La Opinión de Lanzarote

Ángel Tristán Pimienta

[La Provincia, 30 de marzo de 2006]

A lo mejor Adán Martín cree sinceramente que el problema de la corrupción en Canarias depende de una nueva Ley, de un código ético que rija los comportamientos de los políticos y de los funcionarios. Pero se trata de la clásica tentación voluntarista, que en el fondo no es sino una huida hacia adelante: hacer nuevas leyes en vez de cumplir las que existen. Porque hay un abundante paquete normativo al respecto, aunque, como casi siempre, la Administración tiende a socavarlo, a tomar lo que interfiere el libre albedrío autoritario por el pito del sereno, con la habitual disculpa de la agilidad y la eficacia. El arco de bóveda de la corrupción es la discrecionalidad. Donde se quitan las cautelas, donde se burla la burocracia - un invento de la revolución francesa para proteger al administrado y promover la igualdad de trato- crece el amiguismo, el clientelismo; en suma, se sientan las bases para las prácticas corruptas.

Empresarios vinculados con la ´Operación Faycan´ han afirmado que son víctimas del sistema, que se sienten como los industriales del País Vasco, sometidos a extorsión por ETA. O pagan el ´impuesto revolucionario´ o no tienen nada que hacer.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Sucesivos informes del Tribunal de Cuentas del Reino y de las Audiencias de Cuentas autonómicas alertan de los riesgos de las adjudicaciones directas, de la preferencia del concurso sobre el concurso subasta, de la aplicación de subcriterios supuestamente técnicos una vez abiertas las plicas, de los contratos específicos, de la proliferación de encargos a consultorías sin unos requerimientos mínimos de necesidad y calidad…

En la propia Comunidad Autónoma hay un amplio catálogo de discrecionalidades: se producen situaciones al menos sospechosas, como la publicación de importantes concursos en pleno mes de agosto; adjudicaciones no a la mejor oferta sino en base a criterios alambicados de difícil comprensión racional; la multiplicación de las adjudicaciones directas, de tal manera que en muchos casos, la suma de encargos sobre un mismo proyecto implica una voluntaria transgresión de los mecanismos legales, en fin, una prevaricación como una casa (y pocas veces mejor dicho) aunque esta figura no se haya establecido mediante sentencia judicial. Pero ni falta que hace para que sea verdad. Basta con releer los análisis y dictámenes de los órganos de control externo de las administraciones públicas.

Numerosas leyes tienen un grado de incumplimiento enorme. Como la de Función Pública, otro instrumento clave cuya observancia hubiera impedido que determinadas Consejerías se convirtieran en un coladero por la vía de los específicos fraudulentos. Aquí, encima, se da una doble circunstancia: es verdad que muchas veces se trata de atajos para colocar a amigos y parientes, pero en otras ocasiones se trata simplemente de tener mano de obra dócil, empleados que saben que su futuro laboral depende de que acepten trabajar de acuerdo con los intereses y criterios del partido que los promueve. Hay demasiados de estos ´siervos´ modernos de cuello blanco en Canarias.

En cuanto a las incompatibilidades, no hacen falta nuevos códigos, sino respetar los que existen; como mucho, habría que completar algunos huecos. Ha habido episodios en que se han visto involucrados hasta Consejeros del Gobierno, para quienes se han hecho leyes de punto y final, o de comienzo de párrafo. Y hay sucesos incomprensibles, como algunos que afectan a los arquitectos municipales, que no pueden participar en sociedades que operen en su ámbito de influencia… pero que pueden tener una sociedad en toda regla como es la ganancial. En eso está trabajando la directiva del COAC, pero el Gobierno regional bien podría echar una mano a un asunto que, en medios profesionales, se considera escandaloso. La relación de arquitectos municipales y familiares directos que acumulen proyectos del mismo ayuntamiento es fácil de conseguir. Si no se ha hecho hasta la fecha, es porque no se ha querido.

Que el Gobierno haya enviado al juez a unos funcionarios por cobrar sobornos para ´agilizar´ papeles de viviendas VPO es edificante; pero se trata del chocolate del loro. En realidad lo urgente es algo tan sencillo como la aplicación ´puntillosa´ de las leyes y reglamentos e impulsar la actividad de los instrumentos de vigilancia autonómicos. Tan sencillo, y tan difícil.