la paz o el de ganar las elecciones, el PP apretaría el de ganar las elecciones –“es tremendo pero es así”, lloraba el cocodrilo- lo del acuerdo para la reforma constitucional parece complicado. Y no porque se le exija al Presidente Rodríguez Zapatero que se hernie persiguiendo al PP para arrancarle un acuerdo. Bastaría con que cumpliera alguno, sólo alguno, de los compromisos de simple procedimiento adquiridos con Mariano Rajoy.

En el caso de la reforma constitucional, sólo cabe esperar, una vez más, la escenificación sin convicción alguna de un intento de diálogo con el PP que permita al Gobierno justificar el incumplimiento de la iniciativa que al comienzo de la legislatura presentaba mayor calado político. La iniciativa amparada en su día por Zapatero, ahora presenta algunos riesgos políticos inoportunos para el Gobierno, sobre todo después de que el Consejo de Estado en el dictamen pedido por el Ejecutivo haya planteado la necesidad de “superar la apertura del modelo autonómico”, esto es, de hacer de la reforma constitucional una iniciativa para dotar de eficacia y estabilidad a la organización territorial de nuestro país. La reforma limitada y cosmética planeada por el Gobierno ya no sirve. No sirve, al menos, como coartada para decir que así se equilibran las reformas estatutarias. El Estatuto de Cataluña y los que le seguirán acentúan la condición residual del Estado. Y no es que digamos ahora lo que dice Maragall; es que Maragall ha dicho lo que muchos han venido diciendo desde hace mucho tiempo y con toda razón. Junto con el Estado, lo que ha quedado en entredicho es el propio principio de la reforma como procedimiento necesario para cambiar la Constitución cuando los nuevos Estatutos – el de Cataluña desde luego- se han convertido en vehículo de mutaciones constitucionales, de modificaciones de la Constitución que sin observar el procedimiento formal de reforma, se consolidan de hecho. Añádase a lo anterior que la generalización de la bilateralidad como principio dominante en las relaciones entre las comunidades y el Estado condena cualquier ambición de fortalecer el Senado como foro de cooperación multilateral.

El entusiasmo con que el Partido Socialista comparte las exigencias nacionalistas, las avala y las legitima hace imposible pensar que puedan pactarse las decisiones de reforma constitucional que serían aconsejables. Pero, en fin, ya se sabe que no pasa nada. De hecho, cuando Maragall describía al Estado como “residual” en Cataluña, lo hacía como exhibición de un valioso logro. Una satisfacción que no podemos compartir los que vemos en el Estado la instancia mediadora entre la Constitución y los hombres y mujeres iguales en derechos y obligaciones. Constitución, Estado y ciudadanía van en el mismo paquete.

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Para no ser idiotas

Aurelio Arteta

No hay democracia sin demócratas, pero nadie nace demócrata o ciudadano sino que ha de aprender a serlo. ¿Por qué entonces esta cruzada contra la introducción en la escuela de una asignatura como Educación para la ciudadanía? Desde luego por ese infantil sectarismo que transforma cuanto salta a la arena pública en munición contra el adversario: será bueno lo que digan o hagan los míos y abominable lo que proceda de los de enfrente… Pero sobre todo porque existe un terreno propicio, a derecha e izquierda, hecho de esa ignorancia y prejuicios que son campo abonado para las invectivas de la oposición. La misma ignorancia y los mismos prejuicios, oh casualidad, que proclaman a gritos la conveniencia de impartir esa enseñanza a toda prisa.

Ahí está primero el relativismo, nuestra más permanente moda intelectual y moral en las últimas décadas. Eso que pretende enseñarse, se dirá, no es un saber como las Matemáticas o la Geografía; o sea, no algo preciso, demostrable o con validez universal. De modo que aquí no hay magisterio que valga, que todo es opinable y ya sabemos que todas las opiniones son respetables y sólo faltaba, oiga, que usted quisiera convencerme del mejor fundamento de la suya. Tanto vale el parecer del alumno como el de su profesor o el de sus papás, cada quisque está en su derecho de pensar y decir cuanto le venga en gana y los demás no lo tenemos para cuestionar eso que dice o piensa. Unase a esta sarta de disparates el presunto valor de cualquier diferencia, la prohibición de juzgar ninguna conducta, el reciente culto multiculturalista o ese simulacro de tolerancia que es simple falta de ideas propias… y tendremos el caldo en que demasiados chapotean. Sin ese caldo ambiental, ¿alguien cree que los nacionalismos y otras miserias del momento harían tantos estragos en este paìs?

Pero este estúpido relativismo, reñido con todo pronunciamiento que rebase el perímetro de cada cual o de su grupo, encuentra cumplido apoyo en las insulsas consignas pedagógicas. La tesis resultante es que la asignatura de marras sobra del currículo escolar. Tratándose de “valores”, lo correcto al parecer será inculcar actitudes sin ofrecer las razones que las fomentan y justifican. Basta así enseñar la ciudadanía como de refilón y de pasada, y que la enseñe cualquier titulado y que su enseñanza se reduzca a la adquisición de buenos modales. Los chicos aprenden a ser demócratas cuando en clase guardan silencio o hablan a su debido tiempo; en el mejor de los casos, porque saben recitar algún artículo de la Constitución. Dejada a su aire, en fin, la materia escolar más decisiva para el bienestar colectivo acabará convertida en una maría.

Esta resistencia frente a la Educación para la ciudadanía se alía asimismo con los prejuicios antiestatales más rancios. El Estado, si no ya la encarnación del Maligno, evoca todavía para muchos un poder oscuro y abusivo, el lugar de la imposición arbitraria e incontrolable. El homo oeconomicus que llevamos dentro nos lo muestra como algo tal vez necesario, pero siempre fastidioso y merecedor de sospecha. Encogido el Estado a mero instrumento, le confiamos nuestra seguridad y la de nuestros negocios, pero que no se atribuya derecho alguno a formar también nuestras categorías morales y políticas. Esta tarea es competencia exclusiva de la familia, que de estos temas conoce un rato largo. Si para colmo de males el actual ocupante de su gobierno nos disgusta, el veredicto salta fulminante: esa medida busca sólo el adoctrinamiento (¿) ciudadano.

Y uno, que no sabe por dónde iniciar la réplica, enviaría enseguida a estos objetores a cursar la misma asignatura cuyo estudio desdeñan para sus hijos. Pues no son todavía ciudadanos quienes viven ajenos a la comunidad general, de cuyo buen orden depende el las comunidades particulares que formamos; los que no se tienen por sujetos activos de ella, porque eso es asunto de “los políticos”; los que apenas reconocen deberes respecto a sus conciudadanos, y sí más bien derechos. Un griego clásico les hubiera llamado idiotas, o sea, individuos tan sólo preocupados por lo idíos o propio. A poco ciudadanos que se sintieran, admitirían que este saber de lo tocante a todos no puede transmitirlo la familia, que es una comunidad parcial y volcada en el egoísta interés de sus miembros. Esa educación será incumbencia del Estado democrático, la única comunidad universal entre la población, esa cuya razón de ser es procurar el bien de la mayoría según ésta delibere y decida. Si a toda enseñanza normativa llamamos “adoctrinar”, en fin, ¿será despreciable el adoctrinamiento con vistas a instruir demócratas como lo es el destinado a formar súbditos aptos para un régimen autoritario o fanáticos de uno nacionalista? ¿Acaso es la democrática (que respeta el legítimo pluralismo) una ideología como cualquier otra?

No esperemos una respuesta convincente de nuestra jerarquía católica, protagonista principal en esta batalla contra la ciudadanía. Por interesada que esté en combatir el relativismo reinante, su afición al Absoluto resulta una eficaz manera de propagarlo. De suerte que podemos acercarnos a ella en el diagnóstico de ese mal, pero nos separan la detección de sus causas y su tratamiento. Y condenamos el desarme moral propio del “todo vale” para invitar al debate argumentado de las opiniones, no para zanjarlo por medio del dogma. Será costoso alcanzar alguna verdad satisfactoria sobre una sociedad justa, pero no dejaremos a la autoridad religiosa que nos dicte la suya. Sería como pasar de una minoría de edad a otra, cambiar la “tiranía de la mayoría” por la tiranía de bastantes menos; renunciar, en suma, a la autonomía para resguardarnos en la heteronomía de costumbre.

Pues esta Iglesia, alentada hoy por la enseñanza del anterior Pontífice, ha decidido que su reino sea también de este mundo. Si el lector quiere tomarse la molestia, acuda para comprobarlo a encíclicas recientes como la Centessimus Annus o la Splendor Veritatis, en las que aquélla se arroga la máxima autoridad secular a partir de una expresa voluntad fundamentalista. Según parece, requisito de la auténtica libertad humana será la obediencia a la verdad natural y revelada, sin cuyo reconocimiento no hay garantía alguna de justicia. Y puesto que la encargada de predicar aquella verdad sobre Dios, el hombre y el mundo no es otra que la Iglesia Católica…, saquen ustedes las conclusiones. La filosofía política, claro está, ha de volverse sierva de la teología. Para ponderar cuánto malentiende la Iglesia nociones políticas elementales, leamos por ejemplo que el creyente “no [debe] aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos” (CA, 46). El caso es que la democracia ni proclama ni pretende semejante barbaridad. Pero, a partir de tan enorme confusión, el programa eclesiástico es diáfano: que la democracia deje paso franco a la teocracia.

Si algún día se llamó maestra, hace mucho tiempo que a la Iglesia le toca sentarse entre los discípulos y aprender ciudadanía como todos. Ignoramos si fuera de la Iglesia está nuestra salvación celestial, pero seguro que el progreso civil no se halla dentro de ella. Hágase cargo de la comunión de los santos, pero que nos deje a los demás -como estableció por cierto su último concilio- administrar la comunidad de ciudadanos. Sólo por eso, o siquiera por la cuenta electoral que le trae, al primer partido de la oposición le convendría guardar distancias respecto de sus ilustrísimas compañías. Porque en la cosa pública a él le corresponde el papel de oficiante, no de monaguillo, y goza de mayor autoridad el señor Rajoy que monseñor Cañizares.