La Opinión de Lanzarote

Miguel Gallardo

Una de las peores consecuencias de la descentralización administrativa en nuestro país es la que se manifiesta en el desastre urbanístico en la costa española. Poco más que pequeños gestos puede hacer el Gobierno en una materia en la que carece de competencias. No obstante, aunque sean pequeños, son de agradecer los gestos de Cristina Narbona desde el Ministerio de Medio Ambiente. Y uno los agradece aún más cuando afectan a su territorio. Lo leí ayer en Diario de Lanzarote: “La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha declarado la utilidad pública de la expropiación de los terrenos ocupados por el Hotel Papagayo Arena, en la playa de Las Coloradas, en Playa Blanca (Yaiza)”.

Como es lógico, el director del hotel ha manifestado su contrariedad. No se ha parado en mientes Manuel Concepción, que ha calificado la medida como “un atentado contra la iniciativa privada”. Si prescindimos de término tan sonoro y tan duro como “atentado”, creo que tiene razón: la Administración ha tomado una medida que coarta la iniciativa privada, la de los propietarios del hotel.

Y parece que eso le resulta intolerable a Manuel Concepción. Pues depende. El Estado coarta la iniciativa privada de los ciudadanos al obligarles a pagar impuestos, y lo mismo hace cuando determina en qué propiedades se permitirá edificar y en cuáles no. También coarta la iniciativa privada cuando, por ejemplo, prohíbe a una empresa comercializar un producto que considera perjudicial para los consumidores, aunque la consideración de la privada entidad sea bien distinta. Las coacciones de cualquier Estado democrático a la libre iniciativa de las empresas son multitud, y sin ellas, sin regulación, el mercado sería una jungla en la que no sería posible competir en condiciones de por lo menos una cierta igualdad. Es más, cualquier economista sin excesivos prejuicios ideológicos informaría a Manuel Concepción de que esas cortapisas son en buena parte las que caracterizan a las economías capitalistas más productivas y avanzadas.

No obstante, resulta fácil comprender que alguien no se muestre muy complacido cuando la cortapisa le cae encima, y que no tenga a bien recordar en ese preciso momento el cúmulo de irregularidades que han acompañado a la construcción del establecimiento hotelero que regenta. Ahora bien, si lo de “atentado” ya constituye una exageración, calificar la medida del Ministerio de Medio Ambiente de “actuación totalitaria” resulta absoluta desmesura. Una muestra más de la alegría con la que algunos utilizan términos destinados a describir situaciones políticas en verdad terribles.

Me sorprende la irresponsabilidad de quienes, como Manuel Concepción, tildan al actual Gobierno español de totalitario; como si desconociéramos lo que es un gobierno totalitario. Y me sorprende tanto como la de quienes, desde enfrente, tachan a los compañeros de Manuel Concepción de fascistas, como si desconociéramos lo que es un partido fascista. Pero da la impresión de que resulta harto complicado contener el exceso y la incontinencia verbal en el espacio público de este ruedo ibérico. Así que… “a por ellos”.